El Gobierno de EPN y el PRI (PAN-PRD pierden la voz) en el Senado proyectan censura inédita y el control político de la Red: ONGs y oposición

El Gobierno de EPN y el PRI en el Senado proyectan censura inédita y el control político de la Red: ONGs y oposición | Sin Embargo:

Por: David Martínez Huerta - abril 9 de 2014 - 0:05

Destacadas, México, TIEMPO REAL, Último minuto - 3 comentarios









EPN y PRI preparan censura inédita a la libertad de expresión , denuncian ONGs y oposición. Foto: EFE

Ciudad de México, 9 de abril (SinEmbargo).– Una censura a la libertad de expresión sin precedentes en México, podría concretarse si los senadores aprueban sin cambios la iniciativa para crear la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, advirtió el colectivo Libre Internet para Todos.



La iniciativa del Presidente Enrique Peña Nieto contiene varias disposiciones que atentan contra la libre expresión en redes sociales, pretenden neutralizar su alcance ciudadano y vulneran el derecho a la privacidad de los usuarios, expusieron diversos integrantes de esta organización, así como activistas.



En primer término se refirieron al capítulo “Colaboración con la justicia”. El Artículo 191 establece entre las obligaciones los concesionarios “bloquear, inhibir, o anular” las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública, lo que a su juicio abriría la puerta al bloqueo de teléfonos celulares en manifestaciones, cumbres internaciones o eventos presidenciales, a solicitud de las autoridades.



“Puede suspender el servicio de internet a nivel local o cuando se les antoje y esto es el signo claro de las dictaduras, cuando el gobierno se equivoca, todos tiene que callarse, eso es gravísimo”, alertó Óscar Mondragón, integrante del colectivo Libre Internet para Todos.



Además, la iniciativa peñista permite la geolocalización a través de dispositivos móviles, obligará a los concesionarios a proporcionar la localización geográfica en tiempo real a solicitud del Procurador General de la República (PGR), los procuradores estatales o cualquier Ministerio Público.



En un tercer punto, la iniciativa favorece a las empresas que mantendrán la facultad de “obligar” a comprar ciertos productos de valor agregado, en términos de capacidad, de velocidad, etcétera.



“También tenemos otra: (Artículo 145) en donde se habla de la privacidad y luego se dice que los usuarios podrán permitir el bloqueo de ciertos contenidos, sin ninguna explicación, sin ningún procedimiento […] El usuario Miguel Ángel Osorio Chong [Secretario de Gobernación] podrá pedir que se cierre SinEmbargo, porque no le gusta, porque afecta su privacidad. Este es un grave caso de censura, esto no puede pasar”, destacó Mondragón.



Para abundar sobre la censura sin precedentes, Artículo 19 alertó que el excesivo control del Estado mexicano, autoimpuesto en las leyes secundarias en Telecomunicaciones, contraviene los artículos sexto y séptimo de Constitución, porque restringirá diversos derechos de todos los mexicanos, garantizados en la Carta Magna.



“Tendría que ver que esas propuesta coincidieran por lo menos con tres principios: con la progresividad de derechos, con el principio pro persona, y con la convencionalidad, esto es todos los convenios internacionales y tratados que tiene México y que generan un cuerpo legislativo, junto con la Constitución, aseguró Antonio Martínez Velázquez, integrante de Artículo 19.



Entrevistado por separado, el Senador Javier Corral Jurado, del Partido Acción Nacional (PAN), recalcó que ni los Estados más totalitarios en el mundo se atrevieron a plasmar en una legislación, prohibiciones que similares que atentan de forma directa contra la libertad de expresión.



“Hay pues una clara censura a Internet. Vuelvo a señalar que regímenes autoritarios en el mundo que han practicado ese tipo de [censura], no han sido capaces de llevarlos a sus leyes”, aseguró.



CONTROL EN LA RED



La reforma constitucional en materia de telecomunicaciones elevó como un derecho consagrado el acceso a Internet. Según la propia Presidencia de la República, la Reforma de Telecom estableció una Política de Inclusión Digital Universal y una Agenda Digital Nacional.



Esta política debía incluir infraestructura, accesibilidad, conectividad, tecnologías de la información y comunicación, así como habilidades digitales.



En junio de 2013, la meta era que al menos 70 por ciento de los hogares y 85 por ciento de las micro, pequeñas y medianas empresas contaran con velocidad para descargas de información, con apego a estándares internacionales.



No obstante, colectivos ciudadanos especializados en internet consideraron que estas metas y propósitos quedaron como un simple catálogo de buenos deseos, en las leyes secundarias de la reforma en telecomunicaciones.



“Hay un derecho que quedó vacío. Tenemos el derecho a acceso a Internet, está muy bien eso, pero es un derecho que no tiene sustancia, porque lo que ellos están poniendo como acceso universal, en los renglones que lo mencionan simplemente se refieren a la continuación del programa e-México, para instalar centros de acceso a internet, donde pones una computadora y ya”, afirmó Óscar Mondragón, integrante del Colectivo Libre Internet para Todos.



Pero no es simplemente la omisión al acceso a las redes. Ciudadanos consideraron que la iniciativa peñista ataca de manera frontal a personas, usuarios y audiencias que consideran las herramientas digitales como parte fundamental para ejercer sus derechos y participar en la vida cultural del país.



“Nos encontramos ante una iniciativa de Ley de Telecomunicaciones que confirma la vacuidad de esas palabras [los propósitos enunciados en la Constitución] y el deliberado propósito por neutralizar a Internet como herramienta para el ejercicio de libertades y convertirla en instrumento de control político”, sostuvo Luis Fernando García, integrante de la Red por los Derechos Digitales, en su ponencia durante las audiencias públicas organizadas en el Senado.



Ante lo que consideraron una censura abierta, decenas de jóvenes universitarios, usuarios de Internet y activistas acudieron al Senado de la República, ubicado en la esquina de las dos avenidas más importantes de la Ciudad de México, para manifestarse contra la represión en redes.



Hombro con hombro los jóvenes se sentaron pacíficamente afuera de las rejas del imponente edificio legislativo y con los brazos entrelazados gritaron consignas para exigir que las leyes secundarias peñistas garanticen el acceso a internet y la libertad de expresión.



Obviamente la manifestación fue acompañada de una intensa campaña en Twitter y Facebook.



El ex Diputado federal por el Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña escribió en su cuenta de Twitter, @fernandeznorona:



“El centro de todo es la ley represiva e @EPN que quiere controlar el internet”.



Sin embargo, no es la única protesta que se prevé en defensa del Internet libre.



Este jueves a las 6 de la tarde, diversos colectivos y actores sociales, entre ellos el Congreso Popular, convocan a una marcha que partirá de Televisa Chapultepec y terminará en el Senado de la República, en contra de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de Peña Nieto.





Foto: Especial

LOS RIESGOS EN TELECOM



La iniciativa tiene varias disposiciones que ponen en riesgo el ejercicio de la libertad de expresión. En el capítulo de “colaboración con la justicia” se lee:



Artículo 197. Además de las anteriores obligaciones, los concesionarios de telecomunicaciones y los autorizados deberán:



…



VII. Bloquear, inhibir, o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional, a solicitud de las autoridades competentes.



El bloqueo de señales a que se refiere el presente artículo se hará sobre todas las bandas de frecuencia que indique el Instituto de conformidad con las solicitudes de las autoridades competentes.



VIII. Colaborar con las instancias de seguridad en el monitoreo para verificar el bloqueo, inhibición, o anulación de las señales de telecomunicaciones de conformidad con los lineamientos establecidos.



En pocas palabras estos artículos obligan a los concesionarios a bajar el switch a Internet y a los servicios de telecomunicaciones en áreas determinadas discrecionalmente por una autoridad.



Otras disposiciones de censura a internet se localizan en el capítulo “De la neutralidad de las redes”, en donde se dice que los usuarios podrán permitir el bloqueo de ciertos contenidos.



Artículo 145. Los concesionarios y autorizados que presten el servicio de acceso a internet deberán sujetarse a los lineamientos de carácter general que al efecto expida el Instituto conforme a lo siguiente:



…



III. Privacidad. Deberán preservar la privacidad de los usuarios y la seguridad de la red. Podrán bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios a petición expresa del usuario, cuando medie orden de autoridad o sean contrarios a alguna normatividad.



Asimismo, este capítulo contiene una disposición que prácticamente deja en manos de las empresas, facilitar la velocidad y la capacidad o ancho de banda en la transmisión de ciertos contenidos, casi casi ligados a la contratación de un plan tarifario.



Artículo 146. Los concesionarios y autorizados que presten el servicio de acceso a internet podrán hacer ofertas según las necesidades de los segmentos del mercado y clientes, diferenciando entre niveles de capacidad, velocidad o calidad.



En el capítulo “De las obligaciones en materia de seguridad y justicia” se establece la obligación de la geolocalización.



Artículo 189. …



Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados están obligados a proporcionar la localización geográfica en tiempo real, de cualquier tipo de dispositivo de comunicación, a solicitud de los titulares de las instancias de seguridad o de los servidores públicos en quienes se delegue esta facultad, para el ejercicio de sus atribuciones propias de producción de inteligencia, de conformidad con las leyes correspondientes.



LEY PEÑA Y LA LEY ACTA



Para el Senador Javier Corral, uno de los legisladores más críticos a la iniciativa para crear la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la cual denomina la “Ley Televisa recargada”, varias disposiciones de esta nueva norma tienen mucha similitud con el Acuerdo Comercial contra la Falsificación (ACTA), firmado por el gobierno mexicano en 2012, pero detenido por la pasada legislatura del Senado.



Hace dos años, los legisladores consideraron que esa norma internacional lejos de combatir la piratería y de proteger el derecho de autor, convertía en presunto infractor a cualquier ciudadano por compartir material, música y datos que se encuentren en la red, aunque no lucren con su contenido.



En 2014, el Senador Corral alertó que la ley peñista en materia de telecomunicaciones y radiodifusión incorpora muchas disposiciones del viejo acuerdo comercial para el tratamiento y acceso del Internet.



“Lo que sucede es que varios capítulos de todo este apartado de telecomunicaciones y colaboración de las empresas o de los operadores, por ahí nos están metiendo muchos de los contenidos de ACTA, que no pudieron meterlo como tratado, porque lo paramos y como lo paramos ahora quieren meterlo en una ley, bajo una supuesta neutralidad de red tecnológica que no es tal”, afirmó el legislador.



Javier Corral fue claro en señalar que esta censura a internet es tan “burda” que es poco probable que se atrevan a defenderla ni el Gobierno federal o el partido en el poder, el Revolucionario Institucional (PRI) junto con algunos legisladores de Acción nacional (PAN), entre ellos Javier Lozano, presidente de la Comisión de Comunicaciones de la Cámara Alta.



El Senador por Chihuahua consideró que los artículos relativos a una posible censura a Internet se quitarán  del dictamen final, con el propósito de distraer la atención a otros temas peligroso de la iniciativa, como es el consentimiento al monopolio de Televisa.



“Quiero advertir que están proponiendo o van a proponer algunos cambios cosméticos y obviamente van a retirar algunos absurdos, porque todo va a ser un finteo […]; para tratar de decir que le hicieron cambios a la iniciativa de Peña, pero tratar de engañar y dejar lo fundamental del negocio del regalo en el acuerdo político Peña–Televisa”, alertó Corral.

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Cambios en legislación sobre el agua, buscan favorecer explotación del gas Shale - #NL #Coahuila

Cambios en legislación sobre el agua, buscan favorecer explotación del gas Shale - Regeneración:

La Conagua envió a San Lázaro iniciativa de ley en la materia, denuncian



• Plantean limitar el acceso al líquido por el interés social, orden público y seguridad nacional



Por Angélica Enciso L.

10 de marzo de 2014 México, DF.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) busca cambiar la legislación para favorecer la explotación de gas shale, con lo que se utilizarán millones de litros de agua, pese a que el país está catalogado como de baja disponibilidad del líquido por el Instituto Mundial de Recursos. Utiliza de pretexto el derecho humano al agua, garantizado en la Constitución desde 2012, para impulsar megaobras privatizadoras, trasvases, construcción de presas, macroplantas de tratamientos y desalinizadoras, entre otras obras, advierten analistas.



Para reglamentar el cambio del artículo cuarto de la Constitución, el organismo federal envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de la ley general de aguas y modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales (LAN) para ser aprobadas previamente a la celebración del Día Mundial del Agua, el 22 de marzo, lo cual ya fue acordado con la junta directiva de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados.





El ‘fracking’ para la extracción del gas Shale, contamina pozos de agua y se mezcla con el combustible



Esto es contrario a la reforma constitucional, la cual establece la obligación de contar con una ley general de aguas, en lugar de la Ley de Aguas Nacionales, para cumplir con el derecho humano al líquido, pero la Conagua pretende mantener el esquema vigente de sobrexplotación y hace a un lado que la inclusión del derecho humano en el recurso requiere de un cambio profundo al sistema de administración y gestión del agua para hacer efectivo el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, señala Miguel Ángel Montoya, asesor del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados en materia de gestión integral del agua.



La LAN, vigente desde 1992, ha fomentado el uso intensivo del recurso, la sobrexplotación de al menos 130 acuíferos, la concentración de derechos de agua para favorecer a empresas como las inmobiliarias Casas ARA y GEO, que disponen de concesiones agrícolas que han utilizado múltiples veces para mostrar que cuentan con factibilidad de agua para decenas de miles de viviendas, advierte Elena Burns, del Centro para la Sustentabilidad Centli de la Universidad Autónoma Metropolitana.



Explica que el borrador de la ley general de aguas plantea que el acceso de los mexicanos al recurso quedará limitado por el interés social, orden público y seguridad nacional; se establece el sistema financiero del agua, que recogería los ingresos logrados por el cobro del suministro, establecido como prestación convenida, no como derecho humano; se elimina que el recurso es propiedad de la nación y en su lugar se pone que es del Estado, se propone un director general de la Conagua transexenal, que empezaría funciones el primero de febrero de 2015, para un periodo máximo de 12 años.





Proceso del ‘fracking’ o fractura hidráulica



Además, el derecho humano se garantizará mediante un consejo general para el derecho humano al agua, que se integrará con 12 funcionarios federales, tres estatales y tres municipales, un representante de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento y uno de la Confederación de Cámaras Industriales.



Es decir, están incluidas la industria y los operadores del agua, los paladines de la privatización del agua y los que se han beneficiado del modelo expoliador del líquido, señala Montoya. Es el fortalecimiento de la privatización, no sólo de los servicios de agua potable y saneamiento y de la infraestructura hidráulica, sino de la propia gestión y administración de las aguas.



Indica que se propone continuar con los trasvases, práctica que rompe las condiciones hidrológicas para la conservación del agua y pone en riesgo a los ecosistemas asociados a su producción, por lo que de no prohibirse debería estar permitido sólo para casos excepcionales y previstos en la ley, como los de una emergencia hídrica.



Detalla que las disposiciones contenidas en la propuesta de ley general de aguas se ajustan a la propuesta de reforma que se propone a la LAN, misma que se concentra en desarrollar el sistema de transmisión de derechos y dedica un apartado a las disposiciones para la explotación del gas shale”, que fue incluido en la reforma energética, y que el uso indiscriminado de millones de metros cúbicos de agua limpia o de primer uso, que se mezclarán con químicos para fracturar las rocas a profundidad y obtener el gas, hará imposible la reutilización de esa agua y ecológicamente inmanejable su disposición y manejo, advierte.



La Jornada, p. 15

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Procede una revisión de la reforma energética - Grupo Ingenieros Pemex Constitución del 17.

Movimiento por la IV República: Procede una revisión de la reforma energética:

Raúl Jiménez Vázquez.* Revista Siempre. Enero 18, 2014.
La primera Constitución político-social del mundo fue gestada en el seno del Congreso Constituyente de Querétaro de 1917; ahí, junto a las garantías individuales también se consagraron las garantías sociales, los derechos inherentes a la nación y a los grupos económicamente débiles, especialmente trabajadores y campesinos. La concreción de esta hazaña de ninguna manera fue una faena sencilla. Diputados constituyentes de la talla de Heriberto Jara y Francisco J. Múgica tuvieron que hacer añicos el paradigma clásico que postulaba que no era dable consignar dentro de las leyes fundamentales normas tuteladoras de los núcleos más vulnerables de la sociedad, pues ello equivaldría, según palabras del diputado conservador Fernando Lizardi, a “colocarle un par de pistolas a un Santo Cristo”. Con esta ruptura se dio curso a la portentosa corriente jurídica del constitucionalismo social, fuente nutricia de textos relevantes como el Tratado de Paz de Versalles y la Constitución de Weimar de 1919.
Acorde a la predicción hecha por Marx en su célebre obra El dieciocho brumario de Luis Bonaparte, la historia se ha repetido, pero ahora de manera inversamente proporcional a lo sucedido en Querétaro hace casi un siglo. Dentro de la Carta Magna han quedado establecidos los derechos de un nuevo y poderoso conglomerado: el de los inversionistas privados, fundamentalmente extranjeros, que serán beneficiarios directos de la reforma energética.
En aras de brindar el máximo blindaje a sus intereses, les fue confeccionado un verdadero traje a la medida: I) se les transfirieron derechos históricos, áreas y actividades propias de la Nación, II) con impresionante nitidez, se pormenorizaron los esquemas jurídicos bajo los cuales intervendrán en el desarrollo de la industria energética, III) se acotaron severamente los campos de acción de Pemex, sus organismos subsidiarios y CFE, IV) se elevaron a rango constitucional los tratados de libre comercio, generándose con ello derechos de carácter supranacional que harán de éste un sector literalmente intocable, tal como fue denunciado por la vocera de la organización estadounidense Public Citizen, la abogada de Harvard Lori Wallach, puesto que la más leve afectación a las ganancias esperadas representará una transgresión a las reglas del TLCAN, el Estado se verá imposibilitado para imponer requisitos de desempeño o de contenido local y las controversias serán ventiladas ante el CIADI del Banco Mundial y otras instancias internacionales.
Así pues, estamos en presencia de un inédito apartheid constitucional que además de transgredir el principio de no discriminación inserto en el artículo 1º constitucional ya que el empresariado nacional no cuenta con estas protecciones, se aparta de la digna postura asumida por nuestro país en la Conferencia de Bogotá de 1948, cuando por voz de su representante, Antonio Carrillo Flores, afirmó categóricamente: “Si México tiene que optar entre su Constitución y las inversiones extranjeras, México se queda con su Constitución”. Esta es una razón más para que se proceda a la revisión judicial de la reforma energética.

*Raúl Jiménez Vázquez es miembro del Grupo Ingenieros Pemex Constitución del 17.

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SIN PALEROS DEL PRD...por el momento...EPN deberá dictar leyes autoritarias con PAN

Ante el quiebre del Pacto, iniciativa preferente | El Economista:
23 Diciembre, 2013 - 22:33Credito:
Mauricio Rubí / El Economista

Fotos EE: Germán Espinosa
Fracturado el Pacto por México ante la salida del PRD, el Ejecutivo federal podrá hacer uso de una herramienta constitucional en el próximo periodo de sesiones del Congreso (en febrero del 2014) para que se analicen iniciativas primordiales y se dictaminen.

Ha pasado más de un año del actual gobierno, y el priísta Enrique Peña Nieto ha optado por no utilizar la llamada iniciativa preferente, la cual fue incluida en una de las últimas reformas políticas que se han concretado en el país.

El Artículo 71 constitucional establece que en la apertura de cada periodo ordinario de sesiones, el Presidente podrá presentar hasta dos iniciativas para trámite preferente o indicar que sean contempladas en tal carácter hasta dos que hubiere presentado en periodos anteriores y que estén pendientes de dictamen.

Desde la llegada de Peña Nieto al gobierno, se han registrado dos aperturas de periodos del Congreso (febrero y septiembre del 2013), pero el Ejecutivo no utilizó tal facultad y dejó el procesamiento de las iniciativas a los tiempos del Congreso de la Unión.

Aunado a ello, su gobierno firmó con las tres principales fuerzas políticas del país (PAN, PRD y su partido, el PRI) el llamado Pacto por México, para el impulso de reformas importantes.

ESTIPULADO EN LA CARTA MAGNA

La iniciativa preferente que contempla la Constitución cuenta con un periodo determinado para que sea dictaminada por los legisladores federales. La Carta Magna estipula que cada proyecto deberá ser discutido y votado por el pleno de la Cámara de su origen en un plazo máximo de 30 días naturales.

“Si no fuere así, la iniciativa, en sus términos y sin mayor trámite, será el primer asunto que deberá ser discutido y votado en la siguiente sesión del pleno. En caso de ser aprobado o modificado por la Cámara de su origen, el respectivo proyecto de ley o decreto pasará de inmediato a la Cámara revisora, la cual deberá discutirlo y votarlo en el mismo plazo y bajo las condiciones antes señaladas”, reza el Artículo 71. Con esta medida se evita, además, que queden congelados los proyectos en el Legislativo.

Aunque existe una limitante en esta herramienta: no podrán ser consideradas como iniciativas preferentes aquéllas que contemplen reformas a la Constitución.

El 1 febrero del 2014 iniciará un nuevo periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, lo cual abre la pauta para usar la herramienta. Peña Nieto, hasta ahora, se ha inclinado por no hacerlo.

“Esta Legislatura tiene en el periodo ordinario, que hoy inicia, la crucial responsabilidad de discutir y resolver una agenda abundante de temas de gran relevancia para el futuro de la nación.

“En atención a ello, les hago saber la decisión del Presidente de la República en el sentido de no utilizar, en esta ocasión, la facultad que le otorga el Artículo 71 de la Constitución para presentar iniciativas de trámite preferente”, informó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el 1 de septiembre del 2013, cuando entregó el primer Informe de Gobierno de Peña Nieto.

Antes, en febrero del 2013, el gobierno decidió no enviar iniciativas preferentes y aprovechar el Pacto por México.

mauricio.rubi@eleconomista.mx
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Sí procede la consulta popular sobre la Reforma Energética POR: JESÚS CANTÚ

Sí procede la consulta popular sobre la Reforma Energética:
Los legisladores que aprobaron la Reforma Energética esgrimen diversos argumentos para tratar de evitar la realización de la consulta popular sobre la misma, sin embargo, la lectura de la disposición constitucional en la materia y los antecedentes respecto a otras normas constitucionales, modificados en la misma ocasión, permiten echarlos abajo y, por consiguiente, concluir que sí procede la consulta popular en dicha materia si se logra reunir el número de firmas establecido en el Artículo 35 constitucional.
Los tres principales argumentos son: uno, al no existir legislación secundaria no es aplicable la norma constitucional; dos, al estar vinculada a los ingresos del Estado Mexicano no procede la consulta; y tres, dicho mecanismo es improcedente en el caso de reformas constitucionales.
El primero de los argumentos es fácilmente desmontable por tres razones: primero, los mismos legisladores se habían autoimpuesto la obligación de expedir la legislación secundaria un año después de la entrada en vigor de la reforma constitucional, lo cual incumplieron desde agosto del presente año; la irresponsabilidad de los legisladores no puede ser un argumento para justificar la no aplicación de una norma constitucional.
Segundo, la Constitución prevalece sobre cualquier otra norma, con mucho más razón sobre la ausencia de otra, pero además el artículo 35 constitucional es suficientemente explícito en cuanto a los requisitos para proceder en el caso de la consulta popular, por lo cual es aplicable aun sin legislación secundaria.
Tercero, por si todo lo anterior fuese insuficiente, basta recordar que el primero de septiembre de 2012, el entonces presidente Felipe Calderón envió, junto a su Sexto Informe de Gobierno, dos iniciativas preferentes: la nueva ley laboral y una reforma a la Ley de Contabilidad Gubernamental, con lo cual recurrió por primera ocasión a dicha atribución. Inmediatamente hubo voces que señalaron que la norma constitucional era inaplicable porque no existía todavía ley secundaria (en ese momento los legisladores todavía se encontraban dentro del plazo que se habían otorgado para elaborar la legislación secundaria) y los legisladores improvisaron, para la ocasión, unas reglas que les permitieron procesar dichas iniciativas. Es decir, ya existe el precedente de que una norma constitucional sí es aplicable aunque no exista ley reglamentaria.
Respecto a la segunda, es decir, que es una de las materias expresamente señaladas en el inciso 3 de la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución: "No podrán ser objeto de consulta popular…los ingresos y gastos del Estado…". Es evidente que aunque la Reforma Energética impacta en los ingresos y egresos del Estado no es esa la materia de regulación, sino una consecuencia de la modificación constitucional y ninguno de los artículos constitucionales reformados se refieren a ingresos y egresos del Estado, sino a la rectoría del Estado en el desarrollo nacional (artículo 25); la propiedad sobre tierras y aguas (Artículo 27); y la prohibición de monopolios, así como sus excepciones (artículo 28). Así que es un sofisma el señalar que la Reforma Energética involucra aspectos de ingresos y por esa razón es una de las prohibiciones expresas.
En relación a que las reformas constitucionales no pueden ser sujetas a la misma, tampoco aplica pues la disposición señala con precisión los temas señalados en la Constitución en los que no procede la misma como son: "…la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma;…". Y además se precisa que la consulta popular debe realizarse sobre "…temas de trascendencia nacional…", muchos de los cuales por supuesto que estarán considerados en algunos de los artículos constitucionales, precisamente por su trascendencia en la vida nacional, de hecho esta es una de las razones por las que se establecen las prohibiciones expresas.
Así ninguno de los argumentos se sostiene; los impulsores de la misma deben preocuparse por reunir el millón 650 mil firmas de ciudadanos debidamente inscritos en la lista nominal de electores que demanden la realización de la misma y por asegurar una redacción de la pregunta, que se presente ante los votantes en 2015, que sea lo suficientemente clara para permitir la expresión inequívoca de la voluntad ciudadana.
Es importante señalar que en el caso de la consulta solicitada por los ciudadanos explícitamente se señala en el mismo artículo que el Congreso de la Unión no tiene que aprobar la realización de la consulta, así aunque no es explícito se sobreentiende que lo único que hay que hacer es verificar el número y la autenticidad de las firmas, lo cual debe hacer el órgano electoral administrativo, cuya resolución puede ser impugnada ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Medios de Impugnación. A pesar de ello de que únicamente debe ser un tecnicismo, lo cierto es que es uno de los temas clave, pues por la experiencia con las organizaciones que quieren formar partidos políticos un buen número de las firmas se desconocen, por las más diversas razones, así que los organizadores harían muy bien en buscar presentar la solicitud con un número muy sobrado de firmas, al menos, excederse en un millón de firmas.
Las siguientes semanas y meses serán determinantes en el tema, pues aunque la consulta se realizará hasta julio de 2015, lo cierto es que la realización o no de la misma se resolverá mucho antes, cuando todavía el tema estará en el centro de las discusiones, particularmente porque se estará elaborando la legislación secundaria. La posibilidad jurídica existe y todo se limita al cumplimiento de los requisitos.
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Ecos de la Reforma Energética — Colloqui HÉCTOR MURILLO CRUZ

Ecos de la Reforma Energética — Colloqui:
HÉCTOR MURILLO CRUZ
23 DE DICIEMBRE DEL 2013

Consumado el proceso legislativo de reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, lo que se conoce como reforma energética –para muchos la joya de la corona- por el Congreso Constituyente Permanente, con la declaración a cargo del Presidente de la mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso Federal, diputado Ricardo Anaya y culminó con su promulgación por parte del Presidente Enrique Peña Nieto, el 20 de diciembre, cuando afirmó que permanecerán vigentes los derechos laborales de los trabajadores de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad y dijo: la reforma envía al mundo una señal de la transformación que vive México.

Continúa la controversia entre quienes, desesperados y dejando de lado un debate de altura, acusan a quienes las aprobaron de violar reglamentos, de dar albazo legislativo, de traidores a la patria y muchos etcéteras, como lo han expresados en diferentes tonos el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, los ex priistas Manuel Camacho Solís y Ricardo Monreal; la chilanga senadora Dolores Padierna entre otros; y de diferente lado voces como la del coordinador del PRI, Manlio Fabio Beltrones, el de los senadores Emilio Gamboa; o los panistas Javier Lozano, Jorge Luis Preciado, Luis Alberto Villarreal y el dirigente nacional del blanquiazul, Gustavo Madero, para quienes la llamada reforma energética será trascendente para la transformación del país.

En el naufragio de la izquierda sólo ven sus adeptos, liderados por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, como tabla de salvación y pretenden sujetar dicha reforma al proceso de consulta popular previsto en el artículo 35 de la Constitución la cual, para algunos personajes como el doctor Luis Carlos Ugalde, ex consejero presidente del IFE, el mismo diputado Beltrones y algunos comentaristas como Jorge Alcocer, no procede. A reserva de lo opinado por especialistas en derecho constitucional y, en su caso la Suprema Corte, el proceso legislativo para reformar la Constitución está claramente establecido en su artículo 135: las adiciones o reformas a la misma deben ser aprobadas por las dos terceras partes de cada una de las cámaras del Congreso federal y por la mayoría de los congresos locales; por tanto resultaría incongruente que sobre este ordenamiento -el cual por otra parte remarca el carácter de República representativa, democrática y federal en que el pueblo mexicano se constituye, en los términos del artículo 40 de propia Ley Suprema-, se sobredimensionara la figura de la consulta popular carente de alcances para legislar y menos tratándose de reformas constitucionales.

TIEMPO AL TIEMPO

El tema de los energéticos en México tiene una gran carga ideológica, despierta puntos de vista encontrados. Pensamos que a partir de que haya leyes reglamentarias, son las que van a permitir implementar la reforma. Desafortunadamente en dos años comenzarán a conocerse los beneficios concretos, que se van a ver reflejados en mayor número de empleos, reducción de las tarifas de gas y electricidad más accesibles y más competitivas. (Pedro Joaquín Coldwell, Secretario de Energía. La Jornada).

NEOLIBERALISMO PROYANQUI

Ernesto Zedillo Ponce de León, que les entregó los ferrocarriles, institucionalizó los Pidiregas para maniatar absolutamente a PEMEX, llevó a cabo la negociación del Hoyo de la Dona, potencial fuente de petróleo, y constituyó el FOBAPROA, para hacer (volver) públicas deudas de banqueros. (Roberto Badillo Martínez, general en retiro, revista “Voces del periodista” del Club de Periodistas de México, número 311, Director Gral. Mouris Salloum).

MARIACHAZO OPOSITOR

Entre gritos y sombrerazos, igual que en otros estados del país, el Congreso de Jalisco aprobó la Reforma Energética, luego de prolongada sesión donde se dieron también conatos de bronca y un incendio al interior del recinto legislativo local.

Nunca en la historia del Congreso jalisciense se habían presentado disturbios como el escenificado a las afueras del edificio localizado sobre la Av. Hidalgo; muchachos encapuchados y líderes del PRD y Convergencia violentaron la reunión para aprobar la nueva ley. Los ex diputados Enrique Alfaro y Salvador Caro Cabrera, del PRD y Convergencia respectivamente, provocaron desórdenes pretendiendo echar abajo el acuerdo sin lograrlo. Lo que sí lograron fue exhibirse una vez más como sujetos indeseables y opositores desleales, puesto que esos dos políticos se iniciaron en las filas del PRI, pero fueron expulsados por corruptos y renegados.

Los jaliscienses ya no aceptan fácilmente las patrañas de ese tipo de sujetos que sólo buscan acomodo donde pueden sacar raja. Pero éstos no tienen la más mínima vergüenza y dignidad. Se aferran a tiempos pasados.

BURÓ DE INVESTIGACIÓN POLÍTICA – BIP CONFIDENCIAL- Vol.III.-10 – 11 DE MARZO DE 1946

“Muy estimado amigo nuestro:

PANORAMA ECONÓMICO.- Una verdadera aristocracia dominaba la economía del país antes de 1910. La riqueza era familiar. El apellido llevaba consigo el crédito. La Revolución la hicieron la clase media –Carranza-  y la campesina –Zapata- para lograr una redistribución de dicha riqueza.

Cuando la Revolución se hizo cargo del poder, y por ende de la riqueza, descubrió –en aproximadamente treinta años de batallar- que la susodicha riqueza no existía por ninguna parte. La minería y el petróleo estaban en manos de extranjeros. La agricultura tenía posibilidades sumamente pobres, porque las tierras de la meseta central estaban agotadas después de mil años de cultivos. Y porque las tierras tropicales eran insalubres. La riqueza de unas pocas familias eran perfectamente posible: no así la riqueza de todo un pueblo.

Terminadas las agitaciones preliminares, fue el general Abelardo L. Rodríguez el primero que atinó en definir las necesidades reales, pero quien realmente concibió la solución del problema en toda su magnitud, fue el general Cárdenas, pero se encontró con que antes de poder realizar ninguna obra seria para incrementar la riqueza nacional, tenía que desembarazarse de los mil intereses creados que usufructuaban, en verdad, la pobreza pública, para comenzar: nacionalizó el petróleo”. (Fe de erratas: en la nota anterior, la fecha del BIP debe ser 1946, no 1846). (Fuente: BIP. Investigación: Ignacio González Torres y Beatriz Quiñones).

FELICITAN A UNOMÁSUNO:

A nombre de Ricardo Bucio Mújica, presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y del equipo de Divulgación y Comunicación Social esperamos que en 2014 sigamos juntos construyendo la igualdad.

Te deseo unas felices fiestas decembrinas y un 2014 de éxito. ¡GRACIAS!
Valeria Berumen Ornelas, Subdirectora de Difusión Social. (Conapred).
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La Suave Patria herida - Raúl Carrancá y Rivas

La Suave Patria herida - El agua del molino:

El agua del molino
Raúl Carrancá y Rivas
La Suave Patria herida
Organización Editorial Mexicana
19 de diciembre de 2013
  Cuando López Velarde dijo en la Suave Patria "El Niño Dios te escrituró un establo/ y los veneros del petróleo el diablo", se refería sin duda al nacimiento que estamos por festejar de ese Niño y también a que la escrituración del diablo despertaría envidias y ambiciones mil, afanes de apoderamiento o venta de nuestros veneros petrolíferos. En efecto, la Independencia mexicana se meció en la cuna del cristianismo, que poco tiene que ver con algunas desviaciones de la Iglesia. Pero allí están, en ese nacimiento inicial de nuestra patria, la misericordia y el amor a los desprotegidos, a los pobres y a su patrimonio. El amor al pueblo y a sus derechos. Sí, los veneros del petróleo nos los escrituró el diablo y hoy lo comprobamos más que nunca.

Ahora bien, yo tengo para mí que la historia se hace en lo inmediato pero se proyecta, trasciende y escribe para lo mediato e incluso más allá. Es decir, no se puede cambiar arbitrariamente el alma de la historia, su espíritu -en un texto jurídico hay historia-, lo que Mommsen llamaba la marea del tiempo, lo cual saben muy bien los verdaderos estadistas. Y ya que hablo de la historia hay que hablar asimismo de la política y de la democracia. Me explico. Se llega al poder -¿cómo se llega?- y se cree que por tenerlo, sobre todo cuantitativamente y olvidando lo cualitativo que es lo esencial, se puede alterar el ritmo del andar de Clío. Se alterará momentáneamente, eso sí, a manera de espejismo. En otros términos, a la mayoría no siempre le asiste la razón ni tampoco la minoría es lo que aparenta. Detrás de un rostro se esconden mil que no han podido hacerse evidentes, e ignorarlos es querer revertir lo imposible. Cuántas veces las llamadas minorías son en realidad mayorías apenas perceptibles. Por eso la democracia se opone frecuentemente a la política, o a la mala política y a los políticos peores. En suma, Clío, con su balanza similar a la de Temis, siempre juzga sabia y definitivamente; y los que pretenden alterarla, escribir la historia a su modo y gusto, caen tarde o temprano en el desprestigio, en el olvido y desestimación. No se olvide a mayor abundamiento que entre las minorías se piensa más que en las mayorías, puesto que éstas siguen generalmente una línea, una consigna. Al respecto todo indica que el Constituyente Permanente va a aprobar la Reforma Energética del Gobierno. Sin embargo los congresos de los Estados, igual que el Congreso de la Unión y el Senado de la República, se han visto rodeados por bloqueos y cercos, por multitudes que protestan airadas a la vista alerta de la policía. ¿Así se aprueba una ley, en medio de rechazos airados? ¿A eso se lo llama consenso? Consenso no hay, desde luego. ¿Y qué les queda a los disidentes? Son y somos también pueblo, inteligencias, voluntades. Y ya que el recurso de la fuerza, de la mera fuerza física, no es el debido ni tampoco aconsejable, el único camino a seguir es el recurso de la crítica razonada y razonable, del Derecho. Ojalá llovieran amparos y acciones de inconstitucionalidad, en los términos que establece la Constitución. Es el derecho de los inconformes. Y que la historia juzgue, repito. "Yo no escribo para los hombres, escribo para los dioses", dice Mika Waltari en su epígrafe a Sinuhé el Egipcio, esa extraordinaria novela. Palabras del gran escritor finlandés que significan que hay que "mirar a lo lejos, a lontananza, siempre a lontananza", como Don Quijote, y no resignarse con el presente inmediato si nos agravia. ¡Salvo que también hayan quitado aquéllos recursos que son el aliento y la esencia de la Constitución! Pero mientras estén allí no son meros instrumentos jurídicos de adorno, y recurrir a ellos es lo menos que puede y debe hacer el agraviado. Por otra parte la Constitución tiene sus propias armas, previstas desde 1917 y aún antes, para rectificar el camino equivocado. No está sola, se tiene a sí misma, o sea, cuenta con una savia centenaria proveniente de lo mejor de su árbol genealógico. Recuérdense las palabras de Juárez: "cuando los hombres se equivocan, traicionan o claudican, queda el Derecho, fiel servidor de la Justicia".

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Al mejor postor, la riqueza del país | ZETA

Al mejor postor, la riqueza del país | ZETA | Libre Como el Viento:
Con conocidos nexos entre políticos y empresas trasnacionales del petróleo, los legisladores modificaron la Constitución para que extranjeros exploten y comercialicen el sector energético. El PRI y el PAN se justifican con la necesidad de modernización. Los opositores concluyen: “Todo se hizo para beneficio de las grandes empresas”. Por ello se les acusa de “traidores a la patria”
 Acusados por los opositores de la Reforma Energética, de traidores, bandidos y mentirosos, Enrique Peña Nieto y los impulsores de la misma, sostuvieron una coartada repetida hasta el cansancio: “El petróleo seguirá siendo de los mexicanos”.

Al parecer eso honra a la verdad. Después del análisis entre especialistas y legisladores, a aquella frase únicamente le faltaría agregar una precisión: el petróleo seguirá siendo de los mexicanos, siempre y cuando esté en el subsuelo de la patria; luego de la aprobación de la reforma, en cuanto el petróleo sea extraído de la tierra, podrá ser apropiado por las empresas y los intereses extranjeros.

Con la aprobación de la modificación de 3 artículos de la Constitución Mexicana (25, 27 y 28), el país pierde la exclusividad del manejo en la riqueza petrolera. Una condición nacional identificada con pensamiento del porfiriato y los tiempos de la pre-revolución mexicana.

El Artículo 27 constitucional establecía, antes de esta reforma, que corresponde a la Nación el dominio y explotación de todos los recursos naturales, entre ellos petróleo, y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos.

El senador Manuel Camacho Solís explica en entrevista con ZETA: “Es una reforma que cambia la naturaleza del Estado, el artículo más importante de la Constitución de 1917 era el Artículo 27, así lo señaló quien más influyó en la Constitución y en su redacción, Andrés Molina. Con la reforma que inició el Presidente Peña, realmente se rompe el pacto social de la izquierda y las fuerzas armadas de la Revolución. Históricamente esa Constitución fue la que pacificó a México”.

La reforma de Peña sencillamente sitúa al país y a su Constitución, un paso atrás del decreto de expropiación petrolera de 1938 (a 75 años del acontecimiento cardenista), cuando a 17 empresas petroleras instaladas en territorio mexicano, se les quitó el poder para explotar el entonces bien bautizado “oro negro”.

En conclusión, la iniciativa de reforma enviada por Peña Nieto e impulsada y aprobada por la fracción parlamentaria de su partido y la de Acción Nacional, abre la puerta para que empresas extranjeras mantengan contratos, concesiones en la explotación y extracción del petróleo.

Consecuencias y socorros

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http://www.zetatijuana.com/ZETA/reportajez/al-mejor-postor-la-riqueza-del-pais/

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Mancera el policia de salinas-peña impide paso a manifestantes rumbo al ZOCALO

El Universal - DF - Frenan granaderos a manifestantes en Madero:

Granaderos de la SSP-DF cerraron el paso a un grupo de aproximadamente 300 personas que se separaron del contingente que se manifestaba en contra de la promulgación de la reforma energética.
El grupo de personas, quienes no se conformaron con llegar hasta el Eje Lázaro Cárdenas, intentaron arribar al Zócalo capitalino por la calle Madero; por ello, elementos del cuerpo de granaderos realizaron una formación en valla para evitar su avance hasta la plancha de la Plaza de la Constitución, donde se ubica la pista de hielo.
Entre los inconformes se encuentra un grupo de jóvenes encapuchados, autodenominados anarquistas, de quienes se reportó también realizaron pintas en el edificio del Senado de la República, ubicado sobre Reforma.

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México: La nación-pueblo ante el atraco neoliberal — Por Gilberto López Y Rivas

México: La nación-pueblo ante el atraco neoliberal — teleSUR:

Debemos prepararnos para una contienda de largo aliento y alcances históricos, como los que marcaron las gestas independentistas y contra los invasores extranjeros (Foto: ASARO).

¿Qué sucede si el poder público ya no procede del pueblo ni lo beneficia porque se ha conformado una élite política parásita, cínica y corrupta que renuncia a la rectoría económica del país y entrega a potencias extranjeras y grupos privados la soberanía nacional sobre territorios y recursos?
Coincido con Adolfo Gilly en su apreciación de que las reformas recientes a los artículos 25, 27 y 28 significan la destrucción de la Constitución de 1917 y la transición a un México sin ley, "un vuelco de dimensiones históricas" y "un golpe de mano" (La Jornada, 13 de diciembre de 2013). De hecho, el único artículo fundamental de esa Carta Magna que aún queda sin modificaciones dictadas por las corporaciones trasnacionales y el gobierno de Estados Unidos es el 39, que a la letra asienta, y hay que reiterarlo: "La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno".

Claro que el artículo 39 mantiene una secuencia con los artículos 40 y 41 constitucionales. En el primero se establece que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república federal, representativa, democrática y laica; mientras que en el segundo, la soberanía nacional-popular es restringida en su ejercicio por los poderes de la Unión y de los estados, cuyo acceso a los ciudadanos, en sus ramas ejecutivas y legislativas, en los hechos, es posible exclusivamente a través de los partidos políticos, que de esta manera detentan el monopolio de la representación popular y, por ende, nada menos que el monopolio de la soberanía nacional.

Pero, ¿qué sucede –como es el caso– si el poder público ya no dimana o procede del pueblo ni lo beneficia en modo alguno porque se ha ido conformado una élite política parásita, cínica y corrupta que, a contrasentido, opta por renunciar a la rectoría económica del país y entregar a potencias extranjeras y grupos privados la soberanía nacional sobre territorios, playas, recursos naturales y estratégicos? ¿Qué ocurre si la República deja de ser "cosa pública" y se trasforma en una oficina otorgante de contratos, licencias y concesiones? ¿Qué pasa si un grupo de oligarcas apátridas decide, como política de Estado, lo que más conviene a su beneficio y al de sus patrones, y con ello da al traste con cualquier tipo de representatividad democrática? Esto es, si las contrarreformas neoliberales rompen con el pacto social de la Constitución de 1917 y convierten a los poderes constituidos en autoridades de traición nacional, ¿cómo puede el pueblo alterar o modificar la forma de gobierno?

Para Cuauhtémoc Cárdenas la respuesta a este interrogante, en lo que se refiere a la llamada "reforma energética", está en la consulta vinculante que respalda, con innumerables candados, el artículo 35 de la misma Constitución, que podría llevarse a cabo en julio de 2015 (La Jornada, 14 de diciembre de 2013); esto, siempre y cuando la correlación de fuerzas sociales y políticas se imponga sobre los aparatos legislativos, electorales y judiciales que intervendrían en dicha consulta, controlados actualmente por la mafia neoliberal.

Resultaría un ejercicio estéril llevar a cabo una consulta regulada, sancionada y monitoreada precisamente por los mismos actores que participaron en el golpe contra México. En todo caso, la emergencia nacional no puede ser enfrentada sólo en el marco de un formalismo jurídico, especialmente cuando son las propias autoridades las que rompen con el estado de derecho y el pacto constitucional.

No fue una casualidad que junto a las reformas estructurales, la maquinaria legislativa aprobara nuevas leyes "antiterroristas" y de regulación de manifestaciones públicas, igualmente antidemocráticas y represivas. Miguel Concha documenta el conjunto de estas reformas, como la Ley de Manifestaciones Públicas del Distrito Federal, las modificaciones al artículo 29 de la Constitución, las cinco leyes para ampliar los alcances del delito de terrorismo, la propuesta del Código Nacional de Procedimientos Penales, todo lo cual configura un "entramado legal" que lleva a "un Estado que de manera paulatina institucionaliza la censura y la mordaza, mediante la excepcionalidad del derecho penal, la interpretación restrictiva de los derechos humanos, la arbitrariedad en la vigilancia de los ciudadanos, y el uso excesivo de la fuerza" (La Jornada, 14 de diciembre de 2013). El grupo dominante vislumbra una profundización de las resistencias de los sectores que ya están siendo afectados por reformas como las laborales-educativas, y por aquellos que resultarán perjudicados con las energéticas y, por esta razón, criminaliza al máximo e intenta nulificar los derechos a la protesta y la movilización social.

El polo político en torno al 39 constitucional debe conformarse a partir de la más amplia unidad de los veneros patrióticos y progresistas que se articulen a partir de un programa mínimo claramente definido en función de los intereses nacionales y populares, y que, paralelamente, responda al conjunto de las luchas y resistencias heterogéneas y diversas que se están llevando a cabo en todo el territorio. El despojo a la nación y el asalto a la República se llevan a cabo no sólo en el traspaso de los energéticos a las corporaciones privadas nacionales y extranjeras: esas mismas empresas ya han invadido todos los ámbitos del territorio nacional, tanto urbanos como rurales. Recordemos siempre que la ocupación neoliberal es integral, como integrales deben ser los movimientos contra-hegemónicos. Debemos prepararnos para una contienda de largo aliento y de alcances históricos, como los que marcaron las gestas independentistas y contra los invasores extranjeros, la Guerra de Reforma y el movimiento armado iniciado en 1910. Vivimos tiempos de indignación y de coraje al ver cómo festejan los canallas sus degradantes triunfos, al constatar la soledad de hombres y mujeres que se retrotraen al mundo de lo familiar-privado al no encontrar caminos atinados y creativos para la insurgencia cívica-ciudadana. Es responsabilidad de todos y todas poner en práctica las formas de lucha más adecuadas y desarrollar instancias unitarias como la Unidad Patriótica por el Rescate de la Nación.

Fuente: http://bit.ly/1dX1Cjy
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El desastre que traerá la reforma energética - Adazahira Chávez

El desastre que traerá la reforma energética ‹ RadioAMLO.ORG – La izquierda se levanta:

Adazahira Chávez

Desinformémonos

México, Distrito Federal. Aún no alcanzamos a ver la magnitud de lo que se aprobó con la reforma energética, advierte el especialista en geopolítica Alberto Betancourt Posada. Daños ecológicos en miles de sitios de México, un poder transnacional difícil de confrontar, la posible desaparición de Petróleos Mexicanos (Pemex), aumento de precios y escasez de energéticos, así como una subordinación a los intereses económicos estadunidenses es lo que prevén Betancourt y Heberto Barrios, integrante del Comité Nacional de Estudios de la Energía.

El artículo 27 de la Constitución fue redactado por Pastor Roix y Andrés Molina Enríquez con el propósito de blinda a la nación ante las presiones transnacionales, además de que sentó un precedente mundial en cuanto a lo que puede hacer un Estado para defender sus soberanía, recuerda Alberto Betancourt, académico de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). “Fue la piedra de toque de la arquitectura de la nación, y esta contrarreforma atenta contra su corazón jurídico”, señala.

Con el dictamen aprobado –distinto al que sacaron las comisiones de la cámara de diputados- se abre totalmente el sector energético, explica Barrios. El tránsito de un modelo cerrado al más abierto del mundo, advierte, será muy difícil de implementar. Además, se eliminan las últimas reservas constitucionales para la inserción plena de México en la lógica de América del Norte y sus tratados de libre comercio, agrega.

La clase política en su conjunto no sale bien parada de la evaluación que hacen Betancourt y Barrios. El ingeniero petrolero resalta que los cambios a la Constitución se hicieron en un proceso al vapor y sin respetar las formas del proceso legislativo, además de que inmediatamente entraron a debatirse a los congresos estatales. “Es bastante sospechoso porque es una decisión básica para la nación mexicana sobre el destino de sus recursos petroleros y de gran parte del presupuesto”.

Betancourt enumera las actuaciones de los partidos: se vio lo peor de la práctica política del partido Revolucionario Institucional (PRI), que engañó a los electores y traicionó su voto. El Partido Acción Nacional logró una victoria histórica, pues logró vencer en su lucha contra la expropiación petrolera, lo que en su tiempo le dio origen. Y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) le hizo el “caldo gordo a la reforma”, pues con su participación en el Pacto por México allanó el camino a la reforma energética, e hizo una oposición ridícula en la que, sospecha, muchos de los legisladores están fingiendo.

“Esto seguramente le quitará al pueblo mexicano la posibilidad del desarrollo social con base en la explotación de sus recursos”, resume el ingeniero petrolero.

Como en tiempos de Porfirio Díaz
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Vamos tarde para la consulta por Reforma Energética: Giménez Cacho en CNN - Aristegui Noticias

"Vamos tarde para la consulta por Reforma Energética": Giménez Cacho en CNN - Aristegui Noticias:
El actor que dirige el movimiento El Grito Más Fuerte afirma que para 2015 habrá un sondeo efectivo para anular la iniciativa petrolera; sostiene que la privatización ha fracasado, y espera que con el sondeo haya mayor participación ciudadana en los asuntos de trascendencia.
(Imagen tomada de contenido.com.mx) Redacción ANdiciembre 17, 2013 10:11 am
El actor Daniel Giménez Cacho reconoció que la movilización a favor de la consulta popular contra la Reforma Energética está fuera de tiempo, pero se dijo confiado para anular por esa vía la nueva legislación petrolera.

“Llegamos algo tarde, pero pensamos que todavía estamos a tiempo por este recurso de la Constitución que nos permite pedir una consulta ciudadana y la consulta se puede organizar en 2015”, dijo en entrevista con Aristegui CNN.

El titular del movimiento El Grito Más Fuerte destacó que en los próximos tres años juntará firmas contra la iniciativa aprobada el pasado jueves en el Congreso de la Unión que autoriza la inversión privada en el sector petrolero y gas.

“Se trata de una consulta verdadera, no una encuesta. Sería la primera que organizaría el IFE, y por eso nos pareció muy importante para que juntos pidamos eso y avancemos, que por primera vez se nos pregunte”, detalló.

La semana pasada, un grupo de actores mexicanos presentaron un video para protestar contra la reforma aprobada, para demandar que la ciudadanía sea consultada sobre el tema.

El artículo 35 de la Constitución federal establece que puede realizarse este sondeo para asuntos de “trascendencia nacional”.

“Si no, para qué se puso esto en la Constitución en 2012, ¿para que decidamos qué tipo de árboles se van a poner? No creo. Se puso en un esfuerzo de que la participación ciudadana aumente. El sistema de gobierno se niega a escuchar esto. Pero no hay mecanismos hay éste”, dijo.

Aseguró que si se lleva a cabo el ejercicio ciudadano habrá una “maquinaria televisiva” para inducir al voto en un sentido contrario.

“El sistema político está cerrado ahí no hay mecanismos de participación. La relación del ciudadano con los partidos es cada vez más separada. La mayoría de la gente tiene mucha desconfianza, en los arreglos que hacen y nos da mucha desconfianza”, sostuvo.

Criticó también el esquema de privatización de los últimos años del siglo pasado. “Se modificó la Constitución, prometiendo que el campesino iba a progresar, y lo que tenemos es un campo lleno de violencia y pobreza. Se privatizó una parte de la televisión pública y tenemos un duopolio, se privatizó la telefonía y tenemos al hombre más rico del mundo con servicio caro. ¿Porque si no ha funcionado, porque ésta vez va a funcionar?”, dijo.

Compartió que la lucha es muy emocionante, “es un reto gigantesco”, concluyó.
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Consulta popular, ya | SinEmbargo Por: Sanjuana Martínez

Consulta popular, ya | SinEmbargo OPINIÓN:
Por: Sanjuana Martínez - diciembre 16 de 2013 - 0:00
COLUMNAS, Daños colaterales - 6 comentarios



Los traidores a la Patria están plenamente identificados. Su nombre pasará a la historia como los que vendieron Pemex, como los autores del desfalco a la nación. Senadores y Diputados hicieron retroceder 75 años de historia a México.

Y finalmente los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza en la Cámara de Diputados consumaron la reforma a la Constitución a favor de las trasnacionales para extraer y llevarse el petróleo.

El más grande atraco de la historia reciente de este país se hizo sin modificarle una coma a la enmienda. El PAN dice que es su “victoria”, el PRI exige el reconocimiento a Enrique Peña Nieto como autor de la reforma energética. Ambos se unieron para consumar la ignominia.

De ellos no nos extraña, pero estos traidores tuvieron antes el apoyo y el respaldo también de la izquierda representada por el Partido de la Revolución Mexicana (PRD) que de manera infame formó parte del Pacto por México.

Luego fue la escenificación, el pequeño show en la Cámara de Diputados, el griterío, las pancartas, la toma de la tribuna, los puñetazos, los aspavientos para intentar deslindarse de la complicidad que les une al poder en turno. Y es que a pesar de la oposición a la reforma, el PRD también tiene una responsabilidad histórica en la entrega de los recursos del país a extranjeros, por avalar un gobierno emanado de la duda electoral como el de Enrique Peña Nieto y por formar parte del carro completo pacto.

Al PRI encabezado en las Cámaras por Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa —mejor conocidos como Don Beltrone y Don Gamboa— hay que reconocerle su capacidad para engañar, traicionar y cohesionar las comparsas del PAN y el resto de partiditos políticos infames, a fin de cumplir sus objetivos. Si eso es democracia, entonces yo vivo en el País de las Maravillas.

En fin, nada nuevo en el firmamento. Nuevamente los mexicanos nos hemos quedado con esa sensación de atraco; de indefensión y desolación. Nuestros representantes políticos nos han demostrado que por encima de los intereses de los ciudadanos, están los intereses de sus partidos y del gobierno. Nos roban, nos roban, nos roban y aquí no pasa nada. Gobernadores, alcaldes, senadores, diputados, funcionarios saquean las arcas públicas y la impunidad endémica los cubre. Aquí nadie es juzgado por corrupción ni por sus vínculos con el sector privado a la hora de robar a manos llenas. Y así seguirán, muy pronto veremos los vínculos de las poderosas petroleras, con los políticos mafiosos que aprobaron la reforma.

Ante tal magnitud de hazaña, a los ciudadanos nos queda únicamente organizarnos y defendernos de estos señores Senadores y Diputados que no nos representan.

Para ello, hay que recordarles a los Señores Del Poder que no estamos de acuerdo con sus decisiones privatizadoras. Y la mejor manera es organizar una consulta popular sobre la reforma energética; el artículo 35 constitucional garantiza este tipo de consultas ciudadanas en casos de actos arbitrarios por parte del gobierno federal.

El PRD ya reunió 1 millón 700 mil firmas de ciudadanos en contra de las reformas que exigen no modificar los artículos 27 y 28 constitucionales, en las elecciones federales del año 2015. Pero los ciudadanos no podemos depender de este partido que formó parte del pacto y volverá a hacerlo en defensa de sus intereses.

Los ciudadanos tenemos que construir ciudadanía y exigir consulta popular sin necesidad de depender de ningún partido político. Para ello, un grupo de actrices, actores y trabajadores de la cultura encabezados por gente verdaderamente comprometida como los actores Daniel Giménez Cacho y Damián Alcázar desde el colectivo “El Grito Más Fuerte” lanzaron una campaña para impulsar una consulta ciudadana bajo la consigna “Yo también quiero que me pregunten“, la cual se funda en la premisa de que el actual sistema de gobierno “se resiste a ofrecer sistemas efectivos de participación”.



La iniciativa es esperanzadora y realista. Si la consulta popular está respaldada por el 2 por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, es obligación para todas las autoridades y gobiernos de este país.

La consulta ciudadana es un derecho y debemos exigir sea respetada. El colectivo lo explica: “Queremos ser consultados porque ya antes nos aseguraron que la modernidad consistía en privatizar y que la venta de los bienes públicos se traduciría en desarrollo y riqueza para todos, pero vendieron los ferrocarriles y nos quedamos sin trenes; vendieron los teléfonos y nació la más grande fortuna del mundo y el servicio más caro para los consumidores de la telefonía; vendieron las carreteras y las carreteras quebraron y hubo que comprarlas con el dinero de los ciudadanos; vendieron la banca y la banca quebró y tuvimos que rescatar a los banqueros quebrados con la riqueza de la nación y una vez rescatada la banca fue vendida a banqueros extranjeros. También reformaron, siempre sin consultarnos, la Constitución, para que el ejido entrara al mercado y fuera posible su venta porque, argumentaron, así se modernizaría el campo y vendría una generación de campesinos prósperos, pero hoy lo que tenemos es un campo pobre, devastado por la migración, la violencia y el crimen. También nos dijeron que era necesario vender parte de la televisión pública para mejorar la calidad de ese medio de comunicación y el resultado es un duopolio que concentra y manipula la información, detiene el desarrollo cultural e impide la democratización del país. Nos han dicho hasta el cansancio que la inversión extranjera es la llave que nos abrirá la puerta al progreso, y han concesionado grandes extensiones del territorio nacional a empresas mineras de Canadá y los Estados Unidos que en lugar de desarrollo y bienestar envenenan la tierra y el agua, provocan confrontación y violencia, y destruyen el patrimonio cultural de México. Si modernizar la industria energética es fortalecer la investigación tecnológica, cuidar el medio ambiente, luchar contra la corrupción, industrializar el país, crear empleos, y beneficiar el bolsillo de los mexicano no vemos por qué es necesario modificar la constitución. ¿Por qué es necesario modificar la constitución si, como dice la campaña del gobierno, no se quiere privatizar el petróleo ni la electricidad? El petróleo y la electricidad son estratégicos para el futuro del país, son nuestro patrimonio”.

Peña Nieto tendrá que respetar la Constitución que juró hacerla cumplir. La consulta popular es un  derecho de los ciudadanos y su negativa generaría mayor descontento y desestabilización social. El Estado, el Senado, el Congreso y los Partidos Políticos no pueden seguir pasando por encima de la voluntad popular.

Construyamos ciudadanía exigiendo consulta popular sobre la reforma energética. La voz del pueblo debe ser escuchada. ¿Qué miedo puede tener el gobierno?

www. websanjuanamartinez.com.mx

Twitter: @SanjuanaMtz

Facebook: Sanjuana Martinez
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Alta traición - JOHN M. ACKERMAN

Alta traición:
JOHN M. ACKERMAN
16 DE DICIEMBRE DE 2013
ANÁLISIS

Domínguez, Penchyna y Lozano festinan la aprobación de la reforma energética.
Foto: Octavio Gómez
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Las expresiones de júbilo de los legisladores federales al aprobar la contrarreforma energética recuerdan los depravados banquetes del clan de los Borgia en Italia en el siglo XV. Aquella poderosa familia controló política y economía en El Vaticano durante décadas y terminó hundiéndose en un oscuro pozo de decadencia ética y moral. Para entender lo que está pasando hoy en la política nacional se recomienda ver la película de Antonio Hernández (Los Borgia) que retrata a todo color el robo, las traiciones, los asesinatos, la corrupción y las depravaciones de este antecedente histórico del PRIANRD. Y para complementar la cartelera durante esta época navideña se recomienda volver a ver La ley de Herodes, de Luis Estrada y con la insuperable actuación de Damián Alcázar, estrenada en 1999 pero hoy más vigente que nunca por retratar de manera fiel el corrupto, hipócrita y entreguista estilo de gobernar del PRI y de sus aliados panistas y perredistas.

En lugar de corregir los graves problemas y peligros de la iniciativa de reforma energética originalmente presentada en septiembre (video de mi análisis aquí: http://ow.ly/rFXcO), en total sigilo Enrique Peña Nieto junto con sus más cercanos aliados, socios y amigos abrieron todos los candados para permitir casi cualquier tipo de “contrato” o “licencia” con particulares y así permitir el control total sobre el petróleo nacional por empresas extranjeras. En lugar de “modernizar” o combatir la corrupción en Pemex, la reforma aprobada por el Congreso de la Unión en apenas cuatro días y en flagrante violación de los procedimientos legislativos, convierte esta empresa estatal primero en un contratista más de la Secretaría de Energía para posteriormente proceder a su total desmantelamiento y desaparición.

El proceso de reparto del territorio nacional entre las diferentes empresas y contratistas privados estará enteramente en manos del Ejecutivo federal sin intervención alguna del Poder Legislativo. A todos y cada uno de los cómplices de Peña Nieto les tocará su parte, incluyendo los representantes de la supuesta “izquierda”, quienes hoy fingen su oposición a la reforma pero que con el Pacto por México generaron las condiciones necesarias para su aprobación. “Para todos hay” y “No me des, ponme donde hay” son lemas típicos del priismo histórico que hoy retornan con una fuerza sin precedente.

Las instituciones públicas y la clase política entera se rinden ante los cañonazos de 50 mil dólares que hoy ya empiezan a repartirse entre cualquiera dispuesto a agachar la cabeza y estirar la mano. El enorme fraude histórico del rescate bancario del Fobaproa, orquestado por Ernesto Zedillo otro fatídico 12 de diciembre (de 1998) y que hoy todos los mexicanos seguimos pagando, resultará peccata minuta en comparación con el enriquecimiento ilícito que se generará a raíz de las nuevas “reglas” para la explotación del petróleo nacional.

A Peña Nieto y sus cómplices simplemente no les importa la enorme desa­probación ciudadana a su gobierno o el contundente rechazo popular a la privatización de la industria petrolera. Los mecanismos “democráticos” les tienen sin cuidado. Ellos mismos han señalado públicamente que no les interesa la “popularidad” ciudadana o siquiera la legitimidad institucional. Lo único que les preocupa es acumular personalmente suficientes recursos para comprar la siguiente elección y así evitar cualquier rendición de cuentas histórica con respecto a los atracos de su gestión.

Una vez que se publique la contrarreforma energética en el Diario Oficial de la Federación podremos olvidarnos de la falsa fachada de “mesura” y pluralidad política que ha venido simulando el PRI-gobierno desde su retorno a Los Pinos. Ya con “los pelos de la burra en la mano” y con la urgente necesidad de cubrir el enorme “hueco fiscal” generado por la privatización de la renta petrolera, Peña Nieto no dudará en implementar un aumento generalizado al IVA, exprimir aún más a los contribuyentes cautivos, impulsar onerosas cuotas para los estudiantes de las universidades públicas e inventar miles de otras maneras para financiar al saqueo.

En 1938 miles de ciudadanos acudieron al Zócalo de la Ciudad de México para donar voluntariamente sus humildes posesiones para ayudar al gobierno del general Lázaro Cárdenas a pagar las indemnizaciones de la expropiación petrolera. Hoy el pueblo trabajador pagará de nuevo, pero en esta ocasión el monto será mucho mayor, las contribuciones serán obligatorias y no serán motivo de orgullo, sino de indignación.

Esta inaceptable actuación de la clase política está tipificada en el Código Penal Federal en su artículo 123, fracción I, donde señala que comete el delito de “traición a la patria” quien “realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la Nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero”. Difícilmente podríamos encontrar una mejor descripción para las acciones tomadas por el Congreso de la Unión en los últimos días. Los legisladores de la supuesta “oposición” tendrían que tener la dignidad y la valentía de renunciar inmediatamente a sus cargos para no ser cómplices del atraco.

Quienes cifran sus esperanzas en la realización de una eventual “consulta” sobre la reforma energética (en 2015) se engañan a sí mismos o de plano le mienten al pueblo. Buscan volver a darnos “atole con el dedo”. La Ley de Consulta Popular incluye tantos candados que difícilmente podría aplicarse en el caso energético. El PRI-gobierno trabajará de la mano con sus amigos en la Suprema Corte para asegurar que ello no ocurra. Argumentarán, por ejemplo, que el tema energético está íntimamente relacionado con “los ingresos y gastos del Estado” y por lo tanto excluido como materia de consulta por el artículo 35 constitucional.

La única esperanza en este momento sería detener la aprobación de la reforma energética en los Congresos de los estados. Pero ello solamente será posible si se multiplican las muestras de desobediencia civil pacífica a lo largo y ancho de la República.

Recordemos que apenas 21 meses después del cobarde asesinato de Francisco I. Madero por Victoriano Huerta, el 22 de febrero de 1913, los generales Emiliano Zapata y Francisco Villa entraron victoriosos a la Ciudad de México el 6 de diciembre de 1914. Peña Nieto ya ganó su lugar en la historia como el Victoriano Huerta de nuestros tiempos. Pero en lugar de esperar la llegada de un nuevo Zapata u otro Villa, inspirémonos todos en su legado con el fin de tomar acción desde hoy mismo para juntos salvar la patria del saqueo.

Recordemos que el artículo 39 de nuestra gran Constitución revolucionaria señala sin rodeos que “la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”. Hagamos valer nuestros derechos y defendamos nuestra Carta Magna de los traidores a la patria.



www.johnackerman.blogspot.com

Twitter: @JohnMAckerman
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