Por: Sanjuana Martínez - diciembre 16 de 2013 - 0:00
COLUMNAS, Daños colaterales - 6 comentarios
Los traidores a la Patria están plenamente identificados. Su nombre pasará a la historia como los que vendieron Pemex, como los autores del desfalco a la nación. Senadores y Diputados hicieron retroceder 75 años de historia a México.
Y finalmente los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza en la Cámara de Diputados consumaron la reforma a la Constitución a favor de las trasnacionales para extraer y llevarse el petróleo.
El más grande atraco de la historia reciente de este país se hizo sin modificarle una coma a la enmienda. El PAN dice que es su “victoria”, el PRI exige el reconocimiento a Enrique Peña Nieto como autor de la reforma energética. Ambos se unieron para consumar la ignominia.
De ellos no nos extraña, pero estos traidores tuvieron antes el apoyo y el respaldo también de la izquierda representada por el Partido de la Revolución Mexicana (PRD) que de manera infame formó parte del Pacto por México.
Luego fue la escenificación, el pequeño show en la Cámara de Diputados, el griterío, las pancartas, la toma de la tribuna, los puñetazos, los aspavientos para intentar deslindarse de la complicidad que les une al poder en turno. Y es que a pesar de la oposición a la reforma, el PRD también tiene una responsabilidad histórica en la entrega de los recursos del país a extranjeros, por avalar un gobierno emanado de la duda electoral como el de Enrique Peña Nieto y por formar parte del carro completo pacto.
Al PRI encabezado en las Cámaras por Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa —mejor conocidos como Don Beltrone y Don Gamboa— hay que reconocerle su capacidad para engañar, traicionar y cohesionar las comparsas del PAN y el resto de partiditos políticos infames, a fin de cumplir sus objetivos. Si eso es democracia, entonces yo vivo en el País de las Maravillas.
En fin, nada nuevo en el firmamento. Nuevamente los mexicanos nos hemos quedado con esa sensación de atraco; de indefensión y desolación. Nuestros representantes políticos nos han demostrado que por encima de los intereses de los ciudadanos, están los intereses de sus partidos y del gobierno. Nos roban, nos roban, nos roban y aquí no pasa nada. Gobernadores, alcaldes, senadores, diputados, funcionarios saquean las arcas públicas y la impunidad endémica los cubre. Aquí nadie es juzgado por corrupción ni por sus vínculos con el sector privado a la hora de robar a manos llenas. Y así seguirán, muy pronto veremos los vínculos de las poderosas petroleras, con los políticos mafiosos que aprobaron la reforma.
Ante tal magnitud de hazaña, a los ciudadanos nos queda únicamente organizarnos y defendernos de estos señores Senadores y Diputados que no nos representan.
Para ello, hay que recordarles a los Señores Del Poder que no estamos de acuerdo con sus decisiones privatizadoras. Y la mejor manera es organizar una consulta popular sobre la reforma energética; el artículo 35 constitucional garantiza este tipo de consultas ciudadanas en casos de actos arbitrarios por parte del gobierno federal.
El PRD ya reunió 1 millón 700 mil firmas de ciudadanos en contra de las reformas que exigen no modificar los artículos 27 y 28 constitucionales, en las elecciones federales del año 2015. Pero los ciudadanos no podemos depender de este partido que formó parte del pacto y volverá a hacerlo en defensa de sus intereses.
Los ciudadanos tenemos que construir ciudadanía y exigir consulta popular sin necesidad de depender de ningún partido político. Para ello, un grupo de actrices, actores y trabajadores de la cultura encabezados por gente verdaderamente comprometida como los actores Daniel Giménez Cacho y Damián Alcázar desde el colectivo “El Grito Más Fuerte” lanzaron una campaña para impulsar una consulta ciudadana bajo la consigna “Yo también quiero que me pregunten“, la cual se funda en la premisa de que el actual sistema de gobierno “se resiste a ofrecer sistemas efectivos de participación”.
La iniciativa es esperanzadora y realista. Si la consulta popular está respaldada por el 2 por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, es obligación para todas las autoridades y gobiernos de este país.
La consulta ciudadana es un derecho y debemos exigir sea respetada. El colectivo lo explica: “Queremos ser consultados porque ya antes nos aseguraron que la modernidad consistía en privatizar y que la venta de los bienes públicos se traduciría en desarrollo y riqueza para todos, pero vendieron los ferrocarriles y nos quedamos sin trenes; vendieron los teléfonos y nació la más grande fortuna del mundo y el servicio más caro para los consumidores de la telefonía; vendieron las carreteras y las carreteras quebraron y hubo que comprarlas con el dinero de los ciudadanos; vendieron la banca y la banca quebró y tuvimos que rescatar a los banqueros quebrados con la riqueza de la nación y una vez rescatada la banca fue vendida a banqueros extranjeros. También reformaron, siempre sin consultarnos, la Constitución, para que el ejido entrara al mercado y fuera posible su venta porque, argumentaron, así se modernizaría el campo y vendría una generación de campesinos prósperos, pero hoy lo que tenemos es un campo pobre, devastado por la migración, la violencia y el crimen. También nos dijeron que era necesario vender parte de la televisión pública para mejorar la calidad de ese medio de comunicación y el resultado es un duopolio que concentra y manipula la información, detiene el desarrollo cultural e impide la democratización del país. Nos han dicho hasta el cansancio que la inversión extranjera es la llave que nos abrirá la puerta al progreso, y han concesionado grandes extensiones del territorio nacional a empresas mineras de Canadá y los Estados Unidos que en lugar de desarrollo y bienestar envenenan la tierra y el agua, provocan confrontación y violencia, y destruyen el patrimonio cultural de México. Si modernizar la industria energética es fortalecer la investigación tecnológica, cuidar el medio ambiente, luchar contra la corrupción, industrializar el país, crear empleos, y beneficiar el bolsillo de los mexicano no vemos por qué es necesario modificar la constitución. ¿Por qué es necesario modificar la constitución si, como dice la campaña del gobierno, no se quiere privatizar el petróleo ni la electricidad? El petróleo y la electricidad son estratégicos para el futuro del país, son nuestro patrimonio”.
Peña Nieto tendrá que respetar la Constitución que juró hacerla cumplir. La consulta popular es un derecho de los ciudadanos y su negativa generaría mayor descontento y desestabilización social. El Estado, el Senado, el Congreso y los Partidos Políticos no pueden seguir pasando por encima de la voluntad popular.
Construyamos ciudadanía exigiendo consulta popular sobre la reforma energética. La voz del pueblo debe ser escuchada. ¿Qué miedo puede tener el gobierno?
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