Golpe de Estado legislativo y entrega del petróleo - Ricardo Mejía:
Enrique Peña Nieto con sus acciones para edificar, con la complicidad de los partidos pactistas un Estado autoritario, de corte fascista, para entregar los recursos nacionales a una camarilla corrupta al servicio de los grupos económicos de interés, nacionales y extranjeros, concentra lo peor de nuestra historia: el desprecio y la represión al Congreso de
Victoriano Huerta y el entreguismo depredador de
Antonio López de Santa Anna.
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El 10 de octubre de 1913, Victoriano Huerta tomó la decisión de arrestar a todos aquellos diputados que consideraba como enemigos de su Gobierno. El hecho fue consumado de una forma arbitraria; al recinto entraron policías y militares que apresaron a 100 diputados. Cuando el
Senado se enteró de lo acontecido, votó de manera voluntaria su propia disolución, dejando al país sin un Congreso independiente que pudiera legislar a favor del pueblo.
100 años después, el 12 de diciembre de 2013, pasará a la historia de
México como un día negro en el que Enrique Peña Nieto entregó, con una
Cámara de Diputados sitiada adentro y afuera de sus instalaciones, el petróleo de la Nación. Ya antes, 15 años atrás, el día de la
Virgen de Guadalupe, cuando el pueblo de México se entrega con fervor a sus creencias, el
PRIAN consumó otro atraco aprobando en el Legislativo el desfalco bancario del
FOBAPROA.
El recinto de San Lázaro, rodeado por vallas y miles de policías federales, del Estado de México (la guardia pretoriana de EPN) y militares, que impidieron el paso de las protestas ciudadanas, fue el testigo silente de la más grave afrenta que ha vivido nuestro país. Por primera vez, desde el mismo territorio nacional, los extranjeros han conquistado nuestros recursos naturales sin siquiera declararnos la guerra, los partidos PRI, PAN, Verde Ecologista y Nueva alianza, siguiendo instrucciones, regalaron el petróleo, el gas, la energía eléctrica y el futuro de las mexicanas y los mexicanos. Estamos viviendo tiempos oscuros. Vivimos tiempos en los que la protesta social intenta ser silenciada a través de medidas represoras, como en la época de Díaz Ordaz y, por si fuera poco, con la entrega absoluta de los bienes de la nación regresamos incluso a épocas el dictador Antonio López de Santa Anna.
La reforma energética, la reforma política y la reforma educativa han sido aprobadas en contra del clamor popular de legislar para la gente y han sido manufacturadas para beneficiar bolsillos específicos y para velar por los intereses de grupos selectos con la presión de los mismos personajes que se verán beneficiados con su aplicación.
Estos temas debieron ser discutidos a fondo, consultados con la sociedad y no impuestos durante la madrugada. El hecho de que la gente no sea tomada en cuenta constituye un Estado opresor que solo profundiza la inseguridad e inestabilidad en la que ya se encuentra sumido el país, acrecentando el rechazo popular a las instituciones y sus titulares.
El Pacto por México instauró una forma de hacer política que centraliza la toma de decisiones e impone los acuerdos cupulares., convirtiendo al Congreso en una mera oficialía de partes. En este sentido no se puede soslayar el papel del grupo que tiene el control del
Partido de la Revolución Democrática, que al firmar el pacto de manera inicial, pavimentó el camino para la ruina de México.
El Pacto por México fue la llave que permitió la entrega del petróleo, de ahí la responsabilidad de quienes desde el PRD lo suscribieron. Equivale a haber dejado a entrar a unos ladrones a su domicilio (EPN a través del Pacto), permitir que ingresaran al comedor (Reforma Educativa constitucional), a la estancia (Reforma Financiera), a los pasillos (Reforma Hacendaria) y luego pretender que estando los pillos posesionados del inmueble ya no entrarán a la recámara (Reforma Energética privatizadora) lo cual ya era casi imposible. Esta metáfora describe el rol de algunos perredistas, no todos desde luego, que le pavimentaron a Peña Nieto el camino a la traición a la patria.
Pemex y CFE han quedado desdibujadas, irán muriendo de inanición, mientras otras instancias entregarán todo tipo de contratos y licencias a compañías extranjeras para que exploten nuestros recursos y dispongan de la renta petrolera.
La reforma que las fuerzas conservadoras del país califican como innovadora, deja de lado el problema de fondo de la paraestatal. Pemex seguirá siendo la bolsa de recursos de Hacienda, mientras a los nuevos dueños de nuestros recursos naturales se les otorgará un trato privilegiado. Pemex seguirá sometida a un régimen fiscal absolutamente corrupto que desangra sus ingresos, mientras las 30 empresas más poderosas del país no pagan impuestos y si a esto sumamos la corrupción, discrecionalidad, privilegios sindicales y de funcionarios, entenderemos que los desfalcos a la empresa no terminarán con las modificaciones hechas a la Constitución política.
También se aprobó el uso de técnicas tan nocivas como el fracking, que pondrá en riesgo la disponibilidad de agua potable en el país, comprometiendo terriblemente el consumo de este vital líquido para 15.9 millones de personas.
Quienes redactaron y aprobaron la reforma energética le han dado un cheque en blanco a Enrique Peña Nieto que le abrirá las puertas a una dictadura presidencial financiada por el dinero de las trasnacionales, que le dará todos los privilegios a él y a su grupo más cercano.
No solamente se violaron todos los procedimientos y se cometieron atropellos constitucionales; se coartó la libertad y se amenazó a legisladoras y legisladores.
Si México fuera en verdad un país democrático, las senadoras y los senadores velarían por los intereses de los estados que representan; las diputadas y los diputados velarían por los intereses del electorado que los eligió; no se perseguiría a las juventudes ni se intentaría criminalizar la protesta y, sobre todo, el presidente velaría por los intereses del país, aunque claro, quien compra una presidencia no tiene problema alguno con vender a la Nación.
Sin debate nacional, sin siquiera un debate en tribuna, se ha empeñado el futuro de las generaciones por venir. El Congreso de la Unión es ahora la Oficialía de Partes del país, y ha entregado a las trasnacionales la rebanada más grande del pastel que consiste en cuando menos el 35 por ciento de los ingresos anuales nacionales.
La historia juzgará a quienes vendieron los recursos más preciados de la nación, sus nombres jamás serán recordados, pero su traición vivirá siempre en la memoria de las mexicanas y los mexicanos, pues han atentado contra la soberanía e integridad de la Nación y la han sometido a personas, grupos o gobiernos extranjeros.
Son traidores a la Patria quienes olvidaron a su pueblo por órdenes de su Alteza Serenísima, Enrique Peña Nieto.
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