OHL, la consentida de Peña Nieto, en el descrédito

OHL, la consentida de Peña Nieto, en el descrédito:

OHL, la consentida de Peña Nieto, en el descrédito

ALEJANDRO GUTIÉRREZ

29 DE AGOSTO DE 2013

REPORTAJE ESPECIAL



Villar Mir (a la izquierda). Malos manejos

Foto: "El Mosaico"



El pasado 30 de julio un juez español emitió un fallo que obliga a Juan Miguel Villar Mir a entregar documentación de sus empresas –incluida la de OHL– para comprobar las presuntas donaciones ilícitas hechas al Partido Popular a cambio de obras públicas. Al imputado le preocupa el daño que a raíz de esto sufrirá su consorcio, con presencia en 27 países, entre ellos México. Por cierto, Villar Mir es uno de los empresarios consentidos del presidente Peña Nieto, con quien ha tenido relación desde la década pasada.







MADRID (Proceso).- Sentado en el banquillo del Juzgado Quinto de la Audiencia Nacional, Juan Miguel Villar Mir –presidente del Grupo Villar Mir, matriz del Grupo de Construcción y Concesiones OHL– respondió al juez Pablo Ruz que lo interrogó el 27 de mayo último sobre su presunta implicación como “donante” de fondos al Partido Popular (PP) a cambio de obras y servicios públicos.



“Sinceramente agradezco la pregunta, su señoría –expuso–. Estamos en España y en 27 países más. En España tengo la esperanza de que esta querella no tenga una trascendencia importante en torno a nuestra clientela, pero tengo la grave preo­cupación de (que) mientras siga abierta esta causa (judicial), en los 27 países nos cause un daño importante en prestigio y en adjudicaciones.”



Ese día, Villar Mir compareció como imputado ante el juez Ruz. La razón: su nombre aparece en los “Papeles de Bárcenas” y se le señala como donante ilegal de 530 mil euros al PP (Proceso 1893 y 1917). Se le acusa de asociación ilícita, alteración de precios en concursos, blanqueo de capitales, cohecho y delitos contra la hacienda pública, entre otros.



“Puedo jurar ante Dios y ante su señoría que no comprendo por qué está mi nombre (en esos papeles)”, relató Villar Mir, según el audio del interrogatorio, al que este semanario tuvo acceso.



Ante las persistentes preguntas del juez y de las acusaciones populares, el empresario se negó a querellarse contra su acusador: “Lo he pensado y he preferido no presentar demandas, con la esperanza de que cuanto antes pase este error”.



Y añadió: “No quiero pensar que sea por el prestigio y la autoridad de mi grupo empresarial que hayan incluido mi nombre para darle cierta notoriedad (a los ‘Papeles de Bárcenas’)… sería demasiado sofisticado”.



Pese a su deslinde, un informe elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional a instancias del juez destaca que OHL es la constructora con más contratos adjudicados en España entre 2002 y 2009: 619 obras por valor de 7 mil 758 millones de euros, de los cuales 37% fueron otorgados por administraciones del PP y representan 60% de su volumen de negocios.



Un mes antes de su comparecencia judicial en esta ciudad, en México el gobierno de Enrique Peña Nieto otorgó a OHL su primer contrato con Petróleos Mexicanos (Pemex). Desde la década pasada, cuando el priista estuvo al frente del gobierno en el Estado de México, la empresa hispana obtuvo varios contratos mediante una “alianza estratégica”.







Los favores del poder







Especialistas coinciden en que muy probablemente OHL se confirmará como la consentida del actual sexenio. De hecho el director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, no sólo fue consejero de esa compañía en México; desde el arranque de la administración peñanietista tardó apenas cuatro meses para adjudicar el primer contrato a la empresa de Villar Mir.



El 10 de abril la paraestatal anunció que la división Pemex Refinación adjudicó al consorcio encabezado por OHL y Sener Ingeniería la construcción de una planta de cogeneración de 35 megavatios (MW) en la refinería Francisco I. Madero, en Tamaulipas.



Y aun cuando no detalló el monto del proyecto –la adjudicación fue bajo la modalidad de “llave en mano”–, se sabe que abastecerá tanto de electricidad como del vapor derivado del proceso.



En España, Villa Mir es conocido como un empresario inteligente y metódico; por lo general consigue lo que se propone –ha comprado empresas en quiebra y las ha puesto a trabajar– y es proclive a interactuar con la élite de poder. Incluso suele contratar a algunos de sus integrantes, como el mexicano José Andrés de Oteyza, quien hoy preside OHL México.



Hombre del sistema, De Oteyza fue secretario de Patrimonio y Fomento Industrial durante el sexenio de José López Portillo. Él mantiene una relación privilegiada con el Grupo Atlacomulco y encabeza la ofensiva de OHL en México, cuyo gobierno le permite gestionar más de 359 kilómetros de carreteras y vialidades gracias a la media docena de megaobras que construyó en la zona metropolitana del Estado de México y la Ciudad de México –la televía, un sistema de pago electrónico por circular en ella–, así como el Aeropuerto Internacional de Toluca (con 49% de la sociedad) y desarrollos turísticos (Proceso 1893).



En el consejo de administración de OHL México, Villar Mir tiene a Carlos Ruiz Sacristán, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) durante el gobierno de Ernesto Zedillo y quien ahora es presidente y director general de Infraestructura Energética Nova (Ienova), la filial mexicana de Sempra Energy. En OHL, Ruiz Sacristán encabeza el Comité de Prácticas Societarias.



Otro mexicano es Jesús Reyes Heroles, secretario de Energía de Zedillo y director general de Pemex en el sexenio de Felipe Calderón. Junto con Ruiz Sacristán, Reyes Heroles integra el Comité de Auditoría de la filial de la constructora hispana, en el cual participaba Emilio Lozoya.



Destaca también Valentín Diez Morodo, quien continúa en el consejo del Grupo Modelo tras su venta al consorcio belga Anheuser-Busch InBev. El empresario posee también el club de futbol Toluca y suele promocionarse como el “dueño de las relaciones México-España”. De hecho, está en los consejos de administración de Telefónica México, de Zara México y de Bodegas Vega Sicilia.



A sus 82 años, Villar Mir tuvo ímpetus para atravesar el Atlántico en su jet privado con destino a México, donde, el 1 de diciembre último, asistió a la toma de posesión de Peña Nieto, con quien mantiene una relación estrecha.



En un viaje posterior, Villar platicó con el mandatario sobre el litigio de su filial mexicana con el gobierno de Puebla, encabezado por el panista Rafael Moreno Valle, que en mayo de 2012 le revocó el contrato para la construcción y concesión de la autopista Libramiento Norte de la capital de esa entidad. La adjudicación de la obra correspondiente a esa vía, que va de Amozoc a Perote, Veracruz, le había sido otorgada al empresario español por el priista Mario Marín.



Según el alegato de Moreno Valle, su antecesor en la gubernatura otorgó la obra a OHL sin licitación previa, no obstante su alto costo: 3 mil millones de pesos. La empresa se queja porque, argumenta, aun cuando inyectó una importante inversión para la realización de la vía, el gobierno del estado de Puebla no le concede ni el derecho de audiencia.



Pese a este inconveniente, OHL mantiene su apuesta: metió a la Bolsa Mexicana de Valores 26% de sus acciones en noviembre de 2010, con lo que recaudó aproximadamente mil 400 millones de dólares y elevó su valor.



La filial mexicana es una de las más importantes del consorcio en los 27 países donde tiene presencia. En la ciudad de Doha, en Qatar, consiguió contratos para realizar obras en el metro por mil 100 millones de euros; en el sistema suburbano de Nueva York obtuvo otro por 263 millones de euros, y en el puerto chileno de Valparaíso ganó 270 millones de euros por la construcción de una terminal.



En la región andina de Perú se embolsó 108 millones de euros por una carretera; en Medellín, Colombia, las obras del tranvía que ejecutó le redituaron 70 millones de euros más, y en el proyecto Canalejas, cuyo propósito es remodelar un complejo de edificios antiguos del centro de Madrid, participa con 25%.



Además, es una de las nueve firmas españolas que participan en el ambicioso proyecto del tren de alta velocidad (AVE) La Meca-Medina, en Arabia Saudita, tasado en 6 mil 700 millones de euros.



En junio pasado, durante una presentación ante analistas e inversionistas mexicanos, directivos de OHL anunciaron que aprovecharán las oportunidades del Plan Nacional de Infraestructura que Peña Nieto presentó el 15 de julio, con una inversión estimada en 1.3 billones de pesos, según informó CNN-Expansión.



Los directivos afirmaron que la empresa cuenta con un fondo cercano a los mil millones de dólares para participar en los nuevos proyectos. Los recursos provendrán de su oferta accionaria en la Bolsa Mexicana de Valores y de la contratación de deuda.



El objetivo, dijeron, será quedarse con obras para la zona metropolitana de la capital del país y el Estado de México, aunque no especificaron cuáles. No obstante, el 11 de febrero pasado integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra declararon al diario La Jornada que, mediante engaños, OHL compró terrenos en las comunidades aledañas a San Salvador Atenco para el desarrollo de nuevos planes de negocios. Uno de los que más ambiciona es el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, según un consultor español que trabaja en México y que pidió no ser identificado.



Sin referir un lugar específico, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, declaró en marzo pasado que el presidente Peña Nieto daría a conocer el proyecto del nuevo aeropuerto en los próximos meses. Posteriormente, el 18 de julio y bajo el título OHL e ICA, reinas del sexenio, Alberto Barranco escribió en su columna de El Universal que la cautela para anunciar la ubicación tiene que ver con la disputa entre Tizayuca y Texcoco.



La segunda localidad es la que tiene el proyecto más avanzado, con la participación de OHL. El lugar sería el lago Nabor Carrillo, en la zona de Texcoco, pero en un punto distinto a San Salvador Atenco, cuyos pobladores se rebelaron y echaron por tierra el plan aeroportuario de Vicente Fox.







El constructor enfangado







A una pregunta del juez Ruz, Villar Mir describió la forma en que construyó el imperio OHL: “Sí –dijo–, soy presidente desde que compré Obrascón, que es la O de OHL, que estaba en práctica suspensión de pagos en el año 87. Compré luego (la constructora) Huarte cuando estaba en suspensión de pagos en los juzgados de Pamplona, en el año 98. Y en el 99 Laín, la L de OHL. Con las tres sociedades y a partir de un proceso de fusiones se llega a OHL”.



Y aun cuando el empresario tenía 100% del consorcio, al llevarlo a la bolsa su participación se redujo a 61%. Sostuvo que en 2012 OHL hizo mil 226 ofertas de negocios y se adjudicó 68 obras públicas –“una media de una cada cinco días”–. Y se ufanó: “Somos de los grandes del mundo, somos líderes en ferrocarriles y en hospitales”.



Por tal motivo, argumentó, es “radicalmente artificial” la acusación en su contra, porque, dijo, “nunca en mi vida he sido del PP ni del PSOE y nunca les he donado dinero a los partidos”.



Lo que sí admitió fue haber donado anualmente 45 mil euros durante los últimos ocho o 10 años a la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), que encabeza el expresidente José María Aznar, vinculada al PP; 150 mil euros anuales a la Fundación Mujeres por África, que dirige la exvicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, y una suma similar a la central sindical Comisiones Obreras (CCOO) y al Real Instituto Elcano.



En el interrogatorio, el juez le preguntó a Villar Mir si conoció a Álvaro Lapuerta, tesorero del PP que antecedió a Luis Bárcenas, también señalado por participar en la maquinación para financiar a ese partido con recursos prohibidos por la ley.



“Sí –respondió–. A don Álvaro Lapuerta lo conocí a finales de 1975, cuando se formó el primer gobierno de la monarquía. Tras la coronación de su majestad don Juan Carlos, me solicitaron que fuera ministro de Hacienda y vicepresidente de ese primer gobierno de la transición. El momento económico era muy difícil. Me pareció que servía a España aceptándolo, y lo hice en el primer gobierno.



“El señor Lapuerta era presidente de la Comisión de Presupuestos del Congreso, y a consecuencia de eso tuve que negociar y hablar con él sobre la nueva Ley General Presupuestaria… Eso me hizo amigo de Álvaro Lapuerta.”



Según Villar Mir, sólo tiene contacto con él “un día al año”; casi siempre coinciden en “algún funeral”, pero, insistió, nunca haciendo donaciones.



Del sucesor de Lapuerta, Luis Bárcenas, Villar Mir aseguró no conocerlo: tampoco a los miembros del Caso Gürtel, la trama de corrupción que implica a integrantes del PP. “Tengo la suerte de nunca haberlos conocido”, expuso.



Sin embargo, en su declaración del 15 de julio, Bárcenas relató un nuevo episodio que implica a Villar Mir. Afirmó que el presidente de OHL donó ilegalmente 300 mil euros poco antes de las elecciones generales de 2011, que ganó Mariano Rajoy.



Bárcenas afirmó que Villar Mir tenía “mucho interés en que la cúpula del partido”, concretamente el candidato a la presidencia del gobierno, Mariano Rajoy, “supiera” de su aportación. El dinero lo recibió Lapuerta, quien le comunicó el hecho a Rajoy. Éste, a su vez, le pidió que José Manuel Romay Beccaria, actual tesorero del PP, se hiciera cargo del asunto.



El 30 de julio, el juez Ruz emitió su fallo. Fuentes judiciales consultadas por Proceso aseguran que fue un revés para Villar Mir porque le exigió, entre otras cosas, que OHL entregue la documentación empresarial de 2004 a 2011 con el fin de investigar las supuestas donaciones.



También le pidió que OHL aporte al juzgado el organigrama del grupo de empresas Villar Mir y de OHL, con la identificación exacta de los directivos durante el periodo de 2004 a 2011.



Dos semanas después de su declaración ante Ruz, Villar Mir apareció acompañado de Ana Pastor, ministra de Fomento del gobierno de Mariano Rajoy, durante la inauguración de la Terminal de Contenedores de Tenerife, que será un eje para la ruta marítima a fin de conectar Europa con África y América Latina, y que el Grupo OHL explotará por 30 años.



Ese día el empresario mostró otra de sus cualidades: la adulación; hizo una reverencia ante la ministra, le tomó la mano y se la besó. Se congratuló por “la suerte” de tenerla al frente de Fomento. “Es una ministra excelente que está siendo capaz de, a partir de una nefasta herencia recibida (del PSOE), enderezar el rumbo del ministerio”, dijo.



Y también se congració con Mariano Rajoy, el presidente atrapado en esta maquinación ilícita: “Ha hecho las reformas que tiene que hacer –la laboral y la financiera—. Y sigue haciendo más”.

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México en las garras de los globalizadores | Columna semanal por Vicky Peláez

México en las garras de los globalizadores | Debate | RIA Novosti:

Columna semanal por Vicky Peláez

Pueblos libres, recordad esta máxima. Podemos adquirir la libertad, pero nunca se recupera una vez que se pierde (Jean Jacques Rousseau, 1712-1778).

Había una vez un país llamado México, soberano e independiente orgulloso de su pasado y de sus tradiciones ancestrales que mantenía con recelo durante varios siglos a pesar de que, según Octavio Paz, cada período histórico era una meseta separada de las otras por medio de altas montañas y profundos abismos.

Su pueblo aprendió a escalar las montañas y construir puentes sobre los abismos. Sin embargo, más de dos siglos atrás los Estados Unidos por una voluntad del destino se convirtió en su vecino del Norte.

Pasaron apenas 59 años de la fundación de los EE.UU. cuando el famoso estudioso francés, Alexis Tocqueville escribió en su libro “La Democracia en América” (1835-1840) que donde la bota norteamericana pisaba el suelo en México, se quedaba allí para siempre. Y así había sucedido, no solamente usando la fuerza brutal, sino también empleando el servicio de Mamón, el diablo del dinero cuyo arte de persuasión y seducción  había logrado a corromper a muchos gobernantes de turno. De allí surgió el famoso dicho popular que  enfatiza que “la tragedia de México es estar tan lejos del cielo y tan cerca de los Estados Unidos”.

Poco a poco este vecino del Norte presionaba cada vez más sus tenazas económicas y financieras alrededor de México obligando a sus líderes ceder su riqueza natural. Por supuesto había excepciones, como la revolución mexicana de 1910 y  la nacionalización de las reservas minerales y de combustibles decretada por el presidente Lázaro Cárdenas en 1938.

Los Estados Unidos anunciaron en seguida las represalias contra el gobierno de Lázaro Cárdenas, declarando un embargo comercial y la Tesorería norteamericana dejó de adquirir petróleo y plata en México. Once años después durante la presidencia de Miguel Alemán (1946-1952) hubo intentos de reprivatizar las empresas petroleras pero este proceso fue parado por un texto de la Constitución de 1960 que establecía en referencia al crudo “no otorgar concesiones ni contratos, ni subsistirán los que hayan otorgado”.  Sin embargo, en los años 1980, durante el gobierno de José López Portillo (1976-1982) y Miguel de la Madrid (1982-1988)  los Estados Unidos logró  imponer a México el Consenso de Washington lanzando al país a las garras de los neoliberales. Durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) por EE.UU., Canadá y México que actualmente está cumpliendo 20 años.

Por supuesto, la prensa globalizada internacional y nacional está empeñada en presentar estos 20 años como el mejor período en el desarrollo socio económico de México en su historia republicana. Lo que están haciendo los escribanos globalizados es tapar el sol con un dedo. La realidad es completamente diferente. A pesar de la asociación de México con su vecino del Norte, la pobreza no da signos de disminuir. Actualmente de los 107 millones de mexicanos, 55 millones se encuentran en un deplorable estado de pobreza e insalubridad. El sueldo mínimo en México es uno de los más bajos en América Latina- 147 dólares al mes, mientras que en Uruguay es 300, Chile-372 y en Argentina es 475 dólares mensuales.

Durante casi dos siglos, los terratenientes locales  habían anhelado desmantelar las comunidades campesinas (los ejidos) y desarticular la unidad familiar en el campo para apoderarse de la tierra  de las comunidades sin poder nunca lograrlo. El NAFTA facilitó esta tarea dejando sin tierra a más de dos millones de campesinos que tuvieron que emprender su éxodo masivo a la ciudad. A la vez el gobierno eliminó las empresas estatales de regulación que operaban en este sector de la economía que favoreció a las empresas trasnacionales subsidiarias de las corporaciones estadounidenses. Estos complejos agroindustriales absorbieron una mayor porción del mercado interno.

El  más perjudicado por el tratado ha sido maíz, el cultivo más importante en cuanto al volumen de producción, número de productores y superficie sembrada, tomando en cuenta también que es el alimento básico de toda la población. Ahora México está obligado a importar el 30 por ciento del maíz para su consumo, de acuerdo a la estadística oficial. Por supuesto que en la vida real las cifras son más altas. Y no puede ser de otra manera porque son las comercializadoras  transnacionales: Cargill, Corn Products International, Archer Daniels, Minsa, Maseca, Arancia, Midland están controlando el mercado de maíz en México. Los pequeños productores de este cultivo que hace 20 años aportaban más de la mitad de la producción nacional, prácticamente desaparecieron y con ellos se acabó la soberanía alimentaria.

En estas dos décadas desaparecieron también más de 300,000 unidades ganaderas, el hato disminuyó el 30 por ciento y el consumo per cápita de carne de res mostró una disminución en los últimos siete años del 12 por ciento bajando a 15 kilogramos. Actualmente la balanza comercial agroalimentaria es deficitaria en más de 45 mil millones de dólares. Lo que más exporta México son tomates, aguacate, frutas tropicales, cerveza, tequila, productos en manos de un puñado de las trasnacionales y lo que importa son productos de la canasta familiar: maíz, carne, leche, arroz, trigo que también están en manos de las corporaciones como Bimbo, Lala, Maseca etc. El 76 por ciento de las exportaciones mexicanas van hacia Estados Unidos y el 80 por ciento de importaciones también provienen de Norteamérica, lo que hace muy vulnerable la economía nacional a los procesos que atraviesa el mercado norteamericano.

La reciente reforma de hidrocarburos aprobada por el Senado puso también en subasta las grandes reservas petroleras de México lo que hace 20 años planificaron los creadores norteamericanos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA). Desde hace tiempo el Wilson Center de Washington estaba tratando de convencer a los líderes mexicanos de reformar el Artículo 27 de la Constitución para aumentar la competitividad de la industria petrolera nacional. Y finalmente los globalizadores lograron su objetivo cuando hace poco el presidente Enrique Peña Nieto eliminó de un plumazo este artículo de la Constitución que dice que “tratándose del petróleo o de minerales radioactivas no se otorgan concesiones ni contratos y la Nación llevará a cabo la explotación de estos productos”. Con esta firma se autorizó el saqueo del petróleo mexicano, siendo su empresa estatal Pemex el quinto productor mundial de petróleo y el quinto exportador que tiene reservas probadas de crudo de 14,000 millones de barriles y 13,000 millones de barriles de lutitas además de poseer 545 mil millones de pies cúbicos de gas natural.

En esta lista de los llamados “logros” del NAFTA en México no se puede omitir el incremento alarmante del tráfico de droga y de la delincuencia. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la guerra contra el crimen organizado durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) dejó un saldo de 121,683 muertes violentas. Hace pocos días el director del Instituto para la Seguridad y la democracia (INSYDE), Ernesto López Portillo alertó que de mantenerse el ritmo de muertes violentas registradas en el actual gobierno de Enrique Peña Nieto, al término de su gestión la cifra podría superar casi en 50 por ciento de las registradas en el sexenio de Felipe Calderón.

Actualmente México es uno de los más importantes productores en el mundo de marihuana y de las drogas sintéticas. Se considera el segundo productor de marihuana  con capacidad de 10,000 toneladas al año mientras que EE.UU. elabora 15,000 toneladas. A la vez México es un importante punto de tránsito de cocaína proveniente de Colombia, Bolivia y Perú hacia EE.UU. Se calcula que se produce al año 1,000 toneladas de cocaína de las cuales unas 700 toneladas son trasladadas a Norteamérica. Un negocio redondo que aporta no menos de 500 mil millones de dólares al año. El dinero lo compra todo, pues “con dinero baila el perro y con oro dueño y todo” reza un refrán popular. Esto explica la existencia de numerosos carteles de narcotráfico que tienen a su disposición cerca de 100,000 hombres armados, la mayoría de los cuales son menores de 30 años de edad. Entre los carteles más famosos se destacan: Cartel Juárez, Cartel Sinaloa, Cartel del Golfo, Cartel de Tijuana, Los Zetas, Cartel del Poniente, Los Rojos, La Corona, Caballeros Templarios y algunos otros poco conocidos. Todos estos grupos se dedican también a extorsiones y secuestros, en los cuales México es solamente superado por Nigeria.

Ahora resulta, según el informe  “La Guerra secreta de  la DEA en México” de la  periodista Doris Gómora publicado el 6 de enero pasado en el periódico mexicano El Universal,  que hace más de 20 años “los agentes de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA) y fiscales del Departamento de Justicia negociaron en secreto, en territorio mexicano, con miembros de carteles de narcotráfico para obtener la información de organizaciones rivales, situación que incrementó la violencia en todo el país”. Es decir actuaban siguiendo las pautas de la táctica “divide y reina”. Documentos judiciales indican que el gobierno de Norteamérica “conocía y autorizó las reuniones, así como las negociaciones con miembros de carteles mexicanos, especialmente con el de Sinaloa para obtener la información de sus rivales, y con ella se lograron aseguramientos de cargamentos, así como detenciones, lo que detonó la violencia en México durante el sexenio de Vicente Fox y el de Felipe Calderón”.

Recién ahora se supo  que más de 60 agentes de la DEA, otros tantos de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y no se sabe cuántos fiscales fueron autorizados por el gobierno estadounidense para actuar libremente y con plena impunidad en México, esto avalado por los gobiernos de turno locales. Solamente con el Cartel de Sinaloa hubo más de 50 encuentros oficiales de los que se sabe. Según la investigación, se sabe que a cambio de la información, los agentes de la DEA permitían hacer su negocio a los narcos  de ese cartel e inclusive les avisaban sobre las operaciones que se preparaban por sus colegas mexicanos contra ellos.  En el 2012 el Departamento de Justicia autorizó la “Operación Rápido y Furioso” durante la cual cerca de 1,400 armas fueron transferidas al Cartel de Sinaloa. Ahora resulta que no fue el único  el trasiego de armas desde EE.UU. a México. Entre 2006 y 2007, Washington condujo otro operativo similar llamado “Receptor Abierto”.

Frente a la violencia desatada en el país por los miles de sicarios y de secuaces de los carteles que están infiltrados en todos los niveles de las instituciones gubernamentales y frente a la impotencia de lo que el periodista mexicano Guillermo Almeyra llama “el semiestado” mexicano,  los habitantes de México central, especialmente en Michoacán, Guerrero y Oaxaca crearon los grupos de autodefensa. En una entrevista que se divulgó en YouTube, el consejero general del Consejo Ciudadano de Autodefensa de Tepalcatepec, Michoacán, José Manuel Mireles Valverde reveló los motivos que obligaron a los habitantes  armarse para defenderse de los embates del crimen organizado ante la omisión de las autoridades.

Contó este médico cirujano, que la violencia se desató hace 12 años cuando se apoderaron de la región los sicarios de Los Zetas. Después llegó La Familia Michoacana que ofreció la protección contra Los Zetas. Al escindirse La Familia, surgieron Los Caballeros Templarios que hace cinco años comenzaron a cobrar cuotas, derecho de piso e incluso permiso para vivir. Cada negocio, cada casa, cada profesional tenían que pagar al cartel. Hasta los niños desde el jardín infantil hasta la escuela preparatoria debían  pagar 20 pesos cada lunes. Después, como lo enfatizó Mireles Valverde, empezaron a molestar  a la familia. “Tocaban la puerta y decían: me gusta mucho tu mujer, ahorita te la traigo”. En 2012 abusaron a 14 niñas de 11 y 12 años de edad, relató.

´´Entonces los habitantes de la zona decidieron organizarse y armarse, haciendo toda esta labor sigilosamente para que no se enterasen tanto las autoridades como los mafiosos y el 24 de febrero pasado la ciudadanía se levantó contra Los Caballeros Templarios. Pero cuando después de detener y desarmar a los sicarios y los llevaban a los cuarteles del ejército o a las dependencias de la Policía Judicial Federal, el mismo día todos los mafiosos estaban libres. Al entrar el ejército en Michoacán, las autoridades trataron de desarmar no a los sicarios sino a los miembros de Autodefensa. Ahora el gobierno anuncia las capturas de los cabecillas del cartel mientras todos saben que hace tiempo ellos abandonaron la zona dejando en su reemplazo a sus segundones`.

Esta es la realidad que está viviendo México, cuyo “semiestado” perdió toda la fuerza y entregó el poder al capital de las transnacionales en estos 20 años como el resultado del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA). El próximo febrero durante la reunión conmemorando el 20 aniversario del tratado, se discutiría la inclusión de América Central en el NAFTA. Según uno de los creadores de esta asociación político-comercial, el ministro de Asuntos Exteriores de Canadá, John Baird, el NAFTA ha sido un “éxito indiscutible”. Ya saben los centroamericanos que “éxito” les espera.

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PROCESO: Peña, Velasco… El culto a la apariencia ¿Y MORENO VALLE?

Peña, Velasco… El culto a la apariencia:
HECTOR TAJONAR
8 DE ENERO DE 2014
ANÁLISIS

Manuel Velasco se aproxima a Peña Nieto durante un encuentro con gobernadores.
Foto: Octavio Gómez
MÉXICO, D.F. (Proceso).- En el inigualado Excélsior de Julio Scherer, así como en El estilo personal de gobernar (título al que aludí en mi colaboración anterior), Daniel Cosío Villegas señaló que Luis Echeverría tenía “la necesidad fisiológica de hablar”. Hoy sabemos que esa “fiebre verbal” del entonces mandatario, originada en una mezcla de megalomanía y demagogia, condujo a la catástrofe económica del país, resultado de la decisión presidencial de transformar el desarrollo estabilizador en “desarrollo compartido”; además de haber profundizado el autoritarismo político bajo la máscara del “diálogo” y la “autocrítica”, que culminó en el peor atentado contra la libertad de expresión en la historia del siglo XX mexicano: el golpe a Excélsior.

El mandato de Echeverría representó la cima del régimen que, tras una larga agonía, acaba de fenecer: el nacionalismo revolucionario. (La gestión de José López Portillo, quien se autonombró “el último presidente de la Revolución”, puede considerarse un epígono del echeverriato.) A primera vista, el gobierno de Enrique Peña Nieto, quien acaba de poner fin al último bastión ideológico del régimen surgido del levantamiento armado de 1910, representaría la antítesis del de Echeverría. Sin embargo, existe cierta semejanza entre los estilos de ambos gobernantes que conviene señalar, no sólo como ensayo de analogía histórica, sino para prevenir un desenlace similar al ocurrido hace 37 años.

Aparte de la divergencia de los proyectos de gobierno de los presidentes Echeverría y Peña, es claro que la pulsión rectora del actual mandatario no es la locuacidad. Sin embargo, ambos comparten una característica distintiva del partido que los llevó al poder: el culto a la apariencia. Se trata, es cierto, de una peculiaridad más de forma que de fondo, pero no por eso desdeñable, dado que como bien dijo otro distinguido priista: “en  política, la forma es fondo”.

El culto a la apariencia ha sido constitutivo del PRI desde el nacimiento de ésta hasta el presente. Con el fin de disimular su carácter de partido de Estado o de “partido casi único”, como lo llamó otro presidente salido de sus filas, se ha construido una “democracia de fachada” o “cuasi-democracia”, así definida por S.E. Finer, maestro de la Universidad de Oxford, en el apartado dedicado a la autocracia y la oligarquía de su libro Comparative Government (1970). Debido a la inconclusa transición a la democracia y al defectuoso pluralismo existente en el país, tal caracterización del régimen no ha perdido vigencia. El culto a la apariencia sigue siendo un instrumento de simulación política, como lo muestra la distancia entre la estructura institucional y su funcionamiento real, así como el amplio margen de incumplimiento de la ley que ubica al estado de derecho en un lejano futuro.

Cosío Villegas consideraba que “ningún otro presidente nuestro se ha expuesto tanto a la mirada pública” como Echeverría, debido a su “desmedido vigor físico y su inclinación irrefrenable a predicar”. Al mismo tiempo, el historiador criticaba el hecho de que la televisión había resultado absolutamente impermeable al espíritu democrático pregonado por dicho mandatario, quien mantuvo una relación tensa con Televisa e incluso intentó, sin éxito, nacionalizar el consorcio. En contraste, durante la campaña del actual presidente hubo una alianza abierta con la televisora, que no parece haberse fracturado pese a la reforma en materia de telecomunicaciones. No obstante esas diferencias, hay algo que no ha variado en las cuatro décadas que dividen a ambos gobiernos: la utilización del poder de la pantalla televisiva para promocionar la imagen presidencial (y, ahora, la de los aspirantes a ese cargo).

Antes, los concesionarios de la televisión confesaban públicamente ser “soldados del presidente”. Hoy, la comunidad de intereses entre el poder político y el mediático es un secreto a voces que se ha intentado mantener oculto, tratándose de un amasiato de conveniencia en el que ambas partes se han beneficiado del “negocio de la democracia”. Más allá de esas diferencias, la televisión sigue siendo el instrumento idóneo para el cultivo de la apariencia.

En México y en otras partes del mundo, la mercadotecnia política ha alcanzado su máxima meta: “vender” a un presidente. La táctica publicitaria retratada por Joe McGinniss en su libro The Selling of the President (en el que narra la victoria de Richard Nixon en la elección presidencial de 1968 en Estados Unidos, gracias a la “venta” del candidato republicano a través de la televisión) se convirtió en el paradigma de la estrategia de comunicación de la campaña presidencial de Peña Nieto, iniciada desde su ascenso a la gubernatura del Estado de México.

Dicha táctica se ha convertido en la biblia de todo gobernador que aspire a ostentar la máxima responsabilidad política del país, sin distingo de partidos o “ideologías”. Como lo expuso Miguel Ángel Granados Chapa en su devastador artículo Enrique Ebrard, Marcelo Peña (Reforma, 13 de octubre de 2011), en su aspiración por lograr la candidatura del PRD a la Presidencia, el exjefe de Gobierno del Distrito Federal siguió a pie juntillas la fórmula usada por el exgobernador del Estado de México para convertirse en el candidato del PRI en dicha contienda. “El efecto de esa creciente exposición pública es la creación artificial de una figura que busca convertir esa apariencia en realidad”, escribió el colaborador y fundador de Proceso.

Los mismos pasos ha seguido Manuel Velasco Coello, gobernador de Chiapas que, poseído por una desmedida autocomplacencia pueril, ha gastado una millonada en su disparatada campaña publicitaria para promover su imagen, aprovechando la presentación de su primer informe de gobierno, con miras a convertirse en presidente de México. Casos similares son los de los gobernadores del Estado de México y de Puebla.

Poco parece importar a las autoridades electorales del país que la promoción personalizada de dichos funcionarios, al igual que la compra de espacios publicitarios, sean contrarias a la letra y al espíritu de los artículos 41 y 134 de la Constitución, o que se trastoque la equidad de la contienda presidencial. Todos ellos son ejemplos flagrantes del abismo que separa a las instituciones y leyes de la realidad política del país. Al parecer, nadie puede ni quiere detener la vorágine despilfarradora a la que conduce el culto a la apariencia.

Más que en ningún otro momento de la historia, actualmente vivimos un mundo de apariencias en el cual la realidad verdadera ha sido desplazada por la del fingimiento. En el ámbito político, lo mismo que en el social y personal, importa más cómo se es percibido que el ser real. El ser ha sido sustituido por el disimulo y el histrionismo. La humanidad se ha vuelto presa de lo que, parafraseando a Kundera, podemos llamar la insoportable liviandad del parecer.

El culto a la apariencia corrompe el lenguaje, la ley y la moral pública. Ese fenómeno, característico de la era de la ligereza en que vivimos, conduce indefectiblemente a la demagogia y al mal gobierno. En ese contexto de ilegalidad e impunidad se empezarán a elaborar las leyes secundarias de las reformas emprendidas por el presidente Enrique Peña Nieto. Veremos los resultados.
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Reforma energética: Salto mortal, sin red de protección - JENARO VILLAMIL

Reforma energética: Salto mortal, sin red de protección:
JENARO VILLAMIL
24 DE DICIEMBRE DE 2013
DESTACADO

Promulga Peña la reforma energética.
Foto: Eduardo Miranda
A contrapelo del triunfalismo expresado por sus correligionarios del PRI en torno a la reforma energética impuesta por los poderes Ejecutivo y Legislativo, Dulce María Sauri Riancho aclara: si las cosas no funcionan como el gobierno de Enrique Peña Nieto pretende, no habrá manera de revertir la situación. Y cuando la exdirigente nacional priista advierte que ante esta eventualidad “no hay red de seguridad” que salve a México, significa que el Estado queda a merced de los grandes apetitos empresariales, sean mexicanos o extranjeros.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- La reforma constitucional en materia energética “es una apuesta muy alta” donde “no hay marcha atrás”. Si los supuestos resultados benéficos no se sienten en el bolsillo de los mexicanos vía gasolina y electricidad más baratas, “la frustración social podría revertir cualquier resultado positivo en la macroeconomía, si éste llegara a darse”, advierte Dulce María Sauri Riancho, exdirigente nacional del PRI.

Legisladora de varias batallas históricas –como la aprobación de la Ley Televisa en 2006–, exgobernadora interina de Yucatán y exfuncionaria de la Secretaría de Programación y Presupuesto, Sauri es más contundente en la valoración del riesgo adoptado: “Si las cosas no funcionan como se prevé, no habrá manera de revertir la situación. No hay red de seguridad que atempere o suavice la caída”.

Radicada en Yucatán, donde estudia un posgrado en historia, Sauri coincide en que esta reforma es la culminación de otro modelo de Estado, “no sólo más pequeño sino más débil frente a los poderes fácticos que se imponen mediante la corrupción y el amedrentamiento”.

Compara la bonanza petrolera de los ochenta, cuando José López Portillo llamó a “administrar la abundancia” y se generó una de las crisis económicas más agudas del país.

“Los sueños de riqueza petrolera han solido ser breves. Fue corta la ilusión de la abundancia (no más de tres años) durante el gobierno de José López Portillo. Sin embargo, los recursos extraordinarios provenientes del petróleo caro de esos años se destinaron a la creación de programas de combate a la pobreza (como el Coplamar) o de solución al problema alimentario, como el SAM (Sistema Alimentario Mexicano).

“La similitud entre 1980 y la reforma energética de 2013 sólo se encuentra en el terreno de las expectativas desbocadas del gobierno, que intenta convencer a la población de la extraordinaria oportunidad que se abre ante ellos.

“La frase presidencial invitando a ‘administrar la abundancia’ todavía nos persigue como parte de un pasado que no debemos olvidar. Espero que los slogans publicitarios de ahora –‘bajará el precio de la luz y también del gas’, ‘se crearán millones de empleos’– no tengan en el futuro el mismo triste destino en la memoria colectiva y en la vida de millones de mexicanos”, advierte.

Sauri también es irónica a la hora de describir el maltrato a Pemex y a la CFE, que pasan a ser ahora “empresas productivas del Estado” y deberán competir con las trasnacionales extranjeras, como Exxon, Shell, Chevron y otras. Las compara con un viejo pugilista, en metáfora boxística.

“Después de años de saqueo fiscal y debilidad financiera, la empresa petrolera será como el flaco y añoso boxeador que sube al cuadrilátero con el joven y vigoroso atleta cuya única preocupación es ganar. No se necesita ser profeta para adivinar el resultado de esa lucha desigual. ‘Te usé, te gasté, te tiré’, sería un buen epitafio anticipado para la otrora empresa orgullo nacional”, resume.



EPN, fortalecido



En cuestionario respondido por escrito, la exdirigente nacional del PRI, lejana ahora al círculo gobernante, hace un balance político de los actores de la reforma energética.

Del gobierno federal señala que “en el corto plazo, el gobierno mostró capacidad de articular una estrategia y llevarla a cabo, logrando la mayoría necesaria en las cámaras de Diputados y Senadores, así como una inusitada celeridad para su aprobación en los estados.

“El presidente y su gobierno salen fortalecidos, porque demostraron efectividad en el procedimiento. Cuidaron los detalles, tal como se demuestra en los 21 artículos transitorios, donde se especifican y acotan las leyes reglamentarias para aplicar la reforma. En lo político, nada se dejó al azar o a la improvisación.”

–¿Hubo un proceso de deliberación en el PRI sobre el cambio de enfoque del partido frente a los artículos 27 y 28 constitucionales?

–Desde la campaña electoral se delinearon los cambios que habrían de venir si Enrique Peña Nieto ganaba la Presidencia. En la XXI Asamblea del PRI (marzo 2013) una clara mayoría de delegados dotó de suficiente flexibilidad a sus documentos básicos para dar cobijo a una reforma energética de este tipo, así como para imponer el IVA a alimentos y medicinas. Sucedió lo primero, mucho más lejos de la vida cotidiana de la población que lo segundo, que hubiese tenido en el corto plazo un costo alto para el PRI y su gobierno.

–¿Tiene futuro el Pacto por México después de esta reforma?

–El pacto dio sus frutos y se agotó. Dejó de ser útil al gobierno, no así a las dirigencias del PRD y del PAN, que gracias a éste lograron sortear los más espinosos problemas internos que cuestionaban incluso su permanencia al frente de sus organizaciones políticas.

“La reforma fiscal fue el pretexto de la separación, una vez que se hubo superado el distanciamiento motivado por razones electorales en la primera mitad del año. Se dice, tal vez con razón, que el PRD del pacto avaló la reforma fiscal, en tanto que el PAN hizo lo propio con la energética. Ningún viejo lobo de mar en la política podía ignorar esa posible secuencia y, sobre todo, sus consecuencias.”

–¿Qué efectos electorales y políticos vislumbra tras esta reforma para las elecciones federales de 2015?

–Si bajan los precios de la energía eléctrica para consumo doméstico, así sea artificialmente, incrementando los subsidios a la CFE antes de que se transforme en “empresa productiva del Estado” limitada sólo a la transmisión y distribución de energía eléctrica, el PRI puede tener un buen resultado en la elección de 2015, más aún si comienzan a manifestarse y publicitarse con amplitud los avances económicos previstos por el gobierno de Peña Nieto.

“Si, por el contrario, la expectativa creada sobre el descenso de los precios de los combustibles no se cumple, si la novedad de encontrar gasolineras de Exxon, Shell y otras operando en México no es suficiente para convencer a las clases medias de la bondad del cambio, el panorama electoral para el PRI podría complicarse.

“El PAN está a la expectativa de los tropiezos que pudiera tener el gobierno priista. Ha retornado a su ámbito natural, donde se mueve como pez en el agua: la oposición. En cuanto a las izquierdas, la reforma energética muy probablemente les demande una revisión a fondo de sus estrategias. Llegar divididos a la elección de 2015 será garantía de su irrelevancia en la nueva legislatura que habrá de constituirse ese año.”

Lectora y oradora destacada, Sauri no pierde la posibilidad de pensar en las consecuencias si “hubieran” pasado otras cosas.

“La historia contrafactual da licencia para imaginar. Me la tomo. ¿Qué hubiera pasado si Andrés Manuel López Obrador no hubiera sufrido un infarto en plena movilización contra la reforma? ¿Qué hubiera pasado si el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas se hubiera puesto en huelga de hambre frente a Palacio Nacional para buscar impedir lo que finalmente sucedió? ¿Qué hubiera acontecido si el PRD se hubiese negado a avalar la reforma fiscal, además de perder el fondo destinado a su gobierno en el Distrito Federal?

“La imaginación puede ser infinita, pero también da para preguntarse qué hubiera pasado si el gobierno hubiese prestado mayor atención a lo que sucede en Brasil, donde ya vienen de regreso del lugar al que nosotros todavía pretendemos llegar.”



“Alta vulnerabilidad”



Economista perteneciente a la generación de políticos que se crearon en la Secretaría de Programación y Presupuesto en los tiempos de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, Sauri también observa que las reformas consistieron en un “complicado trabajo de orfebrería jurídica, para no cambiar cambiando todo”, sobre todo en materia de rectoría económica del Estado.

“Desde 1983 se estableció en la Constitución la distinción entre áreas estratégicas con funciones exclusivas del Estado y las áreas prioritarias de la economía, donde sólo ejerce su rectoría. La reforma constitucional reciente deja como áreas estratégicas correo, telégrafo y radiotelegrafía. Salvo por la generación de energía nuclear, reservada en exclusiva al Estado, las otras son restos simbólicos de un sistema de comunicaciones que corresponde al siglo pasado. Tal parece que lo viejo y obsoleto, eso sí, queda a cargo del Estado, concebido como una especie de custodio de obsolescencias tecnológicas.”

–¿Qué consecuencias tendrán para el modelo de Estado los cambios recientes?

–El modelo constitucional de rectoría del Estado y su obligación de planear, conducir, coordinar y orientar la actividad económica, se mantienen. El problema estriba en que esta reforma limita las capacidad del propio Estado para cumplir su cometido. Al abrir plenamente la puerta a los intereses trasnacionales en los hidrocarburos y eliminar las salvaguardas legales, el propio Estado mexicano se coloca en posición de alta vulnerabilidad. En lenguaje llano: si las cosas no funcionan como se prevé, no habrá manera de revertir la situación. No hay red de seguridad que atempere o suavice una caída.

–¿Qué efectos puede tener en el terreno político-partidista y en el escenario político un Estado así?

–Observo un Estado en pleno tránsito del modelo que rigió las relaciones políticas durante más de 70 años, a uno nuevo, en que el Estado no sólo es más pequeño sino más débil frente a los poderes fácticos que se imponen mediante la corrupción y el amedrentamiento. En este marco se realizan los cambios en materia energética.



Desmovilización social



–Hay una discusión intensa sobre la falta de participación social frente a esta reforma, considerada la más importante en 75 años. ¿A qué atribuye esta falta de interés? ¿Qué tan responsable es la propia izquierda política?

–A diferencia del precio del boleto del Metro o del incremento de las gasolinas, la reforma energética no afecta en lo inmediato la vida de las familias. La mayoría de los mexicanos está demasiado preocupada por su supervivencia cotidiana como para tomar las calles.

“Tal vez si se hubieran enterado de la pretensión de eliminar los subsidios a las gasolinas, la electricidad y el gas (Transitorio 11) hubieran protestado. Pero, afortunadamente, los ajustes de última hora desaparecieron la peligrosa disposición. Sin embargo, el tema de los subsidios gubernamentales a los precios de los energéticos está muy poco explicado.

“Tal vez la izquierda opositora a la reforma energética no supo transmitir un mensaje que vinculara la reforma con las preocupaciones y carencias cotidianas de la gente.”

–¿Por qué se trata de una “apuesta muy alta” esta aprobación? ¿Qué consecuencias tendrá?

–Se ha vendido la reforma energética como una panacea que sacará a la economía mexicana de su postración. Así lo señala machaconamente la publicidad que invade en estos días los medios. La expectativa gubernamental descansa en que a partir de la aprobación de la reforma vendrá una riada de inversión extranjera, atraída no sólo por las posibilidades del sector energético sino por la percepción de la existencia de un gobierno capaz de lograr sus propósitos.

“Las preguntas que rondan son del tipo de si será suficiente incentivo la reforma aprobada o si habrá un mayor apetito del capital trasnacional que exija aún más; si las condiciones internacionales harán factible el arribo de capitales del exterior o si una vez más habrá pocos resultados, tal como sucedió con la reforma laboral.

“No dudo en calificar de ‘apuesta alta’ a esta combinación de expectativas gubernamentales y promesas a la población de bajar sus recibos de luz. Una cosa es fracasar en la creación de miles (o millones) de empleos prometidos si se aprobaba la reforma laboral, y otra es comprometer el descenso de los precios de la electricidad, algo que cada mes podrán constatar si se cumple o no, familias y empresarios en todo el país.

“Podrían mejorar los indicadores de inversión extranjera directa; podría incrementarse el número de empleos y crecer el PIB a la ansiada tasa de 4% anual, pero si no se sienten los supuestos efectos benéficos en el bolsillo de los mexicanos vía gasolina y electricidad más barata, la frustración social podría revertir cualquier resultado positivo en la macroeconomía, si éste llegara a darse.

“Por cierto, la reforma no dio siquiera para la ilusión de fomentar a la industria mexicana a través del petróleo, al menos en el papel. Ni con el pétalo de una rosa se quiso perturbar a las trasnacionales con alguna exigencia incómoda.
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Adiós, Independencia; adiós, Revolución Hermann Bellinghausen

La Jornada: Adiós, Independencia; adiós, Revolución:
Hermann Bellinghausen
M
éxico es gobernado por sus traidores hace medio siglo, en escala progresiva y en la cadenita detrás-de-ti-vendrá-quien-bueno-te-hará. Al formalizarse la cesión del espectro energético a las potencias extranjeras –que ya no consisten sólo en gobiernos, pues se trata de empresas sin los compromisos formales de cualquier gobierno– sólo dimos otro paso decisivo al precipicio como nación. Las falacias de los traidores han cambiado, son más cínicas, pero en esencia sirven para lo mismo: medrar con la patria, un negocio tan inagotable como la riqueza que ella contiene. (Llama la atención que la mayor riqueza, su gente, sea lo que tratan con mayor desprecio los poderosos y los legisladores que sobornaron.)

El ciclo de traición inicia formalmente el 23 de mayo de 1962 en las inmediaciones de Xochicalco, Morelos, donde fueron hallados los restos del líder campesino Rubén Jaramillo y toda su familia. Horas antes los había secuestrado el Ejército federal por órdenes del secretario de Gobernación Gustavo Díaz Ordaz, que también mandató el sacrificio. Para que vieran que no le temblaba la mano. En 1968, ya presidente, en Tlatelolco confirmaría de qué estaba hecho el tipo. Al asesinar, con la evidente venia de Adolfo López Mateos, al último revolucionario en activo en la senda de Zapata y Cárdenas (y además amnistiado), inaugura el ciclo ya largo de traición histórica que no hecho sino profundizarse.

El despeñadero al que nos llevan los poderes de la Unión representa el paso siguiente de un viejo y repugnante plan que consiste en enajenar México de los mexicanos, vecinos inevitables –hoy finalmente sometidos– del coloso del norte, cuyo destino manifiesto, y por extensión del capitalismo global, siempre ha sido devorarnos.

El ciclo se define en el periodo donde dos presidentes sucesivos, Díaz Ordaz y Luis Echeverría, quedan incluidos en la nómina de la CIA. ¿Qué tanto es tantito cuando se trata de traición a la patria? Los sucedería un accidental sombrerero loco a quien le volvió a saltar la libre en el cuerno de la abundancia y se dejó flotar de muertito. El periodista Manuel Buendía me dijo un buen día, y pidió no divulgarlo, que José López Portillo gobernaba como el príncipe de Gales: que otros decidieran. En ese contexto se gesta un sutil golpe de Estado neoliberal que se afianza con la tecnocracia galopante de Miguel de la Madrid, es decir, Carlos Salinas de Gortari, su zar económico y su Díaz Ordaz, que en 1988 se hace de la Presidencia y encamina la definitiva integración de México (o sea su desintegración) al proyecto imperial que hacía más de un siglo aguardaba un nuevo santanato. Con esa fijación nacionalista de los mexicanos a quienes hoy insultan los Beltrones, no se pudo ni con Porfirio Díaz, que como quiera le plantaba cara al invasor.

Como los traidores se traicionan entre sí (onda la fábula del alacrán y la rana: el que nace para alacrán no se puede resistir), Ernesto Zedillo traicionó a Salinas (éste lo dice cada que puede) y quedó en posición de convertirse en el presidente más genocida del siglo pasado. Ya vendría Felipe Calderón Hinojosa a disputarle el récord. Zedillo rescató (regaló) fraudulentamente la banca y transmitió, copeteado, el negocio privatizador a Vicente Fox, ese gran demócrata de la transición que clarito dijo que gobernaría para los empresarios, a cuyo círculo anhelaba unirse. Parece que lo logró.

El botín ha sido tan bueno que se multiplicaron los apostadores en la imparable subasta. A los suculentos negocios de Estados Unidos se sumaron mineras canadienses, banqueros y saqueadores eólicos de España, inversionistas e importadores chinos.

Un novedoso sistema empresarial paralelo e ilegal, llamémoslo narcotráfico para abreviar, metió baza y la sacó colmada, en franco entendimiento funcional con los gobiernos (que lo combaten con oportuna ineficacia) y los poderes económicos transnacionales a los que allana terreno para vaciar y vaciar nuestra proverbial cornucopia.

En los viejos tiempos, los libros de texto gratuito de la Secretaría de Educación Pública nos enseñaban a millones de niños que vivíamos en el cuerno de la abundancia. Hasta la forma teníamos en el mapamundi.

De allí salían frutos, bellezas y riquezas inagotables. Hoy a nadie se le ocurre pregonar tan ingenua alegoría (¿dónde guardar la otrora citable Suave Patria, de Ramón López Velarde?) La abundancia no se acaba, nomás que ya no es nuestra.

Al comentar con agudeza el fallecimiento de Nelson Mandela, el periodista encarcelado Mumia Abu Jamal hace una referencia que viene al caso rescatar: Kwame Nkrumah, primer presidente de la Ghana poscolonial, dijo alguna vez que la independencia política sin independencia económica es sólo una ilusión. Que nos lo digan a los mexicanos.

Cincuenta años les tomó a los gobernantes liquidar la impráctica soberanía nacional. De independencia queda el cascarón partido. Eso sí, con todas las de la ley
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Lorenzo Meyer: LA PROFECÍA

AGENDA CIUDADANAAuge y caída de una idea

Lorenzo Meyer
12 Dic. 13

LA PROFECÍA

En su temprano papel de profeta, Daniel Cosío Villegas concluyó en su ensayo "La crisis de México" (Cuadernos Americanos, 1947) que si el régimen postrevolucionario mexicano no se obligaba a superar el proceso de decadencia política en que había entrado -y su crisis moral equivalía a la crisis del país-, entonces la clase dirigente mexicana optaría por Estados Unidos como tabla de salvación y "...confiar sus problemas mayores a la inspiración, la imitación y la sumisión a Estados Unidos, no sólo por vecino rico y poderoso, sino porque ha tenido un éxito que nosotros no hemos sabido alcanzar" (edición Clío, 1997, p. 40). Y en verdad que desde entonces la clase política mexicana debió "confiar sus problemas" a la norteamericana: ahí están los constantes préstamos pedidos por Miguel Alemán al Eximbank, los "rescates" a los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo con fondos norteamericanos directos e indirectos, el "Entendimiento Marco" sobre comercio e inversión de 1987 con Estados Unidos, la firma del TLCAN para apoyar a un Carlos Salinas con el fraude 1988 a cuestas pero neoliberal, el préstamo a Ernesto Zedillo tras el "error de diciembre", la "Iniciativa Mérida" para ayudar al gobierno de Felipe Calderón y ahora, la reforma a la Constitución para intentar que las grandes empresas norteamericanas y europeas "salven" a una clase política en ruinas pero que paga con petróleo.

Cosío preveía que el costo de tal ayuda implicaría "el proceso del sacrificio de la nacionalidad, y, lo que es más grave aún, de la seguridad, del dominio y de la dicha que se consigue quien ha labrado su propio destino" (pp. 40-41).



LABRAR EL DESTINO

La razón última de la política petrolera de la Revolución Mexicana, iniciada por Madero y llevada a su punto más alto por Lázaro Cárdenas, es justamente eso que destacó Cosío Villegas: la voluntad de México de labrar su propio destino nacional. El ideal detrás de la hazaña de 1938 -la expropiación de las petroleras extranjeras- no fue sólo que el gobierno mexicano pudiera aumentar su participación en la renta petrolera. La idea no era tan simple como extraer y vender todo lo que se pudiera de ese recurso no renovable, sino sólo el necesario para darle la energía física y en condiciones óptimas a un proyecto nacional, aspiración que en su núcleo duro buscaba tres cosas: hacer de México una economía que superara el subdesarrollo, alcanzar y sostener el mayor grado posible de soberanía frente al poderoso vecino norteamericano y crear una sociedad menos injusta, más solidaria. A nivel del gobierno, ese proyecto hoy está muerto.

El uso de la riqueza petrolera se empezó a desvirtuar en grande cuando el legado cardenista comenzó a ser corroído por la corrupción. Pero se dio un paso gigantesco en la dirección errada cuando López Portillo quiso salvar el sistema autoritario -ese que le llevó a ganar con el 100% de los votos en 1976- petrolizando la economía. El petróleo propició el aumento exponencial de la deuda externa y sus recursos se evaporaron como agua en los sexenios venideros. Hoy se argumenta que la inversión externa es indispensable para sacar adelante a nuestra industria petrolera, a la que, según el director de Pemex, le urgen 60 mil millones de dólares para ponerse al día en tecnología (El País, 9 de diciembre). Bueno, pues en 2005 los ingresos petroleros fueron superiores a ese monto, superaron los 70 mil millones de dólares, pero en buena medida se invirtieron no en lo importante sino en gasto corriente, en el apaciguamiento de los gobernadores -la mayoría priistas- o a los grandes sindicatos (Rocío Moreno, Ingresos petroleros y gasto público, México: Fundar, 2006, pp. 11, 21, 24-26).



LA CAÍDA DEL ÚLTIMO GRAN PROYECTO

La entrega de la explotación y procesamiento de nuestros hidrocarburos al gran capital externo es, en su sentido profundo, el retorno del pasado, del modelo anterior a 1938, aunque en condiciones muy distintas, pues ya no hay la inocencia de entonces. Hoy todos los actores que están involucrados en esta política que se propone, en palabras de Cosío Villegas, abandonar "la seguridad, del dominio y de la dicha que se consigue quien ha labrado su propio destino" optaron por la salida fácil: nada de combatir la corrupción, nada de hacer una real reforma fiscal, nada de intentar nosotros mismos remediar nuestros grandes males. Es mejor que vengan de fuera los "salvadores" que, por definición, no pueden estar interesados en salvarnos sino en explotarnos, para eso nacieron.

No deja de ser irónico que el PAN, el partido que apareció para combatir a Cárdenas y a su herencia y que fracasó rotundamente cuando llegó a la Presidencia, sea hoy el protagonista que el PRI actual eligiera usar como espolón de proa para acabar con lo último y lo más grande que quedaba de ese magnífico y generoso proyecto nacional que fue el cardenista.

La crisis de México sigue siendo moral pero ha llegado más lejos de lo que hace 66 años imaginó Cosío Villegas.

"Vivimos entre la inconsciencia de los pobres, la insensibilidad de los ricos y la frivolidad de la clase media. "Pedro Miguel, Navegaciones

" La Ignorancia y la Indiferencia eternizan nuestra esclavitud”
- Ricardo Flores Magón -

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LA RATA CESAR DUARTE: Empresario condenado en EU organiza fiesta a primera dama de Chihuahua

El Diario de Coahuila - Empresario condenado en EU organiza fiesta a primera dama:
El cantante Luis Miguel llegará mañana a la ciudad de Delicias para dar un concierto privado en la casa del empresario Jaime Galván Guerrero, quien fue sentenciado por una Corte en Estados Unidos y actualmente purga una condena de 60 meses de libertad condicional.
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Jaime Galván Guerrero
martes, 10 de septiembre de 2013
CHIHUAHUA, CHIH. (Apro).-
La fiesta será en agasajo de la esposa del gobernador César Duarte Jáquez, Bertha Gómez Fong, quien cumplió años el pasado 27 de julio. El concierto, por lo tanto, será un post-festejo.
El concierto está programado a las 9 de la noche. El cantante arribará en el transcurso del día al aeropuerto Internacional Roberto Fierro de la ciudad de Chihuahua para viajar en avión privado hacia Delicias. La reservación está lista en el hotel Casa Grande.
Ayer llegó el equipo técnico a la casa de Galván Guerrero, en cuyo patio mandaron construir un escenario especial para la ocasión. Hoy comenzaron a aterrizar avionetas con invitados especiales que estarán en el concierto.
El concierto ha causado indignación entre amplios sectores de la población de Delicias, que opinan que hay necesidades apremiantes en la región como para gastar en fiestas ostentosas con recursos públicos, pues la noticia corrió como reguero de pólvora.
Luis Miguel, indicó una de las organizadoras allegada a la esposa de Galván, cobrará alrededor de un millón de dólares.
EL ORGANIZADOR
Jaime Galván Guerrero es un empresario de Delicias, nieto del ex secretario de la Sedenageneral Galván López, en el sexenio de José López Portillo.
Es propietario de la empresa Lácteos Cerro Grande.
El 17 de julio del 2010 fue aprehendido en Las Vegas, Nevada, por autoridades federales de Estados Unidos, que lo trasladaron a El Paso, Texas.
Un gran jurado lo acusó de 11 cargos por haber defraudado al Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos.
Junto con el empresario juarense Gilberto Báez García fue acusado por fraude bancario de 4 millones de pesos, acumulados entre 2002 y 2008 y por lavado de dinero.
Jaime Galván sólo se declaró culpable de fraude procesal y fraude electrónico. Salió libre con el pago de una fianza de un millón de dólares.
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El cacique priista de CHIHUAHUA cesar duarte y su amigo el delincuente condenado de fiesta en fiesta

Empresario condenado en EU paga aviones y fiestas del Gobernador de Chihuahua; y mañana le lleva a Luis Miguel | Sin Embargo:
Por: Redacción / Sinembargo - septiembre 9 de 2013 - 18:38
Destacadas, México, TIEMPO REAL, Último minuto - 11 comentarios



Ciudad de México, 9 de septiembre (SinEmbargo).– El empresario Jaime Galván Guerrero, nieto de quien fuera titular de la Defensa Nacional (Sedena) en el sexenio de José López Portillo, Félix Galván López, ofrecerá mañana un fiesta en honor de la esposa del Gobernador César Duarte Jáquez, Bertha Gómez, donde el plato principal será un concierto del cantante Luis Miguel.

El festejo privado se realizará en la casa del empresario, que su ubica al sur de la ciudad de Delicias, Chihuahua, y a la que están invitados 200 personalidades de la política, el empresariado y el espectáculo.

Galván Guerrero fue sentenciado por una Corte en Estados Unidos y actualmente purga una condena de 60 meses de libertad condicional, por haber defraudado al Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos.

No es la primera fiesta que le brinda al Gobernador, a quien agasaja desde que era candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“La Columna”, espacio de los reporteros de El Diario, informa que: “Lo que se comenta en Delicias es que un grupo de albañiles construye un escenario especial en el jardín de al lado de la casa del empresario Jaime Galván Guerrero, quien sería el anfitrión y principal organizador del festejo para la esposa del gobernador”.

El empresario chihuahuense es uno de los más controvertidos en la entidad. Originario de Delicias, pero con residencia en El Paso, Texas, es propietario de Lácteos Cerro Grande, compañía que surte leche a decenas de gobiernos para sus programas asistenciales, entre muchas otras actividades.

El 25 de julio de 2010, Galván Guerrero pagó una fianza de un millón de dólares para poder gozar de libertad, mientras se realizaba un juicio en El Paso por fraude bancario por millones de dólares y lavado de dinero, según documentos oficiales del gobierno de Estados Unidos.

Galván fue arrestado en Las Vegas en junio de 2010 y fue acusado de fraude junto con otras siete personas, pero sólo él y el juarense Gilberto Báez García fueron detenidos.

Galván Guerrero se declaró inocente el 22 de julio de ese año por lo que se le fijó una fianza, para luego enfrentar 11 acusaciones formales en las que se establece que el fraude original ascendió a 4 millones de dólares acumulados desde 2002 hasta 2008.

Los acusados habrían pedido préstamos personales a cuatro bancos diferentes utilizando información falsa acerca de compras de maquinaria y su exportación de Estados Unidos a México.

El Banco de Importaciones y Exportaciones de Estados Unidos (Import-Export Bank) aseguró los préstamos no fueron pagados.

“(Estos hombres) utilizaron el dinero para enriquecerse ilícitamente y promover actividades ilícitas. La empresa utilizada en las transacciones financieras fue utilizada de forma ilícita”, cita el acta legal.

AMIGO DEL GOBERNADOR

En junio de 2010, cuando era candidato priista a la Gubernatura de Chihuahua, César Duarte, estaba en campaña, reconoció en una entrevista radiofónica que usaba un avión propiedad del empresario Jaime Galván.

El entonces candidato justificó la situación argumentando que en Chihuahua todo mundo se conoce y mucho más todos los empresarios entre sí. En este caso, dijo: “Jaime Galván es un empresario joven, que ha tenido un gran éxito en los negocios de su familia, de su padre, y está siendo procesado en Estados Unidos por un crédito mal aplicado, es la información que tenemos, y que, en ese sentido, lo detuvo la autoridad norteamericana”.

Su partido, el Revolucionario Institucional (PRI), añadió, renta aviones y justificó el uso debido al tamaño de Chihuahua: “Quiero que sepa usted que Tlaxcala cabe 85 veces adentro del Estado de Chihuahua, entonces para nosotros los equipos de transporte son más que necesarios. Trasladarnos de Juárez a Parral, estamos hablando de 700 kilómetros”.

Ese mismo mes, el Partido Acción Nacional (PAN) denunció a Duarte Jáquez y al PRI por el presunto uso de recursos ilícitos en su campaña. El entonces presidente nacional del blanquiazul, César Nava Vázquez, exigió que Duarte explicara sus vínculos con Jaime Galván Guerrero, acusado de fraude y lavado de dinero.

Este año, al iniciar abril, el Gobernador Duarte Jáquez festejó por todo lo alto su cumpleaños número 50.

En la Casa de Gobierno de Chihuahua, y con 500 invitados, entre los que destacaron los gobernadores de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes, y de Aguascalientes, Carlos Lozano de la Torre, también estuvo presente el empresario Galván Guerrero.

La fiesta estuvo amenizada ni más ni menos que por Mariachi Vargas, quien acompañó a la cantante Alicia Villarreal. También Pablo Montero cantó con el mariachi y Francisco Céspedes fue otro de los artistas que participaron en el fiesta.

La celebración continuó con un show completo de Emmanuel. Además, como una intervención especial, sólo “como amigo”, Juan Gabriel improvisó algunas canciones dedicadas al Gobernador.

De acuerdo con los columnistas locales, varios de esos artistas confiaron a algunos de los asistentes que su actuación había sido pagada directamente por el empresario de Delicias, Jaime Galván.
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Lorenzo Meyer: ...dejando de ser México

Lorenzo Meyer: '...dejando de ser México' - Terra México:
PROFECÍA

En la conclusión de su célebre ensayo de 1947, "La crisis de México" (Cuadernos Americanos, Año VI, 6, marzo, 1947), Daniel Cosío Villegas advirtió que México iría a la deriva de no reconocerse -y remediarse- la crisis política y moral en que había caído al iniciarse la consolidación del régimen que había sustituido al porfirista. La crisis en cuestión -que muchos negaron- era resultado del agotamiento de las metas de la Revolución Mexicana. Y es que se había llegado al punto "que el término mismo de revolución carece ya de sentido". México tenía que renovar el compromiso con el proyecto de un país más justo o iría a la deriva.

De no superarse la crisis, advirtió Cosío, y como último recurso, México podría intentar "confiar su porvenir a Estados Unidos". Esa decisión quizá podría resolver algunos de sus problemas de índole económica, pero en "la justa medida en que su vida venga de fuera" México dejaría de ser México.

Cosío no ahondó en el contenido de su profecía. Sin embargo, 66 años más tarde, ya estamos en posibilidad de hacerlo mediante el simple método de registrar y evaluar lo que ha significado el "confiar" la solución de algunos de nuestros grandes problemas a las directrices y soluciones propuestas por, o negociadas con, Estados Unidos.

PRIMERA LLAMADA

Como Presidente, Miguel Alemán (1946-1952) se mostró bastante obsequioso frente a Washington pero sin llegar a aceptar abrir plenamente la economía mexicana al capital y al comercio con el vecino del norte. Con altas y bajas en los siguientes cinco sexenios la semiindependencia alcanzada para México por su revolución se mantuvo. Sin embargo, las crisis económicas de finales de los sexenios presididos por Luis Echeverría y José López Portillo acabaron con lo que quedaba del proyecto mexicano. La siguiente crisis -la política, resultado del fraude electoral de 1988- llevó a que el grupo dirigente encabezado por Carlos Salinas optara por intercambiar la relativa independencia económica mexicana basada en el débil mercado interno por la preservación del dominio priista sobre el sistema político. Fue entonces cuando se empezó a cumplir el pronóstico de Cosío Villegas, pues Salinas optó por "confiar su porvenir a Estados Unidos", aunque al hacerlo comprometió al país a un aumento de su dependencia respecto del vecino del norte.

La propuesta que hizo Salinas a Estados Unidos para negociar un tratado de libre comercio (TLCAN) no fue otra cosa que un intento por encontrar en el país vecino el apoyo y la energía que ya no se querían buscar internamente, pues hacerlo implicaba el desmantelamiento de la Presidencia sin contrapesos, el fin del partido de Estado, la modificación del sistema fiscal, de la distribución del ingreso y de la estructura social. En suma, requería un cambio de régimen y donde los ganadores y los perdedores ya no serían los de siempre.

A cambio de clausurar la era del "nacionalismo revolucionario", Salinas prometió la recuperación del notable ritmo de crecimiento que había caracterizado los años 1950 y 1960 pero con nuevas bases, lo que permitiría que México ingresara al exclusivo grupo de los países desarrollados. Al final, lo prometido se quedó en deuda. El PIB salinista fue de apenas 2.31% anual en promedio y en el siguiente sexenio de 1.87%. Pero lo que sí ocurrió fue que México perdió la relativa autonomía que había alcanzado bajo el cardenismo.

SEGUNDA LLAMADA

El cambio de partido en la Presidencia en el año 2000 no modificó la situación heredada de dependencia económica de Estados Unidos. Al contrario, la afianzó.

Vicente Fox intentó un gran acuerdo migratorio con Estados Unidos que complementara el TLCAN y legalizara la presencia de los millones de trabajadores mexicanos indocumentados en ese país. Y es que la "exportación" de mano de obra se había convertido en una fuente indispensable de divisas para el nuevo modelo económico mexicano. Sin embargo, Estados Unidos ya no pudo o no quiso aceptar la propuesta de Fox, los indocumentados se quedaron en un limbo legal en ese país y se les convirtió en un problema político.

A las dificultades causadas por el mal desempeño de una economía ya apegada a los cánones del "Consenso de Washington", se sumó la agudización del desafío lanzado al gobierno y a la sociedad mexicana por la parte más dura del crimen organizado: los cárteles del narcotráfico. Y fue en este campo que la dirigencia volvió a confiar el porvenir a Estados Unidos.

Ante la decisión de centrar su sexenio en una guerra contra el narcotráfico, a pesar de sus instituciones corrompidas e ineficientes, Felipe Calderón decidió que el éxito imaginado sólo podría lograrse con un apoyo sin precedentes de Estados Unidos. De ahí la propuesta en 2007 de negociar la llamada "Iniciativa Mérida" (IM) que empezó a funcionar en 2009. Desde la perspectiva oficial, la IM buscó, entre otras cosas, que el gobierno norteamericano asistiera al mexicano para profesionalizar a la policía, aumentar la capacidad de las Fuerzas Armadas, llevar adelante una reforma judicial y penitenciaria, reforzar su estructura de información, mejorar la seguridad fronteriza y fomentar "una cultura de la legalidad". En la práctica, México abrió como nunca su sistema de seguridad al escrutinio e influencia norteamericana y la dependencia estructural de la economía se amplió a la seguridad. Finalmente, tampoco dio resultado esta búsqueda de la salvación en Estados Unidos. Cuando el PRI retornó a "Los Pinos" en 2012, la guerra contra el narcotráfico seguía sin ganarse aunque ya se tenía un Memorial de Víctimas de la Violencia. De acuerdo con CIDAC, "Durante la gestión de Felipe Calderón de 2007 a 2012, los homicidios dolosos per cápita aumentaron en más de 65%, mientras que los secuestros se incrementaron en 250% y las extorsiones en 94%" (8 Delitos Primero, Índice Delictivo CIDAC, 2013).

Difícil saber cuándo y cómo resolveremos el problema de la inseguridad y la violencia en México, pero confiar su solución a Estados Unidos no funcionó.

TERCERA LLAMADA

El TLCAN lleva funcionando ya 19 años y la economía mexicana va de mal en peor -el pronóstico para este año es que crecerá apenas un miserable 1.8%. Es en estas condiciones que se propone un nuevo llamado a Estados Unidos, aunque indirecto: pedirle a las grandes empresas petroleras extranjeras que acudan a explotar los yacimientos de petróleo que México expropió y nacionalizó en 1938. De acuerdo con Peña Nieto, si se modifica la Constitución y las empresas extranjeras acuden a su llamado, el sector energético será poderoso motor de la economía, la producción y las reservas de petróleo aumentarán, bajarán los precios de los energéticos, se crearán cientos de miles de empleos, se recuperará la seguridad energética, etcétera.

LA REALIDAD

Ya debería haber quedado claro: cada vez que la clase política mexicana contemporánea ha buscado la salvación en Estados Unidos, el resultado ha quedado muy por debajo de sus expectativas, pero en cada intento, como lo vaticinó Cosío Villegas, México ha perdido algo de lo que pretendía ser. A estas alturas debiera ser evidente que lo que no hagamos y logremos por nosotros mismos, el exterior no nos lo dará.

(Nota. El 5 de septiembre, en El Colegio de México, a las doce del día, habrá un seminario abierto con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en torno a la reforma energética).
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Proceso Zarpazo a la soberanía LORENZO MEYER

Zarpazo a la soberanía
LORENZO MEYER
2013-08-24 18:07:43 · COMENTARIOS DESACTIVADOS
REFORMA ENERGÉTICA
En el devenir de México el petróleo ha sido mucho más que un producto mercantil: es un elemento que le ha dado recursos, identidad y fuerza a un pueblo que se quiere soberano. Por ello, afirma el historiador y politólogo Lorenzo Meyer en su libro más reciente, los hidrocarburos merecen ser defendidos de los embates privatizadores, es decir, de las presiones que no han dejado de ser ejercidas desde 1938 por los remanentes de la oligarquía porfirista, renacidos durante el alemanismo y encumbrados en el poder en lo que va del siglo XXI. A continuación, un adelanto de Nuestra tragedia persistente. La democracia autoritaria en México, publicado por Random House Mondadori.

Aprobada la reforma educativa y eliminado el problema Elba Esther Gordillo, el reloj político que marca la hora desde el retorno del PRI al gobierno señaló que era el momento de abordar dos temas importantes y en los que no hay consenso: a) la posibilidad de extender el impuesto al valor agregado (IVA), y b) la de abrir (más) la explotación de los hidrocarburos al capital privado.

El tema del IVA es algo que naturalmente interesa aquí, ahora y a todos, pero lo relacionado con la explotación del petróleo y el gas pudiera llegar a verse como un tema lejano y abstracto que poco afecta e interesa al mexicano normal, inmerso como está en su lucha cotidiana por sobrevivir en una economía que provee de ingresos y de oportunidades muy mediocres a la mayoría, al punto de que 46.2% de los habitantes del país están clasificados como pobres.

En la experiencia del día a día del ciudadano común, el petróleo sólo cuenta en la medida en que los precios de la gasolina, el diesel y el gas doméstico suben, pero nada más. Esta apreciación es, desde luego, un error. El tema de la política sobre el petróleo, el gas y todo lo concerniente a los hidrocarburos es un asunto que afecta directa e indirectamente a todos, incluso a los mexicanos que aún no han nacido, pero que se verán influidos por las decisiones que hoy se tomen sobre cómo explotar la riqueza petrolera y quién y cómo se va a beneficiar de la renta proveniente de un recurso natural no renovable y estratégico.

(…) El petróleo y el gas se consideran, o debieran considerarse, no sólo como una mercancía que se extrae, procesa y comercializa según las leyes del mercado, sino también, y principalmente, como un elemento que en buena medida, y durante más de un siglo, ha determinado la relación política y económica de México con los grandes poderes, en particular con la potencia hegemónica de nuestro hemisferio y, por lo tanto, ha influido e influye en la imagen que los mexicanos tienen de su país como Estado soberano. La lucha por recuperar el dominio sobre los hidrocarburos otorgados en propiedad a empresas extranjeras durante el régimen porfirista ha sido larga, complicada y ha estado llena de altibajos. (…) Este esfuerzo político se inició en el gobierno de Francisco I. Madero, continuó a lo largo de los de Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, y tuvo su momento cumbre durante el de Lázaro Cárdenas. Luego, con el de Miguel Alemán, vino una lucha más soterrada, pero no menos importante, por mantener el terreno ganado. Tras un periodo de relativa calma, el tema se replanteó de nuevo a partir de la decisión, muy personal y autoritaria, de José López Portillo de volver a hacer de México un exportador importante de petróleo para salvar al sistema político y económico posrevolucionario. En esta etapa, y con bastante irresponsabilidad, López Portillo petrolizó la economía, aceleró el endeudamiento externo y, finalmente, llevó a su quiebra el modelo económico desarrollado a partir de la Segunda Guerra Mundial. El trecho para que la crisis del modelo económico pasara al político fue corto y se cubrió en tres sexenios. En ese proceso de petrolización, volvieron a crecer las presiones internas y externas por modificar el estatus jurídico y político de los hidrocarburos, y no han cesado desde entonces. (…)

Nacionalismo constructivo



Una vez que, en 1935, Cárdenas decidió desembarazarse de la tutela y del conservadurismo de Calles, combinó ambos elementos de su programa de gobierno: nacionalismo y obrerismo, para replantear el tema petrolero. Ya no se insistiría en discutir con las empresas la naturaleza de sus derechos de propiedad a la luz del artículo 27 constitucional, sino que se abrió un frente nuevo, el sindical.

(…) El general Cárdenas apoyó la idea de agrupar a la multitud de pequeños sindicatos que existían en cada empresa petrolera en uno solo. (…) Al final, en 1935, nació el que hoy es el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, que no tardó en plantear a los empleadores la firma de un contrato colectivo de trabajo (CCT). Las empresas rechazaron los términos y en 1937 estalló la huelga en una industria que podía paralizar a la parte moderna del país; el gobierno intervino y finalmente el conflicto se planteó ante las autoridades del trabajo. El escollo principal resultó ser no tanto el aumento en sueldos y prestaciones como la demanda de sindicalizar al grueso de los trabajadores de confianza, pues eso le daría al sindicato, y por ese conducto al gobierno, acceso a información hasta entonces confidencial: monto de las inversiones, producción, valor de las ventas y situación de los campos y de las reservas.

Para 1938 el presidente Cárdenas había llegado a un acuerdo con el capital inglés para reactivar la producción petrolera, con el campo de Poza Rica, por medio de una empresa mixta, es decir, una asociación de su gobierno con el capital privado. Sin embargo, la negativa de las empresas norteamericanas a aceptar los términos del laudo oficial sobre el CCT llevó a un choque entre el gobierno cardenista y el conjunto de los capitales petroleros. Los ingleses parecían dispuestos a la flexibilidad (…) pero los norteamericanos no, y ellos eran el poder político dominante, o al menos eso creían ser. El presidente Cárdenas pudo optar por nombrar un interventor en cada empresa y, con ello, salvar las formas para seguir negociando, pero se decidió por la vía radical. (…) Sin que las empresas ni sus gobiernos lo esperaran, a las 21:45 horas del 18 de marzo de 1938 Cárdenas firmó el decreto de expropiación de los bienes de 16 empresas petroleras, y 15 minutos más tarde lo leyó a la nación por radio.

(…) Cárdenas vio, e hizo ver a los que supieron entender su decisión de expropiar las empresas petroleras, que al llevar al Estado a asumir enteramente la propiedad y el manejo de los hidrocarburos estaba en juego algo mucho más importante que el petróleo: La oportunidad de mostrar al resto del mundo, pero sobre todo a los propios mexicanos, que si se podía lo más, también se podría lo menos en muchas otras arenas; que si la clase política aceptaba actuar con honradez, patriotismo (desinterés) y responsabilidad, el resto de la nación la respaldaría; que un nacionalismo defensivo y, a la vez, constructivo, era un buen camino para ganar y mantener no sólo el respeto de los otros, sino el propio, un elemento sin el cual no hay proyecto nacional que valga la pena. El decreto que en 1938 expropió la industria petrolera y reafirmó su nacionalización es, entonces, el momento culminante del nacionalismo revolucionario mexicano, pero ese suceso no habría terminado por ser lo que fue de no haberse ganado la batalla política, legal y económica que tuvo lugar en los dos sexenios que siguieron al cardenista.

Tras lo ocurrido en marzo de hace 75 años, México debió librar una nueva lucha por el petróleo para sostener lo logrado. Lo que estuvo en juego entonces fue la posibilidad de que fuerzas externas, y algunas internas, obligaran al gobierno a modificar los términos de la expropiación. Conviene recordar que en 1937 Bolivia había expropiado la Standard Oil of Bolivia. La importancia económica de esa subsidiaria de la Standard era mínima, pero la matriz desató sobre aquel país una presión que lo obligó a aceptar los términos demandados por la afectada. Lo mismo se intentó en el caso de México: exigir una indemnización adecuada e inmediata, o la devolución de lo tomado. Para las petroleras el caso mexicano era más, mucho más importante que el boliviano, pues se acababa de descubrir Poza Rica, y el conjunto de empresas afectadas controlaba alrededor de 90% de la producción mundial de petróleo. En cuanto a precedentes, el desafío mexicano implicaba no compensar a los afectados por el valor del petróleo aún por extraer en sus propiedades, y la ley mexicana de expropiación de 1936 suponía no el pago de una indemnización inmediata, sino diferida a lo largo de10 años. (…)

Alemán consideró apropiado reabrir la actividad petrolera al capital externo norteamericano. Fue entonces, entre 1949 y 1951, cuando Pemex firmó cinco contratos con sendas empresas norteamericanas –ninguna de ellas había estado antes presente en México– para que exploraran, perforaran y rehabilitaran pozos petroleros en áreas determinadas de la costa del Golfo de México. La decisión de Alemán de readmitir, aunque fuera de manera marginal, al capital privado norteamericano en la actividad petrolera no fue aceptada por la corriente cardenista, que, si bien debilitada, todavía contaba con fuerza para hacerse oír. Un representante de ella, el legislador michoacano Natalio Vázquez Pallares, publicó en 1952 una veintena de artículos en el periódico El Popular en los que denunció sin ambages que los contratos con las empresas extranjeras eran lesivos para el interés nacional y constituían una violación a la letra y el espíritu del marco legal creado para mantener la riqueza petrolera en manos mexicanas y para beneficio exclusivo del país.

(…)

Es en el marco del esfuerzo histórico descrito, no común en un país periférico, donde una industria petrolera nacionalizada logró convertirse en símbolo de su voluntad de dar sentido a su soberanía. Los mexicanos deberíamos y podríamos reafirmar la confianza en nosotros mismos regenerando a Pemex –librándola de la corrupción y las cadenas fiscales–, manteniendo a los hidrocarburos como zona de nuestra exclusiva incumbencia y alejándonos de la petrolización. Ningún país en nuestras condiciones ha logrado superarse vía la dependencia de las exportaciones petroleras.

Así pues, por su significado para el presente y el futuro, el sostenimiento o el abandono de la industria petrolera como una actividad del sector público mexicano se convierte en un tema que va más allá de lo meramente económico. El petróleo sigue siendo un tema que toca a la imaginación colectiva en su relación con el mundo externo. Un estudio del CIDE encontró en 2006 que, si bien entre las élites formadoras de opinión la idea de abrir al capital externo las áreas que van de la exploración a la distribución del petróleo era mayoritaria (65%), entre la población en general apenas 24% la respaldó. En 2008 una encuesta del periódico Reforma encontró que 37% de los mexicanos aprobaban la propuesta de permitir capital privado en Pemex, pero 46% la rechazaban.



Entrampada por las cargas fiscales



Una política que reformara a Pemex pero sin tocarla como organización netamente mexicana y que le dejara los recursos necesarios para recuperar el tiempo perdido en el campo tecnológico y para llevar por sí misma la exploración y la explotación de todos los depósitos en mar y tierra –y en las zonas productoras antaño abandonadas pero que gracias a los precios del petróleo volvieran a ser costeables– revitalizaría su condición de punto de apoyo de la confianza colectiva en la capacidad nacional. Por el contrario, si, como han deseado los tres últimos gobiernos y una parte de la élite económica, se avanza en la apertura al capital privado y externo con el argumento de que a Pemex ya le es imposible caminar por sí solo, entonces la gesta del 38 pasaría a ser sólo una fecha más en el catálogo de nuestras “heroicas derrotas”. (…)

La idea que se ha mantenido no es hacer con Pemex lo que se hizo con Telmex: venderla, sino algo más sutil. Primero, documentar hasta la saciedad el estado de postración de la empresa, pero sin explicar que el desastre se labró desde el gobierno y, en cambio, sugerir que el mal es básicamente resultado de no seguir las reglas del mercado. Luego, subrayar que la solución de tan lamentable situación no incluye la búsqueda de fuentes fiscales alternativas para poner fin a los impuestos excesivos que ahogan a Pemex, ni tampoco la compra directa de la tecnología que falta, sino abrir más la puerta a las empresas petroleras externas para que, de aquí en adelante, “acompañen” a Pemex en su trayecto. Obviamente, nada se dice acerca de que esas empresas sólo aportarían recursos que evitarían temporalmente la tan pospuesta reforma fiscal a cambio de una tajada de la renta petrolera, ni tampoco que se convertirían en nuevos actores políticos, garantes de los intereses particulares de quienes les aseguren que las cosas no van a cambiar. (…)

En suma, en la política petrolera pretendida por los gobiernos recientes están claras las semillas de un propósito –de un proyecto de largo plazo de la derecha– que, en esencia, no difiere mucho de ese otro que hace más de un siglo estaba por entrar en crisis: el de la oligarquía liberal porfirista. (…)



Un aparte documental



De modo que hoy volvemos a iniciar, con variantes, claro está, el ciclo que se inició a fines del siglo XIX, esto es, estamos de regreso a los tiempos de don Porfirio –los clásicos creían que la historia se movía en ciclos; por lo que al petróleo mexicano se refiere, tenían razón.

Hoy se encuentra en el centro de nuestro debate y conflicto político hasta qué punto es compatible la ampliación del campo de la inversión privada en la industria petrolera –que han deseado Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto– con la letra y, sobre todo, con el espíritu del artículo 27 constitucional, teniendo en cuenta que, como se ha visto, ese espíritu nació y se nutrió del choque de la Revolución Mexicana con las empresas petroleras extranjeras.

En el párrafo IV del artículo 27 de la nueva Constitución, el Constituyente de Querétaro decidió en 1916 retornar al dominio directo de la nación “los combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno, líquidos o gaseosos”. Esa disposición, clara y contundente, entró en vigor en 1917 y cimbró los cimientos no sólo de una industria petrolera en expansión, sino de toda la estructura de la inversión externa en México, y la onda expansiva de rebote se dejó sentir en otros países periféricos. La resistencia externa al cambio fue feroz, y la disposición del soberano tardó 22 años en hacerse realidad mediante la expropiación de toda la industria petrolera. Esa larga lucha se cerró con broche de oro el 9 de noviembre de 1940, cuando el texto constitucional se modificó para quedar de esta manera: “Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos no se expedirán concesiones y la ley reglamentaria respectiva determinará la forma en que la nación llevará a cabo las explotaciones de esos recursos”. Veinte años después, el 20 de enero de 1960, un nuevo cambio al texto constitucional declaró que, en tratándose del petróleo, “no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que se hayan otorgado”; esto último fue una reacción contra los cinco “contratos riesgo” otorgados por Alemán.

(…) Prácticamente desde el momento mismo en que tuvo lugar la expropiación y nacionalización petroleras, los intereses afectados se propusieron echarlas por tierra. Tras 75 años, el empeño se mantiene y hoy la coyuntura aparece como relativamente propicia para quienes desean modificar el estatus legal de la actividad petrolera.

(…) Hasta ahora, el mayor obstáculo para avanzar en la privatización de la actividad petrolera han sido la movilización nacionalista encabezada por Andrés Manuel López Obrador y una opinión pública que ha aprendido a desconfiar de las supuestas bondades de las privatizaciones. En estas condiciones, los tres gobiernos recientes han optado por forjar alianzas con el partido supuestamente opositor –en su momento el PRI, hoy el PAN y el Pacto por México–, a la vez que han lanzado una blitzkrieg propagandística para cambiar la percepción pública.

(…)

Todos concuerdan en que la estructura administrativa y financiera de Pemex es inadecuada. La empresa necesita rediseñar dicha estructura (…)  y su política –hay que enfrentar los abusos del sindicato–. También debe detenerse el crecimiento galopante de la importación de refinados y lograrse un aprovechamiento óptimo de todas las áreas, que ha sido impedido por el acento desmedido en la producción. Las reservas han disminuido, los ductos se han hecho viejos, el financiamiento vía pidiregas es costoso y, sobre todo, la carga fiscal de Pemex sigue siendo excesiva. En suma, es mucho lo que debe cambiarse en la empresa, pero no es la derecha la fuerza idónea para la misión.

La raíz principal, que no la única, de los males de la actividad petrolera –como de muchas otras cosas– es, insisto, de origen fiscal. Desde hace al menos cuarenta años se viene posponiendo una verdadera reforma en ese campo. Es ahí, en la negociación a fondo de las cargas impositivas, donde un gobierno identificado con los empresarios y el capital, como han sido los tres últimos, debería estar al frente. Ésa sería la honrosa misión histórica de la derecha, no el desmantelamiento de Pemex.

(…)

En suma, en más de un sentido el panismo hoy es un nuevo alemanismo, que fue el triunfo de la derecha posrevolucionaria sobre lo que quedaba del cardenismo; el panismo del 2000 a la fecha es el triunfo de la derecha no priista sobre los herederos del cardenismo; el del PRI en 2012, el de la derecha sobre los propios orígenes. Las semejanzas entre el proyecto de Alemán y el del gobierno actual se da, entre otros campos, también en el petrolero.

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