JORGE CARRASCO ARAIZAGA
2013-08-03 18:10:32 · COMENTARIOS DESACTIVADOS
EDICION MEXICO
Un juez federal comprobó que sí se desvió dinero público hacia las cuentas de
Raúl Salinas. Es más: Detectó que durante el tiempo en el que El hermano incómodo desempeñó un cargo público multiplicó su fortuna 339 veces, y corroboró que en siete años el mayor de los Salinas de Gortari pasó de tener 17 inmuebles a 41. ¿La resolución del juez? Declararlo inocente y ordenar el descongelamiento de sus cuentas. Su enriquecimiento, dijo, fue producto de “la efectiva inversión de sus haberes”.
Si hubo delitos,
Raúl Salinas de Gortari no fue culpable de ninguno. Esa fue la conclusión que jueces y magistrados fueron armando a lo largo de 17 años para liberar de toda responsabilidad penal a El hermano incómodo. En la lógica que prevaleció en el Poder Judicial de la Federación, el desvío de la partida secreta de la Presidencia de la República durante el gobierno de su hermano Carlos (1988-1994) no fue su culpa. Y si acumuló miles de millones de pesos en ese mismo lapso fue por su creatividad empresarial.
El autor más acabado de ese razonamiento es Carlos López Cruz, juez 13 de Distrito en Materia Penal federal en la
Ciudad de México, quien el viernes 19 de julio exoneró del delito de enriquecimiento ilícito al mayor de los hermanos Salinas de Gortari y, en consecuencia, ordenó la restitución de sus bienes, estimados en 224 millones de pesos.
Esa cifra es independiente de los mil 300 millones de dólares que depositó en bancos de Suiza e Inglaterra y que motivaron fuertes disputas entre los descendientes del jerarca Raúl Salinas Lozano, exfuncionario que hizo su vida pública al lado del profesor
Carlos Hank González –ambos ya fallecidos, al igual que el menor del clan Salinas de Gortari, Enrique, asesinado en diciembre de 2004.
Las cuentas bancarias, casas, terrenos, joyas, inversiones y cuantas propiedades Raúl Salinas acumuló en nueve estados de la República –que suman 41 y que le fueron aseguradas en 1996– no las obtuvo mediante “prácticas corruptas, irregulares o deshonestas”. Quien piense lo contrario, que lo demuestre y, de acuerdo con el juez, la
Procuraduría General de la República (PGR) no ha podido hacerlo en 17 años y tres meses.
Derrotada una y otra vez en el juicio que se ha prolongado más de tres lustros, la PGR impugnó la decisión de López Cruz, quien ha sido uno de los jueces capacitados en tratamiento de casos de lavado de dinero por el Departamento del Tesoro y el Servicio de Aduanas de Estados Unidos. También ha recibido instrucción de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación en cultura de la legalidad, transparencia y combate a la corrupción.
Ha sido abogado de la Subdirección Jurídica de la Dirección General de Reclusorios del Distrito Federal, agente del ministerio público federal y director general de la visitaduría de la propia PGR. En junio de 2008 fue designado juez por oposición.
Su resolución judicial no fue anunciada por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), encargado de informar sobre las decisiones más importantes de la justicia federal. Se conoció a través del periódico Milenio el miércoles 31 de julio, al final del primer receso judicial del año. Desatado el escándalo, la PGR dijo que ese mismo día impugnó el fallo del juez. Pero no informó más. Nada dijo sobre la lógica jurídica del juzgador. Al cierre de esta edición, el CJF aún no anunciaba qué Tribunal Unitario revisará el fallo del juez López Cruz.
El 18 de marzo de 1996, al inicio del gobierno de Ernesto Zedillo, la PGR consignó a Raúl Salinas de Gortari por enriquecimiento ilícito y peculado. Un año antes, el mismo gobierno zedillista ya había logrado su encarcelamiento, acusado de ser el autor intelectual del homicidio –en septiembre de 1994– del entonces presidente del PRI y excuñado de los Salinas,
José Francisco Ruiz Massieu, padre de Claudia Ruiz Massieu Salinas, actual secretaria de Turismo del gobierno de
Enrique Peña Nieto.
Raúl Salinas pagó 10 años de cárcel antes de obtener su libertad por vía del amparo. El 14 de junio de 2005, durante el gobierno de Vicente Fox, quedó exonerado del homicidio por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con sede en el
Estado de México.
Ya antes, en octubre de 2004, ese mismo Tribunal Colegiado de Toluca le había hecho ganar una batalla crucial para recuperar su dinero. En un fallo dictado el 8 de octubre de ese año, estableció que no había elementos para demostrar el peculado, porque la partida secreta de la Presidencia de la República se manejaba de manera discrecional para gastos contingentes. El operador era el director general de Administración de la Presidencia, Ernesto Sentíes Hoyos.
Con esa decisión, los magistrados echaron abajo lo que había determinado el juez Juan José Olvera López, titular del Juzgado 12 con sede en el Reclusorio Oriente, para quien en la causa acumulada por enriquecimiento ilícito, la 52/2002 abierta contra Raúl Salinas, quedó demostrado que entre 1990 y 1994 Sentíes fue quien recibió de la tesorería federal 2 mil 700 millones de pesos.
Buena parte de ese dinero, 2 mil 227 millones de pesos, fue depositada en cuentas de Araceli y Francisco Vázquez Alanís, quienes trabajaban para Sentíes y quienes traspasaron las cuentas que Raúl Salinas disfrazó con los alias de Juan José González Cadena, Rolando Gutiérrez García y Juan Manuel Gómez.
Pero los magistrados José Nieves Luna Castro, Alejandro Soda Ortiz y Manuel Baraibar Constantino determinaron que no había pruebas de que Salinas estuviera enterado o haya facilitado el desvío. Ese mismo criterio fue ahora ratificado por el juez 13 de Distrito en Materia Penal federal para exonerar al contador de Salinas Juan Manuel Gómez Gutiérrez y a Jesús Gómez Portugal.
Después de aquella resolución del Segundo Tribunal Colegiado con sede en Toluca, el magistrado Soda Ortiz fue reemplazado por Adalid Ambriz Landa y, ocho meses después, el mismo Colegiado decretó la exoneración de Raúl Salinas del asesinato de Ruiz Massieu, quien también fuera gobernador de Guerrero.
El cambio en el Tribunal Colegiado fue atribuido al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Sergio Valls Hernández, un priista que al inicio del gobierno de
Carlos Salinas pasó del Poder Ejecutivo al Poder Judicial del Distrito Federal. De ahí regresó al Poder Ejecutivo y luego saltó a la justicia federal (Proceso 1725). Manuel Baraibar falleció en mayo pasado, luego de haber participado en una terna propuesta por el entonces presidente Felipe Calderón para convertirse en ministro de la SCJN. En sus homenajes luctuosos estuvo Valls Hernández, chiapaneco como el magistrado fallecido.
Desde su salida de la cárcel, Raúl Salinas se ha dedicado a impugnar una y otra vez en los tribunales federales para recuperar su cuantioso capital. Luego de haber superado las acusaciones de peculado, defraudación fiscal y de lavado de dinero, ahora va por el cierre del caso para recuperar en definitiva su cuantiosa riqueza. En su defensa legal ha tenido una gran aliada, la magistrada Antonia Herlinda Velasco Villavicencio, titular del Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal en el Distrito Federal.
Es la misma magistrada que en 2005 decretó la exoneración del expresidente Luis Echeverría y su secretario Mario Moya en la acusación que el gobierno de Vicente Fox les fincó como presuntos responsables del delito de genocidio, por la matanza de estudiantes del 10 de junio de 1971, conocida como el halconazo.
Velasco Villavicencio fue integrante del CJF hasta la reforma judicial del propio Zedillo en 1995. Su salida como consejera fue adjudicada en su momento, en el Poder Judicial, a su supuesta relación con el salinismo. Se tituló de la licenciatura con la tesis Las sociedades mercantiles irregulares. A partir de abril de 2006, casi un año después de la excarcelación de Raúl Salinas, la magistrada le concedió una serie de amparos en la causa penal 37/1997-I y su acumulada 54/2002 por enriquecimiento ilícito. En agosto de 2006, modificó el auto de formal prisión para que no se le suspendieran sus derechos políticos.
Uno de los amparos más importantes para Salinas fue el que la magistrada dictó el 22 de mayo del año pasado, que dejó insubsistente un fallo de 2007 del Segundo Tribunal Unitario en Procesos Penales Federales, que había confirmado el inicio de la instrucción en su contra por enriquecimiento ilícito. El amparo causó ejecutoria en junio de 2012.
El caso se radicó en el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Procesos Penales Federales. Junto con Salinas, en la causa penal fueron incluidos su contador Juan Manuel Gómez Gutiérrez y Jesús Gómez Portugal, señalados como sus prestanombres.
Exonerado del delito de peculado, al mayor del clan Salinas, de 67 años, sólo le queda el de enriquecimiento ilícito, y el juez Carlos López Cruz propuso desecharlo yendo más allá incluso de la lógica de los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado de Toluca: Sí, El hermano incómodo es millonario, pero gracias a sus habilidades financieras, no porque se haya aprovechado de la Presidencia de Carlos Salinas.
Concede: “El acusado se enriqueció… incrementó sustancialmente su patrimonio durante el tiempo en el que desempeñó un empleo, cargo o comisión en el servicio público… en un periodo comprendido de enero de 1985 a abril de 1992”.
Salinas, en efecto, trabajó en la administración pública federal desde Miguel de la Madrid y continuó en la Presidencia de su hermano. Con De la Madrid fue gerente general de Diconsa, en la Conasupo; director general de Imconsa y director de Planeación y Programación Presupuestal de Conasupo. Con Salinas fue secretario técnico del Comité de Evaluación del Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol).
La sentencia absolutoria asienta que en su primera declaración patrimonial Raúl Salinas declaró tener 10.6 millones de viejos pesos (60 mil dólares al cambio de 1983), y al dejar su último cargo público, en 1992, su fortuna ascendía a 3 mil 603 millones de viejos pesos (52 millones de dólares). Esto significa que, en siete años, multiplicó su riqueza 339 veces.
El juez López Cruz admite que el incremento sustancial del patrimonio de Raúl Salinas “no es acorde con los ingresos que recibió por los cargos públicos que desempeñó”, y aunque acrecentó de tal forma su peculio que sin lugar a dudas se sostiene que experimentó un enriquecimiento, “no se encuentra plenamente acreditado que haya incrementado sustancialmente su patrimonio con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público y que haya adquirido bienes en contravención de… la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; es decir, que ese enriquecimiento y adquisición de bienes tenga como causa prácticas corruptas, irregulares o deshonestas… en el desempeño del servicio público encomendado”.
Además, esas dependencias ni tenían presupuesto propio y ni siquiera tenían fondo revolvente. La causa es otra, asentó el juez: “La efectiva inversión de sus haberes”. Por ello, dictó la sentencia absolutoria a su favor en la acusación de enriquecimiento inexplicable.
Lo que el juez sí admite es la existencia del delito de desvío de recursos de la partida secreta. Pero en este caso también libera del todo a Raúl Salinas. Él no tuvo culpa ninguna aunque los recursos llegaron a sus cuentas.
Argumenta: el dinero se distrajo de su objeto, que era satisfacer necesidades contingentes de orden público de la Presidencia de la República. Se desvió para fines propios o ajenos y eso está sancionado penalmente, pero para los efectos de este asunto resulta “irrelevante y por ende necesario que se acrediten los subsecuentes destinos que se haya dado a ese numerario, ya que en todo caso esas operaciones subsecuentes deben ser materia de diverso análisis”.
Así absolvió a los operadores de Raúl Salinas, toda vez que el responsable principal, Ernesto Sentíes Hoyos, fue declarado muerto el 28 de agosto de 1998.
El juez fue muy claro en su resolución: una vez que cause ejecutoria la sentencia, se tiene que levantar el aseguramiento de los bienes muebles e inmuebles, derechos y cuentas bancarias en el Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Morelos, Querétaro, Oaxaca, Baja California Sur y Puebla. Pero “no se hace pronunciamiento alguno en relación a las cuentas bancarias abiertas en los países de Suiza e Inglaterra, puestas a disposición del juez 12 de Distrito de Materia Penal federal en la Ciudad de México, en relación con la causa penal 54/2002”.
Carlos Salinas siempre ha dicho que desconocía las operaciones financieras de su hermano, en especial los depósitos de 100 millones de dólares en el extranjero. En su libro México. Un paso difícil a la modernidad, publicado en el año 2000 para exculparse y decir que la desgracia de su familia se debió a una persecución de su sucesor, dice: “El dinero que manejó mi hermano no provino de ningún acto de corrupción de mi gobierno”.
De un plumazo, deslinda a su hermano en el desvío de las partidas secretas de la presidencia de la República durante su sexenio. Dice que formó “un patrimonio considerable antes de trabajar en el gobierno”. Prefiere concentrarse en los millonarios depósitos en el extranjero, que estuvieron congelados en Suiza.
Según El hermano incómodo, esos recursos fueron aportados por tres empresarios: Carlos Peralta, Carlos Hank Rhon –hijo de Carlos Hank González– y Roberto González Barrera El Maseco, quien murió en agosto del año pasado. Su justificación es que querían crear un fondo para invertir en México.
Dice Carlos Salinas en su libro exculpatorio: “Raúl debe responder por sus actos” y más aún: “Como ciudadano, por la duda que ha generado la constitución de ese fondo, considero que el dinero de Raúl debería regresar a México y aplicarse en su totalidad y de manera exclusiva a resolver problemas sociales… Tengo la convicción de que Raúl entenderá que ese dinero que ofendió a la sociedad debe tener un destino de bien”.
Al final del capítulo dedicado a la situación patrimonial de su hermano, insistió: “Esos recursos deben regresar a México para ser utilizados a favor de los que menos tienen. Cuando… los procesos (penales) se lleven conforme a derecho, la sociedad mexicana en general y quienes servimos a México durante mi administración, tendremos de Raúl y de las evidencias objetivas, una explicación precisa sobre esos recursos que tanto daño han hecho”. Hace ocho años que El hermano incómodo salió de la cárcel, y todavía no existe esa explicación.
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