Martes, 3 diciembre, 2013
Reforma Política ¿una afrenta al ciudadano?
Avalan en comisiones del Senado la reforma política en donde el dictamen prevé la creación del Instituto Nacional Electoral (INE), las reelecciones legislativas, la transformación de la Procuraduría General de la República y las candidaturas independientes.
Las comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación, Reforma del Estado y de Estudios Legislativos Segunda aprobaron en lo general y en lo particular el dictamen que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política en materia político-electoral.
En el dictamen se prevé la creación del Instituto Nacional Electoral (INE), que será la autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, el cual estaría conformado por un consejero presidente y diez consejeros electorales, quienes estarán en el cargo por un periodo de nueve años y no podrán ser reelectos.
Concurrirían a este nuevo organismo con voz, pero sin voto, los consejeros del Poder Legislativo, representantes de los partidos políticos y un secretario ejecutivo.
Respecto de los órganos electorales locales, se plasmaría en la Constitución la homologación de aspectos como:
El nombramiento de los consejeros electorales, su duración y el sistema de garantías para su desempeño.
Se fortalecen las normas preventivas de la intromisión de otros poderes en las decisiones y actuar de estos y las autoridades locales a efecto de que los procesos electorales en todo el país sean homogéneos.
En cuanto al tema de reelección de legisladores, se contempla que:
Los diputados federales podrían reelegirse hasta por tres periodos más, para sumar 12 años en ejercicio del encargo;
Los senadores hasta por un periodo adicional de servicio ininterrumpido.
Si un legislador busca la reelección, tendrá que hacerlo por la misma vía que llegó al cargo, por el partido político que lo postuló, sin que pueda hacerlo a través de candidaturas independientes; además no podría ser postulado por un partido político o coalición alguna.
En las entidades se establecería la reelección consecutiva de los diputados locales, ajustándose al modelo federal.
La reelección consecutiva de de los integrantes de los ayuntamientos se realizará cuando esta sea por el mismo partido,
La reforma también propone que el Presidente de la República en cualquier momento pueda optar por:
Un gobierno de coalición con uno o varios de los partidos políticos en el Congreso y éste tendría la facultad de ratificar a todo el gabinete del Presidente de la República, con excepción de los secretarios de Defensa Nacional y de Marina.
De igual manera se prevé que la Cámara de Senadores tenga la facultad de ratificar “siempre” al Secretario de Relaciones Exteriores y la Cámara de Diputados al titular de la Secretaría de Hacienda.
La enmienda pretende transformar a la Procuraduría General de la República en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propios. En este sentido, le correspondería al Senado de la República la designación del titular este órgano, quien duraría en el cargo nueve años, con lo que se busca dar continuidad a las políticas y acciones de procuración de justicia.
El fiscal tendría la facultad para solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la atracción de juicios de amparo directo, que por su interés y trascendencia así lo ameriten.
Respecto de la toma de protesta del titular del Ejecutivo se busca que para el periodo que comprende del 2018 al 2024, inicie el 1 de diciembre del 2018 y concluya el 30 de septiembre del 2024 para que el siguiente titular inicie el encargo el 1 de octubre de 2024.
Lo anterior, para generar de acuerdo al dictamen una transición más dinámica entre la fecha de los comicios, la declaratoria de Presidente Electo y la etapa de entrega-recepción, así como la toma de protesta del nuevo titular del Ejecutivo Federal.
Acordaron aumentar el número de votos para mantener el registro como partido político a tres por ciento, lo que evitaría la existencia de partidos sumamente pequeños que fragmenten en extremo la representación.
Las candidaturas independientes se les consideraría como un partido político de nueva creación para lo cual tendrán derecho a que se les asigne en conjunto el 30 por ciento del reparto del financiamiento de los tiempos de radio y televisión, toda vez que el setenta por ciento es para los institutos políticos.
El dictamen establecería que sea el Congreso de la Unión quien apruebe el Plan Nacional de Desarrollo y por el Senado de la República la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
IFE Sorprendido
Por su parte el Consejero Presidente Provisional del IFE, Benito Nacif llevó a cabo un pronunciamiento en el que alertó que el IFE no había sido consultado durante el proceso deliberativo de las posibles modificaciones a las normas electorales.
Advirtió que las versiones preliminares del dictamen que se han dado a conocer contienen indefiniciones y falta de claridad, lo cual puede provocar que se vulnere la certeza jurídica y política que ha caracterizado los procesos electorales federales en las últimas dos décadas.
A lo que expuso las siguientes preocupaciones generales sobre el dictamen:
El cambio de denominación a la institución electoral implicará costos excesivos e innecesarios y generará confusión en el documento de identificación más utilizado con el que cuentan los mexicanos.
Los costos de la administración electoral se incrementarán significativamente.
Las modificaciones legislativas implican una concentración de facultades en el órgano electoral de tal magnitud que difícilmente habrá tiempo para su adecuada implementación en el Proceso Electoral Federal 2014-2015.
La falta de precisión respecto a las atribuciones de las autoridades electorales abrirá la puerta a una indeseable discrecionalidad y falta de certeza por todos los actores políticos.
La falta de una clara división competencial entre los órganos electorales ponen en riesgo los veinte procesos electorales estatales y el Proceso Electoral Federal 2014-2015.
Finalmente, el instituto electoral se comprometió a llevar un análisis técnico muy puntual, el cual enviara a legisladores, partidos políticos y a la opinión pública.
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