Pasa discurso federal de la indiferencia a la impotencia
Sandra Rodríguez Nieto
El Diario | 11-02-2010 | 00:07 | Local
Al iniciar la violencia extraordinaria que hoy tiene a Juárez sometida, en 2008, el Gobierno federal afirmó que se trataba de un problema de mera “percepción” entre la opinión pública, que estaba siendo “objeto” de una campaña de terror por parte del crimen organizado.
Luego, cuando arreció la criminalidad e inició la Operación Conjunta Chihuahua –el 27 de marzo de 2008– aseguró que desmantelaría las redes del crimen organizado y demostraría que nadie puede con la fuerza del Estado mexicano.
Un año después, y ante el aumento en los homicidios dolosos, las balaceras públicas y la multiplicación de delitos como secuestro y extorsión, entre muchos otros, la Federación triplicó su presencia militar en esta ciudad y sostuvo que no cedería “ni un centímetro de la plaza”.
Dos años después, cuando ninguna de las estrategias ha logrado reducir la violencia en esta frontera, dice que no habrá “soluciones vistosas” y que sólo podrá solucionar el problema con la participación de autoridades locales y de la sociedad civil, porque Juárez, como dijo el lunes pasado el secretario de Gobernación, representa un problema “muy complejo”.
Tal ha sido la transformación en el discurso de los diferentes funcionarios del Gobierno federal que han visitado Chihuahua y Ciudad Juárez desde 2008, cuando arreció aquí la violencia atribuida a los cárteles del narcotráfico que se disputan esta frontera.
El primero en exponer la visión de la Administración central sobre la problemática de esta entidad fue Alejandro Rubido, entonces subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial de la Secretaría de Seguridad Pública y quien, en febrero de 2008, dijo en la ciudad de Chihuahua que la violencia era un problema “más perceptual que (una) realidad”, y que el estado no tenía el primer lugar en delincuencia, sino el sexto, debajo de lugares como Michoacán, Baja California o Sinaloa.
En esa misma visita, el hoy extinto y entonces subsecretario de Seguridad Pública Federal, Patricio Patiño, desestimó también la problemática local y dijo que la sociedad estaba siendo objeto de una campaña de terror del crimen organizado.
“La sociedad no puede dejarse ganar por un delito que está siendo exponencialmente exhibido (los homicidios dolosos); el índice delictivo no es ni del uno por ciento por ejecuciones, mientras que el 73 por ciento se lo lleva el robo”, dijo entonces Patiño, también en la ciudad de Chihuahua, en febrero de 2008.
Un mes después, sin embargo, cuando la cantidad de homicidios dolosos superó todas las estadísticas e incluso hizo blanco en las cabezas de las corporaciones policiacas tanto municipal como estatal, el Gobierno federal envió al Gabinete de seguridad y anunció la Operación Conjunta Chihuahua, que dejó al mando de la Secretaría de la Defensa Nacional.
“Iniciamos la Operación Conjunta Chihuahua con el objetivo de fracturar y desmantelar las redes operativas, logísticas y financieras de los grupos criminales (...) demostraremos que ningún grupo criminal será capaz de resistir la fuerza del Estado Mexicano”, dijo el extinto secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, al arrancar el Operativo el 27 de marzo de 2008.
Un año después, cuando ni el despliegue de dos mil 500 efectivos militares contuvo la ola delictiva que en 2008 dejó mil 627 víctimas mortales, el secretario Fernando Gómez Mont anunció el arribo de otros cinco mil soldados –que se sumarían a los dos mil 500 ya desplegados– y advirtió que la Federación no daría pasos atrás contra el crimen organizado y que expulsaría de esta frontera a los delincuentes.
“No se les va a ceder un centímetro de la plaza y los vamos a expulsar de Juárez. Esa es la síntesis de nuestro compromiso, y en ello está empeñada nuestra palabra”, dijo Gómez Mont el 25 de febrero de 2009, cuando también se anunció que el Ejército tomaría el control de la Policía municipal, del Centro de Readaptación Social y del Centro de Respuesta Inmediata.
Tres meses después, el presidente Felipe Calderón visitó esta frontera y, ante las tropas de la Operación Conjunta reunidas en la guarnición militar, aseguró que, desde Juárez, se derrotaría al crimen organizado de toda la República.
“Hace 143 años, en 1866, el presidente Benito Juárez estableció su Gobierno en esta ciudad, entonces Paso del Norte. Aquí resistió Juárez el asedio de quienes querían terminar con la libertad de los mexicanos, y desde este mismo punto emprendió su marcha triunfal para derrotar al Imperio de Maximiliano y restaurar la República. Hoy, como ayer, esta ciudad es la punta de lanza para enfrentar a los enemigos de la Patria”, dijo Calderón el 14 de mayo de 2009.
Al terminar ese 2009, sin embargo, en Ciudad Juárez se contabilizaron más de dos mil 600 homicidios y, también, el registro de constantes violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército y de la Policía Federal, así como un aumento en el resto de los delitos a los que, según las autoridades, se mudaron los narcotraficantes, como el secuestro y la extorsión.
En ese contexto, el 15 de enero de 2010, se anunció una “profunda y sistemática revisión” en la estrategia, cambió de mando e incluso de nombre la Operación –que desde entonces sería “Coordinada Conjunta Chihuahua”– y estaría a cargo ya no del Ejército, sino de la Policía Federal.
El ofrecimiento, en esa ocasión, fue la recuperación de la vida en general en esta frontera y de la confianza en las autoridades. “El principal objetivo del Gobierno federal en esta fase es devolver a los ciudadanos de Ciudad Juárez el clima de seguridad y estabilidad que les permita continuar sus actividaes económicas, culturales y sociales, así como recuperar la confianza en las autoridades”, dijo el comisionado general de la Policía Federal, Facundo Rosas.
Quince días después de ese cambio, un comando armado irrumpió en una fiesta de jóvenes en el fraccionamiento Villas de Salvárcar, asesinó a 15 personas y causó una conmoción nacional que obligó la llegada, el pasado martes, del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y del mismo Calderón, quien llegará hoy a esta frontera.
El tono del lunes en el discurso de Gómez Mont –que durante más de 12 horas habló con grupos ciudadanos e incluso con las familias de las víctimas de Villas de Salvárcar– dejó atrás tanto el escepticismo de Patiño y el triunfalismo propio y de Mouriño para asegurar, por primera vez, que esta vez no habría “soluciones vistosas”, sino que la solución tendrá que descansar, dijo, en una mesa de cuatro apoyos: los gobiernos federal, estatal y municipal, y la sociedad civil.
Casi al término de la conferencia de prensa del lunes pasado, y ante la pregunta de por qué en dos años no han podido terminar con el problema de la violencia en Juárez, Gómez Mont sólo respondió que se trataba de un “problema muy complejo” que rebasaba la actitud voluntarista de una sola persona.
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