Justicia para Yakiri | SinEmbargo OPINIÓN: La justicia en México convierte a las víctimas, especialmente si son mujeres, en culpables. La joven Yakiri Rubí Rubio Aupart, de 20 años de edad, fue violada en el hotel Alcázar de la colonia Doctores en la ciudad de México, el pasado 9 de diciembre los hermanos Luis Omar y Miguel Ángel Ramírez Anaya la sometieron. Este último, un hombre de 37 años de cerca de 1.80 metros de estatura, consumó la violación.
Yakiri nació y ha vivido en esta ciudad que se preciaba hasta hace algunos meses de ser la capital de las libertades. El Distrito Federal es el marco propicio para una familia que, como la de Yakiri, se dedica al teatro, al baile y a promover y participar en la floreciente cultura urbana. Quizá este ha sido el contexto que le ha permitido reivindicar públicamente su identidad lésbica.
Mucho se tuvo que luchar por los espacios conquistados por la disidencia sexual y los jóvenes. Miles de redadas, arrestos y encarcelamientos sucedieron por lo menos desde la década de los 70 del siglo pasado. El oasis de libertad para las jóvenes disidentes que representó el segundo lustro de la primera década de este siglo se ha ido evaporando tras la ola represiva que inició con el News Divine, la detención de las bandas reguetoneras y con más virulencia a partir del #1DMx, sin dejar de lado el caso de Heaven como corolario.
En un contexto de inseguridad y de garantía de los derechos a la baja, Yakiri vivió una agresión sexual que contó con la complicidad no solo de Luis Omar, sino de los empleados del hotel y de las autoridades que han conocido del caso. Solo sus ganas de vivir y la valiente legítima defensa de su vida la apartó de ser asesinada.
Tras la agresión sexual, Miguel Ángel intentó causarle lesiones y probablemente la muerte. Los dictámenes periciales en genética, ginecología, dactiloscopia, grafología, psicología y mecánica de hechos aportados por su abogada Ana Katiria, así como los realizados apenas hace unos días por la PGJDF, establecen con precisión lo sucedido.
En los momentos finales de la cobarde agresión y cuando Omar había abandonado la habitación, Miguel Ángel empuñó un cuchillo y lo acercó a Yaki mientras la retenía contra la pared con su brazo disponible, cuando él intenta golpearla con su cabeza la joven aprovecha para alejar el arma usando sus dos manos al tiempo que el propio movimiento de Miguel Ángel provoca que el filo del arma roce mortalmente su cuello. Por eso la legítima defensa ante una agresión real e inminente se contempla como una excluyente de responsabilidad penal. Defender la vida en circunstancias extremas es un derecho.
Mientras el agresor huía herido, Yakiri logró salir del hotel y a una par de cuadras ubicó a dos policías ministeriales quienes llamaron a una ambulancia. Estando a unas cuadras de la agencia 50 del Ministerio Público, la joven decidió denunciar la violación sufrida. Por su propio pie decidió entrar a lo que se supone es un espacio de procuración de justicia.
Ese fue el momento en que un sistema que estructuralmente pone en duda la versión de las mujeres víctimas de la violencia se puso en marcha. En lugar de iniciar el procedimiento y los protocolos de atención a víctimas de violación contemplado en la Norma Oficial Mexicana NOM 046-SSA2-2005 y de brindar atención integral, el responsable en turno de la agencia 50 del MP la detuvo arbitrariamente incomunicada por más de ocho horas. Más tarde rindió su declaración como probable responsable del delito de homicidio en perjuicio de Miguel Ángel, quien herido había alcanzado a llegar a su domicilio donde falleció.
Sin atender la versión de Yakiri, sin contar con una órden judicial y sin haber sido detenida en flagrancia, la PGJDF la consigna al penal de Santa Martha Acatitla donde el secretario de acuerdos Jesús Sevilla le dicta auto de formal prisión. Cabe destacar que el titular del juzgado 68 penal, Santiago Ávila, ha sido señalado por sus reprobables antecedentes. Una vez que Yaki entra a Santa Martha es golpeada por reclusas cercanas a la familia del occiso, razón por la cual tuvo que ser trasladada al penal de Tepepan.
Ante el escándalo y la indignación que el caso generó, el procurador Rodolfo Ríos Garza declara que no existió tal violación y muestra su talante machista al sostener que la joven había entrado al hotel por su voluntad, como si eso exculpara en alguna manera la agresión. Máxime que el párrafo tercero del artículo 174 del Código Penal establece el mismo castigo a una violación independientemente de un vínculo matrimonial o afectivo. Ríos Garza como muchos procuradores machistas, desconoce que la mayoría de los feminicidios son cometidos por parejas o exparejas de las mujeres.
Días más tarde el mismo procurador ha tenido que contradecirse debido a la insistencia de la familia y a la defensa de Yakiri, quienes lograron que la denuncia por violación fuera radicada en la Fiscalía para delitos sexuales de esa institución y donde ya existen los dictámenes periciales que comprueban el delito.
No obstante el proceso para Yakiri aún es largo. Las autoridades deben subsanar el abuso por voluntad propia, de otra manera el trabajo de defensa jurídica llevará mucho más tiempo para revertir la injusta reclusión. El periodo para la aportación de pruebas está abierto hasta por 15 días, en tanto una apelación del auto de formal prisión será revisada.
Rodolfo Ríos tiene ante sí la propia evidencia de que existiendo un homicidio este no puede ser castigado porque aplica integralmente la excluyente de responsabilidad que impone la legítima defensa. Pedir a las mujeres que tras ser violadas esperen pasivamente a que su defensor falle en el intento de asesinarlas, es criminalmente misógino e inhumano.
Sin duda la capacidad de su abogada Ana Katiria Suárez y el compromiso de Olivia Rubio, Julia Pérez, Edith López, Laura Aragón, Fabiola Díaz entre muchas otras valientes mujeres, logrará su liberación. Su amorosa madre Marina Aupart está en pie de lucha por su niña. Su padre, José Luis Rubio, me comentó “además de liberar a mi hija tenemos que llevar a la justicia a quien haya colaborado en la violación y aún más allá, modificar las leyes para que ninguna mujer tenga que padecer esto. Hay leyes hechas por machos. Por nuestras madres, por nuestras hijas vamos a cambiar esto”.
Aprendí de Alda Facio y de Eugenio Raúl Zaffaroni y de Alda Facio que: el derecho penal era el instrumento último de control de aquellas conductas que atentan contra la convivencia común; que en una sociedad democrática, fundada en los derechos humanos, no cabrían más las viejas fórmulas que establecían controles morales sobre lo que las mujeres debían o no hacer; que estando en igualdad plena de derechos, las normas penales deberían reconocer, prevenir y sancionar la violencia sexual.
Las disposiciones que prevén el debido tratamiento y la atención victimal en estos casos han costado años y años de trabajo de incidencia de las organizaciones de mujeres como para que la PGJDF las tiren por la borda. Demandamos a la PGJDF se desista de la acción penal y al poder judicial que ante la evidencia libere a Yakiri.
Si a ti también te indigna lo que pasa con Yakiri firma esta petición, escríbele una carta y sal a la calle a expresar tu repudio este 29 de diciembre en el Ángel de la Independencia. Ahí nos vemos.
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