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México, DF. En México sólo 7 de cada 100 delitos son denunciados e investigados por el Ministerio Público, ¿el motivo?: la desconfianza de la gente en las autoridades del sistema de justicia generada por los pobres resultados y la corrupción.
El gobierno federal reconoció, en la presentación del Programa Nacional de Justicia 2013-2018 que el panorama para los siguientes años es “complejo”. El creciente número de los delitos que se cometen y de las víctimas que los sufren, y que se cuentan por miles, contrastan con un sistema que no da resultados.
“En los eslabones del sistema de justicia se perciben ineficiencias, incertidumbre y altos costos. Esta situación se ha visto reflejada en los altos índices de impunidad, de corrupción y en el ineficiente desempeño de las instituciones de justicia en México”, sentencia el diagnóstico elaborado por la Procuraduría General de la República (PGR).
El panorama es preocupante. Las encuestas de victimización del INEGI, citadas en el diagnóstico, evidencian un incremento de la actividad delictiva y el daño que ocasiona.
Por ejemplo, en el 2012 se cometieron 27 millones 769 mil delitos de todo tipo, cinco millones más que en el 2010. El número de víctimas ascendió a 21 millones 603 mil, casi cuatro millones por encima del registro del 2010.
Y frente a ello la eficacia institucional es muy pobre. Los resultados que arrojaron las encuestas oficiales, permitieron establecer a la PGR que en el 2012 sólo se investigaron 7.9% de los delitos cometidos a nivel nacional. Es decir, 25 millones 573 mil delitos quedaron impunes.
Por sí fuera poco, la pobre capacidad de investigación que demuestran el Ministerio Público Federal y las agencias locales, tampoco justifica que un delito denunciado se resuelva.
Las cifras revelan que de 1999 al 2012, únicamente 14.3% de las averiguaciones federales terminó resuelto y con una sentencia condenatoria. A nivel estatal es peor, en los últimos 12 años sólo 7.1% de las averiguaciones en las procuradurías terminaron en sentencia.
En promedio, en México los ministerios públicos tardan 223 días en integrar y decidir qué hacer con una averiguación previa. En más del 30% de los casos mandan el expediente a la “reserva” que el diagnóstico reconoce como la “antesala” de que terminen desechadas.
Además se resuelve lo más fácil. El 60% de los casos que se consignan y en los que se obtiene sanción tienen que ver con éxitos menores. Sólo 12% de casos resueltos tiene que ver con delitos graves de alto impacto como homicidio, violación o robo con violencia.
Otro dato que asusta: la PGR reveló que 45% de las órdenes de aprehensión giradas por jueces federales del 2004 al 2012 no se han cumplimentado, es decir, los presuntos responsables siguen en la calle.
“Así, el bajo índice de denuncias por la comisión de delitos, así como los obstáculos y costos para el avance y eficacia en cada etapa del proceso de investigación de los delitos en ambos niveles (federal y local), se ha traducido a lo largo de los años en impunidad”, se asevera en el diagnóstico.
PGR inoperante e ineficaz
El diagnóstico realizado a la PGR por la actual administración arrojó múltiples problemas de organización, distribución de presupuesto, profesionalización, limitados sistemas de información, relaciones clientelares y de grupo, entre otros, que la volvieron inoperante y alejada de la confianza de los ciudadanos.
Se indicó, por ejemplo, que no existía capacidad institucional para establecer esquemas de colaboración entre áreas; la falta de perfiles adecuados para la selección y formación de servidores públicos; el aislamiento y dispersión de los sistemas de información; e incluso la falta de compromiso de los funcionarios.
A esto se suma una pésima política de presupuesto. Solamente 18% de los recursos que se asignaron a la PGR en el sexenio pasado se destinaron a las áreas sustantivas de las instituciones, es decir, las relacionadas con las averiguaciones previas y la investigación.
“Desde una perspectiva más amplia resulta evidente que en los años anteriores la acción de la PGR no se sustentó en una política pública definida y explícita, que fuera evaluable y transparente. (…) Esta es una condición estructural que favoreció la desorganización, la impunidad y la corrupción”, indica el diagnóstico.
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