Peñabot - John M. Ackerman

La Jornada: Peñabot:

John M. Ackerman

G

regorio Jiménez, valiente periodista de Veracruz y víctima de la consolidación autoritaria mexicana, justicia ya.



Quienes gobiernan en contra de los intereses populares saben perfectamente bien que no basta con la represión para apagar el fuego de la indignación social. Siempre hará falta complementar la violencia del Estado con una guerra ideológica orientada hacia la destrucción de la autoestima y el optimismo de la sociedad, así como la desarticulación de las redes de confianza y acción colectiva.



Sin estos elementos, el poder de los pocos se desmorona rápidamente y tarde o temprano el vacío se llena con los cimientos de un nuevo régimen de democracia verdadera y poder popular.



Televisa, Tv Azteca y los principales consorcios de la radio comercial mexicana han fracasado olímpicamente en legitimar al gobierno de Peña Nieto y el Pacto por México. Tampoco han logrado este fin el encarcelamiento de Elba Esther Gordillo, el año de reformas, la multiplicación de los chayotes periodísticos, el espaldarazo de Barack Obama y los medios internacionales al gobierno actual o la detención del Chapo Guzmán.



Aun con el apoyo de los actores más poderosos del mundo y después de una enorme inversión publicitaria, Peña Nieto no ha podido superar su imagen de muñeco servil a los más abyectos intereses, cuya única función sería poner una cara supuestamente bonita a la destrucción de los derechos sociales y la soberanía nacional.



Cuando algo lo pasan tanto en la televisión a mí me aterra. Me aterra porque me quieren convencer de algo que yo sé que no es benéfico. Normalmente todo lo que pasan en la televisión es así. Te dicen que te va a beneficiar, pero lo que hemos visto es que es todo lo contrario. Son las palabras de una digna locataria de uno de los importantes mercados públicos en el Distrito Federal que lucha todos los días para evitar su exterminio frente al avance de los grandes supermercados como Walmart, Soriana y Chedraui (véase: http://ow.ly/u9VAD).



La perspectiva de esta valiente mujer es ampliamente compartida por la sociedad. La fuerza simultánea tanto de la herencia de la Revolución Mexicana, plasmada en la conciencia crítica del pueblo mexicano como de la actualidad del flujo de información en las redes sociales genera un escenario particularmente difícil para el poder en México. El indomable espíritu rebelde del pueblo azteca no se deja vencer tan fácilmente.



En consecuencia, todos los días Peña Nieto y sus secuaces buscan nuevas estrategias para imponer su proyecto de dominación. Por ejemplo, hace unos días el Presidente se atrevió a sugerir que un robot podría tener las capacidades para llegar a Los Pinos: Al ver a este robot que nos ha mostrado varias de sus capacidades, podría yo incluso sospechar que en algunos años, alguno de ellos o alguna vez se pretenda que un robot llegue a gobernar un municipio, un estado o un país. Peña Nieto balbuceó estas palabras momentos después de conocer los talentos de Asimo, un robot que labora en la fábrica de la empresa Honda, ubicada en Celaya, Guanajuato.



Después intentaría rectificar su ocurrencia al aclarar que yo creo que eso no ocurrirá, para quienes tenemos la responsabilidad social de gobernar, algo que será insustituible por la tecnología es compartir las emociones. Pero la corrección fue parcial y el daño ya estaba hecho. Quedó perfectamente claro que para Peña la política no es un arte donde se despliega la fuerza libertaria del espíritu humano o las convicciones de los hombres y las mujeres de Estado, sino una simple cuestión de técnica robótica que implica realizar los movimientos correctos en las situaciones adecuadas, aunque con una matiz emocional agregada para engañar a los ingenuos.



En Twitter y las redes sociales también proliferan los famosos Peñabots. Son usuarios falsos o anónimos que reciben salarios decorosos para golpear a los adversarios e implementar una guerra sicológica en las redes sociales. Su comportamiento sigue al pie de la letra la estrategia del Grupo de Investigación en Inteligencia Amenaza Conjunta (Joint Threat Research Intelligence Group-JTRIG) que utiliza el gobierno de Estados Unidos para negar, interrumpir, degradar y engañar ( Deny, Disrupt, Degrade, Deceive) a sus adversarios por medio de estrategias de infiltración en las redes sociales.



Hace unos días el periodista Glen Greenwald dio a conocer todos los pormenores de esta estrategia al divulgar nuevos documentos que habían sido extraídos de las catacumbas de la NSA por Edward Snowden (véase: http://ow.ly/u9UZN).



La total subordinación del aparato de seguridad mexicano a Washington quedó demostrada en el operativo de detención del Chapo Guzmán.



La agencia Ap fue perfectamente clara cuando primero divulgó que la detención había sido realizada de manera conjunta por autoridades mexicanas y estadunidenses. Si Peña llega al extremo de permitir la operación ilegal de drones de guerra sobre el territorio nacional, así como la participación directa de agentes estadunidenses en acciones de procuración de justicia, no existe duda alguna de que también implementa estrategias de espionaje e infiltración de movimientos sociales, coordinadas por las autoridades estadunidenses.



Las fuerzas de la corrupción y la ignominia son fuertes, pero los lazos de confianza, conciencia y trabajo en conjunto del pueblo mexicano son aún más poderosos. Pero para realizar su enorme potencial será necesario primero superar los vicios del sectarismo, la soberbia y la desorganización. Manos a la obra.



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Autodefensa popular John M. Ackerman

La Jornada: Autodefensa popular:



John M. Ackerman
E
l levantamiento armado de las autodefensas en Mi­choacán demuestra una vez más que las acciones colectivas contundentes desde la sociedad civil son la única forma de realmente mover a México. Algunos descalifican a los nuevos alzados como una supuesta creación de Enrique Peña Nieto y de su asesor Óscar Naranjo en su afán por reproducir el modelo colombiano en nuestro país. Si ello fuera el caso, literalmente les salió el tiro por la culata a los gobernantes.

El apoyo que el pueblo humilde ha dado a los nuevos grupos armados demuestra que no son simples guardias blancas al servicio del poder y el dinero. Y las profundas contradicciones que han caracterizado la reacción de las autoridades gubernamentales, tanto nacionales como internacionales, evidencian que la situación las ha tomado totalmente por sorpresa.

México no es Colombia y aquí el narcotráfico no está del lado de la guerrilla, sino del gobierno. Las acciones de las autodefensas han exhibido las complicidades de los tres niveles de gobierno y de los tres principales partidos políticos con Los caballeros templarios y otros grupos del crimen organizado. Cómo explicar de otra forma el hecho de que apenas hoy el gobierno empiece a actuar, aunque sea de manera simulada, contra las cabecillas del narcotráfico en Michoacán. ¿Por qué tuvieron que pasar más de seis años del inicio del Operación Conjunta Michoacán para que Monte Alejandro Rubido, funcionario de seguridad igualmente con Felipe Calderón que con Peña Nieto, anunciara que el margen de maniobra de los delincuentes está prácticamente reducido a cero?

Los vaivenes entre negociación, represión, auspicio y amonestación del gobierno hacia las autodefensas demuestran que el levantamiento ha puesto en jaque al régimen. Miguel Osorio no se cansa de señalar que la portación por civiles de armas de uso exclusivo del Ejército será castigada en estricto apego a la ley. Sin embargo, las autoridades simultáneamente se reúnen con líderes civiles armados como José Manuel Mireles y Estanislao Beltrán y trabajan de la mano con ellos, incluso facilitando a ambos acceso a atención médica de alta calidad. Y este pasado viernes, apenas dos días después del nombramiento de Alfredo Castillo, 80 integrantes armados de los grupos de autodefensa fueron acompañados de un contingente de la Policía Federal en su toma del municipio La Huerta.

El gobierno, los soldados no sirven para nada. Más bien quieren desarmar a los muchachos, por lo que ellos [los militares] no han hecho, denuncia María Ibarra Ramírez, integrante de las autodefensas. No los queremos ver en Buenavista ni en todo Michoacán, agregó para después anunciar que no darán ni un paso atrás, informa La Jornada. Esta actitud, y no la acción del narcotráfico, es lo que genera la extrema preocupación del gobierno de Barack Obama y su disposición para expandir su intervención en México.

La novedad en Michoacán no es el lamentable nivel de violencia ni la inaceptable cantidad de muertos en la entidad. A lo largo de los últimos seis años todos hemos atestiguado una infinidad de escenas más sangrientas, caóticas y violentas que no generaron el mismo nivel de consternación internacional o multiplicación de comisionados y voceros nacionales como la actual. Lo que marca la diferencia hoy es el surgimiento de una sinergia positiva entre la sociedad civil y las autodefensas que abona el terreno para el fortalecimiento del poder popular.

No existiría entonces una distancia tan amplia como unos imaginan entre las nuevas autodefensas y otros grupos comunitarios con una larga trayectoria en la defensa de sus pueblos y sus tierras, como los comuneros purépechas de Cherán y los nahuas de la Sierra de Manantlán. Si bien muchos líderes de las autodefensas efectivamente han expresado una cuestionable confianza hacia los gobernantes estatales y federales corruptos e inútiles, los dos tipos de movimientos comparten la misma base social de mexicanos dignos dispuestos a defender su patrimonio y su patria. Por ejemplo, la reciente devolución a sus verdaderos dueños de tierras que habían sido expropiadas por los narcotraficantes constituye una señal muy positiva de las autodefensas al expandir su intervención más allá de temas exclusivamente de seguridad pública.

La posibilidad de un levantamiento social general en Michoacán, que también contagie a otras regiones del país, es real. Es precisamente por ello que el Ejército asesinó cobardemente a por lo menos tres personas, incluyendo una niña de 11 años, en su acción de desarme la semana pasada. Llama la atención que los ciudadanos caídos no eran autodefensas, y mucho menos portaban armas, sino que eran civiles totalmente pacíficos expresando su solidaridad con el grupo ciudadano. El mensaje es claro: las autodefensas y sus líderes serán tolerados siempre y cuando no movilicen o empoderen a la ciudadanía en general. Es la típica lógica del poder autoritario que busca cooptar a los líderes y separarlos de sus bases.

Es muy relevador, por ejemplo, que un analista como Eduardo Guerrero, alguien cercano a los aparatos de seguridad nacional, señale en Reforma que la estrategia clave para el gobierno debería ser encauzar y contener los excesos de liderazgo de las autodefensas. Pero los ciudadanos conscientes que deseamos que algo nuevo y positivo surja de la actual coyuntura tendríamos que apostar a que ocurra precisamente lo contrario.

En lugar de pactar con el poder corrupto, las dignas voces rebeldes de Michoacán deberían afianzar su alianza con el pueblo que ha sido victimizado por la colusión de los narcotraficantes con la clase política. Tendrían que unirse con sus hermanos indígenas en su estado y con la sociedad indignada en todo el país para juntos defender la patria y la Constitución de la ambición desmedida de los traidores y los oligarcas.

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Yo voy a transformar este país John M. Ackerman

La Jornada: Yo voy a transformar este país:
John M. Ackerman
"¡Y
a inició el movimiento y vamos a tirar tu gobierno. Vamos a derrocarte! ¡Yo voy a transformar este país; voy a ser Presidente y vamos a acabar con tu gobierno!”, gritó el valiente joven Daniel Blázquez Aguilar durante la pomposa ceremonia de promulgación de la contrarreforma energética en Palacio Nacional el pasado 20 de diciembre. Fueron las únicas palabras auténticas y verdaderamente audaces pronunciadas durante el acto en que se consumó una de las traiciones a la patria más grandes de la historia. En contraste con los huecos e hipócritas discursos de la caduca clase política que sólo sirvieron como cortina de humo para tapar la inmundicia que pavimenta el camino para el saqueo del país, se levantó cual ave fénix la voz de Blázquez Aguilar con una imponente claridad que seguirá retumbando por cada una de las paredes y los rincones de Palacio Nacional hasta que el pueblo sacie su sed de justicia.

La inédita velocidad con la cual los políticos corruptos impusieron las reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refleja su enorme miedo al pueblo que universalmente rechaza el remate de la riqueza nacional a las empresas trasnacionales. Aprovecharon de la desorganización y el desánimo de los seguidores de Andrés Manuel López Obrador, generados a raíz de la enfermedad de su líder, para acelerar el paso y consolidar el atraco antes de que el gigante dormido de la protesta social despertara. Así como compraron la Presidencia de la República en 2012, los mismos actores hoy venden el país a cambio de unas cuantas migajas ofrecidas por las empresas petroleras.

La interesada y desbordada celebración de la contrarreforma energética por parte de los principales medios estadunidenses contrasta con la creciente indignación y rabia del pueblo mexicano. No es gratuito que The Economist, medio británico comúnmente complaciente con el régimen, reconozca que México se encuentra al borde de un estallido social, al incluirlo entre los 65 países en el mundo con altas o muy altas probabilidades de experimentar una rebelión durante 2014 (véase: http://ow.ly/rZOej).

Solamente es cuestión de tiempo para que irrumpa el descontento social. Recordemos que durante el sexenio de Felipe Calderón no fue hasta cuatro años después de su declaración de guerra contra el pueblo que surgió un movimiento masivo en contra de la irresponsabilidad criminal del presidente, primero con la campaña No más sangre, después con el Movimiento por la Paz y finalmente con la presentación de una demanda colectiva ante la Corte Penal Internacional en La Haya. Y hoy esta lucha continúa con la multiplicación de grupos ciudadanos de autodefensa a lo largo y ancho del país ante el fracaso del gobierno para garantizar la seguridad.

También pasaron varios años entre el lanzamiento mediático de Enrique Peña Nieto como el candidato de continuidad del régimen neoliberal a la Presidencia de la República y el surgimiento del movimiento #YoSoy132 cuya enorme fuerza casi detuvo la llegada a Los Pinos de alguien considerado un asesino corrupto por los jóvenes. Y el año pasado el movimiento magisterial nacional tomó varios meses para madurarse después de la aprobación de la contrarreforma educativa antes de salir a las calles de manera masiva y contundente. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) también requirió de más de una década para consolidar su fuerza antes de irrumpir en la escena política nacional el 1º de enero de 1994.

No se trata, desde luego, de cruzarnos de brazos para esperar una futura revolución en favor de la justicia y la paz, sino de que cada quien actúe ahora desde su ámbito personal, laboral, profesional y comunitario para multiplicar las muestras de repudio, articular acciones y acumular fuerzas. Hay que asegurar que el próximo e inevitable estallido social no se quede como un desahogo más, sino que siente las bases para una profunda transformación de la República.

Ello es el objetivo, por ejemplo, de la propuesta de constituir un congreso popular el próximo 5 de febrero, día en que se conmemora la promulgación de nuestra Constitución revolucionaria de 1917. Se trata de desconocer a los vendepatrias y sus cómplices que impusieron la contrarreforma energética, revertir las modificaciones constitucionales aprobadas e instalar una nueva instancia política-popular que cuente con mayor legitimidad social que las instituciones formalmente constituidas. Esta idea ya ha tenido una amplia aceptación tanto en las redes sociales como por los asistentes a la emotiva y multitudinaria #MarchaEnDefensaDeMéxico convocada por artistas, periodistas e intelectuales el pasado 20 de diciembre.

También es importante reconocer que las vías jurídicas no están completamente agotadas. Por un lado, habría que respaldar los necesarios e importantes esfuerzos de impugnar la constitucionalidad y la legalidad de la reforma, de realizar una consulta popular y de demandar a Peña Nieto por el delito de traición a la patria. Por otro lado, habría que vigilar con lupa la eventual redacción de las leyes secundarias en la materia. Los traidores no se atrevieron a incluir las partes más privatizadoras de la reforma en el texto constitucional, sino que fueron incorporadas en una serie de artículos cuyo incumplimiento no genera sanción alguna. Se mantiene incólume la tajante prohibición del otorgamiento de concesiones en materia de petróleo y de todos los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos en el subsuelo. Así que cualquier intento de incluir en las leyes secundarias licencias o contratos de riesgo que en los hechos serían concesiones disfrazadas tendría que ser revocado inmediatamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ningún artículo constitucional se aplica solo, sino que su eficacia práctica siempre requiere de una fuerte dosis de apoyo social y político, algo de lo cual carece totalmente la contrarreforma energética. Con una consistente movilización social y la construcción de alternativas de contrapoder ciudadano, tarde o temprano el pueblo mexicano una vez más será victorioso en defender su legado revolucionario del saqueo de los oligarcas.

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¿El fin de las instituciones públicas? John M. Ackerman

La Jornada: ¿El fin de las instituciones públicas?:
John M. Ackerman
E
n lugar de construir y legitimar las instituciones públicas, nuestra clase política está empeñada en debilitarlas y destruirlas. La iniciativa energética de Enrique Peña Nieto no solamente busca privatizar la industria petrolera, sino también desaparecer Pemex. Si la sociedad no logra detener esta nueva agresión, mañana podrían seguir UNAM, IPN, UAM, IMSS, Issste, Infonavit, entre otras.

Así como hoy estamos obligados a comprar el agua potable de empresas privadas ante el fracaso del Estado para garantizar nuestro derecho al vital líquido, mañana los servicios médicos serían accesibles sólo para quien los pueda comprar. Así como hoy se han multiplicado las autodefensas en Guerrero y Michoacán ante la complicidad de las autoridades con el crimen organizado, mañana los jóvenes tendrán que autoeducarse o, en su caso, recurrir a costosos endeudamientos para pagar la admisión a las universidades públicas.

Carlos Salinas eliminó la posibilidad de una política industrial soberana y de un sano desarrollo para el campo con sus privatizaciones corruptas, la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y sus propias reformas al artículo 27 constitucional. Ernesto Zedillo privatizó las pensiones del IMSS y con el Fobaproa obligó al pueblo a pagar el oneroso rescate bancario de las familias más adineradas del país. Vicente Fox traicionó los indígenas de México con su desconocimiento de los acuerdos de San Andrés y favoreció a las empresas monopólicas con el otorgamiento de generosos beneficios fiscales. Felipe Calderón facilitó la quiebra de la aerolínea Mexicana, desapareció a Luz y Fuerza del Centro y privatizó las pensiones del Issste.

Hoy Peña Nieto da continuidad a esta tendencia destructora al proponer borrar de un plumazo el petróleo, la electricidad, la petroquímica y todos los demás hidrocarburos del listado de áreas estratégicas de la nación enumeradas en el párrafo cuarto del artículo 28 constitucional. Asimismo, sus reformas al artículo 27 permitirían a las empresas trasnacionales controlar la extracción, refinación y transporte del petróleo y el gas natural en todo el país.

Tal como ha explicado a Bloomberg el ex brazo derecho de María del Carmen Alanís en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y hoy flamante subsecretario de Hidrocarburos, Enrique Ochoa Reza, el control de estas empresas será tan completo que incluso les permitirá reportar las reservas como suyas en Wall Street (véase: http://ow.ly/o20iY). La reforma también permitiría a las grandes empresas lucrar y especular con la generación de electricidad en México. Es evidente la intención de desplazar a Pemex y la CFE para sustituirlas por Chevron, Shell, Halliburton y empresas de generación de electricidad corruptas y defraudadoras, como Enron.

Resulta una vil mentira y un insulto a la inteligencia del pueblo mexicano la idea de que la iniciativa presidencial no sería privatizadora ni sacrificaría la soberanía nacional. Con la reforma, empresas privadas que trabajan en función de sus accionistas en Wall Street y obedecen órdenes de gobiernos extranjeros tomarían el control sobre algunas de las áreas más sensibles de la economía nacional. Se impondrían sus leyes y sus prioridades por encima de las normas nacionales y el bienestar de los mexicanos.

Recordemos que el motivo principal que impulsó la expropiación petrolera en 1938 fue que las petroleras internacionales desconocieron las leyes del país. Específicamente, se negaron a reconocer el derecho constitucional de los trabajadores a un salario digno y una jornada laboral de 40 horas semanales. También chantajeaban con dejar de extraer y producir petróleo si el gobierno los obligaba a cumplir con la ley. Cuando las empresas persistieron en su intransigencia aún después de que la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación falló en su contra, el presidente Lázaro Cárdenas fue obligado a actuar.

Quedarse inmóvil hubiera significado aceptar la existencia de dos órdenes jurídicos en el país, uno para las empresas extranjeras y otro para el pueblo mexicano. La decisión de Cárdenas de asumir el control estatal sobre las empresas petroleras fue en aras de garantizar la plena vigencia del Estado de derecho para todos por igual en el territorio nacional.

Hoy Peña Nieto propone devolver el petróleo, junto con el premio adicional del gas natural y la electricidad, a las mismas empresas que fueron expropiadas hace 75 años. Así, da continuidad a las últimas tres décadas de presidentes mexicanos quienes han traicionado el legado de Cárdenas al fomentar un estado de excepción para los empresarios más poderosos y darle la espalda al pueblo trabajador.

Los trabajadores de la industria petrolera son el sector más vulnerable ante una eventual privatización y tendrían que ser los primeros en levantar la voz. Un reciente reportaje del Washington Post (véase: http://ow.ly/o20RW ) revela cómo las empresas trasnacionales incurren sistemáticamente en prácticas laborales abusivas e ilegales, como en 1938. La reforma energética es entonces similar a la reforma educativa. Una vez más se busca que los trabajadores de base paguen los costos de la corrupción de los funcionarios gubernamentales y los líderes sindicales.

Peña Nieto y sus socios se frotan las manos en espera de grandes recompensas por su servicio a Washington y al gran capital. Pero quien realmente merece ser premiado es el pueblo de México: mujeres, hombres y jóvenes libres quienes han logrado sobrevivir con el sudor de su frente décadas de robo por de parte de sus gobernantes. El primer paso para recuperar un poco de lo que les corresponde será tomar las calles para poner un alto definitivo al saqueo que implica la reforma energética del PRI.

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John M. Ackerman: Romper el guión

La Jornada: Romper el guión:
John M. Ackerman

“El gobierno no nos está permitiendo crecer a México. Los líderes nos están bloqueando de verdad. No nos dejan, por más que uno del pueblo quiere crecer, no nos dejan. Todo el sistema nos tiene mentalizados, nos dieron un coco wash.” Son las palabras de Bianca Patricia Treviño, joven seleccionada como uno de los 25 líderes del futuro por la Cumbre de Negocios de México 2013. Con gran valentía, la estudiante rechazó las modificaciones a su discurso impuestas por los organizadores de la cumbre, presidida por Miguel Alemán Velasco, para enviar un mensaje claro y directo de parte de la juventud a los políticos y empresarios más poderosos del país. Para poder culminar su intervención, la estudiante incluso tuvo que resistir físicamente los embates de Javier Ballesteros Quiñones, moderador del evento por parte de la Coparmex, quien literal y groseramente intentó arrebatarle el micrófono en múltiples ocasiones (véase: http://ow.ly/qdtzd).

El video oficial de la Presidencia de la República sobre la cumbre dejó fuera la importante intervención de Treviño (http://ow.ly/qdtPh). Esta acción de censura confirma con todas sus letras que la alumna tiene razón cuando también señala que “uno como joven está abajo del gobierno. Uno recibe golpes del gobierno… Lo que nosotros queremos es que se nos escuche, pero el gobierno no nos lo permite (...) Nos opacan”.

Entre los participantes confirmados para el evento se encontraban importantes miembros de la élite política y financiera mexicanas, como Ricardo Salinas Pliego, Luis Téllez, Guillermo Ortiz, Emilio Lozoya y Claudia Ruiz Massieu Salinas. Unas horas antes de la intervención de Treviño, Enrique Peña Nieto había emitido un discurso a los presentes.

De manera paralela, el 18 de octubre, pobladores de Tixtla, Guerrero, rompieron el guión del espot promocional que un grupo de militares pretendió grabar para demostrar su supuesto compromiso con los damnificados del huracán Manuel. Para demostrar su indignación ante este acto de hipocresía los vecinos retuvieron a los cinco militares responsables durante ocho horas. Lo que estaban haciendo era una farsa, aquí nunca vinieron los militares a ayudarnos cuando estaban las lluvias y el agua ya la teníamos hasta el cuello, explicó la vecina Soledad Coctecón.

Lo que México necesita para desarrollarse de manera pacífica es que cada día más personas rompan con el humillante guión de obediencia y servilismo impuesto por la oligarquía nacional y la dictadura mediática. No es necesario afiliarse a un grupo social o político en específico para defender la dignidad ciudadana. Aparte de participar en manifestaciones masivas y protestas organizadas, cada individuo puede y debe rebelarse también durante su vida cotidiana, tal como lo hicieron la joven Treviño y los pobladores de Tixtla.

Los ciudadanos sufrimos todos los días una infinidad de agravios de los gobiernos autoritarios y las empresas monopólicas. Un botón de muestra es la sensible e imperdonable pérdida que han sufrido las Afore durante 2013. Debido a la privatización del sistema de ahorro para el retiro impuesto en 1997 por el ex presidente Ernesto Zedillo, padre del corrupto rescate bancario de Fobaproa, la riqueza del pueblo mexicano se redujo 6.7 por ciento en apenas tres meses, pasando de 2 billones 74 mil millones de pesos en abril a un billón 935 mil millones en agosto pasado.

No tenemos para que simplemente aguantar el continuo saqueo e indignante atención al cliente de los bancos y las empresas de telecomunicaciones. Los excesivos cobros de empresas estatales en vías de privatización, como la Comisión Federal de Electricidad, también abonan a la generalizada indignación social. Las cínicas amenazas del Grupo México sobre los nuevos impuestos propuestos sobre la minería también evidencian la desbordada soberbia de los empresarios más poderosos del país.

Muchos ciudadanos se niegan a reclamar o a protestar contra éstos y otros abusos porque se engañan con el cuento de que son parte de la élite o de la clase media. Tienen miedo a mezclarse con la prole y a perder los pocos privilegios que no les son escamoteados.

Pero en realidad la situación es precisamente a la inversa. Contar con un trabajo no es un privilegio, sino un derecho constitucional. También es obligación del Estado garantizar una vivienda digna y una educación de calidad para todos sus ciudadanos. Si no luchamos hoy por garantizar los derechos de todos, mañana los pocos privilegios que aún existen para algunos se esfumarán por completo. Para quienes tienen dudas al respecto, se recomienda ampliamente el más reciente videocomentario de El Hijo del Rayo sobre el fenómeno de los falsos wannabes (véase: http://ow.ly/qdxbx).

Hoy la vieja línea política del régimen del partido del Estado se moderniza al complementarse con el guión de la obediencia civil del autoritarismo renovado. Para avanzar como país habría que romper definitivamente con esta lógica por medio de la construcción de una nueva arquitectura de dignidad ciudadana que hoy ya empieza a manifestarse en todo el país.

Toda expresión pacífica ayuda, desde la toma de la Bolsa Mexicana de Valores, los apagones ciudadanos y las autodefensas comunitarias hasta las expresiones de dignidad individual en el trabajo, la escuela, el barrio o los actos públicos. La valentía ciudadana es altamente contagiosa. Un nuevo futuro es posible si todos ponemos nuestra parte para propagar la esperanza.

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Las falacias de Peña Nieto - JOHN M. ACKERMAN

Las falacias de Peña Nieto:
JOHN M. ACKERMAN
15 DE SEPTIEMBRE DE 2013
ANÁLISIS

El titular del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto.
Foto: AP
Si se trata de “utilizar los instrumentos legales” del presidente Lázaro Cárdenas del Río, como señala Enrique Peña Nieto en su iniciativa de reforma a los artículos 27 y 28 constitucionales, habría que recurrir en primer lugar a la Ley de Expropiación (véase http://ow.ly/oaegO). Esta norma fue impulsada y firmada por Cárdenas durante los primeros años de su administración y extensamente utilizada a lo largo de su sexenio.

Su valiente aplicación de esta ley permitió la consolidación institucional del Estado mexicano al demostrar que los compromisos sociales plasmados en la Constitución de 1917 no estarían destinados a quedar en letra muerta. Sin la masiva expropiación y reparto de las tierras de las haciendas, así como la expropiación y nacionalización del petróleo, México posteriormente hubiera sufrido décadas de inestabilidad, y hoy sin duda estaríamos en una situación política, económica y social aún más problemática.

La reforma al artículo 27 constitucional que firmó Cárdenas, citada por Peña Nieto en su iniciativa, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 9 de noviembre de 1940, apenas tres semanas antes de que el presidente abandonara su cargo. Fue un acto posterior el que buscó consolidar las bases legales para el Decreto Expropiatorio emitido el 18 de marzo de 1938, con el que se nacionalizó la industria petrolera (véase http://ow.ly/oadEl). El propósito de la reforma constitucional no fue abrir la industria a la iniciativa privada, y mucho menos dar mayores facilidades a las empresas trasnacionales, como tramposamente sugiere el presidente actual, sino cerrarle el camino precisamente a estos intereses.

La principal novedad del nuevo párrafo sexto del artículo 27 constitucional impulsado por Cárdenas fue la prohibición explícita del otorgamiento de concesiones a particulares en materia de petróleo y otros hidrocarburos (véase http://ow.ly/oagVh). Los redactores de la versión original del artículo 27 ingenuamente habían dejado fuera este importante candado, lo cual llevó al abuso inaceptable de poder por parte de las petroleras extranjeras. Cárdenas rectificó este error al eliminar de la Carta Magna cualquier posibilidad de concesiones en la materia. Y por si hubiera alguna duda, también se incluyó la mención de que “el dominio de la nación es inalienable e imprescriptible” en materia de petróleo, minerales, aguas y otros recursos estratégicos.

Pero el principal “instrumento legal” de Cárdenas no fue esta tardía reforma constitucional, sino la Ley de Expropiación. Ante el desconocimiento de las petroleras trasnacionales tanto de los derechos laborales de sus trabajadores como de la autoridad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Cárdenas tomó la valiente decisión de recurrir a esta ley que, publicada el 25 de noviembre de 1936, explícitamente faculta al gobierno para expropiar bienes si tal acción sirve al interés público. Si no hubiera realizado esta acción, muy difícilmente contaríamos hoy con importantes instituciones públicas financiadas desde los ingresos petroleros, como las siguientes: UNAM, IPN, IFE, TEPJF, IFAI, CNDH, IMSS, ISSSTE y el sistema de educación pública nacional.

Cárdenas también utilizó la Ley de Expropiación para implementar el mayor reparto agrario en la historia de México. Así se pudieron satisfacer en parte las demandas de los cientos de miles campesinos que habían sacrificado sus vidas en defensa de sus tierras durante la Revolución Mexicana. En el sexenio de Cárdenas se repartieron aproximadamente 18 millones de hectáreas a las comunidades y a los ejidos. Cárdenas incluso frecuentemente respaldó directamente la acción de las “autodefensas” campesinas de aquel momento cuando recuperaban con armas las tierras que les correspondían. Es notorio el contraste con las acciones del gobierno actual.

Sin las acciones de justicia social del reparto agrario y la expropiación petrolera hubiera sido imposible pacificar el campo mexicano, construir instituciones públicas y consolidar a México como un solo Estado-Nación. Sin Cárdenas, México muy probablemente hubiera sido consumido por una larga guerra civil y constantes golpes militares, tal y como ocurrió en casi todos los países de América Latina a lo largo del siglo XX.

La propuesta de Peña Nieto de regresar la industria petrolera a las mismas empresas que fueron expropiadas en 1938 pone en riesgo mucho más que solamente los ingresos fiscales. Al afectar integralmente la estructura institucional y el pacto social que funda el Estado mexicano moderno genera condiciones para un nuevo estallido ciudadano. Peña Nieto tiene razón en señalar que Cárdenas fue un presidente “pragmático”, “modernizador” y “visionario”. En donde se equivoca es en querer equipararse a él. En comparación con Cárdenas, el actual presidente sería más bien un “ideólogo”, “reaccionario” y de “cortas miras”.

La mejor manera de seguir el legado de Cárdenas no es con la reversión de sus expropiaciones, sino con una renovada aplicación de su Ley de Expropiación, todavía hoy plenamente vigente. La ley explícitamente faculta al Ejecutivo federal a tomar control sobre los bienes de los particulares, para su posterior reparto o nacionalización, cuando existan “causas de utilidad pública”. Por ejemplo, la fracción VIII de la ley indica que una causa legítima sería para garantizar “la equitativa distribución de la riqueza acaparada o monopolizada con ventaja exclusiva de una o varias personas y con perjuicio de la colectividad en general, o de una clase en particular”.

Sería difícil encontrar una mejor descripción de nuestra realidad actual. Hoy en México existen problemas generalizados con respecto a la distribución inequitativa de la riqueza y la monopolización de la producción, así como un abuso sistemático contra la sociedad y la clase trabajadora por los poderes fácticos. Un gobierno verdaderamente democrático utilizaría los formidables poderes del Estado mexicano para redistribuir la riqueza nacional, acabar con los monopolios y garantizar el bienestar de todos los trabajadores, profesionistas, indígenas, jóvenes, mujeres y niños del país.

Peña Nieto busca expropiar el legado de Cárdenas para su beneficio personal y el de sus socios. Pero el pueblo digno y consciente tendría que rechazar este acto de cinismo y trabajar arduamente y de manera pacífica, aunque no necesariamente por la vía electoral, con el fin de generar las condiciones para que próximamente pueda ocupar la silla presidencial alguien realmente digno del formidable legado del general Cárdenas.



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Picardía política y esperanza ciudadana John M. Ackerman. El PRD traiciona al pueblo de MEXICO

La Jornada: Picardía política y esperanza ciudadana:
John M. Ackerman
L
Legan tarde los amagos hipócritas de Jesús Zambrano, Marcelo Ebrard, Dolores Padierna y otros líderes perredistas respecto a la posibilidad de salirse del Pacto por México ante las irregularidades de las elecciones de 2013 y el debate sobre el petróleo. El pacto ya cumplió su objetivo principal: evitar el descalabro político total de Enrique Peña Nieto durante los primeros meses de su gobierno. El acuerdo cupular también fertilizó el terreno para las iniciativas privatizadoras que ya se encuentran en la mesa. Quienes hoy protestan por la complicidad del PRD con el régimen son los mismos que permitieron a Zambrano representar a su partido en la mesa de negociación con Miguel Ángel Osorio Chong desde hace ocho meses.

En un arranque de supuesta dignidad republicana, Zambrano ha señalado que no va a dejar que los muertos que tuvimos, las amenazas claras, y los triunfos que tuvieron [los del PRI] sobre la base del crimen organizado, queden como parte de la picaresca política mexicana.

Difícilmente se podría encontrar un caso más nítido de la manifestación fáctica del clásico proverbio sobre el burro que hace mofa de las orejas de su compadre. Si de picardía se trata, Zambrano es el gran maestro. Este dirigente podría armar vastos seminarios sobre las metodologías, la hermenéutica y la ontología de este fenómeno que efectivamente caracteriza la esencia del sistema político mexicano. Y también habría que recordarle al funcionario partidista que los heroicos muertos del PRD no le pertenecen a él, sino a los dignos movimientos sociales que luchan todos los días por mejorar al país.

El reconocimiento que desde el principio tanto el PAN como el PRD otorgaron a Peña Nieto como interlocutor válido inyectó una fuerte dosis de legitimidad al régimen autoritario en el momento en que sufría una enorme vulnerabilidad. Las caras sonrientes y los discursos huecos de Zambrano y Madero durante la firma del pacto el 2 de diciembre de 2012 fueron el complemento perfecto para la represión de la Policía Federal de Mondragón y las detenciones arbitrarias de Ebrard el primero de diciembre.

Frente al derrumbamiento de la legitimidad del sistema electoral a raíz del gasto exorbitante, la compra y coacción del voto y las manipulaciones financieras de las campañas federales de 2012, la clase política vio su tabla de salvación en la unidad del gremio. Ante el riesgo de que la sociedad aprovechara el momento para tomar la iniciativa y poner en cintura a los políticos, se puso en marcha un contrataque mediático-represivo para dejar en claro quiénes iban a mandar y quiénes tendrían que obedecer durante el nuevo sexenio.

Con su plena participación en esta estrategia, el PRD demostró que solamente representa intereses mezquinos de burócratas que lucran personalmente con el financiamiento público. En esa agrupación, los ciudadanos sirven a los políticos y no a la inversa, como debería ser. Los ciudadanos críticos y conscientes que quedan en el partido harían bien en abandonar a los líderes que los han traicionado.

Se encuentra en proceso de construcción un nuevo instituto político que dice querer corregir estas fallas. Morena se presenta como una opción honesta que busca abrir sus puertas a la plena participación social. Sus estatutos incluyen estrictos candados para garantizar una vigilancia interna independiente, para evitar ser controlado por vividores políticos y para asegurar una constante renovación de sus cuadros.

Hasta el momento, sin embargo, la falta de nuevos líderes de Morena con verdadero arraigo social genera sospechas fundadas. ¿Será esta agrupación solamente una nueva careta para encubrir las mismas fechorías de siempre? ¿O tendrá este nuevo partido la capacidad de ganarse la confianza de los millones de mexicanos que con sobrada razón ya no creen en los partidos ni en las elecciones? La participación de destacados intelectuales, artistas y escritores no es suficiente para ciudadanizar a un partido político. Urge regenerar la esperanza en la política a partir de la irrupción en la escena de nuevos líderes sociales y jóvenes independientes con poderosos discursos de transformación nacional e iniciativas concretas de acción social.

Los terrenos claves para las batallas democráticas cambian conforme avanza la historia. Antes, los escenarios estratégicos fueron el movimiento indígena y popular, encabezado por el EZLN, los gobiernos democráticos de la ciudad de México y la construcción de un nuevo IFE ciudadano y un tribunal electoral independiente. Posteriormente, vinieron las luchas por la transparencia electoral, en defensa del petróleo y a favor de las víctimas de la guerra de Calderón. En cada una de estas batallas los ciudadanos han tenido grandes victorias, pero también han sufrido importantes derrotas que dejan una multitud de tareas pendientes para esfuerzos futuros.

La posibilidad de que México tenga un futuro democrático se juega hoy de manera prioritaria en la batalla por Morena como auténtica expresión política de las inquietudes ciudadanas. Si esta agrupación logra distinguirse de los demás partidos y comunicar sus logros a la sociedad, su éxito será garantizado. Si por el contrario, se hunde en la misma corrupción, gerontocracia, y compadrazgo que han destruido a los otros partidos, la tenue esperanza que todavía queda en el funcionamiento de la institucionalidad democrática se esfumará por completo. El desenlace de ello podría ser escalofriante.

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Aulas llenas John M. Ackerman

Aulas llenas

John M. Ackerman

Quienes quieren las escuelas vacías y los maestros en la calle no son los valientes profesores que protestan, sino los líderes empresariales, mediáticos y políticos que defienden la contrarreforma educativa de Enrique Peña Nieto. La aprobación del dictamen de la Cámara de Diputados a una nueva Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) dejaría literalmente en la calle, bajo la excusa de salir reprobados en evaluaciones sesgadas y hechas a modo, a una multitud de destacados maestros formados en la docencia, entregados a sus alumnos y comprometidos con el desarrollo nacional. Estaríamos así ante un enorme desperdicio de capital humano que dañaría gravemente al país.

Pero lo más preocupante es que después de esta purga magisterial las aulas pueden quedar vacías. Pocos jóvenes querrán aceptar los bajos salarios y las precarias y anticonstitucionales condiciones laborales incluidas en la LGSPD, sobre todo con la intensidad de la dedicación profesional, emocional y física, y las largas jornadas laborales que se requieren para ser un buen maestro.


Los pocos remplazantes serán individuos de bajo rendimiento sin ninguna otra alternativa laboral. También tendrían que ser personas dispuestas a ser maltratadas por sus superiores, ignoradas por su sindicato y despedidas a la menor provocación. Eso sí, aunque tendrían que abandonar cualquier deseo de experimentar en el aula o fomentar una actitud crítica en sus alumnos, los nuevos tecnócratas de la educación tendrían que ser muy hábiles en el llenado de exámenes de elección múltiple.


Y mientras se buscan nuevos profesores idóneos que ofrezcan una educación supuestamente de calidad, las aulas se mantendrán vacías o atendidas por suplentes sin capacitación o conocimiento especializado alguno. Simultáneamente, los maestros despedidos tendrán que abandonar sus libros escolares y su formación humanística para ir a manejar un taxi, lavar platos en Estados Unidos o engrosar las filas de la delincuencia organizada.


La propuesta de LGSPD es profundamente autoritaria. Losperfiles, parámetros e indicadores para evaluar a los educadores serán desarrollados por la Secretaría de Educación Pública y revisadas por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, sin participación alguna de los profesores. Y la aplicación y la calificación de los exámenes estará en manos de funcionarios externos, muy probablemente en alianza con empresas privadas que lucren con este jugoso nuevo negocio.


Quienes conocen mejor los detalles y los retos para ser un buen maestro son los mismos profesores. Ellos tendrían que ser los encargados de proponer los criterios y participar en el proceso de evaluación. Si bien la autoevaluación cuenta con límites claros, la revisión por pares es esencial en cualquier sistema de evaluación democrática e integral. Por ejemplo, no existe razón alguna para diferenciar entre los profesores e investigadores universitarios, quienes somos evaluados rigurosamente cada 3 o 4 años por nuestros pares y no por autoridades al servicio de la clase política, y los maestros de educación básica y medio superior.

Otro grave problema es el enfoque punitivo de la LGSPD. En lugar de apoyar a los maestros a sobresalir en condiciones difíciles, sobre todo en las zonas más abandonadas del país en Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán, la ley busca castigarlos por las fallas generalizadas del sistema de educación pública. La columna vertebral de la propuesta de ley es el despido automático después de tres exámenes fallidos (el clásico “ three strikes and you’re out”), o de manera inmediata si el maestro se rebela en contra del sistema de evaluación en su conjunto.


Pero para realmente mejorar la calidad educativa, el proceso de evaluación tendría que concebir al maestro como parte de un sistema integral que incluya a la escuela y a las autoridades educativas correspondientes. Cuando un maestro reprueba un examen, reprueba el sistema educativo en su conjunto. La respuesta tendría que ser atender las raíces estructurales del problema en lugar de buscar chivos expiatorios y castigos ejemplares. Y si se trata de facilitar despidos, muchas veces se logra más con la separación de su cargo del secretario de Educación correspondiente que con el despido de los miles de maestros a quienes los funcionarios han fallado al no prepararlos correctamente.


Finalmente, la propuesta de LGSPD también viola flagrantemente el artículo 123 constitucional al permitir al gobierno despedir a los maestros, en una variedad de situaciones, supuestamente sin responsabilidad alguna para la autoridad. Con estas disposiciones se busca limitar al máximo la intervención tanto de las Juntas de Conciliación y Arbitraje como del Poder Judicial. Se busca cancelar los derechos laborales y sindicales de los maestros al reducir sus contratos a meros acuerdos administrativos.


Los maestros deberían estar en las aulas no en la calle. En lugar de buscar pretextos para despedir a los profesores que generosamente han consagrado sus vidas a la enseñanza de nuestros hijos, habría que aumentar sus salarios, mejorar sus condiciones laborales, renovar la infraestructura escolar y desmontar el autoritarismo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.


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¿El fin de las instituciones públicas? - John M. Ackerman

¿El fin de las instituciones públicas?

John M. Ackerman

En lugar de construir y legitimar las instituciones públicas, nuestra clase política está empeñada en debilitarlas y destruirlas. La iniciativa energética de Enrique Peña Nieto no solamente busca privatizar la industria petrolera, sino tambiéndesaparecer Pemex. Si la sociedad no logra detener esta nueva agresión, mañana podrían seguir UNAM, IPN, UAM, IMSS, Issste, Infonavit, entre otras.

Así como hoy estamos obligados a comprar el agua potable de empresas privadas ante el fracaso del Estado para garantizar nuestro derecho al vital líquido, mañana los servicios médicos serían accesibles sólo para quien los pueda comprar. Así como hoy se han multiplicado las autodefensas en Guerrero y Michoacán ante la complicidad de las autoridades con el crimen organizado, mañana los jóvenes tendrán que autoeducarse o, en su caso, recurrir a costosos endeudamientos para pagar la admisión a las universidades públicas.


Carlos Salinas eliminó la posibilidad de una política industrial soberana y de un sano desarrollo para el campo con sus privatizaciones corruptas, la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y sus propias reformas al artículo 27 constitucional. Ernesto Zedillo privatizó las pensiones del IMSS y con el Fobaproa obligó al pueblo a pagar el oneroso rescate bancario de las familias más adineradas del país. Vicente Fox traicionó los indígenas de México con su desconocimiento de los acuerdos de San Andrés y favoreció a las empresas monopólicas con el otorgamiento de generosos beneficios fiscales. Felipe Calderón facilitó la quiebra de la aerolínea Mexicana, desapareció a Luz y Fuerza del Centro y privatizó las pensiones del Issste.


Hoy Peña Nieto da continuidad a esta tendencia destructora al proponer borrar de un plumazo el petróleo, la electricidad, la petroquímica y todos los demás hidrocarburos del listado deáreas estratégicas de la nación enumeradas en el párrafo cuarto del artículo 28 constitucional. Asimismo, sus reformas al artículo 27 permitirían a las empresas trasnacionales controlar la extracción, refinación y transporte del petróleo y el gas natural en todo el país.


Tal como ha explicado a Bloomberg el ex brazo derecho de María del Carmen Alanís en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y hoy flamante subsecretario de Hidrocarburos, Enrique Ochoa Reza, el control de estas empresas será tan completo que incluso les permitirá reportar las reservas como suyas en Wall Street (véase:http://ow.ly/o20iY). La reforma también permitiría a las grandes empresas lucrar y especular con la generación de electricidad en México. Es evidente la intención de desplazar a Pemex y la CFE para sustituirlas por Chevron, Shell, Halliburton y empresas de generación de electricidad corruptas y defraudadoras, como Enron.


Resulta una vil mentira y un insulto a la inteligencia del pueblo mexicano la idea de que la iniciativa presidencial no sería privatizadora ni sacrificaría la soberanía nacional. Con la reforma, empresas privadas que trabajan en función de sus accionistas en Wall Street y obedecen órdenes de gobiernos extranjeros tomarían el control sobre algunas de las áreas más sensibles de la economía nacional. Se impondrían sus leyes y sus prioridades por encima de las normas nacionales y el bienestar de los mexicanos.

Recordemos que el motivo principal que impulsó la expropiación petrolera en 1938 fue que las petroleras internacionales desconocieron las leyes del país. Específicamente, se negaron a reconocer el derecho constitucional de los trabajadores a un salario digno y una jornada laboral de 40 horas semanales. También chantajeaban con dejar de extraer y producir 
petróleo si el gobierno los obligaba a cumplir con la ley. Cuando las empresas persistieron en su intransigencia aún después de que la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación falló en su contra, el presidente Lázaro Cárdenas fue obligado a actuar.


Quedarse inmóvil hubiera significado aceptar la existencia de dos órdenes jurídicos en el país, uno para las empresas extranjeras y otro para el pueblo mexicano. La decisión de Cárdenas de asumir el control estatal sobre las empresas petroleras fue en aras de garantizar la plena vigencia del Estado de derecho para todos por igual en el territorio nacional.


Hoy Peña Nieto propone devolver el petróleo, junto con el premio adicional del gas natural y la electricidad, a las mismas empresas que fueron expropiadas hace 75 años.Así, da continuidad a las últimas tres décadas de presidentes mexicanos quienes han traicionado el legado de Cárdenas al fomentar un estado de excepción para los empresarios más poderosos y darle la espalda al pueblo trabajador.


Los trabajadores de la industria petrolera son el sector más vulnerable ante una eventual privatización y tendrían que ser los primeros en levantar la voz. Un reciente reportaje delWashington Post (véase: http://ow.ly/o20RW ) revela cómo las empresas trasnacionales incurren sistemáticamente en prácticas laborales abusivas e ilegales, como en 1938. La reforma energética es entonces similar a la reforma educativa. Una vez más se busca que los trabajadores de base paguen los costos de la corrupción de los funcionarios gubernamentales y los líderes sindicales.


Peña Nieto y sus socios se frotan las manos en espera de grandes recompensas por su servicio a Washington y al gran capital. Pero quien realmente merece ser premiado es el pueblo de México: mujeres, hombres y jóvenes libres quienes han logrado sobrevivir con el sudor de su frente décadas de robo por de parte de sus gobernantes. El primer paso para recuperar un poco de lo que les corresponde será tomar las calles para poner un alto definitivo al saqueo que implica la reforma energética del PRI.
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Proceso Privatización autoritaria JOHN M. ACKERMAN

Privatización autoritaria
JOHN M. ACKERMAN
2013-08-10 15:09:56 · COMENTARIOS DESACTIVADOS
EDICION MEXICO
El PRI y el PRD ya tienen perdida la primera batalla de la reforma energética. El madruguete privatizador de la iniciativa del PAN y la convocatoria de Morena para el 8 de septiembre han definido exitosamente las coordenadas de la discusión pública. La iniciativa nueva que surja en los próximos días será entendida inmediatamente por la población como un respaldo para una u otra de las posturas que ya se encuentran en la mesa.

Afortunadamente, ya no existe posibilidad alguna de engañar a la sociedad con una privatización light vestida con las sedas de un supuesto “pragmatismo”. Con la propuesta del PAN se transparenta la ambición desmedida de los grandes empresarios nacionales y extranjeros en su búsqueda de quedarse con una tajada aún más grande de la riqueza nacional. Y con las constantes denuncias de Andrés Manuel López Obrador se evidencian las mentiras escondidas detrás de la idea de que una mayor “participación” de Exxon-Mobil y Halliburton automáticamente beneficiará al pueblo de México.

Enrique Peña Nieto ha sido rebasado por la coyuntura. Pospone una y otra vez la presentación de su iniciativa con la esperanza de poder tejer previamente las alianzas necesarias para que la naturaleza privatizadora de su propuesta no se evidencie de manera tan desvergonzada. Por ello el presidente incluso se atreverá a recurrir a la engañosa táctica de utilizar la histórica figura del mismo general Lázaro Cárdenas para dar la impresión de que su iniciativa tendría el aval de este gran mexicano. Como colofón de esta puesta en escena, el presidente del PRI, César Camacho, ha amenazado con “defender hasta en las calles” la propuesta energética de su partido.

Todas estas estratagemas evidencian la desesperación de Peña Nieto frente a la enorme derrota estratégica que ha sufrido en los terrenos del debate público y la movilización social. Pero el presidente no se da por vencido. No desistirá en su esfuerzo por “trabajar de manera conjunta” con el PRD y el PAN para transferir la propiedad sobre el subsuelo desde el pueblo mexicano a las empresas trasnacionales.

Lo que definirá en última instancia el desenlace de la reforma petrolera será un mero cálculo de costo-beneficio por parte de los políticos involucrados. Los legisladores del PRI y el PRD saben que cumplir con lo que exigen sus patrocinadores podría implicar una enorme pérdida de respaldo ciudadano y probablemente una sensible merma en su presencia electoral. Pero estos mismos representantes populares también tienen claro que una reforma privatizadora generaría un virtual ejército de empresarios y trasnacionales agradecidos y listos para canalizar nuevos financiamientos hacia sus campañas electorales y negocios personales.

La pregunta clave es cuál de estos dos incentivos pesará más a la hora de votar las diferentes iniciativas en el Congreso de la Unión: el estímulo electoral-ciudadano que exige el fortalecimiento de Pemex como una empresa nacional, estatal y soberana, o el canto de las sirenas de los beneficios personales futuros para los negociadores de la reforma.

El desenlace de esta coyuntura histórica tendrá importantes implicaciones con respecto a la evaluación de la naturaleza de nuestro sistema político. Específicamente, si la clase política logra privatizar la renta petrolera el atrincheramiento del autoritarismo mexicano se confirmaría. Quedará demostrado que a los políticos les importan más sus intereses personales que el servicio público, y que las opiniones de las empresas trasnacionales tienen un mayor peso político que el sentir de los ciudadanos.

La responsabilidad, en este caso, no sería exclusivamente de los políticos, sino también de las instituciones electorales. Con su inacción y complicidad, el IFE y el TEPJF han configurado el tablero de la competencia electoral precisamente para que los políticos ya no tomen en cuenta a la sociedad, sino solamente rindan pleitesías al poder político y económico. La impunidad para los casos de Monex y Soriana, por ejemplo, prepara el camino ya para que los beneficiarios de la privatización petrolera utilicen estrategias similares de triangulación financiera durante las campañas federales en 2015 y 2018.

Si, por el contrario, la movilización ciudadana logra frenar la privatización petrolera, habría motivos para tener cierto optimismo con respecto a la posibilidad del avance democrático en el país. Ello demostraría que aun con el actual sistema de compraventa de cargos públicos, la voz ciudadana todavía tendría cierta influencia en la esfera pública. Ello también implicaría que apostarle a la creación de un nuevo partido político como una vía para transformar la nación quizás no sea tan ingenuo y contradictorio como pareció en un principio.

Casi la totalidad del poder económico y político del país está hoy unido en su empeño de dar una contundente lección autoritaria al pueblo con la imposición de una reforma petrolera privatizadora y entreguista. En las próximas semanas sabremos si la victoria del pueblo en la primera etapa de esta lucha ha sido solamente temporal o si existe suficiente fuerza social para frenar a la oligarquía no solamente en el caso actual, sino también hacia el futuro, con la transformación de raíz del sistema de injusticia e impunidad estructural que predomina en la nación.



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Pragmatismo petrolero John M. Ackerman

TIEMPO DE MUJERES: Pragmatismo petrolero:


John M. Ackerman

La ideología neoliberal de Enrique Peña Nieto y sus aliados en el Pacto por México indica que el Estado debe limitarse a tender la cama y lavar los platos sucios del gran capital. En contraste, un enfoque pragmático facilitaría la liberación del Estado de su servidumbre actual y lo llevaría a trabajar junto con las fuerzas populares para generar un robusto desarrollo social para todos. En esta tarea son grandes aliados el texto vigente del artículo 27 constitucional y el régimen de control estatal sobre la renta petrolera. Ambos proporcionan al Estado herramientas fundamentales para garantizar los derechos constitucionales de la población a la vida, la salud, la alimentación, la educación y el trabajo.

Es necesario rechazar las reformas energéticas privatizadoras no solamente porque constituirían un robo al patrimonio nacional, sino también porque minarían los cimientos del Estado social emergido de la Revolución Mexicana. Es nuestro avanzado texto constitucional lo que ha evitado que más ciudadanos caigan en la pobreza, la miseria y la violencia durante la larga noche neoliberal. No podemos permitir que los mitos y las fantasías de los oligarcas opaquen el pensamiento racional y ponderado que caracterizan la cultura popular mexicana.

En principio, aumentar el control de empresas trasnacionales sobre la renta petrolera no generaría ganancia alguna para el pueblo, sino todo lo contrario. En lugar de que el gobierno reciba las ganancias para poder gastarlas en escuelas, centros de salud y carreteras, las recibirían estas empresas para poder complacer a sus accionistas. La privatización tampoco ayudaría con el combate a la corrupción. Las últimas dos décadas con experiencias similares en los sectores bancario, minero, telecomunicaciones, aviación, entre otros, han demostrado claramente que la desincorporación de activos estatales genera más, no menos, enriquecimiento ilícito.

Tampoco existe garantía alguna de que las empresas transnacionales realmente vayan a invertir grandes cantidades de recursos en la extracción o la refinación del petróleo mexicano. Lo que les interesa a estas empresas es poder reportar a sus accionistas su control sobre los recursos (el famoso booking de las reservas) y no necesariamente su explotación directa. Asimismo, los numerosos desastres ecológicos causados por la irresponsabilidad de las empresas petroleras, incluyendo, por ejemplo, el masivo derramamiento en el Golfo de México por British Petroleum en 2010, demuestran que su tecnología tiene peligrosas fallas.

Resulta evidente que la estrategia más pragmática y menos riesgosa para fortalecer la industria petrolera nacional sería reducir la carga fiscal a Pemex, combatir seriamente la corrupción no sólo en el sindicato, sino también en la licitación de jugosos contratos a empresas privadas, así como aumentar significativamente la inversión estatal en tecnología petrolera. México cuenta con grandes científicos e ingenieros en el Instituto Mexicano del Petróleo, la UNAM y el IPN quienes evidentemente están a la altura del reto histórico. Estas inversiones podrían ser financiadas con un pequeño aumento en los impuestos para las personas físicas y morales más ricas, junto con un fuerte combate a la evasión fiscal.

Pero a Peña Nieto y sus socios no les interesan las soluciones pragmáticas, sino cumplirles a sus patrocinadores. Para la clase política reunida en el Pacto por México el objetivo de la reforma energética no es económico o técnico, sino netamente político e ideológico.

La regla básica de la ideología económica vigente es la privatización de las ganancias y la socialización de las pérdidas. Desde este punto de vista, el Estado no tiene derecho a generar ganancias propias, para después invertirlas en el desarrollo social, sino que su única función es mantener condiciones favorables para el aumento de los ingresos de las empresas privadas. De acuerdo con esta lógica, el Estado también debe asumir las pérdidas del sector privado por medio de costosos rescates cuando los integrantes de la oligarquía despilfarran sus recursos. El caso del millonario y fraudulento rescate bancario por medio de Fobaproa a finales de los años 90, para lo cual el pueblo hoy sigue pagando las deudas vencidas de las familias más adineradas del país, es solamente uno de muchos botones de muestra.

Habría que invertir totalmente esta perversa lógica. Los ganadores tendrían que ser los ciudadanos más humildes y, en caso de que haya pérdidas, las empresas más poderosas deberían asumir los costos de manera solidaria. Afortunadamente, en México todavía contamos con una Constitución de vanguardia, surgida de una revolución social, que está basada precisamente en el principio de priorizar el bienestar general por encima de la avaricia personal o empresarial. Los ciudadanos conscientes tienen la responsabilidad de defender su valiosa Constitución, reflejo de un verdadero pacto nacional, del ataque de un grupo de personajes públicos desacreditados cuyos únicos intereses son el enriquecimiento personal y el poder político.

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Picardía política y esperanza ciudadana - John M. Ackerman

Picardía política y esperanza ciudadana

John M. Ackerman

Llegan tarde los amagos hipócritas de Jesús Zambrano, Marcelo Ebrard, Dolores Padierna y otros líderes perredistas respecto a la posibilidad de salirse del Pacto por México ante las irregularidades de las elecciones de 2013 y el debate sobre el petróleo. El pacto ya cumplió su objetivo principal: evitar el descalabro político total de Enrique Peña Nieto durante los primeros meses de su gobierno. El acuerdo cupular también fertilizó el terreno para las iniciativas privatizadoras que ya se encuentran en la mesa. Quienes hoy protestan por la complicidad del PRD con el régimen son los mismos que permitieron a Zambrano representar a su partido en la mesa de negociación con Miguel Ángel Osorio Chong desde hace ocho meses.

En un arranque de supuesta dignidad republicana, Zambrano ha señalado que no va a dejar que los muertos que tuvimos, las amenazas claras, y los triunfos que tuvieron [los del PRI] sobre la base del crimen organizado, queden como parte de la picaresca política mexicana.Difícilmente se podría encontrar un caso más nítido de la manifestación fáctica del clásico proverbio sobre el burro que hace mofa de las orejas de su compadre. Si de picardía se trata, Zambrano es el gran maestro. Este dirigente podría armar vastos seminarios sobre las metodologías, la hermenéutica y la ontología de este fenómeno que efectivamente caracteriza la esencia del sistema político mexicano. Y también habría que recordarle al funcionario partidista que los heroicos muertos del PRD no le pertenecen a él, sino a los dignos movimientos sociales que luchan todos los días por mejorar al país.

El reconocimiento que desde el principio tanto el PAN como el PRD otorgaron a Peña Nieto como interlocutor válido inyectó una fuerte dosis de legitimidad al régimen autoritario en el momento en que sufría una enorme vulnerabilidad. Las caras sonrientes y los discursos huecos de Zambrano y Madero durante la firma del pacto el 2 de diciembre de 2012 fueron el complemento perfecto para la represión de la Policía Federal de Mondragón y las detenciones arbitrarias de Ebrard el primero de diciembre.

Frente al derrumbamiento de la legitimidad del sistema electoral a raíz del gasto exorbitante, la compra y coacción del voto y las manipulaciones financieras de las campañas federales de 2012, la clase política vio su tabla de salvación en la unidaddel gremio. Ante el riesgo de que la sociedad aprovechara el momento para tomar la iniciativa y poner en cintura a los políticos, se puso en marcha un contrataque mediático-represivo para dejar en claro quiénes iban a mandar y quiénes tendrían que obedecer durante el nuevo sexenio.

Con su plena participación en esta estrategia, el PRD demostró que solamente representa intereses mezquinos de burócratas que lucran personalmente con el financiamiento público. En esa agrupación, los ciudadanos sirven a los políticos y no a la inversa, como debería ser. Los ciudadanos críticos y conscientes que quedan en el partido harían bien en abandonar a los líderes que los han traicionado.

Se encuentra en proceso de construcción un nuevo instituto político que dice querer corregir estas fallas. Morena se presenta como una opción honesta que busca abrir sus puertas a la plena participación social. Sus estatutos incluyen estrictos candados para garantizar una vigilancia interna independiente, para evitar ser controlado por vividores políticos y para asegurar una constante renovación de sus cuadros.

Hasta el momento, sin embargo, la falta de nuevos líderes de Morena con verdadero arraigo social genera sospechas fundadas. ¿Será esta agrupación solamente una nueva careta para encubrir las mismas fechorías de siempre? ¿O tendrá este nuevo partido la capacidad de ganarse la confianza de los millones de mexicanos que con sobrada razón ya no creen en los partidos ni en las elecciones? La participación de destacados intelectuales, artistas y escritores no es suficiente para ciudadanizar a un partido político. Urge regenerar la esperanza en la política a partir de la irrupción en la escena de nuevos líderes sociales y jóvenes independientes con poderosos discursos de transformación nacional e iniciativas concretas de acción social.

Los terrenos claves para las batallas democráticas cambian conforme avanza la historia. Antes, los escenarios estratégicos fueron el movimiento indígena y popular, encabezado por el EZLN, los gobiernos democráticos de la ciudad de México y la construcción de un nuevo IFE ciudadano y un tribunal electoral independiente. Posteriormente, vinieron las luchas por la transparencia electoral, en defensa del petróleo y a favor de las víctimas de la guerra de Calderón. En cada una de estas batallas los ciudadanos han tenido grandes victorias, pero también han sufrido importantes derrotas que dejan una multitud de tareas pendientes para esfuerzos futuros.

La posibilidad de que México tenga un futuro democrático se juega hoy de manera prioritaria en la batalla por Morena como auténtica expresión política de las inquietudes ciudadanas. Si esta agrupación logra distinguirse de los demás partidos y comunicar sus logros a la sociedad, su éxito será garantizado. Si por el contrario, se hunde en la misma corrupción, gerontocracia, y compadrazgo que han destruido a los otros partidos, la tenue esperanza que todavía queda en el funcionamiento de la institucionalidad democrática se esfumará por completo. El desenlace de ello podría ser escalofriante.

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