1 de octubre de 2006

PRETENDE IFE RECORTE MASIVO DE PERSONAL

NOTA ORIGINAL MILENIO DIARIO

Entre dos mil y cuatro mil trabajadores de confianza de mayor antigüedad serían despedidos de los 11 mil que conforman la planilla laboral, esto como parte de la reestructuración del instituto.

El Sindicato Nacional de Trabajadores del IFE alertó que este organismo electoral pretende llevar a cabo un recorte de personal, que dejaría sin trabajo a entre dos mil 500 y cuatro mil trabajadores, de los 11 mil que conforman la plantilla laboral.

Destacó que esa intención forma parte de un proyecto de reestructuración que planea llevar a cabo el Instituto Federal Electoral, en el que se establece iniciar en octubre el despido masivo, principalmente entre empleados de mayor antigüedad.

El secretario de Finanzas del Sindicato Nacional de Trabajadores del IFE, Enrique Lira, externó su preocupación por esa medida, que de aplicarse, traería una grave afectación a miles de familias de los trabajadores, a quienes el instituto se ha negado a reconocer su organización sindical.

En entrevista, comentó que de acuerdo a rumores que han corrido por el IFE, el despido masivo incluiría no sólo a trabajadores operativos, sino también a funcionarios.

Consideró que “la jugada es que van a sacar a toda la base trabajadora de hace muchos años y en lo posible piensan dejar al equipo de trabajo que ingresó con los nuevos consejeros electorales”.


También apuntó que en ese organismo electoral las diferencias salariales entre operativos y directivos son abismales, pues “hay gente que puede ganar cuatro mil pesos mensuales y otros entre 250 mil y 300 mil pesos mensuales”.

Al respecto, el secretario general del Sindicato del IFE, Germán Manuel León Rodríguez, resaltó que junto con sus agremiados continúan luchando para que les otorguen su registro oficial, pues las autoridades electorales les han dado largas.

Ello, agregó, por una supuesta revisión que no tiene lógica y que exigen las autoridades del IFE, alegando equivocadamente que “somos trabajadores de confianza y por ello nos niegan el registro para conformar el sindicato, lo cual es un error, porque somos empleados que parten de una base presupuestal, lo cual nos da derecho a sindicalizarnos”.


De acuerdo a Enrique Lira, los empleados del IFE sí quieren la representación sindical, y ello se ha externado en más de 14 estados, además de contar con 300 representaciones en todo el país y un padrón de más de 10 mil trabajadores que conforman este sindicato.

No obstante, reconoció que mucha gente tiene temor porque en fechas pasadas la autoridad circuló la versión que les habían negado el registro y que ellos son los que se van a hacer cargo de los problemas laborales.

“La autoridad difundió una política contra el sindicato y eso no se vale”, agregó el representante sindical.

Recordó que solicitaron el registro el 16 de octubre de 2004, y el 5 de febrero de 2005 el Tribunal Federal Electoral les indicó que no tienen derecho a sindicalizarse porque son empleados de confianza; sin embargo, advirtió que continuarán luchando por su registro.

Notimex

COMENTARIO. Qué bonito, el Consejo del IFE negándoles a los trabajadores con más experiencia y antiguedad en la institución el derecho a una pensión digna, esos que a pulso ganaron el prestigio que tenía el Instituto y la actual directiva se encargó de dinamitar, esa gente que trabajó jornadas de más de 16 horas para que se realizaran las elecciones sin percibir ni un solo centavo de tiempo extra, esa gente se irá a la calle cuando no tienen la culpa que el Consejo General echara a perder su trabajo. No les basta a los consejeros restregarles su ineptitud y opulencia en la cara, también quieren burlarse de ellos y sus derechos laborales; curiosa idea de la equidad tienen, no de balde los desprecian tanto los funcionarios de campo y salieron tan mal las elecciones pasadas, es lo que pasa cuando a una organización profesional la encabezan idiotas incompetentes.

Ellos por trabajar serán los que recibirán una patada en el trasero de parte de los consejeros que se autorizaron un bono de más de $400,000 por un pésimo y vergonzoso trabajo, pero para los profesionales del instituto desean que les toque un futuro de miseria, considerando que las empresas no quieren contratar personal mayor de 35 años, que tienen que conformarse con repartir pizzas y de cajeros en Gigante. Pero eso sí, Ugalde disfruta de su préstamo hipotecario mucho antes de que tuviera derecho a ello, emulando a su famoso padrino, y los funcionarios de alto nivel repartirán huesos entre sus allegados una vez saquen del camino a los profesionistas del IFE. Negándoles respeto y democracia a los trabajadores de la organización que supuestamente custodia la democracia para todos piensan que van a llegar muy lejos. Todavía tienen el descaro de pedir respeto a las instituciones, cínicos.

BLOGOTITLAN:EL MIEDO COMO TACTICA EN OAXACA

DE BLOGOTITLAN

EL MIEDO COMO TACTICA

Al militarizar el conflicto social en Oaxaca, la mafia en el poder valida el miedo como herramienta de presión.
EL MIEDO COMO TACTICA

La campaña del miedo que se usara durante la pasada elección presidencial, es usada ahora como táctica válida por el gobierno de la República para intimidar e inspirar miedo en la población de Oaxaca, en lo que es la militarización de un conflicto social.

Aviones Hércules del Ejército y helicópteros de la Armada sobrevolaron ayer viernes por la tarde el centro y la periferia de la ciudad de Oaxaca, mientras que se confirmó desde Huatulco el arribo de tanquetas, aviones y helicópteros, así como 15 camiones que transportaban tropas, que desemcaron en el apostadero militar de la bahía Hierba Santa.

En algo que semeja los usos y tácticas instaurados por los nazis el siglo pasado, movimientos de tropas y efectivos militares son usados como amenaza en contra de los opositores al régimen en el poder.

La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) se declaró en “alerta máxima”. Sus guardias lanzaron cohetones de alerta, y llamaron a sus miembros a concentrarse en el zócalo de la capital del estado.


Ahí, Florentino López Martínez, vocero de la APPO exhortó a los trabajadores del país para que ante cualquier acto represivo, reaccionen de manera inmediata y solidaria, paralizando empresas, cerrando carreteras, realizando marchas así como acudiendo a las embajadas para denunciar los hechos.

Por su parte, el representante de la Secretaría de Gobernación en la entidad, Francisco Yáñez, dijo en conversación telefónica a Omar Flavio Sosa, uno de los líderes de la APPO, que “sólo se trataba de vuelos de reconocimiento”, sin especificar cuál era el objetivo ulterior de dicho reconocimiento. Los vuelos de reconocimiento son usados en acciones militares en territorio enemigo, lo cual parece indicar que el gobierno de Vicente Fox ha decidido miltarizar un conflicto de origen social y político, cosa usual en regímes fascistas.

Analistas hacen notar la relevancia de la fecha escogida para tales movimientos militares, en vista de que conforme se agota el tiempo para la toma de posesión de Felipe Calderón, crece la oposición en todo el país en contra de lo que amplias mayorías consideran una imposición de los poderes fácticos sobre la voluntad popular. Los mismos expertos señalan que la fecha simbóilica del 2 de Octubre, pareciera no preocupar al llamado "gobierno del cambio".

ENTREVISTA A ROSARIO IBARRA EN TABASCO HOY

NOTA ORIGINAL

  • "Teme Senado sea yo una persecutora terrible": Ibarra
  • Se opone a que Rosario Ibarra presida Comisión de Derechos Humanos. No les conviene investigar la muerte de mi hijo, aduce.
Aunque no se puede saber que pasará con el próximo gobierno federal, la idea es que Felipe Calderón Hinojosa no tome posesión de la Presidencia de la República Mexicana, declaró la senadora y reconocida luchadora de izquierda, Rosario Ibarra de Piedra.

De visita en la entidad para apoyar la campaña de la coalición Por el Bien de Todos, Ibarra de Piedra dijo que todo lo que vaya a ocurrir con Calderón y el movimiento democrático dependerá de lo que todos los opositores al actual régimen estén dispuestos hacer porque saben que tienen el derecho de cambiar a los gobiernos.

"Vengo porque Andrés Manuel es mi amigo, me atrae su proyecto y espero que tengan el gobernador que elijan ustedes, para eso estamos aquí, venimos a luchar para que así sea", repitió doña Rosario.

Antes de su participación en el programa Doble Filo de Conexión 90.9 FM, Ibarra de Piedra no se atrevió adelantar escenarios para el sexenio entrante pero no dudó en calificar con un cero "bien redondo y subrayado" al gobierno de Vicente Fox Quesada.

Respecto a las resistencias que están habiendo en el Senado para que ella sea la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la ex abanderada de la Convención del Ejército Zapatista en 1994 y en el informe de Fox fue uno de los cientos de legisladores de oposición que al tomar la tribuna impidieron a Fox rendir su informe desde el pleno del Congreso, dijo no saber porqué no quieren que sea la encargada de ese organismo legislativo.

Explicó que el rechazo del PAN y PRI podría obedecer al temor de que como presidenta de esta Comisión actúe como si fuera de la inquisición, que "sea una persecutora terrible" o que se cree una comisión especial para investigar la desaparición de su hijo en 1975.

"No, esos no son todos los derechos humanos, me quieren circunscribir a eso nada más y luego nos saldrían con la creación de una comisión paralela, entonces a lo mejor estarían vetando todo lo que yo dijera".

Confesó que sí le gustaría ser la Presidenta de la citada Comisión legislativa cargo a través del cual se concretaría a buscar la justicia, justicia no solamente para ella sino para el pueblo de México en donde hay millones de agraviados.

Entre los principales temas que deben ser atendidos como parte de esa agenda están el de la salud, la desnutrición infantil, y el despojo de tierras a los campesinos, entre otros, anotó.

Por María Cristina de la Cruz
Villahermosa, Tabasco

MIGUEL BAZDRESCH PARADA: REALIDAD CRUDA

NOTA ORIGINAL MILENIO DIARIO

Conforme pasa el tiempo y se asimila el trauma electoral reaparece la realidad del país, de sus gentes, de los problemas, necesidades y demandas. Reaparece también una lucha sorda, a veces no percibida de manera completa, para significar la verdadera realidad del país, la situación cotidiana vivida y la valoración de ambas. Se dan valoraciones positivas, y otros, los más por cierto, tienen valoración negativa.

Por un lado, gobierno y ciertos actores económicos insisten en mostrar datos positivos: no hay inflación, crece la inversión nacional y extranjera, crece, poco pero crece, el ingreso de los hogares (visto en el promedio nacional), se mantiene la estabilidad, el empleo no crece al ritmo necesario pero tampoco decae y los gastos del gobierno se mantienen bajo control. Por otro lado, actores sociales en abrumadora mayoría sostienen y fundamentan datos poco agradables: la pobreza no cede, la educación, aunque crezca en números, decae en calidad; las instituciones de salud están en quiebra económica y moral; el sector financiero está en manos extranjeras y vive de la especulación y no del crédito, en fin, las formas de procesar los conflictos se estrechan y cada día la crispación acompaña a legítimas demandas y sus luchadores.

La situación nacional no tiene hoy el mismo significado para los mexicanos. No se trata de pequeñas diferencias ideológicas o de visiones exóticas de algunos, contrarias a la mayoría. Hoy existen países de significación diferentes y, a juzgar por los hechos, casi irreconciliables. Es un dato ominoso. Por ejemplo, ayer sábado, Público-Milenio (se anexa nota) da cuenta de la visita de la comisionada nacional para la atención de los pueblos indígenas a un poblado wixárrika en Jalisco. Ofreció carreteras y energía eléctrica. En cambio la comunidad pidió protección de los lugares sagrados de su cultura. ¿Ante qué estamos? Más allá del sencillo ejemplo, estamos ante una muestra del enorme desentendimiento acerca del país que vivimos. Modernidad contra solidez de la cultura primigenia. Un conflicto de significación no resuelto por revolucionarios, iglesias o políticos globales. Antagonismos semejantes salen al paso como caballos fogosos en cada rumbo de esta patria hoy segmentada: ciudadanos frente a políticos, el poder frente al servicio, víctimas frente a autoridades, globalidad frente a nacionalismo, imposición frente a participación.

Esta diferencia de significados de la realidad mexicana en actores reales hace cada vez más difícil un proyecto de país. Por eso, la prioridad es: construir una significación común de la realidad cruda mexicana.

VISITA DE XÓCHITL GÁLVEZ A LOS HUICHOLES

Xóchitl Gálvez voló a San Andrés Cohamiata para entregar 813 mil pesos para la ampliación del proyecto de ecoturismo Tateikie, un conjunto de cabañas que se inauguró en enero pasado, con el fin de generar recursos para la comunidad.

Ahí regañó a los que piensan que el uso de la tecnología se lleva mal con la conservación de la cultura: “Es una estupidez”. Y regañó a los que creen que la promulgación de las leyes de autodeterminación indígena fragmentarán al país: “Hace cinco años, un sector conservador decía que si se reconocía la autonomía México se iba a pulverizar […] Seguramente esos legisladores dicen: ‘¡Qué güeyes! Eso que decíamos no sucedió’.

Los huicholes, de naturaleza huraña, recibieron bien a la comisionada, le hicieron limpia y le hicieron fiesta. Ella les sugirió que propongan más proyectos, como el ecoturístico, para paliar su histórica pobreza. Ni necesitaba haberlo dicho. Cuando llegó, los wixarika ya tenían su lista de peticiones: la elevación a decreto de los sitios sagrados para ellos (ver recuadro aparte), y la construcción de una preparatoria con internado para jóvenes de los alrededores. Lo más seguro es que deberán aplazar esa petición para las siguientes autoridades federales.

De los que se van, la comisionada para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas dijo que el presupuesto de esa dependencia, antes el Instituto Nacional Indigenista, pasó de doce mil a 42 mil millones de pesos, que reconoció insuficientes: “Ojalá pasemos a cien mil”.

Presumió también la inversión de 60 millones de pesos para electrificar la zona. Una electrificación que a veces da luz y otras muchas tiembla: igual las avionetas en las que la funcionaria y su equipo llegaron y se fueron pronto de la sierra. ¡Estaban tan cerca de la civilización!


Sagrados, pero con decreto

Una comisión de huicholes de Durango, Nayarit y Jalisco aprovechó la presencia de Xóchitl Gálvez para pedirle a la comisionada que los sitios sagrados de esa etnia sean decretados como tales por el gobierno federal.


Hasta ahora, dijeron, el uso de los lugares tiene el estatus de convenio, que debe ser renovado cada que comienza una Administración. Esto ha provocado el robo de las ofrendas y la invasión de comerciantes.

Los huicholes creen que sus dioses emergieron al mundo desde cuatro lugares: Tatei Jara Mara, o la isla del Rey, en San Blas, Nayarit; Rapei Villame, o la isla de los Alacranes, de Chapala, Jalisco; Jau Ramanaca, o el cerro Gordo, en Durango, y Viricuta o Real de Catorce, en San Luis Potosí. Dos veces al año, los huicholes acuden a estos sitios sagrados a realizar ceremonias religiosas.

“No queremos quedarnos ahí. Lo único que queremos es que se nos permita depositar las ofrendas y que no se las roben”, explicó Juventino Carrillo de la Cruz, uno de los representantes de la Unión Wixarika de los Centros Ceremoniales.

ALAN ARIAS MARÍN: USA-MÉXICO: SEGURIDAD O NADA

NOTA ORIGINAL MILENIO DIARIO

El Congreso estadunidense ha votado (Senado: 65-34; Representantes: 253-168) la Ley de Comisiones Militares, materialización judicial extrema de la “guerra contra el terror”. El sentido de estos tribunales de excepción apunta una erosión del derecho humanitario internacional (desconocimiento parcial de los Acuerdos de Ginebra) y vulnera gravemente las libertades civiles y políticas, clave de los derechos humanos. Otorga un poder discrecional y secreto al presidente para determinar quiénes son los “combatientes enemigos” o “ilegales”, así como para decidir las técnicas de interrogación permisibles (pocito, hipotermia o privación de sueño como potencialmente aceptables).

El gobierno de Bush, débil pero con afanes electorales (noviembre 7), no sólo ha redefinido la agenda internacional bajo el criterio inapelable de la seguridad, sino que está a punto —falta el criterio de la Suprema Corte— del desmantelamiento regresivo, aplicando la prevención ofensiva (pre-emption no prevention) al ámbito local, de premisas del derecho occidental como el habeas corpus (ser presentado a un juez que resuelva la legalidad del arresto). Los tribunales normales sólo pueden intervenir hasta después del veredicto y las confesiones obtenidas mediante tratos inhumanos serán válidas si se las considera confiables. El esperpento jurídico autoritario significa, como la opinión liberal (y radical) estadunidense ha indicado, un golpe a la democracia americana y un daño a la libertad.

El sprint final legislativo se ha complementado con la aprobación (financiamiento parcial) de un “muro doble y virtual” en la frontera con México. Busca facilitar el control operativo de la frontera para garantizar seguridad, combatir al narco y el tráfico de personas —terroristas incluidos—. La reforma migratoria integral o compleja, anunciada por Bush e impulsada por los demócratas ha quedado para mejor ocasión.

La inefable política exterior de Fox termina patéticamente. No cabe el auto-engaño. Las disposiciones obedecen a la ineficacia reiterada del gobierno mexicano en la lucha contra el crimen organizado (patente en la frontera) y para afrontar el alto riesgo a la seguridad americana derivado de la vinculación entre el narco (logística y capacidad militar notables) con los traficantes de personas.

Constantemente los estadunidenses han advertido al gobierno de su omisión. No cabe victimizar al país mediante el uso demagógico de los migrantes mexicanos —sin olvido de la discriminación real— y el recurso al desgastado nacionalismo, habituales en el discurso gubernamental. Calderón tiene que estudiar y asumir la cuestión, evitar el debilitamiento creciente del Estado y, así, paliar la subordinación al gobierno de Washington. ¿Puede?

PR ULTIMO ESTA NOTA DE LOS "LITIGANTES DEL NARCO" CON EL JEFE DIEGO LA COYOTA

TRAIDO DE PROCESO:

Litigantes del narco
Ricardo Ravelo

No cualquiera se atreve a defender a los narcotraficantes. Los que lo hacen, hombres y mujeres, son abogados que viven en el peligro, que se mueven en el universo criminal y personal de los que trafican con drogas. De esto trata el libro Los narcoabogados, del periodista Ricardo Ravelo, que la editorial Grijalbo pondrá en circulación esta semana. En él relata la historia de abogados famosos como Gustavo Salazar, defensor de Pablo Escobar; Diego Fernández de Cevallos y su relación con presuntos socios del cártel de Juárez, y Raquenel Villanueva, defensora de la organización de Juan García Ábrego, entre otros. Con autorización de la editorial y del autor, reproducimos el capítulo “El sospechoso Diego”, así como partes sustanciales de “La abogada del narco” y “Así soy”.

El sospechoso Diego



A finales de 1996, el abogado y excandidato presidencial Diego Fernández de Cevallos se vio envuelto en un escándalo de dimensiones mayores: se le vinculó con el cártel de Juárez, encabezado entonces por Amado Carrillo Fuentes.

En aquella ocasión, una investigación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) confirmaba que el banco Anáhuac tenía inversiones del narcotráfico y que el dinero provenía de la organización criminal encabezada por El Señor de los Cielos. El involucramiento del cártel de Juárez en operaciones financieras en esa institución bancaria salpicó por igual a empresarios, políticos y abogados, como Rodolfo Zedillo Ponce de León o los familiares del expresidente Miguel de la Madrid, su hijo Federico y su sobrino Jorge Hurtado Horcasitas, a quienes la PGR consideró como los principales estrategas de la cesión del banco Anáhuac al cártel de Carrillo Fuentes.

En este complejo entramado de presunto lavado de dinero del narcotráfico apareció vinculado Jorge Fernando Bastida Gallardo, un personaje que creció a la sombra del occiso líder de la CTM Leonardo Rodríguez Alcaine; este individuo se presentaba en todas partes con su credencial de identificación más atractiva: la de empresario e inversionista, pero según las autoridades judiciales y hacendarias de entonces, en realidad era el principal lavador de dinero de su consuegro, Amado Carrillo, el capo que había llegado a la cúspide del poder en el cártel de Juárez mediante una traición: asesinando a su amigo y socio Rafael Aguilar Guajardo.

Bastida Gallardo y Rodolfo Zedillo se unieron en un proyecto para la construcción de un hotel en la Zona Rosa, en el que su presunto socio estaba dispuesto a invertir 9 millones de dólares. Pero la operación se deshizo y el contrato no se firmó, según aclaró tiempo después Zedillo, quien durante el sexenio de su hermano Ernesto se convirtió en uno de los más prósperos empresarios de la construcción. No había gobernador priista que se negara a otorgarle un contrato, y así, mediante esas amplias relaciones políticas y financieras, amasó una cuantiosa fortuna.

En dicho proyecto también estaría implicado Rodríguez Alcaine, quien tenía una estrecha relación con Bastida Gallardo: ambos eran miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores Electricistas, donde se dedicaban a realizar negocios y a obtener jugosos contratos de obras que les dejaban ganancias millonarias.

El sindicato y los negocios que fluían alrededor constituían un verdadero botín, de ahí su aferramiento al poder sindical.

Pero el negocio principal era, de acuerdo con la información de ese expediente criminal, el lavado de dinero. El banco Anáhuac era el instrumento ideal para «blanquear» las presuntas ganancias del narcotráfico. Para ello, Bastida Gallardo se asoció con otros personajes, como Juan Zepeda y los familiares del expresidente De La Madrid. Tiempo después, dentro de un proyecto de construcción de un hotel, se descubrió que Rodolfo Zedillo también estaba relacionado con Bastida Gallardo.

El 4 de noviembre de 1996, quedó formalmente constituida la sociedad: se invirtieron 10 millones de dólares y este grupo político y financiero tomó así el control del Grupo Corporativo Anáhuac. De acuerdo con la información de la PGR, por lo menos el dinero invertido por Bastida Gallardo provenía del cártel de Juárez. Otra parte habría sido producto de un presunto fraude al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Toda esta operación salió a relucir tras el escándalo que estalló por la intervención del banco Anáhuac, debido a que uno de los socios de esa institución, José Sánchez Pizzini (cuya fortuna, se dijo, formaría parte de la compra del paquete de acciones que había adquirido en su nueva empresa), era investigado por un millonario fraude con recursos del IMSS.

El escándalo estalló a finales de 1996, y como consecuencia del fraude con recursos del IMSS, el grupo Anáhuac fue intervenido por la CNBV. El grupo financiero requería un defensor de peso completo y lo encontró en Diego Fernández de Cevallos, el influyente abogado del PAN. Por su parte, Jorge Fernando Bastida Gallardo requirió la misma asistencia legal para enfrentar las múltiples acusaciones en su contra.

El consuegro de Carrillo Fuentes realizó dos pagos al defensor del banco Anahuac, presuntamente por los servicios contratados, por 995 mil pesos y 2 millones de pesos, respectivamente, que fueron cubiertos con los cheques 76859 y 76860, a nombre de Fernández de Cevallos. El dinero, se dijo entonces, era del narcotráfico.

El descubrimiento de estos movimientos financieros pronto colocó a Fernández de Cevallos en el centro de la sospecha. En medio del enredo financiero, derivado de las turbias relaciones de los compradores del banco, el controvertido Jefe Diego –famoso por utilizar su influyentismo para atraer y ganar casos difíciles en el mundo legal– argumentó que nada tenía que ver con el narcotráfico. Y rápido pretendió desligarse del embrollo con el siguiente alegato: “A mí me solicitaron una intervención a favor de un grupo financiero, no de una persona física”. En su explicación dijo ignorar si existían o no nexos entre Bastida Gallardo y otra persona implicada en actividades delictivas. En ese tiempo, aseguró que el Grupo Anáhuac “no tuvo ni tiene una responsabilidad al respecto y desconozco cualquier acción o conducta que implique lavado de dinero o narcotráfico”. Y con respecto a los cheques firmados por quien las autoridades consideraban operador de Amado Carrillo, dijo en una entrevista: “Lo relativo a mis ingresos le corresponde al fisco, y sobre ese particular no tengo nada que informar. Ni si recibí ni si no recibo ni quién expide un cheque ni en dónde se deposita…”. Sobrexcitado, gritó: “Sobre mis ingresos, repito, sólo le reporto al fisco, ni a mi mujer…”.

A principios de julio de 1997, el capo Amado Carrillo Fuentes echó a andar un plan largamente maquinado para cambiar su aspecto físico. El cártel de Juárez y buena parte de sus ramificaciones se habían instalado en Chile y otros países de Sudamérica.

Después de varios meses de estancia en varias naciones sudamericanas, Carrillo Fuentes viajó a México sin avisarle a nadie (salvo a sus familiares más cercanos) de lo que pretendía hacer a su llegada. El plan consistía en someterse a una cirugía plástica y liposucción en el hospital Santa Mónica de la Ciudad de México, con el fin de cambiar su fisonomía.

La operación se llevó a cabo bajo la coordinación del doctor Ramón Pedro López Saucedo, jefe de Cirugía Plástica del mencionado nosocomio. La intervención había resultado un éxito. El capo se recuperaba lentamente, pero una sobredosis de Dormicum, suministrada presuntamente por un médico de guardia y sin la autorización del doctor responsable del paciente, terminó con la vida de uno de los narcotraficantes más poderosos de México.

Se sabe que en dicha clínica ya había sido intervenido, con el mismo fin, Vicente Carrillo, actual jefe del cártel de Juárez.

Otros miembros de esa organización, como Ismael Zambada, El Mayo, también cambiaron su fisonomía: de ser de cara redonda y gordo, Zambada aparece ahora en fotografías en poder de la PGR con el rostro afilado, sin bigote y sin las redondas mejillas que lo hacían ver mofletudo y regordete.

Horas más tarde, empezaba a correr la noticia sobre la muerte del capo, pero no era posible confirmarlo. La PGR, a través de sus múltiples conexiones, comenzó a rastrear el cuerpo de Carrillo Fuentes para confirmar su muerte, pues podría tratarse de una argucia, de un plan bien maquinado para desaparecer y no ser molestado. Hurgaron en varios hospitales, pero no encontraban pistas, hasta que por fin comenzaron a buscar el cadáver en las funerarias.

La PGR se enteró que El Señor de los Cielos estaba siendo velado en la funeraria Juan García López, localizada en la colonia Juárez, bajo el nombre de Antonio Flores Montes. Cuando los agentes ingresaron para constatar la identidad del muerto, tuvieron problemas para ver el cuerpo. Bajo otra identidad y totalmente cambiada su fisonomía, el cadáver del capo yacía postrado en el féretro, envuelto en su mortaja. Los familiares negaron el acceso a los agentes federales. Horas más tarde de aquel 4 de julio de 1997, elementos de la DEA se dispersaron por todas partes.

Ellos confirmarían, antes que la PGR, el fallecimiento del narcotraficante, y se adelantarían, como siempre ocurre, a dar la noticia. La PGR lo hizo días después, luego de una larga y agotadora búsqueda que llevó a los investigadores a confrontarse con los familiares del occiso, tanto en la Ciudad de México como en Culiacán, Sinaloa, adonde fue llevado al velatorio San Martín.

El negocio y los dueños de la funeraria «Juan García López» fueron sometidos a investigación por parte de la PGR. Cuando el fiscal Mariano Herrán Salvatti intentó cuestionar a los propietarios, también se negaron a dar información sobre el personaje fallecido. Todo era un misterio. Sin rodeos, dijeron a los agentes de la PGR:

–Nosotros no estamos autorizados a dar información. La funeraria es un negocio abierto para quien solicita el servicio. La persona que está siendo velada responde al nombre que ustedes pueden ver en la pizarra. Fue traído hace algunas horas. Si quieren más datos, hablen con nuestro representante legal.

–¿Quién es su representante legal? –preguntó uno de los altos mandos de la PGR.

–El licenciado Diego Fernández de Cevallos.



NOTA:Mira que coyota tan canija,hasta representa funerarias RARAS,que buenos panistas,y lo peor es que este malandrin era posible presidente de Mexico,de la que nos salvamos carajos.

LLEGA POR MI MADRE BOHEMIOS DE MONSIVAIS

DE PROCESO:

PARA REPRIMIR, OPRIMIR Y COMPRIMIR NUESTRO OPTIMISMO
POR MI MADRE, BOHEMIOS

Sección no muy ocasional “Si no se convencen por las buenas, ya no les regalaremos libros de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, Luis Pazos y Vicente Fox (que se dedicará a escribir)”.

1

SI TODOS LOS PROBLEMAS FUERAN DE TAN FÁCIL SOLUCIÓN (“QUÉDENSE QUIETOS QUE AHÍ LES VOY”), MÉXICO SERÍA UN PUEBLO DE CHIQUIPARALÍTICOS Y CHIQUINVALIDAS

“No necesitan hacer esa larga caminata… podemos platicar donde ellos gusten… los chiquillos y chiquillas no tienen por qué pagar las consecuencias de los desacuerdos entre políticos”. (Pues entonces, Muy Señor Mío, acuérdese de pedirle la renuncia al gober Ulises.)

Presidente Vicente Fox, al mencionar a los cinco mil manifestantes de la APPO de Oaxaca en caminata a la Ciudad de México. Nota de Cristóbal García, La Jornada, 23 de septiembre de 2006.

2

UNA PROPUESTA: DIGAN QUE ESOS DELITOS SON LOCALES Y ENTONCES SÍ SE ALARMA LA FEDERACIÓN.

“Hemos asumido nuestras responsabilidades, pero hay delitos de orden federal que se están cometiendo; esperamos una respuesta de la federación, pero si no, vamos a evaluar otras alternativas.”

Gobernador Ulises Ruiz, mientras espera que le devuelvan su estado, al parecer de vacaciones en Vallarta, al lanzar su ultimátum contra las protestas de la APPO. Nota de Octavio Vélez y Fabiola Martínez, La Jornada, 24 de septiembre de 2006.

3

LAS PENAS CON MÁS SON MENOS

“Nunca estuvo en la mesa del presidente Fox el asunto de la cabeza del gobernador. (Y no es porque no cupiera, sino por buen gusto elemental. El sic en la Guelaguetza) El presidente Fox ha sido muy claro en ese sentido: no quita ni pone gobernadores. (Incluso, en su propio caso, ni quita ni pone gobierno. La R.) Yo creo que quienes ponen autoridades son los electores… (Pregúntele al IFE y al Tribunal Electoral y se orienta. La R.) Yo no acepto el planteamiento (de renuncia) de un grupo minoritario que no es mayoritario (¡Oh! Dioses del sic, si lo minoritario no es mayoritario, ¿en dónde quedaron las matemáticas?), que no representa los intereses del pueblo de Oaxaca, que es sólo una parte de la población, valiosa, que yo reconozco, pero que no puede decidir la caída o la entrada de algún gobernador. (Si esa parte valiosa de la población le pide que se quede, no le haga caso, quieren jugar con su voluntad de darse a conocer. La R.) Para eso es el voto popular y tenemos que respetar a las instituciones.”

Gobernador (???) de Oaxaca Ulises Ruiz, al comentar su provechoso encuentro dialéctico con Fox. Entrevista en El Cristal con que se mira, Televisa, 26 de septiembre de 2006.

4

TAN NO SÉ NADA QUE NO ME ACUERDO DE LO QUE TAL VEZ DIRÉ SIN DARME CUENTA

“–Cuando usted habla de grupos guerrilleros, ¿específicamente, quiénes? ¿Tienen identificados?

–No, yo no soy, soy diputado, no trabajo en inteligencia. (Use bien los adverbios, señor. Se dice: “No trabajo con inteligencia”.) Seguramente Gobernación sí sabrá.

–¿Pero para hablar de grupos guerrilleros debe saber de quiénes están hablando?

–Yo supongo que debe de haber vinculación, no determiné tajantemente”. (¿Vinculación entre quienes? ¿Qué determinó? ¿Está seguro de estar de pie mientras nada en el océano?)

Señor Bulmaro Rito Salinas, presidente del Congreso de Oaxaca, en simposio de pasillo en la Secretaría de Gobernación. Versión estenográfica, 26 de septiembre de 2006.

SECCIÓN “CAÍN ES SIEMPRE EL GOBERNANTE SALIENTE, ABEL, SU FRATERNO RELEVO”

5

“NO HAY FOX”, DIJO EL BLASFEMO, Y SI JEHOVÁ NO LO CALCINÓ EN EL ACTO ES PORQUE SE ESTÁ QUEDANDO SORDO

“El foxismo es una suerte de amateurismo político que le costó mucho al PAN y al país. Las frivolidades alrededor de eso no van a durar y el foxismo se diluirá, inmediatamente, el 1 de diciembre.” (¡Al fin solos!)

Señor Germán Martínez Cázares, del grupo compacto de Felipe Calderón. Entrevista con Álvaro Delgado, Proceso, 24 de septiembre de 2006.

6

PUEDEN RESPIRAR CON MALEDICENCIA, TOSER CON RENCOR SOCIAL Y ESTORNUDAR PARA INHIBIR EL APOYO AL REGIMEN, PERO HASTA ALLÍ

“Los asistentes deben tener respeto: queda estrictamente prohibido a los manifestantes hacer uso de la voz en este recinto.”

Señor Gerardo de los Cobos Silva, legislador local del PAN de Guanajuato al intentar detener los gritos contra Felipe Calderón en la toma de protesta del nuevo gobernador. Nota de Martín Diego Rodríguez, La Jornada, 27 de septiembre de 2006.

7

AUNQUE TAMPOCO LOS DISCURSOS, AUNQUE SEAN MUY INCONEXOS, GOBIERNAN, Y VA UNA COSA POR OTRA (FOXILANDIA, TIERRA SOÑADA POR MÍ)

“Los discursos no derrocan a nadie.”

Vocero de Fox, Rubén Aguilar, al minimizar el impacto de las críticas del PRD y el Frente Amplio Progresista. Nota de Rosa Elvira Vargas, La Jornada, 22 de septiembre de 2006.

SECCIÓN “NO PEQUÉIS PARA NO SER BECADOS”

8

ANTES EN LA BUENA ÉPOCA, HABÍA UN PIZARRÓN JUNTO A LOS CONFESIONARIOS DONDE SE ANOTABA EL MARCADOR DE LOS PECADOS, LA LIGA DE LOS VENIALES, LA LIGA DE LOS MORTALES, ETCÉTERA...

“La Arquidiócesis de México descarta la posibilidad de que existan estudios serios sobre el comportamiento sexual de los sacerdotes, pues ni en los confesionarios de las parroquias se elaboran estadísticas. (Y uno que pensaba en el INEGI metafísico de los templos, la R.) Mucho menos realista resulta que un grupo de ‘académicos’ haya realizado su supuesto estudio de campo en parroquias rurales, sobre cuestiones de índole privada y que, por lo demás, atañe al secreto de confesión y a la promesa de celibato que voluntariamente hace cada clérigo”. (Perdone, su eminencia, pero el secreto de las encuestas es muy distinto al de confesión. Como ya se ha visto, los resultados nunca se dan a conocer.)

Presbítero Hugo Valdemar Romero, director general de Comunicación Social de la Arquidiócesis de México, al menospreciar la nota sobre las denuncias de jóvenes de cinco estados que involucran en casos de pederastia a más de 30% de los 13 mil sacerdotes del país. Carta enviada a El Correo Ilustrado, La Jornada, 27 de septiembre de 2006.

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NO COMMENT (LA ABSOLUCIÓN DE LOS SUBTÍTULOS)

“Los niños (de las parroquias) no están en riesgo porque ya se ha mejorado; el padre está mejor (el cura Alejandro Cervantes, encarcelado por pederasta, que al salir de la cárcel oficia en otra región).

–¿Le sirvieron los ejercicios espirituales?

–Y también la cárcel. Todavía está en proceso (de curarse).”

Obispo de Aguascalientes Ramón Godínez. Nota de Manuel Appendini, Reforma, 26 de septiembre de 2006.

SECCIÓN “BIENAVENTURADOS LOS QUE SE CALLAN POR PRECAUCIÓN, PORQUE TODAVÍA NO SE INTERCEPTAN LOS MENSAJES DEL CORAZÓN”

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Y CONSTE QUE CUMPLO CON LA LEY, PORQUE YA LE ADVERTÍ: “MIRA PINCHE LEY, PONTE A MANO CONMIGO O TE JODO CABRONA, TE SACO DE TU CÓDIGO O DE TU CONSTITUCIÓN Y TE PONGO A BARRER”

“¡Yo no quiero ver camionetas de ustedes, una que sea, con propaganda de Raúl Ojeda! Prefiero verlas sin propaganda. Así de fácil: mejor que no le pongan nada. No los voy a obligar a que le pongan propaganda del Chelo, así de plano. Si yo llego a ver una propaganda, una camioneta o un vehículo con propaganda del PRD lo voy a encerrar… Legalmente, les hablo derecho, lo único que puedo hacer es poner una multa de 3 mil 500 pesos, pero lo voy a encerrar. Puedo condonarle la multa, pero cuatro o cinco veces sí se lo avienta en el corralón hasta que pase a hablar conmigo. Así le he hecho a los taxistas y ahí van desapareciendo uno a uno la propaganda. Son bastantes y les he dicho derecho: ¿por qué me detienen? Porque traes propaganda del PRD. Mejor no traigas nada, prefiero que no traigas nada, porque no se vale.”

Priista José del Carmen Rodríguez Nares, subsecretario de Transporte, Tránsito y Vialidad de Tabasco, durante una reunión con transportistas el 19 de agosto. Grabación difundida por Carmen Aristegui, Hoy por Hoy, W Radio, 26 de septiembre de 2006.

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SI ME EMPUJAS, TE EMPUJO; SI ME MIRAS FEO, TE CALCINO CON LA MIRADA; SI ME SACAS LA LENGUA, TE DECLARO CANDIDATO A SER EL NUEVO DON BELISARIO DOMÍNGUEZ

“¿Quieren que rompamos? Rompemos. ¿Por qué nos pegan a nosotros? Hemos actuado de manera civilizada, pero si quieren sacamos los acuerdos con el PRD y se acabó. Si insisten en golpearnos, también sabemos ser oposición”

Diputado Emilio Gamboa Patrón, coordinador de la bancada del PRI, al reclamarle a su homólogo panista Héctor Larios las críticas contra su partido. Nota de Claudia Guerrero y Emiliano Ruiz, Reforma, 22 de septiembre de 2006.

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¿SABES QUÉ? YA NO ME SÉ MÁS PALABRAS JODIDÍSIMAS Y ESTOY MUDO, CABRÓN. ¿SABES QUÉ? PAGO 10 MIL PESOS POR CADA TÉRMINO QUE SUENE PINCHE. QUÉ BUENA ONDA, ¿SABES QUÉ?

“KN: Bueno, yo te traigo al cabrón más grande que hay pa’eso, al cabrón que filma más películas. Si se arregla eso, yo te lo traigo…

“JH: ¿Sí le entrarías?

“KN: Yo te lo traigo. Es un productor de Estados Unidos que se llama Elie Samaha. Él me lo pidió y yo le dije: ‘no, ¿sabes qué? Chinga a tu madre’, ni caso le hice, fíjate.”

Señor Kamel Nacif, El Rey de las Grabaciones Inolvidables, en transacción con el (entonces) gobernador de Quintana Roo Joaquín Hendricks. Nota de Blanche Petrich, La Jornada, 22 de septiembre de 2006.

SECCIÓN “HUEVO POR HUEVO”

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EL TONO Y EL GRADO, LOS NUEVOS MISTERIOS

“–¿Sí te sentarías a hablar con (Hugo) Chávez?

–Más que con Chávez con el jefe de Estado que representa a los venezolanos que es él. (Entonces con Chávez. El sic, que sólo puede citarse a sí mismo). Insisto en eso porque para mí no es un asunto de personalidades, sino de investidura. (Pero las investiduras hablan poco o de plano son mudas. La R.) Sé que para México es importante tener relaciones constructivas con todos. La respuesta entonces es sí. (¿Pero con Chávez, con el jefe de Estado o con la investidura? La R., que triangula.)

–¿Lo invitarías a la toma de posesión?

–No lo sé, no lo sé, todavía no hemos definido eso. (¿Qué no han definido: la investidura, la personalidad, la toma de posesión o la respuesta? El sic que se cita solo.) Tengo que hacerlo acorde con la cancillería y dependerá desde luego del tono y el grado en el que se encuentren las relaciones entre nuestros dos países… (El tono de México suele ser grave y rasposo. La R.)

–Felipe Calderón, el otro día tiraron huevazos en tu visita a Torreón, ¿A esos huevazos, huevazos?

–Eh, algo hay de eso (paréntesis para darle tiempo al declarante de arrepentirse). La verdad es que no. La verdad es que no contestaremos a la violencia, no es la primera vez ni será la última, ya es una práctica recurrente de ciertos sectores y grupos del perredismo que acuden a estas expresiones violentas, Joaquín, son expresiones violentas. (¿Será que cada yema y cada clara son ojivas nucleares?, la R., por el desarme a huevo.) Aquí debo ser muy puntual, no quiero generalizar, no voy a etiquetar a todo el perredismo de violento, se me ha señalado por ello y quiero ser cuidadoso, pero evidentemente son actitudes violentas donde realmente es el propio PRD, porque la agresión de unos cuantos, pues inmediatamente impacta en la imagen de todos (así que termina generalizando, y muy en serio. ¿Quién lo entiende? La R.). Creo que quien ha perdido en la medida que se va acrecentando esta imagen y estos gestos de violencia y de intolerancia ha sido el propio PRD”. (Para ser tan puntual, se le olvidó que los fraudes electorales a lo mejor les parecen violentos a otras personas, que no quieren etiquetar a todo el PAN como apéndice del SNTE.)

Presidente electo del IFE y el Tribunal Electoral Felipe Calderón en diálogo con Joaquín López Dóriga, Radio Fórmula, 25 de septiembre de 2006.

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PUES QUÉ GENEROSO QUE NOS INFORMA DE LA TRANQUILIDAD DE CONCIENCIA DE SUS HIJASTROS

“No tenemos por qué irnos fuera, no tenemos nada que ocultar, no tenemos nada de qué avergonzarnos, hemos trabajado poniendo lo mejor de nosotros mismos, haciendo nuestro máximo esfuerzo.”

Presidente Vicente Fox. Nota de José Luis Ruiz, El Universal, 26 de septiembre de 2006.

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¡AY, HIJO! ¡QUÉ BUENO! ME QUITAS UN PESO DE ENCIMA, TU AMIGO ES PEDERASTA, NO PERREDISTA

“Ahora (los del PRD) vuelven a sacar (la denuncia contra Norberto Rivera por encubridor del cura Nicólas Aguilar) porque el cardenal firmó, con todos los obispos del país, una manifestación dirigida a los cristianos donde se dice que tenemos que vivir unidos y apoyar la decisión del Trife… (Al César lo que no fue del César. La R.)

“Perdóneme, pero se trata de hacer mucho escándalo, la nota amarillista es muy grande, y desgraciadamente nuestros medios de comunicación son amarillistas. Un pederasta jamás debería ser sacerdote, pero desgraciadamente se cuelan.”

Obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda. Nota de Francisco Ortiz, Reforma, 25 de septiembre de 2006.

Vale por fast track al paraíso: CM. Selección de textos: JV.

GRANADOS CHAPA EN PROCESO:OAXACA EN VILO

Oaxaca en vilo
Miguel Ángel Granados Chapa

La mayor parte de los integrantes de la Sección 22 del sindicato magisterial, alrededor de 50 mil de los casi 70 mil que la integran, perseveraron esta semana, la última de septiembre, en su demanda de que se marche el gobernador Ulises Ruiz. El 22 de mayo suspendieron sus labores en lo que parecía la habitual exigencia salarial que cada año llevaba a algunos de sus efectivos a las calles principales de Oaxaca (y a veces a la Ciudad de México). Pero el 14 de junio, el torpe intento de la policía local de desalojar el Centro Histórico de la capital oaxaqueña imprimió a la movilización magisterial un nuevo giro. Al compás de la naciente Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, los maestros dejaron de lado su demanda de ser ubicados en una zona económica que les permita mayor remuneración, e hicieron suya la de la APPO, la destitución del gobernador.

Éste, sin embargo, se ha aferrado a un cargo al que llegó tras una breve carrera situada en la medianía. A partir de 1992, apenas fue diputado local, federal y senador, así como dirigente estatal del PRI y delegado de ese partido en varias entidades. Amigo cercano y colaborador de Roberto Madrazo, el infortunio del tabasqueño se refleja y reflejará en el de Ruiz Ortiz.

Durante más de 100 días el gobierno federal soslayó el conflicto oaxaqueño, como si no le concerniera, siendo que la original demanda salarial compete a las secretarías de Educación y de Hacienda, y que buena parte de la ingobernabilidad posterior se concretó en situaciones a que la Federación no puede ser ajena, como el bloqueo de vías de comunicación y la toma de emisoras de radio y televisión regidas por legislación de ese mismo ámbito. Cuando a comienzos de septiembre la Secretaría de Gobernación comenzó a enfrentar realmente, con el propio titular Carlos Abascal en la mesa de negociación, la desestabilización política, traducida en quebranto educativo y económico y en crisis de la seguridad pública, había dejado a Oaxaca en un callejón con sólo dos salidas, el empleo de la fuerza pública federal para combatir a los impugnadores del gobernador y mantenerlo en el cargo, o el retiro del gobernador.

Ruiz se ha sostenido hasta el final de septiembre merced al acuerdo no escrito pero practicado en diversos ámbitos, entre el PAN y el PRI, que aquel partido requiere para gobernar, ante el desafío que le impone la resistencia civil pacífica de Andrés Manuel López Obrador. Conforme pasa el tiempo, y ante la abulia o ineficacia del gobierno de Fox, el que lo reemplazará ha tenido que imponerse a la situación para encararla. De la oficina de Felipe Calderón surgió la información de que se había pedido a Fox resolver ese conflicto antes de concluir su gobierno, a lo que el presidente Fox contestó no haber recibido una solicitud de tal naturaleza. Por lo tanto, Calderón empezó a tomar el asunto en sus manos. Recibió a un grupo de oaxaqueños para delinear su propio plan de acción que, en rigor estricto, es el que debería ponerse en práctica, toda vez que las secuelas del conflicto, o el conflicto mismo, estarán vigentes en sus días de gobierno.

Para infortunio de Ruiz, en ese mecanismo de consulta la voz principal es la del ahora diputado panista, su antecesor en la gubernatura, Diódoro Carrasco. Apenas entregó éste el gobierno estatal a José Murat, entre ambos se abrió una brecha que se convirtió en abismo, y que se ahondó todavía más con Ruiz. Enfrentados en diversos ámbitos, la querella llegó al extremo de que una persona muy próxima a Carrasco, su antiguo secretario particular, y subsecretario de Gobernación, Gabino Cué, terminó siendo el antagonista de Ruiz (y por ende de Murat) en la elección para gobernador en 2004. Carrasco, por su parte, renunció al PRI en abril pasado y en julio fue elegido bajo la bandera panista. La visión que Carrasco tiene del actual conflicto está preñada por sus propios intereses, lastimados por la arbitrariedad de Murat y Ruiz, y esa es la visión que puede prevalecer. El ahora diputado arguye, con razón, que es desproporcionado entregar el destino de los oaxaqueños en aras de un arreglo político entre el PAN y el PRI para la gobernabilidad general del país, y se manifiesta a favor de revisar el acuerdo para no hacer pagar enormes costos a Oaxaca en función de ese pacto.

El uso de la fuerza pública, si bien no se ha descartado y puede consumarse de un momento a otro, es repudiado o desaconsejado casi universalmente, por su alto costo político y la incertidumbre de su eficacia. Más todavía, hay certeza de lo contrario: la intervención policiaca o militar, por más gradual que sea, por más que se iniciara con la fórmula de la presencia disuasiva meramente, puede sólo ser acicate para fricciones que estallen en encaramientos. No resuelve ya no digamos los problemas estructurales de fondo (la obsolescencia de las relaciones políticas impuestas desde el poder), sino ni siquiera los coyunturales. El camino más corto, en consecuencia, para lograr la distensión y el desarrollo de la lucha civil por otros medios, consiste en que Ruiz se retire.

Para hacerlo puede echar mano de alguno de los tres mecanismos previstos por la Constitución local. El primero y más sencillo, aunque el menos generador de credibilidad, es el de faltar temporalmente, hasta por 30 días, lapso en que lo sustituiría el secretario de Gobierno. Después del ataque policiaco de junio, el anterior ocupante de ese cargo, Jorge Franco (diputado e hijo del senador de mismo nombre, suplente de Ruiz) fue remplazado por Heliodoro Díaz Escárraga, que había adquirido notoriedad al presidir el Congreso y dar respuesta al quinto informe del presidente Fox, el último que pudo presentar conforme al rito ya periclitado. Su designación pareció hecha para que protagonizara este mecanismo, en que los permisos pueden ser renovados una y otra vez.

Igualmente puede Ruiz pedir licencia hasta por seis meses. Este género de falta temporal obliga a la Legislatura a nombrar un gobernador interino que rija durante ese lapso. La tercera posibilidad es que la licencia sea solicitada por un período mayor de seis meses, caso en que el interino designado para cubrir la vancante está obligado a convocar a elecciones para que el elegido complete el sexenio 2004-2010.

Ese es el menú. El único espacio en que Ruiz puede moverse es este que le otorga libertad para escoger cuál de esas tres fórmulas le es menos lesiva y, al mismo tiempo, es la que genera confianza entre la amplia porción de la sociedad que lo malquiere. l

DE PROCESO 2 NOTAS DEL CONFLICTO DE OAXACA

En el camino, con ellos...
Rodrigo Vera

“¡Esta marcha va a llegar al Distrito Federal…!”. Es la voz, a veces desesperada, de los integrantes de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO) que caminan desde esa entidad a la Ciudad de México. Hombres adultos, jóvenes, mujeres, arrastran los pies junto a su decisión inquebrantable de llegar a la capital del país y armar un plantón ante el Senado que no levantarán, dicen, hasta que se anuncie la caída del gobernador Ulises Ruiz. Proceso los ha acompañado de kilómetro en kilómetro, de poblado en poblado…

ACATLÁN, PUE.- “Ojalá y no nos pase nada en el camino. Pueden tendernos un cerco policiaco que nos impida llegar a la Ciudad de México”, comenta preocupada Josefina Martínez, quien encabeza la caravana de aproximadamente 5 mil manifestantes que, el pasado 22 de septiembre, partió de la ciudad de Oaxaca rumbo al Distrito Federal.

Josefina porta una enorme bandera de México. Es la “abanderada” de la “escolta”. Tras ella se extiende la abigarrada hilera de marchistas que, por un carril de la carretera, abarca casi un kilómetro de longitud.

Esposa del viejo luchador social oaxaqueño Felipe Martínez Soriano, doña Josefina se quita su ancho sombrero de palma que la protege del sol. Se planta con voz enérgica:

“¡Míreme aquí! Tengo seis hijos, 12 nietos y un bisnieto, y aún sigo en la lucha. Toda mi vida ha sido de lucha, desde que era novia de Felipe. Juntos participamos en el movimiento de los médicos, en la lucha magisterial de Othón Salazar de los años cincuenta… en tantas demandas populares.

“Mi esposo estuvo preso durante nueve años. Se le acusó de guerrillero y de tantas cosas. Y yo viví exiliada en Francia durante más de tres años. Esa ha sido mi vida. Ahora participé en la creación de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO) porque queremos cambiar las condiciones de miseria y de injusticia que padece nuestro estado.”

–¿Qué pretenden con esta marcha?

–Llegar a la Ciudad de México y plantarnos en el Senado, para ver si así toma en cuenta nuestra demanda: quitar a Ulises Ruiz de la gubernatura de Oaxaca; ese es nuestro objetivo inmediato.

La maestra Etelbina Morales Félix –de la escuela primaria España, de la ciudad de Oaxaca– también lleva muchos años de participar en este tipo de movilizaciones. Chaparrita, enjuta, apoya a doña Josefina en llevar extendida la bandera a lo largo de los casi 500 kilómetros que separan a Oaxaca de la Ciudad de México.

“A esta bandera le tenemos mucho cariño. Es nuestro símbolo de lucha. Encabezó dos marchas anteriores, en los ochenta y en los noventa, que hicimos a la Ciudad de México”, dice ufana la maestra Etelbina, mientras acaricia la seda de la enseña.

Atrás se escuchan los coros de los manifestantes del magisterio y de la APPO: “¡Esta marcha va a llegar al Distrito Federal!... ¡Esta marcha va a llegar al Distrito Federal!...”.

Una camioneta Pick up de color blanco va hasta adelante. Carga unas enormes bocinas por medio de las cuales se anima a los marchistas para que continúen su caminata. “¡Vamos a hacer una ola para que no decaiga el ánimo!”. De ahí salen –todo el día– arengas contra Ulises Ruiz y música de distinto género: guapachosas cumbias que le cantan al mar, corridos norteños sobre afrentas y traiciones, canciones de protesta y piezas alusivas al gobernador repudiado.



Vehemencia en las paredes



La caravana es un largo cordón multicolor y festivo. Sube y baja. Serpentea despacio entre los cerros de la mixteca oaxaqueña. Una culebra relumbrante compuesta de sombrillas abiertas, sombreros de ala ancha, cachuchas, paliacates y pañoletas a la cabeza que cubren del sol encendido.

Un cuerpo de avanzada, integrado por jóvenes que llevan banderolas rojas, controla el tráfico vehicular en la carretera. Permite el paso de los automovilistas por el carril que va despejado.

Más jóvenes, con latas de pintura en spray, van dejando una cauda de graffitis en las cunetas y señalamientos del camino: “¡Fuera Ulises!”, “¡Ulises fascista!”.

Dejarán su grito estampado no sólo en los caminos de Oaxaca, sino también en las otras cuatro entidades por las que planean pasar: Puebla, Morelos, Estado de México, Distrito Federal. Y así hasta llegar a la sede del Senado donde permanecerán en plantón.

“Estamos difundiendo nuestro movimiento por todos los poblados que pasamos”, dice mientras camina el profesor Josías Rojas Quintas.

–¿Piensan obtener apoyo fuera de Oaxaca?

–Sí. Claro. Muchas organizaciones nos apoyarán. En el estado de Puebla, por ejemplo, están hartos de su Góber Precioso que protege pederastas, el señor Mario Marín. Y en Morelos, el gobernador Sergio Estrada Cajigal tiene un fuerte repudio. Lo mismo Enrique Peña Nieto, el mandatario del Estado de México que reprimió a nuestros compañeros de Atenco.

“Ya en el Distrito Federal, seguramente muchas organizaciones emergentes se sumarán a nuestro plantón. En el Senado están temerosos de que la movilización se ‘oaxaqueñice’. Mientras tanto, la televisión y la radio consideran a nuestra marcha como una amenaza nacional.”

–¿Cuánto tiempo permanecerán en la Ciudad de México?

–De ahí no nos moveremos hasta que caiga Ulises Ruiz. Es nuestra demanda principal.

–Se dice que también piensan tomar embajadas.

–No lo sabemos. Hay cosas que todavía están por verse. Pero antes, esperemos que nadie entorpezca nuestra caminata, pues pueden pasar muchas cosas en el recorrido.

Y señala a un Tsuru blanco con un letrero que dice “seguridad”, que retorna a la marcha sonando el claxon:

“Escuche, ese pitido es una señal de alerta. Nos dice que tengamos cuidado porque puede haber policías escondidos. Un tiroteo, una emboscada, todo puede pasar.”

Salieron de la ciudad de Oaxaca bien organizados. Al partir –el viernes 22–, el sacerdote Manuel Marinero, vestido de túnica alba, hasta les ofició una misa y les echó su bendición, pese a ser un religioso suspendido de su ministerio por haberse casado. Lo eligieron justamente por rebelde.

Su primer alto fue en la colonia Santa María, justo en el sitio donde cayó muerto José Jiménez Colmenares, la primera víctima de su movimiento. Le colocaron una veladora encendida.

Como si fueran de camping, a los marchistas se les pidió llevar una mochila con lo más necesario: una muda de ropa ligera, un impermeable para la lluvia, una lámpara de mano, una navaja sencilla, algún utensilio para comer, una identificación oficial y algo sobre qué dormir.

De algunas camionetas que siguen a la marcha se asoman precisamente petates enrollados, gruesas cobijas de lana y hasta pedazos de cartón que, para descansar, los manifestantes suelen tender sobre el piso. Pernoctan generalmente en las escuelas que les ofrecen las comunidades por donde pasan.

“Es un lujo dormir sobre un buen petate”, comentan, entre risas, los marchistas de la APPO.

–¿Y dónde se asean?

–Donde se pueda. Algunas escuelas tienen regaderas para bañarnos. Si no, pues a cubetazos o en los arroyos. Y ahí está todo el monte para hacer nuestras necesidades, ¿qué más podemos pedir? Así hasta abonamos la tierra.

Siete comisiones coordinan a la caravana: de finanzas, alimentación, prensa, transporte, servicios médicos, avanzada y de enlace con Oaxaca y México.

La comisión de finanzas, por ejemplo, realiza “boteos” en los poblados o entre los automovilistas que transitan por la carretera. Cuenta con el apoyo económico de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

De ahí sale parte del dinero que se necesita para conseguir medicinas, gasolina, enseres o alimentos comprados en tianguis y mercados. Pero, por lo común, muchísimos lugareños se acercan a la carretera para proveer de agua y comida a los manifestantes.

El encargado de la comisión de prensa –que atiende a los pocos reporteros y fotógrafos que siguen el recorrido– es Omar Olivera, un joven de cachucha raída y larga barba encrespada que recuerda a los revolucionarios cubanos.

Omar aclara de tajo: “Esta es una marcha civil y pacífica”.

Está molesto porque, conforme avanza la caravana, las estaciones radiofónicas de cada lugar difunden la noticia de que los manifestantes van cometiendo a su paso saqueos, robos y otras tropelías.

Para contrarrestar la andanada mediática, Omar hace repartir diariamente un boletín de prensa que da cuenta de las actividades de los marchistas.

“Tenemos una infraestructura itinerante que nos permite publicar nuestro boletín”, dice. Proyecta sacar una gaceta más elaborada que se llamará Pasos sobre el asfalto.

Señala que la mayoría de los marchistas, 60%, son maestros de la Sección 22. El resto pertenece a otras organizaciones que también se aglutinan en la APPO: el Frente Popular Revolucionario (FPR), el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (Codep), el Frente Amplio de Lucha Popular (FALP), Nueva Izquierda de Oaxaca, etcétera.

–¿Planean vincularse con la coalición Por el Bien de Todos, que ya realizó un plantón en la Ciudad de México?

–No, porque nuestro proyecto es local. En cambio, el de la coalición es de nivel nacional. Pero tenemos una cosa en común; nosotros desconocemos a un gobernador y ellos a un presidente de la República.

La movilización de la APPO, dice, quizá pueda hacer que se sumen voluntades como lo hizo el Movimiento de los Sin Tierra, en Brasil. O como –toda proporción guardada– lo consiguió Gandhi con su famosa Marcha de la Sal.

El sol reverbera en el asfalto. Los marchistas recorren un promedio de 40 kilómetros diarios; muchos caminan renqueando y traen ampollas en los pies. Se acercan a la ambulancia que los acompaña desde la ciudad de Oaxaca.

Ahí, con largas agujas, les pican las ampollas y les exprimen el agua; después, les untan óxido de zinc que sirve de secante y así continúan su larga caminata.

La doctora Lesvia Villalobos no se da abasto:

“Vienen principalmente a atenderse de ampollas, rosaduras, hongos y deshidratación. Algunos se han desmayado por el calor”, dice.

–¿Ningún enfermo grave?

–No, hasta el momento ninguno. Saldo blanco, por fortuna.

Se queja porque en la ambulancia –que aportó la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO)– hacen falta vendas, gasas, algodón y otros medicamentos para atender a la marcha.

Algunos manifestantes están de plano fatigados. Quieren adelantarse un poco y esperar sentados al grueso de la caravana. Para esto, se suben a un autobús de pasajeros –el appobús– que sigue a la marcha y los traslada dos o tres kilómetros adelante. Un respiro que les permite descansar y frotarse los pies con ungüento.

Los maestros Silvano Hernández, Antonio Méndez y Javier Solís descansan así en la cuneta de la carretera. Llevan shorts y sandalias. Son serranos de piel tostada.

“Estamos haciendo un gran sacrificio”, dicen exhaustos.

Están preocupados porque, a partir de la segunda quincena de agosto, les cortaron su salario por negarse a regresar a clases. Se quedaron sin ingresos.

–¿De qué van a vivir?

–De algún modo nos sostendremos. De alguna chamba que nos caiga, del apoyo de la familia, de los amigos… Eso sí, estaremos en la Ciudad de México hasta que caiga Ulises.

Caminan y caminan los pies curtidos, envueltos en huaraches con gruesas suelas de llanta, en agrietadas botas mineras, en tenis desgajados o en descoloridas sandalias de hule. El asfalto quema.

De pronto, allá, un cohetón estalla al aire. Luego otro y otro. Huele a pólvora.

Es la pequeña comunidad de Vista Hermosa que –la tarde del 26 de septiembre– así festeja la llegada de los marchistas. Cientos de pobladores se desbordan y van a su encuentro. Familias enteras les llevan botellas de agua, frutas y comida.

La columna se desparrama a la sombra de los árboles. Algunos aprovechan para tenderse sobre el pasto, con la cabeza recostada en sus mochilas. Los visitantes se confunden con sus anfitriones. Es un solo hormigueo de gente que corea “¡ya cayó, ya cayó, Ulises ya cayó!”.

Una cancha de basquetbol es el centro de la ranchería. Al frente está el edificio de la agencia municipal. En esa explanada se celebra un acto cívico en el que las autoridades comunales dan la bienvenida a la APPO. Hay discursos de una y otra parte. Manifestaciones de apoyo.

Al pardear la tarde, los marchistas salen de Vista Hermosa. Enfilan hacia Huajuapan de León que está a corta distancia. En todo el trayecto hay hileras y más hileras de simpatizantes apostados a lo largo de la carretera. Agitan pancartas en las que piden la caída de Ulises.

Cae la noche y la columna entra a la ciudad de Huajuapan, cuya alcaldía está tomada por la APPO. Las calles se desbordan de gente que aplaude y grita vivas. Son miles quienes salen a las banquetas, nuevamente mostrando sus pancartas. La caravana se ve muy pequeña comparada con el gentío que la recibe. Aquí y allá, se extienden los brazos que ofrecen botellas de agua, naranjas, plátanos.

La caminata del día concluye en el Zócalo atiborrado, donde se preparó un templete para dar la recepción. Vienen los discursos y la música. Es una noche de fiesta. Al final, las escuelas de Huajuapan dan alojo a los marchistas fatigados.

Así son las acojidas a la caravana por los pueblos y rancherías que pasa: Etla, Telixtlahuaca, Nochixtlán, Yanhuitlán, Tamazulapan, Corral de Piedra, Chila de las Flores…

“Viera usted cómo nos recibieron en Tamazulapan. Hasta con los honores de una banda de guerra”, dice don Gilberto Toledo, un viejo istmeño intendente de una telesecundaria de Guelatao.

El arribo de la marcha a la Ciudad de México está previsto para este fin de semana; las autoridades capitalinas se muestran nerviosas por el apoyo social que la APPO pueda despertar.

“Pedimos a la Secretaría de Gobernación que resuelva este problema lo antes posible, pues nuestra ciudad no tiene por qué pagar los costos de un conflicto que no se ha resuelto en su lugar de origen”, dijo Alejandro Encinas, jefe de Gobierno del Distrito Federal. l


SEGUNDA NOTA DE PROCESO:

Y el pueblo tomó el control...
Pedro Matías y Rosalía Vergara

OAXACA, OAX.- Los cuatro meses de conflicto entre el gobierno estatal y la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO) están marcando el final del sexenio del presidente Vicente Fox, y evidencian la incapacidad del gobierno federal para contener estallidos sociales.

Sin gobernabilidad y con la exigencia de que sean desaparecidos los poderes en el estado y se destituya al gobernador Ulises Ruiz, el conflicto social comenzó con el magisterio y terminó aglutinando a organizaciones sociales y ciudadanos.

Igual que en el caso de San Salvador Atenco, en el Estado de México, el movimiento oaxaqueño mostró el descontento de una sociedad olvidada por sus gobernantes y que tampoco ha sido escuchada por los representantes del “sexenio del cambio”: los campesinos, los indígenas, los estudiantes, grupos radicales...

Estos sectores repudiaron la defensa a ultranza que los priistas y el gobierno federal han hecho del gobernador, Ulises Ruiz, a quien culpan de la actual crisis. Y los unió una misma demanda: la destitución o renuncia del gobernador.

Ciento treinta días después de que el SNTE, y después la APPO, se plantaron en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca, el presidente Vicente Fox; su secretario de Gobernación, Carlos Abascal; el gobernador, Ulises Ruiz; el presidente nacional del PRI, Mariano Palacios Alcocer, y los empresarios de la entidad consideraron la opción del despliegue policiaco “pacífico” para desalojar a los inconformes.

Estos personajes se reunieron en la residencia presidencial de Los Pinos el martes 26 de septiembre. Ahí, Ulises Ruiz pidió la intervención de fuerzas policiacas. Tres días después, el dirigente priista Mariano Palacios Alcocer se pronunció en el mismo sentido para “reestablecer el orden” en la entidad. Lo mismo hicieron organizaciones empresariales nacionales y locales.



La pesadilla

El sueño de Ulises Ruiz de ser gobernador se convirtió en una pesadilla para el pueblo de Oaxaca y para más de 70 mil maestros que, en su lucha por mejorar sus condiciones de vida, fueron reprimidos por la Policía Estatal el pasado 14 de junio, por órdenes del gobernador.

Desde entonces, la entidad es territorio sin ley. Ni un policía custodia los bancos ni los negocios. La economía formal merma día con día y el ambulantaje crece.

Los maestros de la Sección 22 del SNTE y de la APPO se asumieron como autoridad y castigan a los ladrones amarrándolos desnudos en el kiosko de la plaza principal del centro.

La gente se organiza para pedir auxilio a gritos o con silbatos cuando se cometen asaltos. A golpes, llevan a los ladrones ante el Ministerio Público o los entregan a la APPO. Así hicieron con tres juniors que, borrachos, atracaron un cajero del banco HSBC, sólo para divertirse.

Las cosas se agravaron en los últimos días ante la denuncia sobre la presencia de “grupos paramilitares” del gobierno que tirotean a integrantes de la APPO y del magisterio, y existe temor ante los rumores de que el gobierno federal se alista para enviar fuerzas federales a “poner orden” en el estado.

La gente está desesperada. Las mujeres que expenden comida en los mercados 20 de Noviembre o Benito Juárez casi no tienen ventas. Viven al día y no tienen ganancias. Pocos compran o consumen algo en los mercados. No hay turismo.



Resistencia oaxaqueña

Por todas las calles del centro se lee la leyenda “Te estamos observando, URO” –letras a las que quedó reducido el nombre del gobernador –, junto al dibujo de una rata. La histórica ciudad está plagada de pintas políticas en su contra. Lo califican como “un peligro para México”.

Todas las mañanas, desde que se inició el conflicto, las bocacalles cercanas al Zócalo y a la Catedral amanecen cercadas por barricadas que se refuerzan a partir de las 10 de la noche. Decenas de mujeres, hombres y ancianos del H. Cuerpo de los Topiles montan guardias. Ellas bordan, sentadas en las aceras o en sillas o sillones que sacaron de sus casas para usarlos en el plantón.

Durante todo el día, los de la APPO reciben guelaguetza (don de dar) por parte de los oaxaqueños: arroz, bolillos, huevos, frijoles, frutas en pacas. Una señora de la tercera edad les dio sus ahorros de toda la vida: 10 mil pesos metidos en una bolsa de plástico. Así han sobrevivido por cuatro meses.

La APPO y los maestros formaron su sitio de taxis. Los ambulantes que habían sido retirados del centro, regresaron a vender ropa, discos compactos, películas, huipiles, faldas bordadas por las indígenas, collares, libros, montoncitos de verduras o frutas, artesanías, barro. Ahora son comercios de la APPO, aunque algunos en el pasado eran priistas.

El miércoles 27, llegaron al Zócalo alrededor de 200 pobladores de las siete regiones. Venían de las colonias Zaachila, La Cascada, Los Volcanes, Frente de Colonias de la Zona Norte de la Ciudad de Oaxaca, la Unidad Habitacional Ricardo Flores Magón, la Colonia Olímpica, entre otras. Se declararon “en pie de lucha” y se unieron al frente. Trajeron despensas; los maestros y los de la APPO los recibieron con aplausos.

La Asamblea Regional, Campesina y Popular, el SNTSS y la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) también tienen un campamento en el Zócalo. “Hay puro revolucionario afuera”, dijo un fuereño a la cajera de una tienda de abarrotes, y comenzaron a reír.

En Santa María, las colonias Lindavista, López Mateos, Lomas de Antequera, Faldas del Fortín y Marquesado ya formaron su asamblea popular. Las comunidades de la sierra bajaron al Zócalo a apoyar el movimiento.

Esto se ha vuelto cotidiano, pero lo que no fue normal fue la balacera de la noche del jueves 28, cuando un grupo de sujetos, a bordo de un Jetta color negro, dispararon tiros a la entrada de una barricada, cerca del plantón. No hubo muertos ni heridos, pero la APPO se declaró en alerta máxima: estaba en suspenso la eventual incursión de la Policía Federal Preventiva (PFP) a la ciudad para dispersar el plantón.

Desde las estaciones radiofónicas tomadas por la APPO el 10 de agosto, renombradas como La Ley del Pueblo y Oro-Universidad, se pidió a la población llevar a los campamentos cohetones, leche, gasolina, colirio, extractos de manzanilla, refrescos de cola, aserrín, leña, vinagre, cables, soquets y medicamentos.



Sin solución

El miércoles 27 de septiembre, los empresarios estatales anunciaron un paro de 48 horas en demanda de una solución “pacífica” al conflicto. Los ataques de grupos de choque eran constantes. La Sección 22 del SNTE se negó al regreso a clases; la APPO aceptó dialogar con el gobierno federal y denunció los planes encaminados a reprimir el movimiento.

El paro empresarial fue considerado un fracaso. El presidente de los comerciantes establecidos en la calle de Las Casas, José Bertario Santiago Hernández, dijo que más de 90% de sus 300 agremiados no quisieron sumarse al paro porque consideraron que se hizo para apoyar a Ulises Ruiz y pedir la fuerza pública.

De igual forma, fracasó el llamado a limpiar las calles y pintar fachadas, colocar banderas blancas en demanda de paz, suspender el consumo de energía eléctrica y no utilizar el servicio telefónico.

Los empresarios exigieron la condonación de impuestos y confirmaron la suspensión de las cuotas obrero patronales y del seguro social de mil trabajadores para atenuar sus pérdidas. Posteriormente, se sumaron a la petición de las cámaras empresariales nacionales de que se usaran tanquetas lanza chorros de agua para dispersar a los insurrectos de Oaxaca.

El arzobispo de Antequera-Oaxaca, José Luis Chávez Botello, pidió la “urgente” intervención del gobierno federal y del Congreso de la Unión para que coadyuven en la solución del conflicto porque, dijo, no pueden desentenderse de su responsabilidad irrenunciable.

“Oaxaca está siendo rehén de priistas y panistas. El magisterio no es culpable y la actitud del Consejo Coordinador Empresarial es una provocación, son quienes operan un eventual desalojo. Están buscando la forma de justificar la represión”, afirmó Daniel Rosas, vocero del magisterio.

El movimiento rebasó al magisterio. Se convirtió en un movimiento social que deja al descubierto los problemas y rezagos del pueblo oaxaqueño, afirmaron Maximino Contreras, profesor de base, y Julián García, delegado de la APPO.

Hasta el momento, el saldo de esta crisis es un alto número de encarcelados, algunos desaparecidos y dos integrantes de la APPO asesinados

JORGE MOCH Y SUS CUENTOS INFERNALES

TRAIDOS DE MILENIO DIARIO

AMPLIANDO EL BOICOT CONTRA WALMART POR ABUSO Y VIOLACIOND E DERECHOS LABORALES EN MEXICO

NOTA DE PROCESO:

Castiga Suecia a Wal Mart-México

Al igual que Noruega hace tres meses, las autoridades de Suecia decidieron retirar los 27.5 millones de dólares que tenían invertidos como fondos de pensión en la trasnacional Wal Mart México, tras documentar que tanto los proveedores como los directivos de esta firma violan flagrantemente los derechos humanos de sus empleados. Desde hace tres años, la empresa desoyó las peticiones en el sentido de que modificara sus prácticas y mejorara el entorno laboral, hasta que finalmente Estocolmo tomó esa decisión radical.

BRUSELAS.- Para el gobierno de Suecia, no hay duda: La cadena estadunidense de supermercados Wal Mart pisotea los derechos humanos y laborales de sus empleados en México, razón por la cual el pasado 7 de septiembre ese país escandinavo anunció el retiro de 27.5 millones de dólares que tenía invertidos en dicha empresa en fondos de pensión.

Por los mismos motivos, tres meses antes, el gobierno noruego había retirado ya de Wal Mart México 11.1 millones de dólares de inversiones por motivos similares.

Al comunicar su decisión, el fondo de jubilación sueco AP2 –uno de los llamados “fondos de contención”, creado para responder a la fuerte demanda de pensiones en las próximas décadas–, destacaba: “El Fondo AP2 ha tomado posición frente a la aserción de que Wal Mart infringe los derechos humanos en la vida laboral”.

Además, el organismo sueco reveló que desde 2003 había intercambiado cartas con representantes de la empresa, así como con un grupo de inversores para “influir” entre los directivos de la trasnacional a fin de que se implementara un sistema que mejorara las relaciones laborales entre los empleados de la compañía. Los esfuerzos no prosperaron, Wal Mart no mostró ningún cambio con respecto a los derechos de sus empleados.

En su carta, los noruegos precisaban: “El Consejo Ético para el Fondo de Pensión del Estado noruego ha recopilado un extenso material que prueba que Wal Mart viola de una manera seria y sistemática los estándares éticos establecidos internacionalmente”.

La jefa ejecutiva de AP2, Eva Halvar-sson, recordó que “bastantes incidentes” en Wal Mart, relacionados con la violación de la normativa internacional, habían sido documentados “tanto en sus propias operaciones como en su cadena de abastecimiento”.

“En nuestra opinión, y más allá de toda duda razonable, ello ha dado lugar a la existencia inherente de un sistema no ético”, explicó la funcionaria.

La breve comunicación finaliza con el anuncio de que el fondo ya “ha vendido su portafolio de acciones y obligaciones financieras de Wal Mart y Wal Mart México”.



El deslinde noruego



El pasado 6 de junio, Noruega avisó que retiraba sus cuentas de acciones de Wal Mart Stores Incorporated (con un valor de mercado, al 31 de diciembre de 2004, de 253 millones de dólares), y de Wal Mart de México, S.A. (11.1 millones de dólares), así como las cuentas de bonos de Wal Mart Stores Inc. (102.3 millones de dólares).

“Esas compañías han sido excluidas porque, en vista de sus prácticas, invertir en ellas entabla el riesgo inaceptable de que el fondo pudiera ser cómplice de serias, sistemáticas y graves violaciones a las normas”, expresó ese día la ministra noruega de Finanzas, Kristin Halvorsen.

Tan radical medida es producto de varios meses de discusión, a partir de que el caso fue tomado por el Consejo Ético del Fondo de Pensión Estatal de Noruega, un organismo de cinco miembros creado en 2004 para vigilar que el dinero de los contribuyentes de ese país no se invierta en firmas de dudosa reputación.

Dicho consejo se reunió el 27 de junio de 2005 para comenzar el análisis del expediente Wal Mart, lo cual dio como resultado un interesante reporte de 15 páginas en el que los expertos noruegos explican los razonamientos detrás de su recomendación de abandonar a la cadena de supermercados.

Dirigido al Ministerio noruego de Finanzas el 15 de noviembre de 2005, el reporte cuenta que el 14 de septiembre de ese año, el consejo, a través de la institución bancaria Norges Bank, envió a Wal Mart México una carta en la que le solicitaba un “comentario” sobre una serie de alegaciones que había en su contra.

Y enumera: “que la compañía emplea a menores de edad; que las condiciones de trabajo de sus proveedores son peligrosas y dañinas para la salud; que sus empleados son presionados a trabajar horas extras sin compensación; que la empresa discrimina salarialmente a las mujeres; que cualquier intento de los trabajadores por sindicalizarse es frenado; o que éstos son, en muchos casos, castigados y hasta encerrados”.

La solicitud nunca fue respondida, señala el reporte. En todo caso, concluye, hay elementos que constatan que “existe un vínculo directo entre las operaciones de la compañía y esas relevantes violaciones”.

El consejo noruego –cuya misión es la identificación de riesgos– asegura que dichos abusos “han sido cometidos para servir a los intereses de Wal Mart, “que a pesar de estar al tanto de éstos, ha omitido dar pasos para prevenirlos”.

En su apartado 2, por ejemplo, el Código de Lineamientos Éticos del Consejo determina que serán excluidas de cualquier programa de inversión las empresas en las que exista el riesgo de “violaciones serias y sistemáticas a los derechos humanos, tales como asesinato, tortura, privación de la libertad, trabajo forzado, así como las peores formas de trabajo infantil y otros tipos de explotación infantil”.

Incluye, también, “otras violaciones particulares y serias de las normas éticas fundamentales”.

El consejo estipula que sólo los estados pueden violar los derechos humanos directamente, pero “las compañías pueden (sin saberlo) contribuir a las violaciones de esos derechos por los estados. A su vez, el Fondo de Pensiones noruego podría contribuir a la complicidad de esas compañías a través de la propiedad (de esas empresas)”.

En 2004, asienta el reporte, el corporativo Wal Mart publicó información sobre las condiciones de trabajo que imperaban entre 5 mil 300 de sus proveedores directos de todo el mundo.

El resultado le fue tan adverso, que la propia empresa lo calificó de “inaceptable”: 46% pagaba apenas salarios mínimos y debía beneficios; 31% era incapaz de probar el pago de los salarios; 36% violaba los horarios establecidos de trabajo o no los registraba; y 21% tenía una jornada laboral de siete días.

Más aún: 31% no contaba con documentación que indicara la edad de sus empleados; 10% ofrecía contratos ilegales; y 35% carecía de protección contra incendios.

El consejo ético cree que la situación puede ser todavía peor, ya que la empresa ha señalado que las mercancías que vende provienen de “decenas de miles de fábricas distribuidas a lo largo de 70 países”.

El reporte noruego incluye las acusaciones de James W. Lynn, un antiguo auditor de los proveedores latinoamericanos de Wal Mart, empresa contra la que entabló un juicio por haberlo despedido mediante argucias extraprofesionales.

En su querella, Lynn sostiene que Wal Mart planea sus inspecciones de forma tal que se descubra el menor número de infracciones a las leyes en sus establecimientos. Y no sólo eso: 85% de las auditorías las realizan sus propios asalariados, quienes son objeto de fuertes presiones para que rindan buenas evaluaciones.

En 2003, además, la empresa reportó que sólo 1% de las inspecciones eran llevadas a cabo sin previo aviso; y aunque al año siguiente esa cifra subió a 8%, el objetivo es alcanzar no más de 20%.

El informe destaca otro elemento preocupante. Wal Mart distingue entre proveedor “directo” e “indirecto”: “El primero es con el que trata de modo directo; el significado del segundo es menos claro. Wal Mart manifiesta que también trata con este tipo de proveedores y que todos los fabricantes de mercancías que cataloga como “de alto riesgo” (tenis, ropa, juguetes y equipo deportivo) son considerados proveedores ‘indirectos’.

Identificar a tales fabricantes en el segmento de “alto riesgo”, “significa que el propio Wal Mart contempla que en esos sectores hay un riesgo más grande de encontrar condiciones laborales inaceptables”, expresan los expertos escandinavos.

Por otro lado, el modelo de negocios de Wal Mart –un sistema de grandes cuotas de producción que llenan aquellos proveedores que ofrezcan los precios más bajos– propicia graves violaciones a los derechos humanos y laborales en la cadena de abastecimiento de la empresa, afirman.

Incluso mencionan algunos ejemplos latinoamericanos.

En Nicaragua, la fábrica King Young, S.A., de propiedad taiwanesa, vende 80% de su producción a Wal Mart, que a su vez la revende bajo su propia marca, “Athletic Works”.

Para poder cumplir con las entregas, “los empleados invariablemente deben trabajar horas extras”, y han llegado a ser encerrados en la planta y sujetos a diversas formas de abuso, expone el reporte. Por querer formar un sindicato, 400 trabajadores fueron despedidos de inmediato por la gerencia.

En El Salvador, la empresa de textiles Han-chang Corporation of Korea, que produce las marcas de ropa Bobbie Brooks y Puritan, obliga a sus empleados a trabajar de 17 a 24 horas suplementarias por semana, sin goce de compensación. También está acusada de infligir castigos físicos.

Los expertos noruegos comentan que cuando visitaron en persona a varios proveedores de Wal Mart en Honduras, fueron informados de varios problemas: salarios por debajo de la legalidad, jornadas exhaustivas, salidas de emergencia bloqueadas, entorno inseguro de trabajo y otras condiciones contrarias a los propios lineamientos de Wal Mart.

En cuanto a la actuación de Wal Mart en México, el documento respaldado por el gobierno de Oslo puntualiza: “Varios inversionistas han buscado a través de una variedad de iniciativas mejorar las prácticas de la compañía en las áreas que contempla esta recomendación.

“Nada sugiere que Wal Mart (Stores Inc. y México) haya seguido cualquiera de esas iniciativas o que haya hecho algunas mejoras. El Consejo (de Ética) no tiene motivos para anticipar algún movimiento de Wal Mart tendiente a reducir el riesgo de complicidad del fondo de pensión noruego con violaciones en el futuro próximo.”

Por lo tanto, recomienda excluir a Wal Mart de México, S.A., del portafolio de inversiones de los fondos de pensión del estado, petición que cumplió finalmente el Ministerio de Finanzas el pasado 6 de junio. Las autoridades suecas se sumaron a esta decisión tres meses después.

Runar Malkenes, portavoz del Ministerio noruego de Finanzas, asegura que para su país es importante la decisión de Estocolmo, “ya que da prueba de la solidez de nuestro reporte”.

NOTA:Esta nota es para los que dudaban de la JUSTICIA DE BOICOTEAR EMPRESAS QUE ABUSAN DE LOS TRABAJADORES MEXICANOS,aparte de manipular y apoyar el fraude,para sostenerse a toda costa explotando en el pais,en cada tienda de nuestro territorio debemos hacerle sentira estos pelafustanes lo que pensamos de ellos,ABAJO WAL MART.

NOTA:Noruega tiene los estandares de vida mas altos del mundo,el petroleo pertenece a una empresa estatal,que dedica sus ganancias a inversiones privadas en todo tipo de empresas,se calcula que el preciado petroleo noruego (de los de mejor calidad del mundo) se terminara en 50 años a lo sumo,por esta razon el sistema de salud noruego necesita garantizar su sostenimiento a toda costa y esto esta previsto a traves de las inversiones que ,como en walmart, se realizan.Ejemplo del uso de los recursos petroleros para sostener los altisimos estandares de vida del pais nordico.Todo el sistema medico y de pensiones del ´pais esta sostenido por recursos publicos ¿Seran populistas fracasados? los panuchos mamilas ¿podrian visualizar el sistema de negocios noruego?

PROCESO:ISOSA NOSTRA

¿Hasta donde el principal encargado de detener el contrabando del pais esta metido en negocios ilicitos con el contrabando?


La ISOSA nostra
Ricardo Ravelo

El asesinato del director de la empresa Integradora de Servicios Operativos (ISOSA), Francisco Obel Villarreal, no es un hecho aislado dentro del ámbito aduanero, cuya cadena de corrupción ha marcado al sexenio de Vicente Fox. El crimen, que se suma a otros vinculados a la operación de las aduanas del país, deja al descubierto un largo historial de manejos turbios asociados al funcionamiento de ISOSA, que fue constituida con recursos públicos pero se administra como entidad privada. El escándalo relacionado con esta compañía sube de tono mientras el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, quien la creó en 1993, intenta sacudírselo.

Francisco Obel Villarreal Antelo, director operativo de la empresa Integradora de Servicios Operativos (ISOSA), se sumó a la lista de funcionarios del ámbito fiscal y aduanero cuya desaparición violenta sigue impune. La mayoría de esas ejecuciones, de acuerdo con las investigaciones, parece estar relacionada con el contrabando y el tráfico de drogas.

Villarreal Antelo, asesinado el martes 29 de agosto de cinco disparos, trabajaba en uno de los sectores que más escándalos de corrupción ha generado en el sexenio de Vicente Fox: el aduanero. Aquí ha operado una amplia red de funcionarios, la mayoría amigos y compadres del director general de Aduanas, José Guzmán Montalvo, quien los ha colocado en puestos estratégicos y, además, cuenta con la protección del secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz (Proceso 1530).

De acuerdo con los datos indagados, la función de Villarreal Antelo estaba relacionada con el manejo de información estratégica sobre el funcionamiento de las aduanas del país, que ha sido cuestionado por permitir el ingreso de mercancías de contrabando mediante la manipulación del Sistema Administrativo Aduanero Integral (SAAI), a cargo de ISOSA. Esta práctica consiste en aumentar o disminuir -según las órdenes superiores o los intereses a proteger- las intermitencias del semáforo aduanal en determinados horarios y regiones del país.

De 37 años, Villarreal Antelo no era un funcionario menor. Conocía todos los detalles finos del complejo mundo de las aduanas, cuyas estadísticas eran precisamente controladas por él. Entre otras actividades, conocía las entradas y salidas de mercancías, negociaciones presuntamente ilícitas con empresarios y hasta complicidades con el llamado "contrabando permitido", según testimonios recogidos por Proceso entre personajes del sector aduanal y comercial, así como de empleados y exempleados de la empresa, actualmente en proceso de liquidación.

En la averiguación previa FCY/COY-ST2/1624/06-08, integrada por la delegación de la procuraduría capitalina en Coyoacán, se explica que el móvil aparente fue el robo, pero se observó que no le faltaba ningún objeto de valor. Todo parece indicar -según la investigación oficial- que el director de ISOSA fue ejecutado al estilo del crimen organizado, pues recibió cinco disparos, uno de ellos en la cabeza.

Anabel Barrera Castro, esposa de Villarreal Antelo, rechazó la versión del asalto. Se trata de una ejecución, dijo. "Iban directamente por él".

De manera similar se expresó el procurador del Distrito Federal, Bernardo Bátiz, quien, a partir de los primeros datos recabados, declaró que todo indica que pudo tratarse de una venganza y no propiamente de un intento de asalto.

Un día después del crimen, Bátiz abundó: "Muy probablemente se trate de un asunto relacionado con alguna actividad personal de él, que puede ser de carácter de negocios..., como se ha estado mencionando, pero también pudiera ser algún asunto relacionado con su vida personal".

La indagatoria de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) no arroja mayores datos sobre el móvil del crimen, aunque las conjeturas del caso ya apuntan a una presunta ejecución motivada por la venganza, según una fuente consultada por este reportero en la propia corporación, quien solicitó al reportero el anonimato.

Por su parte, la Procuraduría General de la República solicitó el miércoles 6 el expediente a la procuraduría capitalina para continuar con la investigación.

Apenas se supo de la ejecución del funcionario aduanal, el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz -a quien se ha relacionado entre los más beneficiados con las operaciones de ISOSA, creada por él en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari-, dijo desconocer las razones del crimen del director operativo de la empresa que más escándalos ha generado en el sexenio dentro y fuera de Hacienda.

En conferencia de prensa en Los Pinos, efectuada el miércoles 30 de agosto, negó tener relación alguna con ISOSA y marcó su distancia respecto del asesinato.

"Que hayan asesinado a una persona -señaló-, no sé qué otra opinión puede merecer más que es una tragedia espantosa que estén asesinando a la gente en la forma en que la están asesinando en la Ciudad de México."

Cuando se le preguntó sobre su relación con la empresa aduanera -que, entre otras actividades, tiene acceso a la información estratégica de todos los movimientos aduanales del país-, respondió:

"Mi relación con ISOSA es absolutamente ninguna, es una empresa que está constituida dentro del derecho privado, que le presta servicios a los participantes en el comercio exterior."

E inmediatamente se escudó en el reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia, en el que se resolvió que los recursos que maneja ISOSA son privados y no públicos: "Para mí este caso está resuelto desde el punto de vista jurídico", dijo lacónico.

Sin embargo, Gil Díaz y el exsecretario de Gobernación Santiago Creel no son ajenos a los escándalos de corrupción en ISOSA. Ambos están involucrados en operaciones poco claras tanto en Hacienda como en las 48 aduanas del país. Además, figuran como fundadores de dicha empresa, constituida en 1993: Gil Díaz como impulsor del proyecto y Creel como abogado de la compañía (Proceso 1434).

Gil Díaz, quien fungía entonces como subsecretario de Ingresos en el sexenio de Carlos Salinas, creó ISOSA mediante una adjudicación directa. Desde entonces, la empresa, que se encarga de fiscalizar los movimientos aduanales de los procesos que se conocen como "primer reconocimiento" y "segundo reconocimiento", así como de los registros de las entradas y salidas de mercancías, ha sido motivo de escándalos debido a sus operaciones irregulares .

Durante poco más de una década de operaciones que han estado al margen de la fiscalización del gobierno federal, ISOSA ha sido objeto de auditorías, así como de reportes ante la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Gil Díaz fungía a la sazón como presidente del Fideicomiso Aduanas 1. Él mismo se encargaba de asignar los salarios a los principales directivos de la empresa. Uno de esos funcionarios era Lorenzo Hernández Herrera, quien llegó a la dirección del fideicomiso el mismo año de la constitución de ISOSA. Más tarde, Hernández pasó a ser secretario particular de Gil Díaz.

Para 2003, durante la revisión de las transacciones del Sistema de Administración Tributaria (SAT), la ASF se topó con el silencio de las autoridades hacendarias y de los directivos de ISOSA, quienes al verse sorprendidos por una investigación se escudaron en el carácter privado de la compañía.

Sin embargo, documentos a los que entonces tuvo acceso este semanario indicaban que ISOSA surgió como empresa pública, bajo la administración de Lorenzo Hernández, quien en 1993 fue una pieza clave -junto con Gil Díaz- para canalizar fondos públicos a la compañía (Proceso 1384). Otro dato relevante es que la escritura constitutiva muestra que la asamblea de accionistas de ISOSA designó como comisario propietario de la sociedad a Santiago Creel, quien en esas fechas formaba parte del despacho de abogados Noriega y Escobedo. El exsecretario de Gobernación y actual senador panista se deslindó de ISOSA, pero su despacho mantuvo relaciones con ese corporativo (Proceso 1384).

En suma, ISOSA -según las investigaciones de la Cámara de Diputados y de la ASF- es un negocio apalancado con fondos públicos, pero manejado por particulares que, de una u otra manera, tienen nexos con la principal contratista de la firma: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Falta de control aduanal

Durante los últimos 12 meses, los alcances de ISOSA se ampliaron dentro de Hacienda y las aduanas del país, luego de que éstas licitaron varios de sus servicios, entre otros el "segundo reconocimiento", es decir, la segunda revisión de mercancías para su verificación y paso al país.

El responsable de fiscalizar todas las operaciones de entradas y salidas en las 48 aduanas que funcionan en la República era precisamente Francisco Obel Villarreal, el funcionario asesinado el 29 de agosto.

Según las facultades asignadas a ISOSA, Villarreal podía "manipular", en su calidad de director operativo, la sincronización de los semáforos. A su libre criterio o por instrucciones de altos mandos de la Dirección General de Aduanas, él controlaba, por regiones, el encendido de las luces aduanales -verdes para el paso libre y rojas para la restricción-, pues tenía bajo su manejo el SAAI.

Fuentes consultadas por Proceso en aduanas aseguran que el SAAI es un sistema informático que registra todos los movimientos de importación y exportación de mercancías.

Los agentes aduanales cuentan con terminales del SAAI, en las que se registran todos los movimientos: las mercancías que se importan o exportan; los nombres de las empresas involucradas, el lugar del que provienen los artículos o hacia dónde van.

Pero lo más grave -dicen los expertos- es que Aduanas no cuenta con una instancia, que llaman de "administración de riesgos", para detectar el tipo de mercancías ilegales que entran al país, así como las compañías implicadas y las ocasiones en que éstas han estado relacionadas con el contrabando o, incluso, con el tráfico de estupefacientes o de insumos para producir drogas sintéticas.

Un ejemplo de la inexistencia de controles en las aduanas se ilustra con un hecho ocurrido en 1993, en la aduana del puerto de Veracruz. Tres años antes se había adquirido un sistema de Rayos X, con un costo de 4 millones de dólares, para revisar contenedores y mercancías, sobre todo las que estaban bajo sospecha debido a su procedencia.

El sistema llegó a Veracruz y se mantuvo parado cerca de tres años. Según la fuente consultada, cuando se puso en funcionamiento se detectó un contenedor con 11 toneladas de cocaína. Pero -dice un testigo de aquel hecho- el equipo se canceló por una orden superior y más tarde se descompuso. Hasta ahora, afirma, no ha sido rehabilitado.

"Este ejemplo -anota la misma fuente, que se mantiene anónima por su propia seguridad- lo saco a colación porque esta persona asesinada (Francisco Obel Villarreal) estaba en un lugar muy sensible, donde se conoce todo el movimiento de las aduanas: se tienen que hacer negociaciones muy peligrosas con el contrabando, con empresarios consentidos de los jefes superiores y hasta con el narcotráfico.

"Él, como director operativo, pudo haber tenido muchas presiones de este tipo, porque el mundo aduanero está podrido de corrupción y el señor Villarreal conocía los movimientos, las estadísticas, las mercancías que entraban y salían, de qué tipo eran. Esa, creo yo, debe ser una línea de investigación de las autoridades, porque su muerte puede estar relacionada con negocios de altos funcionarios. ISOSA tenía el sistema informático y los registros de muchos movimientos seguramente sospechosos".

Los controles, a manos privadas

En 1998, como parte de la modernización aduanera, se creó Administración de Tecnología e Informática, un sistema de control estadístico para las aduanas. Más tarde, a principios de este año, se licitó la operación del segundo reconocimiento, cuyo control quedó en manos de las empresas Cotecna, S.A de C.V., y la suiza Société Générale, S.A. (SGS), consideradas como filiales en el ámbito aduanero.

SGS es operada por Juan Carlos López Rodríguez, quien como funcionario de aduanas fue inhabilitado por 10 años debido a presuntos actos de corrupción (Proceso 1526). Amigo de Guzmán Montalvo, López Rodríguez encontró cabida en la iniciativa privada y, gracias a los apoyos de Guzmán, logró hacerse cargo de la llamada Zona Libre de San Luis Potosí, recinto fiscalizado donde se guardan, hasta por tres meses, las mercancías que llegan al país.

Desde la dirección de SGS, López Rodríguez controla el segundo reconocimiento y el servicio denominado Valuanet, el cual se responsabiliza de la verificación del valor y la autenticidad de las mercancías que llegan al país.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Comisión Legislativa que investigó a los hijos de Marta Sahagún por presunto tráfico de influencias, López Rodríguez es un personaje clave en los negocios de los hermanos Bribiesca Sahagún, pues el empresario es uno de los mejor relacionados con el director general de Aduanas, José Guzmán Montalvo, considerado un "engranaje" importante en el entramado de negocios de la familia presidencial (Proceso 1518).

Villarreal Antelo no es el único funcionario vinculado con el mundo aduanero que es asesinado. Impune sigue, por ejemplo, el crimen de José Noé Garduño, subadministrador de Salas de Revisión de la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), quien fue ejecutado en septiembre de 2004, luego del escándalo generado por el robo de tres toneladas de efedrina del recinto fiscal de esa terminal aérea (Proceso 1453).

El funcionario fue secuestrado, torturado y luego ejecutado por sus plagiarios. El presunto móvil: un embarque de dinero que él había detectado y que estaba relacionado con un pago por drogas.

En mayo de 2005, fueron asesinadas dos personas. Una de ellas -Rodolfo Hernández Díaz- era empleada de una agencia aduanal de Nuevo Laredo, Tamaulipas. El caso aún no se resuelve.

En junio del año pasado, la violencia contra funcionarios de las aduanas se recrudeció: el día 5 de ese mes, fue asesinado Pedro Madrigal Trejo, agente de la Policía Federal Preventiva (PFP) asignado al AICM, quien provenía de Tijuana, Baja California. El asesinato se le atribuye al narcotráfico.

Apenas el pasado 24 de agosto, fue ejecutado en Iztapalapa Felipe Meza Ortega, gerente de aduanas de la empresa de paquetería DHL. Según las investigaciones, Ortega Meza fue asesinado por una venganza, pues se presumía que -según la PGJDF- antes de su muerte estuvo surtiendo de información a las autoridades aeroportuarias sobre el tráfico de estupefacientes en el AICM. Su crimen ocurrió un día después de que la PFP decomisó un kilo de cocaína en esa terminal aérea, la cual estaba oculta en tomos falsos de una enciclopedia. Recientemente se sumó a la lista Villarreal Antelo.

Y el lunes 4 por la noche, el director de Análisis de Servicios y Productos Financieros de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), José María Arámburu Alonso, fue víctima de un atentado que lo tiene al borde de la muerte. Según el testimonio de su chofer, el funcionario recibió cuatro impactos de bala cuando se dirigía a su domicilio.

El procurador Bernardo Bátiz no descarta que este atentado tenga relación con el del directivo de ISOSA. l