El Congreso estadunidense ha votado (Senado: 65-34; Representantes: 253-168) la Ley de Comisiones Militares, materialización judicial extrema de la “guerra contra el terror”. El sentido de estos tribunales de excepción apunta una erosión del derecho humanitario internacional (desconocimiento parcial de los Acuerdos de Ginebra) y vulnera gravemente las libertades civiles y políticas, clave de los derechos humanos. Otorga un poder discrecional y secreto al presidente para determinar quiénes son los “combatientes enemigos” o “ilegales”, así como para decidir las técnicas de interrogación permisibles (pocito, hipotermia o privación de sueño como potencialmente aceptables).
El gobierno de Bush, débil pero con afanes electorales (noviembre 7), no sólo ha redefinido la agenda internacional bajo el criterio inapelable de la seguridad, sino que está a punto —falta el criterio de la Suprema Corte— del desmantelamiento regresivo, aplicando la prevención ofensiva (pre-emption no prevention) al ámbito local, de premisas del derecho occidental como el habeas corpus (ser presentado a un juez que resuelva la legalidad del arresto). Los tribunales normales sólo pueden intervenir hasta después del veredicto y las confesiones obtenidas mediante tratos inhumanos serán válidas si se las considera confiables. El esperpento jurídico autoritario significa, como la opinión liberal (y radical) estadunidense ha indicado, un golpe a la democracia americana y un daño a la libertad.
El sprint final legislativo se ha complementado con la aprobación (financiamiento parcial) de un “muro doble y virtual” en la frontera con México. Busca facilitar el control operativo de la frontera para garantizar seguridad, combatir al narco y el tráfico de personas —terroristas incluidos—. La reforma migratoria integral o compleja, anunciada por Bush e impulsada por los demócratas ha quedado para mejor ocasión.
La inefable política exterior de Fox termina patéticamente. No cabe el auto-engaño. Las disposiciones obedecen a la ineficacia reiterada del gobierno mexicano en la lucha contra el crimen organizado (patente en la frontera) y para afrontar el alto riesgo a la seguridad americana derivado de la vinculación entre el narco (logística y capacidad militar notables) con los traficantes de personas.
Constantemente los estadunidenses han advertido al gobierno de su omisión. No cabe victimizar al país mediante el uso demagógico de los migrantes mexicanos —sin olvido de la discriminación real— y el recurso al desgastado nacionalismo, habituales en el discurso gubernamental. Calderón tiene que estudiar y asumir la cuestión, evitar el debilitamiento creciente del Estado y, así, paliar la subordinación al gobierno de Washington. ¿Puede?
El gobierno de Bush, débil pero con afanes electorales (noviembre 7), no sólo ha redefinido la agenda internacional bajo el criterio inapelable de la seguridad, sino que está a punto —falta el criterio de la Suprema Corte— del desmantelamiento regresivo, aplicando la prevención ofensiva (pre-emption no prevention) al ámbito local, de premisas del derecho occidental como el habeas corpus (ser presentado a un juez que resuelva la legalidad del arresto). Los tribunales normales sólo pueden intervenir hasta después del veredicto y las confesiones obtenidas mediante tratos inhumanos serán válidas si se las considera confiables. El esperpento jurídico autoritario significa, como la opinión liberal (y radical) estadunidense ha indicado, un golpe a la democracia americana y un daño a la libertad.
El sprint final legislativo se ha complementado con la aprobación (financiamiento parcial) de un “muro doble y virtual” en la frontera con México. Busca facilitar el control operativo de la frontera para garantizar seguridad, combatir al narco y el tráfico de personas —terroristas incluidos—. La reforma migratoria integral o compleja, anunciada por Bush e impulsada por los demócratas ha quedado para mejor ocasión.
La inefable política exterior de Fox termina patéticamente. No cabe el auto-engaño. Las disposiciones obedecen a la ineficacia reiterada del gobierno mexicano en la lucha contra el crimen organizado (patente en la frontera) y para afrontar el alto riesgo a la seguridad americana derivado de la vinculación entre el narco (logística y capacidad militar notables) con los traficantes de personas.
Constantemente los estadunidenses han advertido al gobierno de su omisión. No cabe victimizar al país mediante el uso demagógico de los migrantes mexicanos —sin olvido de la discriminación real— y el recurso al desgastado nacionalismo, habituales en el discurso gubernamental. Calderón tiene que estudiar y asumir la cuestión, evitar el debilitamiento creciente del Estado y, así, paliar la subordinación al gobierno de Washington. ¿Puede?
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