PROCESO:ISOSA NOSTRA

¿Hasta donde el principal encargado de detener el contrabando del pais esta metido en negocios ilicitos con el contrabando?


La ISOSA nostra
Ricardo Ravelo

El asesinato del director de la empresa Integradora de Servicios Operativos (ISOSA), Francisco Obel Villarreal, no es un hecho aislado dentro del ámbito aduanero, cuya cadena de corrupción ha marcado al sexenio de Vicente Fox. El crimen, que se suma a otros vinculados a la operación de las aduanas del país, deja al descubierto un largo historial de manejos turbios asociados al funcionamiento de ISOSA, que fue constituida con recursos públicos pero se administra como entidad privada. El escándalo relacionado con esta compañía sube de tono mientras el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, quien la creó en 1993, intenta sacudírselo.

Francisco Obel Villarreal Antelo, director operativo de la empresa Integradora de Servicios Operativos (ISOSA), se sumó a la lista de funcionarios del ámbito fiscal y aduanero cuya desaparición violenta sigue impune. La mayoría de esas ejecuciones, de acuerdo con las investigaciones, parece estar relacionada con el contrabando y el tráfico de drogas.

Villarreal Antelo, asesinado el martes 29 de agosto de cinco disparos, trabajaba en uno de los sectores que más escándalos de corrupción ha generado en el sexenio de Vicente Fox: el aduanero. Aquí ha operado una amplia red de funcionarios, la mayoría amigos y compadres del director general de Aduanas, José Guzmán Montalvo, quien los ha colocado en puestos estratégicos y, además, cuenta con la protección del secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz (Proceso 1530).

De acuerdo con los datos indagados, la función de Villarreal Antelo estaba relacionada con el manejo de información estratégica sobre el funcionamiento de las aduanas del país, que ha sido cuestionado por permitir el ingreso de mercancías de contrabando mediante la manipulación del Sistema Administrativo Aduanero Integral (SAAI), a cargo de ISOSA. Esta práctica consiste en aumentar o disminuir -según las órdenes superiores o los intereses a proteger- las intermitencias del semáforo aduanal en determinados horarios y regiones del país.

De 37 años, Villarreal Antelo no era un funcionario menor. Conocía todos los detalles finos del complejo mundo de las aduanas, cuyas estadísticas eran precisamente controladas por él. Entre otras actividades, conocía las entradas y salidas de mercancías, negociaciones presuntamente ilícitas con empresarios y hasta complicidades con el llamado "contrabando permitido", según testimonios recogidos por Proceso entre personajes del sector aduanal y comercial, así como de empleados y exempleados de la empresa, actualmente en proceso de liquidación.

En la averiguación previa FCY/COY-ST2/1624/06-08, integrada por la delegación de la procuraduría capitalina en Coyoacán, se explica que el móvil aparente fue el robo, pero se observó que no le faltaba ningún objeto de valor. Todo parece indicar -según la investigación oficial- que el director de ISOSA fue ejecutado al estilo del crimen organizado, pues recibió cinco disparos, uno de ellos en la cabeza.

Anabel Barrera Castro, esposa de Villarreal Antelo, rechazó la versión del asalto. Se trata de una ejecución, dijo. "Iban directamente por él".

De manera similar se expresó el procurador del Distrito Federal, Bernardo Bátiz, quien, a partir de los primeros datos recabados, declaró que todo indica que pudo tratarse de una venganza y no propiamente de un intento de asalto.

Un día después del crimen, Bátiz abundó: "Muy probablemente se trate de un asunto relacionado con alguna actividad personal de él, que puede ser de carácter de negocios..., como se ha estado mencionando, pero también pudiera ser algún asunto relacionado con su vida personal".

La indagatoria de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) no arroja mayores datos sobre el móvil del crimen, aunque las conjeturas del caso ya apuntan a una presunta ejecución motivada por la venganza, según una fuente consultada por este reportero en la propia corporación, quien solicitó al reportero el anonimato.

Por su parte, la Procuraduría General de la República solicitó el miércoles 6 el expediente a la procuraduría capitalina para continuar con la investigación.

Apenas se supo de la ejecución del funcionario aduanal, el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz -a quien se ha relacionado entre los más beneficiados con las operaciones de ISOSA, creada por él en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari-, dijo desconocer las razones del crimen del director operativo de la empresa que más escándalos ha generado en el sexenio dentro y fuera de Hacienda.

En conferencia de prensa en Los Pinos, efectuada el miércoles 30 de agosto, negó tener relación alguna con ISOSA y marcó su distancia respecto del asesinato.

"Que hayan asesinado a una persona -señaló-, no sé qué otra opinión puede merecer más que es una tragedia espantosa que estén asesinando a la gente en la forma en que la están asesinando en la Ciudad de México."

Cuando se le preguntó sobre su relación con la empresa aduanera -que, entre otras actividades, tiene acceso a la información estratégica de todos los movimientos aduanales del país-, respondió:

"Mi relación con ISOSA es absolutamente ninguna, es una empresa que está constituida dentro del derecho privado, que le presta servicios a los participantes en el comercio exterior."

E inmediatamente se escudó en el reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia, en el que se resolvió que los recursos que maneja ISOSA son privados y no públicos: "Para mí este caso está resuelto desde el punto de vista jurídico", dijo lacónico.

Sin embargo, Gil Díaz y el exsecretario de Gobernación Santiago Creel no son ajenos a los escándalos de corrupción en ISOSA. Ambos están involucrados en operaciones poco claras tanto en Hacienda como en las 48 aduanas del país. Además, figuran como fundadores de dicha empresa, constituida en 1993: Gil Díaz como impulsor del proyecto y Creel como abogado de la compañía (Proceso 1434).

Gil Díaz, quien fungía entonces como subsecretario de Ingresos en el sexenio de Carlos Salinas, creó ISOSA mediante una adjudicación directa. Desde entonces, la empresa, que se encarga de fiscalizar los movimientos aduanales de los procesos que se conocen como "primer reconocimiento" y "segundo reconocimiento", así como de los registros de las entradas y salidas de mercancías, ha sido motivo de escándalos debido a sus operaciones irregulares .

Durante poco más de una década de operaciones que han estado al margen de la fiscalización del gobierno federal, ISOSA ha sido objeto de auditorías, así como de reportes ante la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Gil Díaz fungía a la sazón como presidente del Fideicomiso Aduanas 1. Él mismo se encargaba de asignar los salarios a los principales directivos de la empresa. Uno de esos funcionarios era Lorenzo Hernández Herrera, quien llegó a la dirección del fideicomiso el mismo año de la constitución de ISOSA. Más tarde, Hernández pasó a ser secretario particular de Gil Díaz.

Para 2003, durante la revisión de las transacciones del Sistema de Administración Tributaria (SAT), la ASF se topó con el silencio de las autoridades hacendarias y de los directivos de ISOSA, quienes al verse sorprendidos por una investigación se escudaron en el carácter privado de la compañía.

Sin embargo, documentos a los que entonces tuvo acceso este semanario indicaban que ISOSA surgió como empresa pública, bajo la administración de Lorenzo Hernández, quien en 1993 fue una pieza clave -junto con Gil Díaz- para canalizar fondos públicos a la compañía (Proceso 1384). Otro dato relevante es que la escritura constitutiva muestra que la asamblea de accionistas de ISOSA designó como comisario propietario de la sociedad a Santiago Creel, quien en esas fechas formaba parte del despacho de abogados Noriega y Escobedo. El exsecretario de Gobernación y actual senador panista se deslindó de ISOSA, pero su despacho mantuvo relaciones con ese corporativo (Proceso 1384).

En suma, ISOSA -según las investigaciones de la Cámara de Diputados y de la ASF- es un negocio apalancado con fondos públicos, pero manejado por particulares que, de una u otra manera, tienen nexos con la principal contratista de la firma: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Falta de control aduanal

Durante los últimos 12 meses, los alcances de ISOSA se ampliaron dentro de Hacienda y las aduanas del país, luego de que éstas licitaron varios de sus servicios, entre otros el "segundo reconocimiento", es decir, la segunda revisión de mercancías para su verificación y paso al país.

El responsable de fiscalizar todas las operaciones de entradas y salidas en las 48 aduanas que funcionan en la República era precisamente Francisco Obel Villarreal, el funcionario asesinado el 29 de agosto.

Según las facultades asignadas a ISOSA, Villarreal podía "manipular", en su calidad de director operativo, la sincronización de los semáforos. A su libre criterio o por instrucciones de altos mandos de la Dirección General de Aduanas, él controlaba, por regiones, el encendido de las luces aduanales -verdes para el paso libre y rojas para la restricción-, pues tenía bajo su manejo el SAAI.

Fuentes consultadas por Proceso en aduanas aseguran que el SAAI es un sistema informático que registra todos los movimientos de importación y exportación de mercancías.

Los agentes aduanales cuentan con terminales del SAAI, en las que se registran todos los movimientos: las mercancías que se importan o exportan; los nombres de las empresas involucradas, el lugar del que provienen los artículos o hacia dónde van.

Pero lo más grave -dicen los expertos- es que Aduanas no cuenta con una instancia, que llaman de "administración de riesgos", para detectar el tipo de mercancías ilegales que entran al país, así como las compañías implicadas y las ocasiones en que éstas han estado relacionadas con el contrabando o, incluso, con el tráfico de estupefacientes o de insumos para producir drogas sintéticas.

Un ejemplo de la inexistencia de controles en las aduanas se ilustra con un hecho ocurrido en 1993, en la aduana del puerto de Veracruz. Tres años antes se había adquirido un sistema de Rayos X, con un costo de 4 millones de dólares, para revisar contenedores y mercancías, sobre todo las que estaban bajo sospecha debido a su procedencia.

El sistema llegó a Veracruz y se mantuvo parado cerca de tres años. Según la fuente consultada, cuando se puso en funcionamiento se detectó un contenedor con 11 toneladas de cocaína. Pero -dice un testigo de aquel hecho- el equipo se canceló por una orden superior y más tarde se descompuso. Hasta ahora, afirma, no ha sido rehabilitado.

"Este ejemplo -anota la misma fuente, que se mantiene anónima por su propia seguridad- lo saco a colación porque esta persona asesinada (Francisco Obel Villarreal) estaba en un lugar muy sensible, donde se conoce todo el movimiento de las aduanas: se tienen que hacer negociaciones muy peligrosas con el contrabando, con empresarios consentidos de los jefes superiores y hasta con el narcotráfico.

"Él, como director operativo, pudo haber tenido muchas presiones de este tipo, porque el mundo aduanero está podrido de corrupción y el señor Villarreal conocía los movimientos, las estadísticas, las mercancías que entraban y salían, de qué tipo eran. Esa, creo yo, debe ser una línea de investigación de las autoridades, porque su muerte puede estar relacionada con negocios de altos funcionarios. ISOSA tenía el sistema informático y los registros de muchos movimientos seguramente sospechosos".

Los controles, a manos privadas

En 1998, como parte de la modernización aduanera, se creó Administración de Tecnología e Informática, un sistema de control estadístico para las aduanas. Más tarde, a principios de este año, se licitó la operación del segundo reconocimiento, cuyo control quedó en manos de las empresas Cotecna, S.A de C.V., y la suiza Société Générale, S.A. (SGS), consideradas como filiales en el ámbito aduanero.

SGS es operada por Juan Carlos López Rodríguez, quien como funcionario de aduanas fue inhabilitado por 10 años debido a presuntos actos de corrupción (Proceso 1526). Amigo de Guzmán Montalvo, López Rodríguez encontró cabida en la iniciativa privada y, gracias a los apoyos de Guzmán, logró hacerse cargo de la llamada Zona Libre de San Luis Potosí, recinto fiscalizado donde se guardan, hasta por tres meses, las mercancías que llegan al país.

Desde la dirección de SGS, López Rodríguez controla el segundo reconocimiento y el servicio denominado Valuanet, el cual se responsabiliza de la verificación del valor y la autenticidad de las mercancías que llegan al país.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Comisión Legislativa que investigó a los hijos de Marta Sahagún por presunto tráfico de influencias, López Rodríguez es un personaje clave en los negocios de los hermanos Bribiesca Sahagún, pues el empresario es uno de los mejor relacionados con el director general de Aduanas, José Guzmán Montalvo, considerado un "engranaje" importante en el entramado de negocios de la familia presidencial (Proceso 1518).

Villarreal Antelo no es el único funcionario vinculado con el mundo aduanero que es asesinado. Impune sigue, por ejemplo, el crimen de José Noé Garduño, subadministrador de Salas de Revisión de la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), quien fue ejecutado en septiembre de 2004, luego del escándalo generado por el robo de tres toneladas de efedrina del recinto fiscal de esa terminal aérea (Proceso 1453).

El funcionario fue secuestrado, torturado y luego ejecutado por sus plagiarios. El presunto móvil: un embarque de dinero que él había detectado y que estaba relacionado con un pago por drogas.

En mayo de 2005, fueron asesinadas dos personas. Una de ellas -Rodolfo Hernández Díaz- era empleada de una agencia aduanal de Nuevo Laredo, Tamaulipas. El caso aún no se resuelve.

En junio del año pasado, la violencia contra funcionarios de las aduanas se recrudeció: el día 5 de ese mes, fue asesinado Pedro Madrigal Trejo, agente de la Policía Federal Preventiva (PFP) asignado al AICM, quien provenía de Tijuana, Baja California. El asesinato se le atribuye al narcotráfico.

Apenas el pasado 24 de agosto, fue ejecutado en Iztapalapa Felipe Meza Ortega, gerente de aduanas de la empresa de paquetería DHL. Según las investigaciones, Ortega Meza fue asesinado por una venganza, pues se presumía que -según la PGJDF- antes de su muerte estuvo surtiendo de información a las autoridades aeroportuarias sobre el tráfico de estupefacientes en el AICM. Su crimen ocurrió un día después de que la PFP decomisó un kilo de cocaína en esa terminal aérea, la cual estaba oculta en tomos falsos de una enciclopedia. Recientemente se sumó a la lista Villarreal Antelo.

Y el lunes 4 por la noche, el director de Análisis de Servicios y Productos Financieros de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), José María Arámburu Alonso, fue víctima de un atentado que lo tiene al borde de la muerte. Según el testimonio de su chofer, el funcionario recibió cuatro impactos de bala cuando se dirigía a su domicilio.

El procurador Bernardo Bátiz no descarta que este atentado tenga relación con el del directivo de ISOSA. l