1 de octubre de 2006

DE PROCESO:

Los millones que Fox desapareció
Daniel Lizárraga

A pesar de tres recursos interpuestos por Proceso ante el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), ha resultado imposible saber dónde quedaron los 24 millones 150 mil pesos que debieron entregarse desde el inicio del gobierno foxista al Fondo Nacional de Becas. Los documentos obtenidos luego de año y medio de investigaciones –sobre todo las copias de tres cheques– parecen indicar que esos recursos públicos fueron depositados en la cuenta de un fideicomiso privado que manejó discrecionalmente el propio presidente de la República.



En los últimos días del priato, la mañana del 24 de noviembre de 2000, Carlos Rojas, coordinador financiero del equipo de transición foxista, anunció que los 10.8 millones de pesos aportados por Hacienda para la entrega-recepción de gobierno serían la base para constituir el Fondo Nacional de Becas. Pero ni un solo peso llegó a su destino.

El rastro de ese dinero público –que en realidad ascendió a 24 millones 150 mil pesos y no 10.8 millones, como dijo Carlos Rojas– se pierde justo en el momento en que el secretario de Hacienda, José Ángel Gurría, aprobó que se depositaran cinco cheques en un fideicomiso privado. De acuerdo con una investigación de Proceso, esa cuenta, abierta en Inbursa, estaba a nombre de Vicente Fox Quesada, como ciudadano y no como presidente electo.

A pesar del ordenamiento del comisionado Juan Pablo Guerrero, del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), Hacienda y la Presidencia de la República se han negado reiteradamente a responder sobre el destino de esos recursos públicos, con el pretexto de que se trata de una cuenta personal que está protegida por las leyes bancarias.

Luego de dos solicitudes de acceso a la información formuladas por este reportero, el 9 de junio de 2005 –hace un año y cuatro meses– Guerrero envió un oficio al secretario de la Función Pública, Eduardo Romero, en el que le pedía abrir una investigación y, en su caso, sancionar a los funcionarios de Hacienda por su negativa a entregar el contrato del fideicomiso y detallar el destino de esos recursos.

No ha habido respuesta sobre lo que hizo Vicente Fox con esos 24 millones 150 mil pesos. Ante esa cerrazón, se envió otro paquete de requerimientos de archivos oficiales, esta vez a la Secretaría de Educación Pública, Hacienda y la Presidencia de la República para conocer cómo se transfirieron esos recursos al Fondo Nacional de Becas, según lo afirmó Carlos Rojas en noviembre de 2000.

Luego de seis meses de litigo en el IFAI, finalmente Hacienda reconoció que nunca hubo transferencia de recursos públicos del fideicomiso privado de Vicente Fox hacia el fideicomiso con el que inició sus trabajos el Fondo Nacional de Becas. Se trató, respondió la secretaría, de cuentas separadas.

En documentos oficiales entregados por Hacienda al comisionado Juan Pablo Guerrero consta que el 27 de diciembre de 2000 el fideicomiso privado de Vicente Fox dejó de existir. De hecho, hubo un remanente de 130 mil 175 pesos, que se entregó a la Tesorería de la Federación. Del resto del dinero sólo se sabe que nunca llegó al Fondo Nacional de Becas ni a ningún otro programa oficial.

Además de esos 24 millones 150 mil pesos depositados en el fideicomiso privado de Vicente Fox, Hacienda contrató como si fueran sus empleados a 316 personas que en realidad trabajaron para el equipo de transición foxista, con un costo para el erario de 45 millones 264 mil pesos. Fungieron como asesores durante cuatro meses, de agosto a finales de noviembre de 2000. (Proceso 1501 y 1504).



Los donadores



Vicente Fox se convirtió en presidente electo el 2 de agosto de 2000. En el transcurso de ese mes, abrió personalmente un fideicomiso privado a su nombre en Inbursa, bajo la clave F/0894, de acuerdo con documentación oficial en poder de Proceso, luego de un año y ocho meses de investigación.

La primera transferencia autorizada por Hacienda tardó en llegar dos meses a la cuenta que durante la mayor parte del sexenio pasó inadvertida. El exsecretario de Hacienda José Ángel Gurría y Fox comieron en privado el 18 de octubre de 2000, en una de las oficinas alternas del equipo de transición.

Atestiguaron el encuentro Luis Ernesto Derbez –hoy secretario de Relaciones Exteriores– y Eduardo Sojo –quien fungió un tiempo como coordinador de asesores de Políticas Públicas de la Presidencia–. Al término del encuentro, ambos dijeron a los medios que durante la reunión se afinaron los detalles para el Proyecto de Presupuesto.

Un mes después, el 21 de noviembre, mientras Fox sostenía su primer cónclave con los futuros integrantes de su gabinete en el rancho San Santín, Estado de México, en donde les pidió trabajar en equipo y con honradez, Hacienda depositaba la segunda remesa de 4.9 millones de pesos en su fideicomiso.

El resto de los recursos públicos fueron depositados en la cuenta de Fox el 23 de noviembre. Inbursa recibió un último depósito por 6 millones 750 mil pesos. Este dinero llegó a manos del presidente electo cuando faltaban sólo ocho días para su toma de posesión. El período de transición estaba a unas horas de concluir, según consta en las copias de los cheques a las que Proceso tuvo acceso.

Un día después, el 24 de noviembre, Carlos Rojas declaró a los periodistas de El Universal Felipe de Jesús González y José Luis Ruiz que Hacienda apenas les había entregado 10.8 millones de pesos en un fideicomiso, cuando en realidad había en juego más de 69 millones de pesos.

El lunes 11 de diciembre, ya como presidente electo, Fox convocó a una ceremonia para anunciar el arranque de ese proyecto, cuyos fondos fueron aportados por grupos de ciudadanos: “Ahora sí. Las cámaras para acá, porque voy a lanzar un sablazo. Ya está abierta la cuenta 0.

Y EN ESTA NOTA VEMOS COMO FECAL 1 YA SE SIENTE CON LA SARTEN POR EL MANGO Y EL GASTADERO DE ESTE "RIQUISIMO PSEUDO-ENPERADORCITO" YA HACE HISTORIA

Comienza el derroche


Los recursos públicos recibidos por el candidato electo Felipe Calderón y su equipo de transición, 150 millones de pesos, no sólo duplican la cifra manejada por Fox en el año 2000. También, y debido a un completo desdén por las reglas del IFAI y la Ley de Transparencia, se hallan sometidos a los vicios de siempre: duplicidad, opacidad, discrecionalidad y manga ancha…

Marcados por la opacidad, los recursos del erario puestos a disposición del presidente electo Felipe Calderón para operar la recepción del gobierno federal –150 millones de pesos– representan 80 millones 736 mil pesos más que lo recibido por el equipo de Fox hace seis años.

Esa cantidad, que se suma a los 20 mil millones de pesos que los ciudadanos pagaron por el cuestionado proceso electoral de 2006, equivale, por ejemplo, a lo que costó echar a andar el programa de Conacyt denominado Retención y Repatriación de los Investigadores Mexicanos.

Una cantidad similar invirtió el gobierno federal para la reconstrucción de Cancún tras el paso devastador del huracán Wilma el año pasado.

Sólo el presidente electo, Felipe Calderón, podrá disponer directamente de 130 millones de pesos, una cifra equivalente al costo que tuvo el hospital Materno-Infantil en Reynosa, Tamaulipas.

Y los restantes 20 millones serán transferidos al Estado Mayor Presidencial (EMP) para que cuide a Calderón y resguarde cada uno de los sitios que visite antes de su toma de posesión, según los lineamientos del fideicomiso público creado ex profeso por las secretarías de Hacienda y de la Función Pública. Esto a pesar de que el EMP, encabezado por el general de División Armando Tamayo, cuenta ya con un presupuesto asignado por el Congreso de la Unión para cumplir precisamente con ese tipo de obligaciones.

Y en las reglas para operar dicho fideicomiso público –que por cierto será manejado en el Banjército– no aparece alguna justificación para canalizar más dinero a las actividades del EMP.

De hecho, el tema de la seguridad es uno de los más destacados en el fideicomiso, pues además de los 20 millones para el EMP, se autoriza la contratación de escoltas y servicios privados especializados en la materia.

El artículo 4 del Reglamento del Estado Mayor Presidencial precisa que, con los recursos públicos que recibe, el EMP debe “garantizar la seguridad del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de su familia, de los mandatarios y funcionarios extranjeros que visiten la República Mexicana y de otras personalidades que, por la importancia de su cargo o encomienda, expresamente ordene el titular del Ejecutivo Federal; así como proporcionar el apoyo logístico inherente a las actividades anteriores”.

Tales gastos, que no tienen topes mínimos ni máximos, fueron incluidos en el apartado IX de las Reglas de Operación, junto con los pagos por consultoría, asesoría, adquisiciones para mobiliario de oficina, compra de equipo de cómputo, combustibles, capacitación y mantenimiento de oficinas.

El Fideicomiso para Apoyar el Cambio de Administración del Ejecutivo Federal –tal es su nombre oficial– fue creado el 6 de septiembre, apenas un día después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desahogó las impugnaciones electorales en medio de fuertes protestas de la coalición Por el Bien de Todos.



El IFAI ignorado



Fue el propio presidente Vicente Fox quien, el año pasado, envió a la Cámara de Diputados la propuesta para asignar esa bolsa de 150 millones de pesos dentro del presupuesto 2006. El dinero sería tomado del Ramo General 23 de Provisiones Salariales y Económicas, específicamente en el anexo 8. Todas las fuerzas políticas, incluido el PRD, aprobaron la iniciativa sin mayor contratiempo.

La única voz que dejó sembradas algunas inquietudes fue la de la senadora priista Dulce María Sauri, quien demandó que se fijaran, desde entonces, topes y reglas claras para la operación de esos recursos públicos a fin de evitar derroches como el realizado por el equipo de transición foxista.

Aunque en el Congreso de la Unión nadie más hizo propuestas al respecto, los cinco comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) decidieron actuar para evitar las irregularidades detectadas en el equipo de transición foxista, y emitieron los Lineamientos para el cumplimiento de obligaciones de transparencia, acceso a información gubernamental y rendición de cuentas respecto de recursos federales transferidos bajo cualquier esquema al presidente electo.

Sin embargo, en ninguna parte de las reglas del nuevo fideicomiso público que beneficia al equipo de transición de Felipe Calderón se mencionaron los lineamientos de los comisionados. Simplemente se ignoraron.

Aún más, las secretarías de Hacienda y de la Función Pública desestimaron lineamientos que el IFAI considera vitales para cumplir en este aspecto con la Ley Federal de Transparencia, pues aquellas dependencias no incluyeron claramente en los nuevos lineamientos del fideicomiso la obligación de difundir en internet, cada 30 días hábiles, la información sobre todos los apoyos y transferencias que se presenten, sin importar las personas que pudieran resultar involucradas.

Los lineamientos del IFAI asientan, además, que “esta información permanecerá en los archivos y sitios de internet que correspondan a las dependencias o entidades que aporten los apoyos para la transición gubernamental, por lo menos un año contado a partir del 3 de julio de 2006”.

Y señalan que debe hacerse la “presentación de un informe público e integral sobre el uso de los recursos públicos federales, dentro del mes siguiente a la toma de posesión como presidente de la República”.

Ninguna de estas obligaciones fueron tomadas en cuenta por las reglas del fideicomiso de Felipe Calderón.



Sueldo misterioso



Aún más, el contrato del fideicomiso y sus reglas de operación nunca establecen cuánto ganará el presidente electo en los tres meses siguientes a la recepción de su acta de mayoría, o si acaso no tendrá derecho a ninguna percepción.

Lo mismo ocurrió antes con el caso de Vicente Fox, de quien se desconoce hasta la fecha si utilizó parte del dinero público para la manutención de su familia en el período de entrega-recepción de la administración.

Y es que los sueldos de los presidentes electos –al igual que las percepciones de los candidatos a un puesto de elección– continúan siendo un misterio en México.

Sólo cuando la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se vio obligada a investigar el asunto “Amigos de Fox”, pudo saberse que el guanajuatense recibió 435 mil pesos mensuales de honorarios durante su campaña.

En ese expediente, los magistrados incluyeron un diagrama de flujo en donde consta que el sueldo de Vicente Fox era responsabilidad directa de Édgar Cruz López, sobrino del empresario Lino Korrodi, uno de los creadores de esa estructura paralela al PAN que facilitó la primera derrota del PRI.

Y así se estableció que esos 435 mil pesos mensuales que Fox recibió provinieron directamente de las empresas K-Beta, Grupo de Alta Tecnología en Impresos y ST&K, propiedad, precisamente, de Lino Korrodi.



La discrecionalidad



Se sabe, no obstante, que los colaboradores de Felipe Calderón que trabajan en el equipo de transición ganarán hasta 97 mil pesos mensuales, todos bajo el régimen de honorarios, conforme a los lineamientos del fideicomiso trazados por la Secretaría de la Función Pública.

Dicho sueldo es equiparable al de algunos directores generales adjuntos en el gobierno federal.

Copias de cheques y de recibos de honorarios en poder de Proceso permiten comprobar que los colaboradores del equipo de transición de Fox percibían más que los de Calderón, pues en el año 2000 hubo personajes que obtuvieron 463 mil 377 pesos tan sólo por tres meses de trabajo, entre quienes figuraban Ernesto Gándara Camou y Efrén Ortiz Villaseñor.

Los calderonistas que reciban sueldo por honorarios en el nuevo equipo de transición quedarán entonces a la altura de lo que pagó Vicente Fox a colaboradores como Eduardo Romero Ramos –hoy secretario de la Función Pública–, quien sólo obtuvo 289 mil 610 pesos por un trimestre de trabajo.

Pero dichos lineamientos tampoco dicen nada sobre cuánto podría pagar Felipe Calderón por cualquier asesoría o a personas externas al equipo de transición.

Igualmente, a criterio del equipo calderonista quedan los gastos por viajes al extranjero, actos o ceremonias, combustibles, teléfono, agua, fotocopias, etcétera.

Un apartado del reglamento dice solamente que ese tipo de erogaciones debe reducirse a lo “estrictamente necesario”.

Y un nuevo factor de opacidad se introduce en las reglas de operación del fideicomiso cuando se abordan las contrataciones.

En dicho punto se indica que cualquier contratación debe ser aprobada dentro de un Comité Técnico del Fideicomiso, conformado por cinco personas: tres servidores públicos designados por Hacienda y dos personas especialmente nombradas por el presidente electo, Felipe Calderón.

Para agilizar la distribución y aplicación de estos recursos públicos, Hacienda, Banjército y la Secretaría de la Función Pública solicitaron al presidente electo, Felipe Calderón, nombrar a “un delegado”.

Y por eso establecieron en las reglas de operación: “El delgado abrirá una cuenta bancaria productiva de uso exclusivo para la recepción de recursos a fin de cubrir los compromisos y obligaciones adquiridos, conforme a las presentes reglas de operación y las disposiciones aplicables”.

El problema en este caso es que la apertura de esta cuenta bancaria por parte de un particular nombrado por el presidente electo, Felipe Calderón, pondría en riesgo la rendición de cuentas sobre el uso correspondiente del erario, ya que estaría protegida por el secreto bancario.

Esto a pesar de que fue justamente dicho riesgo el motivo por el cual el IFAI determinó en sus lineamientos que todo el dinero manejado por el equipo de transición debería ser operado únicamente mediante un fideicomiso público…

AHORA MONSI Y LOS AFORISMOS DE LO POLITICAMENTE CORRECTO:

Aforismos de lo políticamente correcto
Carlos Monsiváis

No preguntes que puede hacer tu patria por ti, eso es egoísta; pregúntate por lo que queda todavía en la patria que pueda ser tuyo.

-Para que ningún escándalo perjudique tu carrera política, es necesario que desde el principio evites las mentiras y te concentres en los desmentidos.

-Recuérdalo y extrae conclusiones: la mala fama duerme, el bien produce insomnio.

-Si les molesta tanto la corrupción, ¿por qué no le ponen otro nombre? Muerto el término se acabó la indignación moral.

-Sí que hay coexistencia pacífica: en 2006 se celebran el bicentenario de don Benito Juárez y el tricentenario de Miguel Miramón.

-Entre los individuos como entre las naciones el derecho al respeto ajeno es una pérdida de tiempo.

-Impunidad no es que un político o un empresario o un clérigo hagan lo que les da la gana; impunidad es que se multipliquen las denuncias y las protestas y al cabo de todas ellas se demuestre que no pasa nada si un poderoso hace lo que le da la gana.

-La dignidad moral es un sentimiento claramente innegociable; lo que se negocia es el sitio que ocupa en la jerarquía del comportamiento.

-En la clase política todos reconocen de inmediato a un analfabeta funcional; lo que sí queda un tanto a oscuras es cómo se reconoce a un alfabetizado.

-Al ver la suerte maravillosa de los poderosos, surge la duda agnóstica: ¿ellos manipulan a Dios o Dios quiera quedar bien con ellos?

-Está de moda criticar a la izquierda, estuvo de moda criticar a la izquierda, estará de moda criticar a la izquierda. ¿Qué no entiende la izquierda que si no está de moda no necesita ideólogos, sino asesores de imagen?

-Populista es aquel que le promete todo a la gente desde un templete o un balcón; aristócrata democrático es aquél que le promete todo a la Gente mientras contempla el retrato de su abuelo en la pared.

-Una definición de trabajo de la clase política: la parodia de lo inexistente.

-Derechista: aquél que le da consejos a la izquierda para que no desaparezca.

-No todos los que resucitan habían muerto antes.

-Izquierdista: el convencido de que enemigo de clase es aquél que comparte las mismas ideas en la misma organización.

-Derechista: el persuadido de que el pecado es la tapadera de la subversión.

-La gran ventaja de las encuestas: nos ayudan a prescindir definitivamente de los argumentos. l

ENSEGUIDA UNA RTICULO DE LAS "ALIANZAS" ENTRE ARPIAS,EL PAN Y LA MAMA DE CHUCKY,SE REVUELCAN EN SU BASURA SIN EL MENOR RECATO,POBRE FECAL1 EL DIA QUE LE FALLE A SU "AMIGUITA".HASTA PENA NOS DA.

Alianza entre enemigos
Alejandro Gutiérrez

Otrora adversaria implacable del PAN y orquestadora de fraudes electorales históricos en contra de ese partido, Elba Esther Gordillo pretende colocarse en un cargo gubernamental en el nuevo gobierno que encabezará Felipe Calderón. Pese a las críticas que ha recibido la dirigente magisterial por ese cambio de bando, Antonio Becerra Gaytán, quien fue líder del Partido Comunista Mexicano, dice que “en este período de devaluación o desnaturalización de la ideología la gente no lo considera una falta o una traición”.

Sin recato, Elba Esther Gordillo reclama para sí una posición en el gabinete de Felipe Calderón, a pesar de que a lo largo de su carrera política muchas veces se enfrentó con el PAN, como cuando fue pieza fundamental en la operación del PRI para cometer dos fraudes electorales –uno estatal y el otro federal– en el “verano caliente” de 1986, en Chihuahua. La víctima fue el panista Francisco Barrio y en aquella ocasión el blanquiazul presentó denuncias ante instancias internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA).

Después de aquellas elecciones, Gordillo participó en la cuestionada elección federal de 1988, que permitió el arribo de Carlos Salinas al poder. Como delegada general del PRI en Chihuahua, se valió de la maquinaria electoral del magisterio, para apuntalar el fraude.

Los profesores Antonio Becerra Gaytán –candidato del Partido Socialista Unificado de México (PSUM) a la gubernatura de Chihuahua en 1986– y Alma Gómez, exdiputada del PRD y opositora de Gordillo en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), se refieren al paso de “la maestra” por Chihuahua. “Recuerdo cuando participó en el ‘fraude patriótico’ del 86, como lo denominó Miguel de la Madrid”, dice Gómez.

Becerra Gaytán –quien también la ha enfrentado en el terreno gremial– afirma: “En esta etapa de desideologización de la política y el arribo del pragmatismo a ultranza, Elba Esther es campeona”.

Noé Rivera, exsubsecretario electoral del PRI y exoperador de la propia Gordillo, sabe de su actuación en Chihuahua: “Ella organizó la promoción del voto y la movilización magisterial. Lo hizo con el dirigente Rafael Ochoa y con los caciques magisteriales del estado, Eloy Gómez Pando y Jacinto Gómez Pasillas, este último actualmente es diputado federal por el Partido Nueva Alianza (Panal)”.



Posicionamiento



El martes 25 de julio, ante la cúpula del SNTE y del Panal, Gordillo no tuvo empacho para alzarle la mano a Felipe Calderón y llamarlo “presidente electo”, a pesar de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) apenas desahogaba el litigio poselectoral.

El pasado 20 de septiembre, desde Montevideo, Uruguay, la lideresa del SNTE dijo que está dispuesta a trabajar “sin escatimar esfuerzo” al lado del presidente electo, Felipe Calderón, si la convoca a una posición en el gobierno, “o donde sea”.

A pesar de su afirmación de que “no está apuntada ni se apunta para nada”, en los círculos políticos se sabe que ejerce presión para demandar un sitio en el nuevo gobierno y pretende colocar como titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a su alfil, actual subsecretario del ramo, Miguel Ángel Yunes; también apoya e impulsa a Benjamín González Roaro.

La posibilidad de que Gordillo y sus incondicionales ocupen un cargo en el gabinete de Calderón ha despertado malestar en el PAN, aunque todavía no se manifiesta abiertamente.

Frente al avance que el PAN tuvo en Chihuahua durante la primera mitad de los ochenta, el PRI envió a su caballería pesada en materia electoral. En los comicios federales de 1985, nombró como delegado general a Roberto Madrazo y en las elecciones para gobernador en 1986 colocó en ese puesto a Manuel Gurría Ordóñez, ambos exgobernadores de Tabasco.

Con Gurría fueron designados seis delegados regionales en esa entidad, entre ellos Elba Esther Gordillo, Melquíades Morales –quien después sería gobernador de Puebla–, Juan José Rodríguez Prats –tránsfuga del PRI y actualmente panista– y Mario Niebla Álvarez.

Fue en esta elección donde se inauguró el trabajo de las llamadas “Brigadas de Educación Política y Promoción Social” integradas por profesores, en calidad de promotores del voto del PRI; con éstas se suplió la tradicional estructura corporativa de la CTM y de los otros sectores priistas, coinciden Noé Rivera y Becerra Gaytán.

Como coordinadora del Programa Estatal de Promoción del Voto, Gordillo se valió de los maestros de las secciones VIII (federal) y la 42 (estatal) para conformar las brigadas del voto, que comprometían a priori al elector a votar por el PRI. También utilizó esa estructura sindical para desplegar votantes emergentes, apoyos para representantes de casillas y presión para los partidos de oposición, acciones que en su momento fueron denunciadas por el PAN (Proceso 566).

“La estancia de Elba Esther Gordillo en Chihuahua como delegada regional del PRI –dice Rivera– fue una especie de ‘exilio’, porque en esa época era atacada por otro poderoso grupo dentro del SNTE, que encabezaba el profesor Tomás Vázquez Vigil, junto con un profesor de apellido Soberanes y El Tigre Callejas, que era el cacique magisterial de Veracruz. La pugna se debía a que Elba Esther pretendía imponer como dirigente del sindicato a Rafael Ochoa, quien hoy es el secretario general del SNTE.”

Y agrega: “Gracias a sus ‘amistades políticas’, Gordillo se fue a Chihuahua, para apoyar en la elección a Fernando Baeza y así congraciarse con el PRI; a cambio, ella pidió que el partido la ayudara en su lucha contra el grupo de Vázquez Vigil”.

Finalmente, logró que Vázquez Vigil designara a Rafael Ochoa como delegado del CEN del SNTE en Chihuahua, quien le fue de gran utilidad para realizar la operación electoral fraudulenta, junto con el entonces cacique del magisterio en el estado, Eloy Gómez Pando, y su segundo, Jacinto Gómez Pasillas. Ambos caciques fueron auxiliados por sus operadores, los dirigentes de las secciones VIII, Carlos Barranco, y de la 42, Justo Jáquez, todos bajo las órdenes de Gordillo (Proceso 595).

Rivera añade: “Por medio de una negociación con el sindicato y a través de Benjamín González Roaro (exdirector del ISSSTE con Vicente Fox), en ese entonces director del Fideicomiso de Vivienda Magisterial (Vima), consigue que se canalicen 40 millones de pesos para un desarrollo habitacional ubicado al norte de la capital chihuahuense, cerca del Complejo Industrial Chihuahua y de la planta Ford, pero ese dinero se destinó a la campaña de Fernando Baeza.

“En la edificación de esa zona habitacional participaron las constructoras de la hija de la maestra y de González Roaro, pero no se construyen las casas porque el dinero se desvió a la campaña del PRI. Y ese fraude con las casas la sigue persiguiendo. Incluso, en este sexenio a la maestra se le entregaron 800 millones de pesos para el Fideicomiso Vima y quiso solucionar el problema, pero ya es un litigio sumamente complejo.”



Relaciones cuestionables



El exoperador de Gordillo afirma que en posteriores procesos electorales que él atendió en Chihuahua tuvo conocimiento de que durante el paso de Gordillo por esa entidad en los ochenta, ella entabló negociaciones con representantes de medios de comunicación locales y supuestos empresarios relacionados con actividades ilícitas; incluso hay políticos locales que tienen “fotografías en las que ella aparece con una de esas personas”.

Eran tantas las evidencias de que en Chihuahua se operaba un fraude electoral, que el entonces candidato del PAN, Francisco Barrio Terrazas, publicó desplegados pidiéndoles a los “maestros honestos” que lo apoyaran.

En otro de sus desplegados se leía: “La zorra cambia de pelo cada año, pero de mañas, nunca”, en alusión a la propuesta del PRI para “vigilar la limpieza de las elecciones”. Las buenas intenciones del tricolor se desvirtuaban mediante las modificaciones a la Ley Electoral que sembraban obstáculos y favorecían a sus candidatos.

En respuesta a las advertencias que el PAN hacía sobre el fraude que se cocinaba, Gordillo respondió: “Chihuahua es sólo una lucha política, tras ella todos seguiremos aquí. No hagamos heridas innecesarias”.

Pero eso sí, adelantaba aun antes de la elección que el triunfo sería del PRI. Sólo en el municipio de Chihuahua, “de los 105 mil chihuahuenses con derecho a sufragio, 73 mil votarán libremente a favor del PRI”, le dijo a El Heraldo de Chihuahua (30 junio 1986). En víspera de los comicios, señaló que lo más importante para el PRI era “recuperar credibilidad” y que “a veces se gana perdiendo”.

–¿Considera que se logró ese objetivo? –se le preguntó a Gordillo al día siguiente de las elecciones.

–Bueno –repuso dubitativa–, no hay protestas en las calles… (Proceso 611).

El PAN llevó su denuncia ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, en Washington. Además de Barrio Terrazas acudieron a presentar ese recurso los chihuahuenses Guillermo Luján Peña, Gustavo Elizondo y Jesús González Schmal, entonces secretario de Relaciones Exteriores del CEN del PAN.

En Chihuahua, la protesta por el fraude electoral movilizó a miles de personas que se aglutinaron en el Movimiento Democrático Electoral y en el llamado Frente Chihuahuense Pro Defensa del Voto, donde coincidieron Barrio Terrazas y Antonio Becerra Gaytán.

En febrero de 1990, con base en la denuncia presentada por el PAN, la CIDH emitió un informe preliminar en el que advertía que en las elecciones del “verano caliente” chihuahuense, sí hubo violaciones a los derechos políticos y electorales de los chihuahuenses.

Según dicho informe, se registraron “robos de actas de escrutinio, relleno de urnas y los organismos electorales estaban controlados por el PRI-gobierno, lo que desnaturaliza cualquier proceso, no existiendo pureza en los comicios”. Este reporte fue publicado durante varios días por diarios de Ciudad Juárez y de Chihuahua.

En 1988, como delegada general del PRI, Elba Esther advertía ante las denuncias de un nuevo fraude planteadas por el PAN: “El PRI de Chihuahua no se dejará derrotar en las próximas elecciones por miedo a las amenazas de violencia que ha pronosticado el PAN”. Ante un grupo de mujeres del PRI, señaló: “aquí están las mujeres de la revolución que haremos frente a las mujeres que hacen cacerolismo”.

Fue muy versátil en su promoción del voto. En plena elección auspició la formación de la Unión de Estilistas y Peluqueros, afiliada a la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP). Los egresados de la escuela de estilistas recorrían las colonias populares ofreciendo gratuitamente cortes de pelo y peinados.



Pragmatismo exacerbado



La profesora Alma Gómez asegura que a partir de 1986, Elba Esther Gordillo apoyó a varios líderes en las dos secciones del SNTE de Chihuahua, que hasta la fecha se mantienen. Primero impulsó a Eloy Gómez Pando, después a Alberto Carrillo, a Cesáreo Valles Machuca, Luis Adrián Pacheco y a la profesora Susana Muriel.

“Su arribo como lideresa del SNTE hizo más rígida la disciplina interna; inició una etapa más pragmática que suplió a esa etapa de ideologización y hasta mistificación que había con (Carlos) Jonguitud. Ella es muy práctica y empezó a ejercer el poder de una manera muy directa y sin contemplaciones”, explica Becerra Gaytán.

La profesora, dice, es determinante en la colocación de los dirigentes del SNTE, así como para demandarle al Estado posiciones administrativas; de ahí su enorme influencia en la política educativa, porque no sólo domina la parte sindical, sino la administrativa.

Con la creación del comité político integrado por profesores de todas las corrientes políticas, Gordillo pretendió democratizar al SNTE, “para paliar la rigidez y fomentar la pluralidad, lo que la reviste de una aureola plural y democrática, porque ella es muy hábil y muy inteligente; tiene un discurso brillante y casi impecable. El problema es la contradicción entre las palabras y los hechos”, indica Becerra.

Considera que “no está muy lejano el día” que Elba Esther Gordillo “tendrá que responder por todo lo que ha hecho en el SNTE, incluido el uso electoral de un sindicato, porque en lugar de defender el honor y el orgullo de ser sindicalizado y los intereses profesionales de los maestros, ella mandó al caño la honorabilidad del gremio”.

“Esto se paga caro, pero creo que a su tiempo el magisterio lo va a revisar, porque ninguno de los charros en su mejor momento ha causado tal daño al SNTE como el que le ha infligido Elba Esther.”

En lo que toca a sus pretensiones de conseguir nuevos cargos en el gobierno federal, considera: “En este período de devaluación o desnaturalización de la ideología, Elba Esther encuentra la ocasión para justificar su amistad con la familia Fox y ahora con Calderón, y la gente no la considera una falta o una traición, porque es muy hábil en su manejo”.

Pero para el viejo dirigente del Partido Comunista también resulta criticable la falta de definición del PAN sobre las pretensiones de la maestra, porque “está en posición de recibir apoyo sin importar de dónde venga, lo cual lo hace volverse tan pragmático como las corrientes a las que antes combatía; este partido abandonó la pureza y nitidez de sus posiciones ideológicas tradicionales”.

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