Oaxaca en vilo
Miguel Ángel Granados Chapa
Éste, sin embargo, se ha aferrado a un cargo al que llegó tras una breve carrera situada en la medianía. A partir de 1992, apenas fue diputado local, federal y senador, así como dirigente estatal del PRI y delegado de ese partido en varias entidades. Amigo cercano y colaborador de Roberto Madrazo, el infortunio del tabasqueño se refleja y reflejará en el de Ruiz Ortiz.
Durante más de 100 días el gobierno federal soslayó el conflicto oaxaqueño, como si no le concerniera, siendo que la original demanda salarial compete a las secretarías de Educación y de Hacienda, y que buena parte de la ingobernabilidad posterior se concretó en situaciones a que la Federación no puede ser ajena, como el bloqueo de vías de comunicación y la toma de emisoras de radio y televisión regidas por legislación de ese mismo ámbito. Cuando a comienzos de septiembre la Secretaría de Gobernación comenzó a enfrentar realmente, con el propio titular Carlos Abascal en la mesa de negociación, la desestabilización política, traducida en quebranto educativo y económico y en crisis de la seguridad pública, había dejado a Oaxaca en un callejón con sólo dos salidas, el empleo de la fuerza pública federal para combatir a los impugnadores del gobernador y mantenerlo en el cargo, o el retiro del gobernador.
Ruiz se ha sostenido hasta el final de septiembre merced al acuerdo no escrito pero practicado en diversos ámbitos, entre el PAN y el PRI, que aquel partido requiere para gobernar, ante el desafío que le impone la resistencia civil pacífica de Andrés Manuel López Obrador. Conforme pasa el tiempo, y ante la abulia o ineficacia del gobierno de Fox, el que lo reemplazará ha tenido que imponerse a la situación para encararla. De la oficina de Felipe Calderón surgió la información de que se había pedido a Fox resolver ese conflicto antes de concluir su gobierno, a lo que el presidente Fox contestó no haber recibido una solicitud de tal naturaleza. Por lo tanto, Calderón empezó a tomar el asunto en sus manos. Recibió a un grupo de oaxaqueños para delinear su propio plan de acción que, en rigor estricto, es el que debería ponerse en práctica, toda vez que las secuelas del conflicto, o el conflicto mismo, estarán vigentes en sus días de gobierno.
Para infortunio de Ruiz, en ese mecanismo de consulta la voz principal es la del ahora diputado panista, su antecesor en la gubernatura, Diódoro Carrasco. Apenas entregó éste el gobierno estatal a José Murat, entre ambos se abrió una brecha que se convirtió en abismo, y que se ahondó todavía más con Ruiz. Enfrentados en diversos ámbitos, la querella llegó al extremo de que una persona muy próxima a Carrasco, su antiguo secretario particular, y subsecretario de Gobernación, Gabino Cué, terminó siendo el antagonista de Ruiz (y por ende de Murat) en la elección para gobernador en 2004. Carrasco, por su parte, renunció al PRI en abril pasado y en julio fue elegido bajo la bandera panista. La visión que Carrasco tiene del actual conflicto está preñada por sus propios intereses, lastimados por la arbitrariedad de Murat y Ruiz, y esa es la visión que puede prevalecer. El ahora diputado arguye, con razón, que es desproporcionado entregar el destino de los oaxaqueños en aras de un arreglo político entre el PAN y el PRI para la gobernabilidad general del país, y se manifiesta a favor de revisar el acuerdo para no hacer pagar enormes costos a Oaxaca en función de ese pacto.
El uso de la fuerza pública, si bien no se ha descartado y puede consumarse de un momento a otro, es repudiado o desaconsejado casi universalmente, por su alto costo político y la incertidumbre de su eficacia. Más todavía, hay certeza de lo contrario: la intervención policiaca o militar, por más gradual que sea, por más que se iniciara con la fórmula de la presencia disuasiva meramente, puede sólo ser acicate para fricciones que estallen en encaramientos. No resuelve ya no digamos los problemas estructurales de fondo (la obsolescencia de las relaciones políticas impuestas desde el poder), sino ni siquiera los coyunturales. El camino más corto, en consecuencia, para lograr la distensión y el desarrollo de la lucha civil por otros medios, consiste en que Ruiz se retire.
Para hacerlo puede echar mano de alguno de los tres mecanismos previstos por la Constitución local. El primero y más sencillo, aunque el menos generador de credibilidad, es el de faltar temporalmente, hasta por 30 días, lapso en que lo sustituiría el secretario de Gobierno. Después del ataque policiaco de junio, el anterior ocupante de ese cargo, Jorge Franco (diputado e hijo del senador de mismo nombre, suplente de Ruiz) fue remplazado por Heliodoro Díaz Escárraga, que había adquirido notoriedad al presidir el Congreso y dar respuesta al quinto informe del presidente Fox, el último que pudo presentar conforme al rito ya periclitado. Su designación pareció hecha para que protagonizara este mecanismo, en que los permisos pueden ser renovados una y otra vez.
Igualmente puede Ruiz pedir licencia hasta por seis meses. Este género de falta temporal obliga a la Legislatura a nombrar un gobernador interino que rija durante ese lapso. La tercera posibilidad es que la licencia sea solicitada por un período mayor de seis meses, caso en que el interino designado para cubrir la vancante está obligado a convocar a elecciones para que el elegido complete el sexenio 2004-2010.
Ese es el menú. El único espacio en que Ruiz puede moverse es este que le otorga libertad para escoger cuál de esas tres fórmulas le es menos lesiva y, al mismo tiempo, es la que genera confianza entre la amplia porción de la sociedad que lo malquiere. l
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