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"La CIC, instrumento de control social
JORGE CARRASCO Y ÁLVARO DELGADO
El miércoles 18 el gobierno federal dará a conocer el nombre de la empresa que se encargará de desarrollar el software para la expedición de la Cédula de Identificación Ciudadana, el documento mediante el cual la Secretaría de Gobernación tendrá en su poder la información biométrica de la población mayor de 18 años. Desde hace dos años, por una indiscreción del titular del Registro Nacional de Población e Identificación Personal, Carlos Anaya Moreno, diputados y senadores supieron que esa cédula es parte de un programa estratégico de control social."
Además de que implica una regresión democrática y un dispendio en medio de la crisis económica, al tiempo que exhibe un desapego a la ley y genera dudas en la licitación, el proyecto del gobierno de Felipe Calderón de expedir la Cédula de Identidad Ciudadana (CIC) esconde un objetivo estratégico: el “control” de los más de 100 millones de mexicanos.
Este propósito fue revelado, de manera involuntaria, por funcionarios de la Secretaría de Gobernación en octubre de 2007 durante una reunión privada con diputados y senadores, en el marco de la mesa de la reforma electoral y en la cual el gobierno pretendía impulsar el Registro Nacional de Población (RNP) y la CIC.
En ese encuentro, encabezado por el entonces subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, Florencio Salazar, el director general del Registro Nacional de Población e Identificación Personal (Renapo), Carlos Anaya Moreno, mostró por descuido a los legisladores una lámina en la que se aceptaba que la cédula no es sólo para dar cumplimiento a la Ley General de Población, sino que es parte de un “programa estratégico del gobierno de la República por razones de control”.
Los senadores Jesús Murillo Karam (PRI), Ricardo García Cervantes (PAN) y Arturo Núñez (PRD), así como los diputados Felipe Solís Acero (PRI) y Juan Guerra (PRD) manifestaron su alarma por el afán del gobierno de controlar la sociedad a través del RNP y la CIC, además de desplazar a la credencial de elector como documento de identidad.
En esa reunión estuvieron presentes también Alejandro Poiré, entonces asesor de Juan Camilo Mouriño, jefe de la Oficina de la Presidencia, y quien opera actualmente el proyecto de la CIC como subsecretario de Gobernación, y Guadalupe Acosta Naranjo, en ese momento presidente nacional del PRD, quien confirma que la oposición rechazó el proyecto que, más que de identidad, es de “control” social.
“Así fue. El PAN propuso el tema y pedimos que compareciera gente de la Secretaría de Gobernación para saber qué estaban pensando sobre el Registro Nacional de Ciudadanos y la Cédula de Identidad Ciudadana”, explica a Proceso Acosta Naranjo, quien hoy es diputado federal.
“Luego de esa exposición tan burda, hubo un rechazo del PRI y del PRD a ese planteamiento que pretendía ser parte de la reforma electoral y entonces se congeló”, dice el legislador, y recuerda que en esa ocasión expuso que las implicaciones de este proyecto de Calderón son muy graves para el país y la democracia.
“Tardamos muchísimos años en lograr que el Registro Nacional de Electores se le quitara al gobierno federal y con esta nueva figura de Registro Nacional de Población se lo devolveríamos, en los hechos, otra vez. No puede el gobierno volver a tener el control –control, como mencionaron ellos–, mucho menos del padrón electoral.”
Otro de los asistentes a esa reunión, el senador Arturo Núñez, recuerda que el tema de la CIC “generó mucha suspicacia, porque iba a traer un chip con información de los programas sociales que se le entregan a la gente. Nos generó mucha preocupación vincular el tema electoral con el tema social, que hoy se presta tanto a la compra del voto y su manipulación”.
Pero después de ese “congelamiento” del Registro Nacional de Población y la Cédula de Identidad Ciudadana, y tras la derrota del PAN en las pasadas elecciones federales, Calderón relanzó públicamente su proyecto, el 28 de julio, en la conmemoración del 150 aniversario de las Leyes de
Reforma.
Trampas
La decisión causó estupor y molestia en el Instituto Federal Electoral (IFE), porque la expedición de la cédula tendrá un efecto pernicioso en el padrón electoral. El estudio más reciente del Registro Federal de Electores, de finales de octubre, establece tres escenarios, el peor de los cuales es que hasta 14 millones de ciudadanos dejarían de actualizar su credencial para votar y eso generaría un desinterés en la participación electoral.
Pero aún así los nueve consejeros no han logrado una posición unánime, e inclusive el presidente del organismo, Leonardo Valdés, pactó con el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, la “coexistencia” de los dos documentos, censurada por los consejeros Marco Antonio Baños, Marco Antonio Gómez, Virgilio Andrade, Alfredo Figueroa y Benito Nacif.
El consejero Baños alerta sobre la cédula: “La consecuencia inmediata es que el padrón electoral no será un instrumento confiable para las elecciones presidenciales de 2012, y la mediata es la desaparición del Registro Federal de Electores, sin que se hayan tomado las decisiones de fondo respecto del Registro Nacional Ciudadano. Ese es el problema”.
Baños ha sido el consejero que más oposición ha manifestado a la CIC, que sustituiría a la credencial de elector con fotografía como documento oficial de identidad, e inclusive, en una reunión con senadores, planteó a los grupos parlamentarios pronunciarse al respecto.
Aunque la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó, el 5 de agosto, un punto de acuerdo para solicitarle información a la Secretaría de Gobernación sobre los costos y plazos para la expedición de la CIC, sólo el grupo parlamentario del PRD ha impulsado acciones al respecto.
La senadora Claudia Corichi García, de Zacatecas, presentó, el 1 de septiembre, una iniciativa para derogar los artículos de la Ley General de Población referidos al RNP y a la CIC, con el fin de evitar el gasto de más de 3 mil millones de pesos y que los datos queden a cargo de la Secretaría de Gobernación.
En la iniciativa, Corichi expone que la expedición de la CIC no se ha materializado, como lo ordena la ley desde 1992, porque los ciudadanos ya cuentan con otros documentos de identidad de legal aceptación, como el pasaporte y la credencial para votar, pero sobre todo “por una bien fundada desconfianza de la ciudadanía a que una entidad del gobierno federal con claros antecedentes de ser un instrumento de control político, la Secretaría de Gobernación, tenga sus datos personales”.
En entrevista, Corichi dice que es inoportuno que el gobierno gaste más de 3 mil millones de pesos y, sobre todo, que la Secretaría de Gobernación concentre la información de todos los mexicanos.
“Puede ser un instrumento de control político y de uso político. ¿A poco los candidatos del PAN o el que será candidato a la Presidencia de la República no terminará teniendo acceso para darle uso político? Yo tengo dudas de que no lo hagan. La preocupación es que toda la información se concentre en un organismo que depende de la Secretaría de Gobernación y de la Presidencia de la República para el control político y electoral.”
–¿Hay posibilidades de que se dictamine su iniciativa?
–La verdad, no creo. Lo grave es que el tema se está subestimando, no nada más por algunos senadores, sino en general por los partidos políticos y por la misma ciudadanía.
Poder a Gobernación
Y es que, en un afán por el control de los ciudadanos por razones de “seguridad nacional”, Calderón pretende echar a andar la CIC a partir de este mes de noviembre, lo que le permitirá tener la información biométrica de la población y cruzarla con otras bases de datos en posesión del gobierno.
Se trata de un viejo anhelo gubernamental que se gestó en el gobierno de José López Portillo, quien en julio de 1980 anunció la creación del Registro de Población e Identificación Personal y la Cédula de Identificación Personal. Esta iniciativa se frustró por las críticas de ser un instrumento de control político-policiaco con fines represivos.
Pero Calderón no desiste: En su prisa por disponer de todos los datos de la población, pasa por encima de la Ley General de Población de 1992, que lo obliga a elaborar el Registro Nacional de Ciudadanos, el Registro de Menores de Edad y el Catálogo de los Extranjeros residentes en México –que integran el Registro Nacional de Población (RNP)– antes de emitir la cédula.
El reglamento de esa ley señala que, además de esos datos, en el Registro Nacional de Ciudadanos se debe incluir el lugar y fecha de la inscripción, los nombres completos de los padres y la localización del acta de nacimiento en el Registro Civil, del certificado de nacionalidad o de la carta de naturalización.
Calderón no lo hizo así y lo que busca es la emisión de la cédula, pero además se le adelantará al Senado, donde está pendiente la aprobación de la Ley Federal de Protección de Datos Personales, y ha desdeñado también al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) por el manejo de información personal.
Calderón prevé el control de los datos de prácticamente toda la población: Su objetivo es registrar a 110 millones 40 mil mexicanos para cuando termine su gobierno.
En el caso de la CIC, que será obligatoria para los mayores de 18 años, el gobierno tendrá en su poder la información biométrica del iris de los ojos, de todo el rostro y de las huellas digitales de los 10 dedos de las manos. Además del nombre completo, fecha y lugar de nacimiento y firma. Los registros personales incluirán documentos digitalizados.
El control ciudadano será total, pues esos datos se asociarán a la Clave Única de Registro Poblacional (CURP) mediante un Número Único de Identidad Biométrica. Con toda esa información se creará el Sistema Nacional de Identificación Personal (SNIP), que se alimentará también con información de bases de datos existentes en la Administración Pública. Su centro de operación estará en Aguascalientes, donde también tiene su sede el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Gobernación se perfila de nueva cuenta como una secretaría poderosa, luego de que en el gobierno de Carlos Salinas perdió el control de las elecciones y del padrón electoral, y en el de Vicente Fox las funciones de seguridad pública.
El control directo recaerá en la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal (DGRNPIP), dependiente de la Subsecretaría de Población, pero la información será recabada por una empresa privada, según la licitación pública nacional número 00004001-009-09, publicada el 24 de septiembre último.
Calderón prevé destinar 3 mil 100 millones de pesos a la puesta en marcha de este proyecto. Este año ya dispuso de 480 millones y solicitó mil 173 millones para el próximo, según el proyecto del Presupuesto de Egresos enviado a la Cámara de Diputados.
El miércoles 18 la Secretaría de Gobernación designará a la empresa ganadora, la cual deberá acondicionar, entre noviembre y mayo de 2010, el Centro de Datos con la infraestructura para el procesamiento, almacenamiento, telecomunicaciones y seguridad.
Avalada por la organización Transparencia Mexicana, la licitación pide sólo un año de experiencia en la prestación de este tipo de servicios y, peor aún, no exige ninguna certificación para el responsable de la seguridad física del centro de cómputo.
La convocatoria dice que el software pasará a ser de la DGRNPIP, que operará el SNIP, pero no especifica si la infraestructura de cómputo donde operará el Sistema será propiedad de la Secretaría de Gobernación. Tampoco la empresa será la responsable de la distribución y entrega de la cédula, a pesar de que al momento de que el ciudadano obtenga el documento deberá validar la información biométrica.
Además de esas inconsistencias, el gobierno de Calderón ha apresurado el proceso de licitación, pues apenas dio poco más de un mes para que las empresas interesadas conocieran las bases, resolvieran dudas, hicieran sus propuestas y presentaran su propuesta económica.
Una de las formas de que se frene el proyecto de Calderón es que la Cámara de Diputados no apruebe los mil 173 millones solicitados. El diputado Acosta Naranjo no descarta esa opción.
“No creo que lo aprobemos, por lo menos el PRD se opondrá. Es un problema de un doble gasto cuando tenemos serios problemas económicos. No va a pasar, a menos que el PRI llegue a un contubernio, que no veo difícil.”
No a Mouriño
En su afán de “control”, y para materializar su proyecto, la Secretaría de Gobernación pretendió valerse de la información del Registro Federal de Electores, que depende del IFE.
El 21 de febrero de 2007 propuso al IFE un intercambio de bases de datos para tener acceso a la información de los 78 millones de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, incluidos los datos biométricos de 55 millones de personas que ya tiene, pero el organismo rechazó la propuesta.
No era para menos: en 1999 el IFE, cuyo presidente era José Woldenberg, y la Secretaría de Gobernación, encabezada por el ahora panista Diódoro Carrasco, firmaron un convenio para darle a la DGRNPIP parte de la base de datos e imágenes del padrón electoral.
En 2003, esa información fue traficada y vendida a la empresa Choice Point, lo que obligó al IFE a cancelar el convenio. En 2008, a lo que más llegó la colaboración fue que Gobernación le diera al IFE la información para incorporar la CURP a la credencial de elector.
Al respecto, el consejero Baños, responsable de negociar el convenio con la Secretaría de Gobernación como presidente de la Comisión del Registro Nacional de Electores, dice que hizo una advertencia al secretario Juan Camilo Mouriño y a la subsecretaria Ana Teresa Aranda:
“Para hacer una buena negociación hay que tener muy claras las cosas y hay un tema que sería intransitable: entregarles la base de datos del padrón electoral. La razón es muy sencilla: la ley dice que para efectos de actualización del Registro Ciudadano nosotros les vamos a dar ese padrón, nada más que ustedes no tienen ese Registro Ciudadano. ¿Cómo lo van a actualizar si no lo tienen?”
Según el consejero, Mouriño y Aranda estuvieron de acuerdo con ese argumento y, en esa misma reunión, les expuso como panista un argumento de fondo: “Ustedes han contribuido a la construcción del IFE y entonces ustedes no pueden socavar la legitimidad que el IFE ha tenido por la vía del padrón electoral, porque serían 18 años de regresión política”.
–¿Qué reacción tuvo Mouriño?
–Positiva. El gobierno de la República en ese momento fue muy anuente, no dijo que quería el padrón. Nunca han dicho que quieren el padrón, pero al avanzar con la expedición de la cédula es un hecho evidente que el tema va a generar un deterioro sensible al padrón electoral. En este momento el gobierno no ha planteado la desaparición del padrón, no en la parte formal, pero la implicación real va a ser esa.
Baños afirma que, desde que Calderón relanzó el proyecto, el gobierno ha actuado con falta de pertinencia, porque debilita al IFE cuando debería fortalecerlo.
“El gobierno tiene que ser más claro respecto de qué quiere hacer con la Cédula de Identidad y para qué le va a servir en el fondo. Hay muchas versiones que hablan de que es, fundamentalmente, un mecanismo de seguridad que quiere el gobierno de la República de cada uno de los mexicanos. Si es así, que lo diga con toda claridad y que no sea ambiguo.”
En efecto, además del reconocimiento de que se trata de un objetivo estratégico de control, el gobierno de Calderón incluyó el proyecto en el Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, firmado en agosto de 2008 por representantes de los poderes y agrupaciones civiles:
“XII. Expedir la Cédula de Identidad. La Secretaría de Gobernación se compromete a integrar en un solo sistema el Servicio Nacional de Identificación Personal, que servirá de base para el propósito de identificación en los trámites más relevantes.”
De hecho, los candidatos a diputados del PAN se encargaron de admitir, expresamente, los objetivos policiacos de la Cédula de Identidad en el marco de su adhesión a la iniciativa “Mi voto por tu compromiso”, impulsado por Alejandro Martí, uno de los empresarios que financiaron la campaña de Calderón.
Además de hacer suyas demandas de las televisoras y de los organismos empresariales para reanudar la compra-venta de tiempos en radio y televisión, suprimida con la reforma de 2007, los panistas ofrecieron:
“Los diputados de Acción Nacional impulsarán, a través del Presupuesto de Egresos de la Federación, los recursos necesarios para consolidar un Registro Único de Población que emita la Cédula de Identidad Única (sic), como medio de identificación oficial de todos los mexicanos y para fortalecer nuestro sistema de seguridad.”
La exdiputada federal Lariza Montiel, transitoria representante del PAN ante el IFE, reconoció en la sesión del Consejo General que discutió las implicaciones en esa institución, el 28 de julio, que efectivamente la cédula de identidad y su implementación están ligadas a la seguridad.
“¿Cuál es el problema? Tienen finalidades distintas. Esta autoridad no se puede sentir resquebrajada o vulnerada. La cédula tiene otros objetivos, uno de ellos, la seguridad.”
¡Es un Honor Estar con Obrador!
