Vaticano culpable de prescripción de pederastia: Organizaciones de la Sociedad Civil destacaron lo anterior en un informe sombra; en enero la sede apostólica presentará un informe al Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas.
Eugenia Jiménez
México.- La sede papal ha prolongado deliberadamente las investigaciones internas de sacerdotes que han cometido abusos sexuales, con el fin de sobrevivir al plazo de prescripción de los delitos en los sistemas civiles, denunciaron organizaciones de la sociedad civil en el informe sombra que presentaron ante la ONU.
Históricamente, los procedimientos canónicos, identificados por la sede papal en su Segundo Informe presentado ante la ONU, han trabajado en contra de los intereses de las víctimas; algunos “investigadores han llegado a la conclusión de que autoridades de la Iglesia han prolongado deliberadamente las investigaciones internas con el fin de sobrevivir al plazo de prescripción de los delitos en los sistemas civiles. Crimen Sollicitationis, un documento clave que ejemplifica el procedimiento del Vaticano para tratar con alegaciones el abuso sexual hasta la implementación de nuevas normas, exige que todos los actores involucrados, incluyendo a víctimas, familiares y testigos, mantengan en secreto la denuncia; de lo contrario, existe el riesgo de excomunión”.
El próximo enero la sede apostólica responderá a las preguntas formuladas por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, por lo que las organizaciones advierten que ha intentado bloquear los avances legislativos en países donde hay denuncias de pederastia contra sacerdotes para evitar la reparación del daño en bloque a las víctimas.
El informe de 25 cuartillas, en poder de MILENIO, destaca que en muchos aspectos la situación jurídica y el carácter extraordinario de la sede papal prácticamente ha permitido que se cometan los ilícitos, aunque se escuda con el argumento de que no sucedieron en su territorio.
Detalla que la Iglesia ha combatido los esfuerzos para reformar las legislaciones con respecto a los casos de violación de menores y de violencia sexual, que permitiría a las víctimas obtener reparación.
En el texto se menciona que al menos en siete países, entre ellos México, se han denunciado casos de pederastia; en Estados Unidos, por ejemplo, la Conferencia Estadunidense de Obispos Católicos ha trabajado, a través de sus homólogos a nivel estatal, para oponerse a los esfuerzos legislativos para reformar las leyes de prescripción para el abuso sexual en la infancia. “Esto es especialmente preocupante y problemático a la luz del hecho de que la violación y otras formas de violencia sexual constituyen tortura, y, cuando se hayan cometido en forma generalizada o sistemática, crímenes de lesa humanidad, por lo que no debería haber ningún estatuto de limitaciones en virtud del derecho internacional. Cuando las autoridades de la Iglesia han seguido estos pasos para bloquear los esfuerzos de las víctimas que reclaman reparación, la consideración primordial no es el mejor interés del niño”.
Al mismo tiempo que las autoridades de la Iglesia han combatido los esfuerzos del bloque por las víctimas, en rendición de cuentas y reparación en los sistemas nacionales, sus propias políticas y procedimientos internos no proporcionan una verdadera protección o remedio para las víctimas de violencia sexual.
La sede apostólica reconoce, en su Segundo Informe presentado ante la ONU, que “las sanciones penales en la Iglesia son penas medicinales o censuras”, o “penas expiatorias”, tales como la pérdida del estado clerical, de la oficina, para residir u otras sanciones canónicas.
Por otra parte, el proceso para llegar a esa decisión puede llevar muchos años, mientras que “al sacerdote o religiosa a menudo se le ha permitido servir en la comunidad y potencialmente hacer daño a otros, con las sanciones que ascienden solo a la penitencia o la reducción al estado laico”.
En el texto se detallan casos de abusos sexuales del cardenal Bernard Law, de Boston, quien fue denunciado por encubrimiento y renunció bajo presión en 2002; después fue trasladado a Roma. También está el del cardenal Justin Rigali, arzobispo de Filadelfia de 2003 a 2011, etapa en la que se dieron a conocer abusos en contra de los niños. Además está el caso del cardenal Roger Mahony, de Los Ángeles, quien tuvo que pagar sumas millonarias por los abusos cometidos por los sacerdotes.
En sus recomendaciones las organizaciones solicitan a la ONU que le pida a la sede apostólica emitir una instrucción positiva del interés superior del niño, en particular a ser protegido contra toda forma de explotación sexual. También piden adoptar medidas contra los funcionarios de alto rango que se involucran en el encubrimiento de abusos y que no reporten los casos a las autoridades seculares.
Milenio
08 de diciembre de 2013
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