19 de junio de 2011
EL ENGAÑO A LOS JUAROCHOS: Del infierno del norte al infierno del sur MARCELA TURATI
Del infierno del norte al infierno del sur
MARCELA TURATI
19 DE JUNIO DE 2011 · COMENTARIOS DESACTIVADOS
EDICION MEXICO, VIOLENCIA SOCIAL
Son veracruzanos que se lanzaron a la frontera norte en busca de estabilidad económica. Muchos la consiguieron, pero llegó la violencia y la guerra contra el narco, el nivel de vida descendió vertiginosamente; muchas fueron las víctimas. Por eso aprovecharon un programa de retorno que les ofreció el gobierno de Fidel Herrera, con facilidades de contratación, vivienda y servicios. Pronto los juarochos –como se conoce a este grupo de desplazados por el conflicto interno– descubrieron que tras este espejismo los esperaba otro infierno: el de la pobreza.
XALAPA, VER.- Advierte que no quiere que le saquen fotografías. “A los niños les da pena mostrar dónde vivimos”, explica alzando los hombros Fernando Flores Rocha, exempresario juarocho de 40 años, ahora desempleado y, para más señas, “baja colateral” no sumada en los saldos de la violencia.
En 1999 este hombre empacó sus sueños de prosperidad y se mudó con su familia a Ciudad Juárez, entonces considerada una tierra de la fantasía, donde se hizo empresario, se asoció con una compañía estadunidense de recubrimientos de pisos industriales y ahorraba sus ganancias de hasta mil dólares por semana. Como él, entre 300 y 400 mil veracruzanos llegaron a esa frontera maquiladora buscando trabajo. Los juarenses los apodaron los juarochos.
Flores llevaba a sus dos hijos a un colegio particular y organizaba carnes asadas con amigos los fines de semana; la empresa les pagaba casa en una buena zona, además de despensas, automóviles y gasolina.
Una década después, el 24 de marzo de 2010, los cuatro integrantes de la familia Flores retornaron con otras decenas de juarochos en un avión que salió de la frontera al puerto de Veracruz: en el aeropuerto, como hijos pródigos, fueron recibidos por el gobernador Fidel Herrera, su gabinete y decenas de periodistas. Llevaban nueve maletas llenas de ropa y sólo 200 pesos en la bolsa. Llegaron en calidad de desplazados por la narcoguerra.
“Haber caído tanto en tu situación económica no es algo que te dé orgullo mostrar a la sociedad. Era una derrota: de tenerlo todo allá a de pronto no tener ni para comer, ¡fue traumático! Traíamos sólo 200 pesos en la bolsa, dos criaturas y ninguna dirección a dónde llegar”, comenta la esposa de Fernando, la única con empleo y –con su sueldo de mil 400 pesos quincenales– sostén de la familia. Como con la prohibición de las fotos, pide a esta reportera reservar su nombre. Todavía siente tristeza al acordarse cuando los fotógrafos los trataron como a fenómenos de circo.
Un año y tres meses después, los Flores, que se acogieron al “programa humanitario” de rescate de paisanos impulsado por el gobierno veracruzano, siguen sin un solo mueble. “En este tiempo no hemos podido levantarnos: no tenemos refri ni estufa ni cama, sólo los catres que nos regaló el DIF, pero sí tenemos deudas”, dice la mujer.
Una situación similar comparten miles de veracruzanos que, como ellos, huyeron de ciudades fronterizas empujados por la narcoviolencia y uno de sus engendros, el desempleo. En siete vuelos y 338 traslados terrestres, el año pasado mil 600 veracruzanos fueron “rescatados” de Ciudad Juárez, Chihuahua, Reynosa, Tamaulipas y Mexicali y Tijuana, Baja California.
No son los únicos. Según un estudio del Observatorio de Desplazamiento Interno del Consejo Noruego para Refugiados, el año pasado 115 mil mexicanos tuvieron que abandonar su vivienda para huir de la violencia. Los estados donde el fenómeno es más visible son Chihuahua y Tamaulipas.
Según cálculos de la empresa consultora Parametría, en los últimos cinco años la inseguridad empujó a 2% de la población mexicana a desplazarse de manera forzada, lo que equivale a 1 millón 648 mil personas.
Su sufrimiento no aparece en ninguna estadística. Son invisibles para el gobierno.
Si fueran refugiados y hubieran cruzado a otro país habría un sistema de protección que los acogiera, pero gente como los Flores entran en el estatus de desplazados internos que, según la ONU, adquieren aquellos que “se han visto forzados u obligados a escapar o huir de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales”.
De la violencia a la pobreza
Los Flores escaparon de la ruina económica, de las balaceras en la calle, de la falta de comida y de los ataques de nervios, pero llegaron a otro infierno.
“Dos meses después de que llegamos fui a preguntar si nos iban a dar algo, porque según la televisión el gobierno de Veracruz ofrecía trabajo en Pemex o en el gobierno, y casa, pero dijeron que el programa se había acabado. Quise hacer gestiones para un crédito y tampoco me lo otorgaron porque acá no tengo historia financiera. Sabemos que mucha gente de la que llegó con nosotros ya se regresó a Juárez”, dice Fernando Flores, quien se ha convertido en un tocador de puertas profesional: siempre en busca de empleo, ahora espera que le contesten un oficio dirigido al nuevo gobernador (Duarte) con la petición de ayuda para gestionar un crédito y una solicitud de empleo como jornalero temporal en Canadá. A punto estuvo de pedir asilo político.
“No pedimos nada gratis, sólo créditos, no queremos lástima. Si nos dieran trabajo podríamos regresar los créditos porque somos gente de trabajo”, repite varias veces en la entrevista, al igual que los otros juarochos retornados. O “repatriados”, como se dicen entre ellos, que se esforzaron durante años por superarse, hasta que la violencia les arrebató todo, menos la dignidad.
Por eso les duelen detalles que parecen insignificantes, como traer los zapatos rotos. “¿Antes cuándo íbamos a dejar que la niña trajera los tenis rotos? Hemos sido pobres, pero no a este extremo: llevamos un año en Veracruz y no hemos comprado nada. Perdí mi horno, mi estufa, mi máquina de coser, teléfonos y alhajas, porque tuvimos días sin comer ni para renta”, lamenta desde su casa en el puerto de Veracruz la señora Alejandra Durán de Echeverría, una exobrera de maquila de 46 años que en un mes será abuela.
Ella llegó, con los ocho de su plebe y la familia de su cuñada, en el vuelo del 16 de mayo tras seis años en Ciudad Juárez, donde, dice, el patrimonio familiar “creció como espuma”. Hasta que en el kínder de su hija un extorsionador comenzó a exigir 250 de pesos por alumno a la semana para no matarlo, y asaltaron brutalmente a su cuñado, y les pidieron “cuota” de 500 pesos para dejarles mantener el negocio de “segundas” que pusieron en casa, y secuestraron a una vecina y a sus hijos, y quedaron atrapados en un fuego cruzado entre sicarios y policías federales.
“Cuando ya encontrábamos muertos en cada esquina tomamos la decisión de venirnos”, dice don Rafael Echeverría Márquez, su esposo, de 49 años, en el departamento de dos cuartos donde los ocho de familia viven hacinados, en el fraccionamiento habitacional más alejado del centro. En este lugar se malpasan con el sueldo del patriarca, el único con trabajo.
Fue afortunado. El gobernador le dio la concesión de placas de un taxi. Le entregaron el título, nunca las placas. A la semana hubo cambio de gobierno y la promesa quedó en el olvido. En la nueva administración le piden 6 mil pesos para darle las láminas: “Debemos 6 mil para las placas, más las letras del carro que se vinieron encima, más el enganche del vehículo. Ya debo cerca de 55 mil”.
Los Echeverría se animaron a dejar la casa que tenían en Juárez, entre otras razones porque el Infonavit les aseguró que iban a traspasar sus créditos de vivienda a otra casa veracruzana. Pero no cumplió.
“Llegando acá el Infonavit nos dice: ‘Hasta que yo no pueda acomodar su casa no voy a poder darte otra a ti’, pero allá sobran casas vacías, nadie está comprando. Siempre que tenemos juntas con ellos todos los que venían con nosotros (los juarochos) se quejan de que es pura perdedera de tiempo”, dice él.
En los trabajos no les ha ido mejor: “Aquí nos hicieron el feo, vieron que mi hijo era de Juárez y no le tomaron la solicitud en la Soriana. Y por la edad nos discriminan”, dice ella, quien también se siente lastimada porque, como han ocurrido varias balaceras en el puerto, la gente les dice: “Ahora que se regresaron ustedes de Juárez se trajeron la violencia”.
En los días de desesperación, los Echeverría han pensado retornar a Juárez. “Si hay violencia aquí y allá, pensamos, mejor regresémonos allá, porque allá tenemos casa y acá rentamos, y allá hay oportunidad de trabajo y acá no. Pero no nos hemos ido porque me endrogué y no tengo con qué pagar. Créame, lo que menos queremos es un peso, queremos trabajo que vamos a cuidar mucho tiempo porque sabemos superarnos”, dice el patriarca.
Al garete
Cuestionado sobre el programa Veracruz Sin Fronteras, el exgobernador Fidel Herrera dice que para armarlo se asesoró con académicos que estudiaron otras experiencias de retorno, como la de los guatemaltecos refugiados en México en la década de los noventa, y lo lanzó un año y medio después, hasta asegurarse de que el retorno no causaría desbalances económicos o problemas de inseguridad, ni atraería sólo a gente pobre y sin capacidades productivas.
Niega que el programa hubiera tenido intención electoral, como se le criticó en su momento. Señala que recibió apoyo del gobierno estatal de Chihuahua y del municipio de Juárez, pero el Instituto Nacional de Migración (INM, ocupado con los migrantes ilegales de Centroamérica) no quiso otorgar 15 millones de pesos para llevar a cabo el programa.
“En caso de desplazamiento por cuestiones de violencia este es el programa más cuidado y exitoso de repatriación, el de los juarochos a Veracruz. No conozco otro programa que se hubiera aplicado con este carácter social y humanitario que contribuyó a la despresurización de Ciudad Juárez (…) Donde ocurra violencia debería de replicarse”, dice Herrera en entrevista.
Se refiere al programa en términos ideales. Según él los retornados eran gente con dinero para invertir, cuentan con vivienda del Infonavit, fueron elegibles para créditos y abrieron negocios o encontraron trabajo. Pero la realidad luce distinta.
Carlos Alberto Garrido, investigador de la Universidad Veracruzana y experto en temas migratorios, señala que por falta de oportunidades laborales, sociales, económicas, educativas y de salud, muchos juarochos desplazados la pasan mal o de plano regresan a las ciudades de las que fueron evacuados.
“Después de 10 o hasta 20 años fuera de Veracruz, viviendo en una frontera con Estados Unidos, donde consolidaron su vida y lo tenían todo, al retornar como desplazados no llegan a viviendas, viven arrimados con otras familias y tienen necesidad de alimentos, vestido, educación, intimidad, trabajo e ingresos. Al no tener nada de esto se encuentran endeudados con préstamos que los ahogan y todo esto repercute en su estabilidad emocional y su capacidad de relacionarse –explica–. Al no ser atendidos, he detectado que varios de ellos se están regresando a Ciudad Juárez y a Chihuahua, o a Reynosa porque aquí no pudieron encontrar oportunidades.”
Garrido considera que el gobernador anterior fue visionario al establecer el programa de retorno, pero que su equipo no construyó las bases para atender a los desplazados y, con el cambio de administración, el nuevo gobierno no les ha dado seguimiento salvo llamadas telefónicas para informarles de programas sociales a los que tienen derecho.
El sociólogo critica que en el país no se haya reconocido el fenómeno del desplazamiento forzado como uno de los daños colaterales de la violencia, ya que miles de personas fueron obligadas a moverse de donde estaban arraigadas “por situación de muerte, guerra, narcotráfico”, y necesitan apoyos especiales.
“No se ha aceptado el concepto de desplazados porque a grupos políticos no les conviene que se asuma; no quieren que se crea que en México se carece de paz interna y hay inseguridad, que obliga a gente a dejar su patrimonio construido durante años de esfuerzo y trabajo”, explica.
Garrido ejemplifica la situación: la familia De la Madrid, propietaria de un café internet en Juárez, nunca consiguió crédito para comprar cuatro computadoras usadas y abrir el negocio en Xalapa; a los seis meses retornó a la frontera. En el puerto de Veracruz un paisano retornado perdió su patrimonio porque se enfermó de una pierna. Los juarochos de Minatitlán realizan protestas en la presidencia municipal, desesperados, por la falta de trabajo. Otros, que llegaron a pueblos, no tienen tierras para sembrar.
“Los de Cosamaloapan, al irse, perdieron sus derechos como ejidatarios y ya no tienen tierras. Quince años después regresan, acostumbrados a ser jefes de cuadrilla en una maquila u operadores de maquinaria, pero acá pasaron a ganar 100 pesos por jornal al día por cortar caña”, dice.
El investigador considera que si el gobierno de Veracruz reconociera a los juarochos como desplazados y aplicara políticas para atenderlos marcaría un precedente de atención a la migración de retorno, podría obtener fondos de la ONU o de la Organización Internacional de Migraciones (OIM) destinados a los desplazados y aprovecharía la capacidad de esos obreros calificados, con hijos bilingües y cultura del trabajo.
En las conclusiones de su informe sobre el desplazamiento forzado en México, el observatorio noruego pide al gobierno determinar cuánta gente ha huido, a qué se dedica y cuál es su nueva situación. Además, pide facilitar a los desplazados el acceso a servicios públicos, brindarles protección y asistencia, cuidar el patrimonio que dejaron atrás y promover soluciones duraderas para ayudarlas a retornar.
Proceso solicitó entrevistas con funcionarios estatales pero la oficina de Comunicación Social nunca dio la autorización. En cada dependencia dijeron que el programa de retorno correspondió a la administración anterior.
Tipología del “juarocho”
Los juarochos se distinguen de los jarochos: se desacostumbraron al calor húmedo, ofrecen “soda” cuando uno llega a su casa, hablan un lenguaje extraño de cableados, “trocas”, bonos y maquiladoras con nombres gringos en las que llegaron a “ser alguien”. Repiten durante las conversaciones que son personas de trabajo y que sólo les falta la oportunidad para demostrarlo.
Les cuesta mucho el retorno porque se desacostumbraron al México del salario mínimo. En Veracruz todo les parece caro porque en la frontera cualquiera puede hacerse de muebles en las “segundas”. Cuando entran en confianza reconocen que la situación es tan tensa que sufren crisis nerviosas, episodios de llanto y crisis matrimoniales. Se dicen traumados por la violencia extrema y el hambre que enfrentaron. Les inquieta saber si hicieron bien en abandonar todo y empezar de nuevo. No saben quién es responsable de su tragedia.
Una persona entrevistada, cuyo nombre se reserva para no mortificar a su familia, aún se asombra por los niveles de desesperación que vivió en Juárez los últimos meses: “Dos, tres meses luché contra el suicidio. Una Navidad, solos, sin comida, que nadie nos fue a ver, estábamos todos dormidos y pensé abrir la llave del gas, pensé que ya nada tenía caso. No sé qué me detuvo”. Sin embargo, en Veracruz pudo agarrarse a una hebra de vida.
Luis Gabino Ventura y Leonila Fabela son treintañeros y tienen cuatro hijos. Retornaron a Veracruz en noviembre, luego de que él sufrió un accidente fue despedido de su maquila, asaltado con su indemnización y no consiguió otro trabajo.
En su casa, en la periferia de Veracruz, ella se queja del calor, de lo costoso de la ropa en el sur, de lo raro que es recibir para el gasto a la quincena y de la lejanía de la escuela de sus hijos. Al igual que las demás señoras entrevistadas, confiesa que sufre explosiones de angustia.
“Seguimos esperando esas prestaciones que según traíamos, que el apoyo más rápido en cuanto a trabajo, escuela y todo (…) Haga de cuenta que a veces sí quiero salir corriendo, sí me desespero, pero esperamos que la cosa se componga”, dice ella, aunque cuando su esposo se incorpora a la entrevista se contagia de su optimismo porque él considera que la situación mejorará “echándole ganas”.
Aunque Luis Gabino en Juárez era jefe de cuadrilla en una maquila y acá es chofer de camión, se dice agradecido por la ayuda gubernamental. Reconoce que la promesa dista de la realidad: aunque unos funcionarios le dijeron que tenían empresas apalabradas para contratarlos al retornar, batalló para conseguir empleo. Pese a que le ofrecieron Seguro Popular, cuando quiso afiliarse le dijeron que ya no había cupo. Le dieron concesión para un taxi, pero nunca tuvo las placas. Tuvo que insistir en tres escuelas para que una admitiera a sus hijos. El Infonavit no les traspasó la casa que dejaron.
Pero como todos los juarochos, ellos presumen ser personas de trabajo, insisten en que no piden limosna y sólo quieren una oportunidad para tomar las riendas de su destino
¡AMLO 2012!
MARCELA TURATI
19 DE JUNIO DE 2011 · COMENTARIOS DESACTIVADOS
EDICION MEXICO, VIOLENCIA SOCIAL
Son veracruzanos que se lanzaron a la frontera norte en busca de estabilidad económica. Muchos la consiguieron, pero llegó la violencia y la guerra contra el narco, el nivel de vida descendió vertiginosamente; muchas fueron las víctimas. Por eso aprovecharon un programa de retorno que les ofreció el gobierno de Fidel Herrera, con facilidades de contratación, vivienda y servicios. Pronto los juarochos –como se conoce a este grupo de desplazados por el conflicto interno– descubrieron que tras este espejismo los esperaba otro infierno: el de la pobreza.
XALAPA, VER.- Advierte que no quiere que le saquen fotografías. “A los niños les da pena mostrar dónde vivimos”, explica alzando los hombros Fernando Flores Rocha, exempresario juarocho de 40 años, ahora desempleado y, para más señas, “baja colateral” no sumada en los saldos de la violencia.
En 1999 este hombre empacó sus sueños de prosperidad y se mudó con su familia a Ciudad Juárez, entonces considerada una tierra de la fantasía, donde se hizo empresario, se asoció con una compañía estadunidense de recubrimientos de pisos industriales y ahorraba sus ganancias de hasta mil dólares por semana. Como él, entre 300 y 400 mil veracruzanos llegaron a esa frontera maquiladora buscando trabajo. Los juarenses los apodaron los juarochos.
Flores llevaba a sus dos hijos a un colegio particular y organizaba carnes asadas con amigos los fines de semana; la empresa les pagaba casa en una buena zona, además de despensas, automóviles y gasolina.
Una década después, el 24 de marzo de 2010, los cuatro integrantes de la familia Flores retornaron con otras decenas de juarochos en un avión que salió de la frontera al puerto de Veracruz: en el aeropuerto, como hijos pródigos, fueron recibidos por el gobernador Fidel Herrera, su gabinete y decenas de periodistas. Llevaban nueve maletas llenas de ropa y sólo 200 pesos en la bolsa. Llegaron en calidad de desplazados por la narcoguerra.
“Haber caído tanto en tu situación económica no es algo que te dé orgullo mostrar a la sociedad. Era una derrota: de tenerlo todo allá a de pronto no tener ni para comer, ¡fue traumático! Traíamos sólo 200 pesos en la bolsa, dos criaturas y ninguna dirección a dónde llegar”, comenta la esposa de Fernando, la única con empleo y –con su sueldo de mil 400 pesos quincenales– sostén de la familia. Como con la prohibición de las fotos, pide a esta reportera reservar su nombre. Todavía siente tristeza al acordarse cuando los fotógrafos los trataron como a fenómenos de circo.
Un año y tres meses después, los Flores, que se acogieron al “programa humanitario” de rescate de paisanos impulsado por el gobierno veracruzano, siguen sin un solo mueble. “En este tiempo no hemos podido levantarnos: no tenemos refri ni estufa ni cama, sólo los catres que nos regaló el DIF, pero sí tenemos deudas”, dice la mujer.
Una situación similar comparten miles de veracruzanos que, como ellos, huyeron de ciudades fronterizas empujados por la narcoviolencia y uno de sus engendros, el desempleo. En siete vuelos y 338 traslados terrestres, el año pasado mil 600 veracruzanos fueron “rescatados” de Ciudad Juárez, Chihuahua, Reynosa, Tamaulipas y Mexicali y Tijuana, Baja California.
No son los únicos. Según un estudio del Observatorio de Desplazamiento Interno del Consejo Noruego para Refugiados, el año pasado 115 mil mexicanos tuvieron que abandonar su vivienda para huir de la violencia. Los estados donde el fenómeno es más visible son Chihuahua y Tamaulipas.
Según cálculos de la empresa consultora Parametría, en los últimos cinco años la inseguridad empujó a 2% de la población mexicana a desplazarse de manera forzada, lo que equivale a 1 millón 648 mil personas.
Su sufrimiento no aparece en ninguna estadística. Son invisibles para el gobierno.
Si fueran refugiados y hubieran cruzado a otro país habría un sistema de protección que los acogiera, pero gente como los Flores entran en el estatus de desplazados internos que, según la ONU, adquieren aquellos que “se han visto forzados u obligados a escapar o huir de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales”.
De la violencia a la pobreza
Los Flores escaparon de la ruina económica, de las balaceras en la calle, de la falta de comida y de los ataques de nervios, pero llegaron a otro infierno.
“Dos meses después de que llegamos fui a preguntar si nos iban a dar algo, porque según la televisión el gobierno de Veracruz ofrecía trabajo en Pemex o en el gobierno, y casa, pero dijeron que el programa se había acabado. Quise hacer gestiones para un crédito y tampoco me lo otorgaron porque acá no tengo historia financiera. Sabemos que mucha gente de la que llegó con nosotros ya se regresó a Juárez”, dice Fernando Flores, quien se ha convertido en un tocador de puertas profesional: siempre en busca de empleo, ahora espera que le contesten un oficio dirigido al nuevo gobernador (Duarte) con la petición de ayuda para gestionar un crédito y una solicitud de empleo como jornalero temporal en Canadá. A punto estuvo de pedir asilo político.
“No pedimos nada gratis, sólo créditos, no queremos lástima. Si nos dieran trabajo podríamos regresar los créditos porque somos gente de trabajo”, repite varias veces en la entrevista, al igual que los otros juarochos retornados. O “repatriados”, como se dicen entre ellos, que se esforzaron durante años por superarse, hasta que la violencia les arrebató todo, menos la dignidad.
Por eso les duelen detalles que parecen insignificantes, como traer los zapatos rotos. “¿Antes cuándo íbamos a dejar que la niña trajera los tenis rotos? Hemos sido pobres, pero no a este extremo: llevamos un año en Veracruz y no hemos comprado nada. Perdí mi horno, mi estufa, mi máquina de coser, teléfonos y alhajas, porque tuvimos días sin comer ni para renta”, lamenta desde su casa en el puerto de Veracruz la señora Alejandra Durán de Echeverría, una exobrera de maquila de 46 años que en un mes será abuela.
Ella llegó, con los ocho de su plebe y la familia de su cuñada, en el vuelo del 16 de mayo tras seis años en Ciudad Juárez, donde, dice, el patrimonio familiar “creció como espuma”. Hasta que en el kínder de su hija un extorsionador comenzó a exigir 250 de pesos por alumno a la semana para no matarlo, y asaltaron brutalmente a su cuñado, y les pidieron “cuota” de 500 pesos para dejarles mantener el negocio de “segundas” que pusieron en casa, y secuestraron a una vecina y a sus hijos, y quedaron atrapados en un fuego cruzado entre sicarios y policías federales.
“Cuando ya encontrábamos muertos en cada esquina tomamos la decisión de venirnos”, dice don Rafael Echeverría Márquez, su esposo, de 49 años, en el departamento de dos cuartos donde los ocho de familia viven hacinados, en el fraccionamiento habitacional más alejado del centro. En este lugar se malpasan con el sueldo del patriarca, el único con trabajo.
Fue afortunado. El gobernador le dio la concesión de placas de un taxi. Le entregaron el título, nunca las placas. A la semana hubo cambio de gobierno y la promesa quedó en el olvido. En la nueva administración le piden 6 mil pesos para darle las láminas: “Debemos 6 mil para las placas, más las letras del carro que se vinieron encima, más el enganche del vehículo. Ya debo cerca de 55 mil”.
Los Echeverría se animaron a dejar la casa que tenían en Juárez, entre otras razones porque el Infonavit les aseguró que iban a traspasar sus créditos de vivienda a otra casa veracruzana. Pero no cumplió.
“Llegando acá el Infonavit nos dice: ‘Hasta que yo no pueda acomodar su casa no voy a poder darte otra a ti’, pero allá sobran casas vacías, nadie está comprando. Siempre que tenemos juntas con ellos todos los que venían con nosotros (los juarochos) se quejan de que es pura perdedera de tiempo”, dice él.
En los trabajos no les ha ido mejor: “Aquí nos hicieron el feo, vieron que mi hijo era de Juárez y no le tomaron la solicitud en la Soriana. Y por la edad nos discriminan”, dice ella, quien también se siente lastimada porque, como han ocurrido varias balaceras en el puerto, la gente les dice: “Ahora que se regresaron ustedes de Juárez se trajeron la violencia”.
En los días de desesperación, los Echeverría han pensado retornar a Juárez. “Si hay violencia aquí y allá, pensamos, mejor regresémonos allá, porque allá tenemos casa y acá rentamos, y allá hay oportunidad de trabajo y acá no. Pero no nos hemos ido porque me endrogué y no tengo con qué pagar. Créame, lo que menos queremos es un peso, queremos trabajo que vamos a cuidar mucho tiempo porque sabemos superarnos”, dice el patriarca.
Al garete
Cuestionado sobre el programa Veracruz Sin Fronteras, el exgobernador Fidel Herrera dice que para armarlo se asesoró con académicos que estudiaron otras experiencias de retorno, como la de los guatemaltecos refugiados en México en la década de los noventa, y lo lanzó un año y medio después, hasta asegurarse de que el retorno no causaría desbalances económicos o problemas de inseguridad, ni atraería sólo a gente pobre y sin capacidades productivas.
Niega que el programa hubiera tenido intención electoral, como se le criticó en su momento. Señala que recibió apoyo del gobierno estatal de Chihuahua y del municipio de Juárez, pero el Instituto Nacional de Migración (INM, ocupado con los migrantes ilegales de Centroamérica) no quiso otorgar 15 millones de pesos para llevar a cabo el programa.
“En caso de desplazamiento por cuestiones de violencia este es el programa más cuidado y exitoso de repatriación, el de los juarochos a Veracruz. No conozco otro programa que se hubiera aplicado con este carácter social y humanitario que contribuyó a la despresurización de Ciudad Juárez (…) Donde ocurra violencia debería de replicarse”, dice Herrera en entrevista.
Se refiere al programa en términos ideales. Según él los retornados eran gente con dinero para invertir, cuentan con vivienda del Infonavit, fueron elegibles para créditos y abrieron negocios o encontraron trabajo. Pero la realidad luce distinta.
Carlos Alberto Garrido, investigador de la Universidad Veracruzana y experto en temas migratorios, señala que por falta de oportunidades laborales, sociales, económicas, educativas y de salud, muchos juarochos desplazados la pasan mal o de plano regresan a las ciudades de las que fueron evacuados.
“Después de 10 o hasta 20 años fuera de Veracruz, viviendo en una frontera con Estados Unidos, donde consolidaron su vida y lo tenían todo, al retornar como desplazados no llegan a viviendas, viven arrimados con otras familias y tienen necesidad de alimentos, vestido, educación, intimidad, trabajo e ingresos. Al no tener nada de esto se encuentran endeudados con préstamos que los ahogan y todo esto repercute en su estabilidad emocional y su capacidad de relacionarse –explica–. Al no ser atendidos, he detectado que varios de ellos se están regresando a Ciudad Juárez y a Chihuahua, o a Reynosa porque aquí no pudieron encontrar oportunidades.”
Garrido considera que el gobernador anterior fue visionario al establecer el programa de retorno, pero que su equipo no construyó las bases para atender a los desplazados y, con el cambio de administración, el nuevo gobierno no les ha dado seguimiento salvo llamadas telefónicas para informarles de programas sociales a los que tienen derecho.
El sociólogo critica que en el país no se haya reconocido el fenómeno del desplazamiento forzado como uno de los daños colaterales de la violencia, ya que miles de personas fueron obligadas a moverse de donde estaban arraigadas “por situación de muerte, guerra, narcotráfico”, y necesitan apoyos especiales.
“No se ha aceptado el concepto de desplazados porque a grupos políticos no les conviene que se asuma; no quieren que se crea que en México se carece de paz interna y hay inseguridad, que obliga a gente a dejar su patrimonio construido durante años de esfuerzo y trabajo”, explica.
Garrido ejemplifica la situación: la familia De la Madrid, propietaria de un café internet en Juárez, nunca consiguió crédito para comprar cuatro computadoras usadas y abrir el negocio en Xalapa; a los seis meses retornó a la frontera. En el puerto de Veracruz un paisano retornado perdió su patrimonio porque se enfermó de una pierna. Los juarochos de Minatitlán realizan protestas en la presidencia municipal, desesperados, por la falta de trabajo. Otros, que llegaron a pueblos, no tienen tierras para sembrar.
“Los de Cosamaloapan, al irse, perdieron sus derechos como ejidatarios y ya no tienen tierras. Quince años después regresan, acostumbrados a ser jefes de cuadrilla en una maquila u operadores de maquinaria, pero acá pasaron a ganar 100 pesos por jornal al día por cortar caña”, dice.
El investigador considera que si el gobierno de Veracruz reconociera a los juarochos como desplazados y aplicara políticas para atenderlos marcaría un precedente de atención a la migración de retorno, podría obtener fondos de la ONU o de la Organización Internacional de Migraciones (OIM) destinados a los desplazados y aprovecharía la capacidad de esos obreros calificados, con hijos bilingües y cultura del trabajo.
En las conclusiones de su informe sobre el desplazamiento forzado en México, el observatorio noruego pide al gobierno determinar cuánta gente ha huido, a qué se dedica y cuál es su nueva situación. Además, pide facilitar a los desplazados el acceso a servicios públicos, brindarles protección y asistencia, cuidar el patrimonio que dejaron atrás y promover soluciones duraderas para ayudarlas a retornar.
Proceso solicitó entrevistas con funcionarios estatales pero la oficina de Comunicación Social nunca dio la autorización. En cada dependencia dijeron que el programa de retorno correspondió a la administración anterior.
Tipología del “juarocho”
Los juarochos se distinguen de los jarochos: se desacostumbraron al calor húmedo, ofrecen “soda” cuando uno llega a su casa, hablan un lenguaje extraño de cableados, “trocas”, bonos y maquiladoras con nombres gringos en las que llegaron a “ser alguien”. Repiten durante las conversaciones que son personas de trabajo y que sólo les falta la oportunidad para demostrarlo.
Les cuesta mucho el retorno porque se desacostumbraron al México del salario mínimo. En Veracruz todo les parece caro porque en la frontera cualquiera puede hacerse de muebles en las “segundas”. Cuando entran en confianza reconocen que la situación es tan tensa que sufren crisis nerviosas, episodios de llanto y crisis matrimoniales. Se dicen traumados por la violencia extrema y el hambre que enfrentaron. Les inquieta saber si hicieron bien en abandonar todo y empezar de nuevo. No saben quién es responsable de su tragedia.
Una persona entrevistada, cuyo nombre se reserva para no mortificar a su familia, aún se asombra por los niveles de desesperación que vivió en Juárez los últimos meses: “Dos, tres meses luché contra el suicidio. Una Navidad, solos, sin comida, que nadie nos fue a ver, estábamos todos dormidos y pensé abrir la llave del gas, pensé que ya nada tenía caso. No sé qué me detuvo”. Sin embargo, en Veracruz pudo agarrarse a una hebra de vida.
Luis Gabino Ventura y Leonila Fabela son treintañeros y tienen cuatro hijos. Retornaron a Veracruz en noviembre, luego de que él sufrió un accidente fue despedido de su maquila, asaltado con su indemnización y no consiguió otro trabajo.
En su casa, en la periferia de Veracruz, ella se queja del calor, de lo costoso de la ropa en el sur, de lo raro que es recibir para el gasto a la quincena y de la lejanía de la escuela de sus hijos. Al igual que las demás señoras entrevistadas, confiesa que sufre explosiones de angustia.
“Seguimos esperando esas prestaciones que según traíamos, que el apoyo más rápido en cuanto a trabajo, escuela y todo (…) Haga de cuenta que a veces sí quiero salir corriendo, sí me desespero, pero esperamos que la cosa se componga”, dice ella, aunque cuando su esposo se incorpora a la entrevista se contagia de su optimismo porque él considera que la situación mejorará “echándole ganas”.
Aunque Luis Gabino en Juárez era jefe de cuadrilla en una maquila y acá es chofer de camión, se dice agradecido por la ayuda gubernamental. Reconoce que la promesa dista de la realidad: aunque unos funcionarios le dijeron que tenían empresas apalabradas para contratarlos al retornar, batalló para conseguir empleo. Pese a que le ofrecieron Seguro Popular, cuando quiso afiliarse le dijeron que ya no había cupo. Le dieron concesión para un taxi, pero nunca tuvo las placas. Tuvo que insistir en tres escuelas para que una admitiera a sus hijos. El Infonavit no les traspasó la casa que dejaron.
Pero como todos los juarochos, ellos presumen ser personas de trabajo, insisten en que no piden limosna y sólo quieren una oportunidad para tomar las riendas de su destino
¡AMLO 2012!
PACTO DE CIUDAD JUAREZ : Resurge la Iglesia de las causas sociales JOSÉ GIL OLMOS
Resurge la Iglesia de las causas sociales
JOSÉ GIL OLMOS
19 DE JUNIO DE 2011 · SIN COMENTARIOS
EDICION MEXICO, JUSTICIA
Cada vez resulta más evidente el apoyo de obispos y sacerdotes al movimiento ciudadano que hermanan al poeta Javier Sicilia, a los parientes de las víctimas de la guerra declarada por el gobierno federal al narcotráfico y a las organizaciones sociales que claman por un México con paz y dignidad. Óscar Enríquez, Raúl Vera, Miguel Concha y Alejandro Solalinde son algunas de esas cabezas eclesiales visibles. Este último dice: “Si la Iglesia católica nos ha enseñado a ser autocríticos con ella misma, con mayor razón vamos a ser críticos frente al Estado”. Y sentencia: por eso los curas estamos saliendo a las calles a denunciar…
La Iglesia de los pobres que antaño arropó las causas sociales de grupos marginados y activistas sociales recobra hoy sus bríos en torno al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que encabeza el escritor Javier Sicilia.
En las dos marchas de él y de los familiares de los agraviados por la violencia –así como en la Caravana del Consuelo que recorrió casi 3 mil kilómetros de Cuernavaca a Ciudad Juárez– las comunidades eclesiales de base y otras organizaciones comunitarias identificadas con la Teología de la Liberación dieron refugio, comida, agua, seguridad y fuerza espiritual a los participantes.
En tres meses, el movimiento ciudadano cobró dimensión nacional y cuenta ya con seguidores en ciudades de Estados Unidos y Europa. Desde el principio, la convicción profundamente religiosa de Sicilia atrajo la simpatía de las autoridades eclesiásticas, algunos de cuyos miembros trabajan junto a las víctimas de la guerra emprendida por el presidente Felipe Calderón.
A él se sumaron, por ejemplo, sacerdotes identificados con las causas sociales como Alejandro Solalinde y Óscar Enríquez, quienes auxilian a los migrantes centroamericanos a su paso por Oaxaca y Ciudad Juárez en su itinerario hacia Estados Unidos; el obispo Raúl Vera López, quien desde la diócesis de Saltillo dirige una organización de apoyo a los desaparecidos; el padre Miguel Concha Malo, presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, y el provenzal de los dominicos Gonzalo Ituarte, quien participó como secretario técnico de la Comisión Nacional de Intermediación (Conai) en los diálogos para la paz durante el conflicto armado de Chiapas.
La solidaridad de los curas contrasta con el silencio del alto clero, cuyos integrantes se han volcado a defender a Calderón. El jueves 2, el obispo de Tlalnepantla, Estado de México, y presidente de la Conferencia Episcopal Mexicana (CEM), Carlos Aguiar Retes, dijo que la lucha de Felipe Calderón contra el narcotráfico tiene un derramamiento de sangre “indispensable”. Seguramente se refería a los 40 mil muertos y 10 mil desaparecidos durante el presente sexenio.
“Su apoyo ha sido fundamental. Siempre han estado pero ahora se ha hecho más visible su trabajo con la gente”, reconoce Sicilia respecto de los clérigos que lo acompañan en su movimiento. Gracias a ellos nunca faltó agua ni comida durante la caravana; ellos coadyuvaron en la obtención de fondos para el pago de los autobuses, las casetas y la gasolina.
Ituarte, Concha Malo, Enríquez y Vera López estuvieron en Ciudad Juárez durante la firma del Pacto para la Paz; incluso enarbolaron una bandera nacional y un estandarte con la imagen de la virgen de Guadalupe y bendijeron el documento.
Ni complicidades ni compadrazgos
Alejandro Solalinde, representante de la pastoral de migrantes de la CEM, sostiene que en esta situación de emergencia nacional, de violencia y de miles de muertes, la Iglesia católica se encuentra en “transición”.
“La Iglesia católica tiene que responder a esta situación, sobre todo sus jerarcas. Ante este hecho, ante tanta crisis, violencia, injusticia y empobrecimiento de la nación no puede quedarse con los brazos cruzados. Tiene que responder porque es pastora de su comunidad”, dice a Proceso el padre de la diócesis de Tehuantepec, quien dirige también el albergue Hermanos en el Camino, a través del cual auxilia a los migrantes de Centro y Sudamérica en su paso hacia Estados Unidos.
Solalinde considera que el movimiento de Sicilia representa el signo de los tiempos en México, “que es brutal y que nos está hablando de una situación límite”; “de no acompañar este movimiento ciudadano pacífico, lo que sigue es una lucha armada y eso no lo queremos”, advierte.
Por eso insiste: la Iglesia católica mexicana no puede optar por la violencia, tiene obligación de velar por la paz: “A nivel de bajo clero hay una participación muy amplia en este movimiento; a nivel del alto clero todavía hay titubeos, dudas. Algunos sacerdotes se pronuncian abiertamente por el movimiento; no hay manera de negar la participación ante el dolor y la omisión de tantas instituciones”.
Defensor de los migrantes maltratados por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y policías estatales, que ha denunciado aun en foros internacionales, Solalinde señala que la crisis por la que atraviesa la Iglesia católica no es privativo de México, también se observa en Estados Unidos, Canadá, Centroamérica y el Caribe “donde hay una visión obsoleta, anacrónica” del fenómeno migratorio y sus problemas.
“Por eso la Iglesia católica tiene que coordinarse, integrarse y crecer en su visión, dejar esta lejanía ante la realidad y ser sensibles ante los problemas de la gente. Tenemos que buscar una respuesta responsable y solidaria, sobre todo en el Movimiento por la Paz”, asevera.
Para el entrevistado, las comunidades eclesiales de base y otras organizaciones identificadas con un compromiso social son la simiente de este movimiento; la Iglesia católica tiene que inclinarse por la justicia y ante el pueblo frente a esta masacre nacional.
Muestra de la crisis interna en el alto clero son las posturas divididas por sus integrantes ante lo que está pasando en el país. “Antes, el episcopado mexicano se movía en bloque, en gremio, como un corporativo; hoy, eso ya no funciona. Eso es normal, porque cada uno tiene que actuar por conciencia, no por consigna. En la Iglesia católica cada quien es dueño de su conciencia; de ahí que nadie se pueda meter, ni el Papa”, resume Solalinde.
Durante la entrevista asegura que la participación de la Iglesia comprometida socialmente no es algo nuevo; así ha actuado en cada momento histórico, desde la Independencia. Ha habido curas sensibles, comprometidos con su pueblo. Fueron buenos pastores porque dieron la vida por sus ovejas. Son mártires, aunque no se les reconozca.
–¿Lo están haciendo nuevamente?
–¡Claro! Los curas estamos saliendo a las calles a denunciar. No podemos ser un clero agradecido, subordinado a un gobierno. Si la Iglesia católica nos ha enseñado a ser autocríticos con ella misma, con mayor razón lo vamos a ser frente al Estado.
–Nada de pasividad…
–Para nada. Ni agradecimientos ni complicidades ni compadrazgos.
El desafío por la paz
El obispo Raúl Vera, reconocido por la defensa de los derechos de las comunidades indígenas en Chiapas y ahora por encontrar a los miles de desaparecidos, dice que cualquier persona tendría que apoyar el movimiento pacífico que encabeza Sicilia.
“Cualquier persona con sentido común, así sea laico, entiende este planteamiento que está haciendo el movimiento ciudadano, pues nos llama a tener un México diferente, con paz. Se tiene que adherir a él. Además, se inserta en la línea no violenta que predicó Gandhi. Cualquier cristiano sabe que el reino de Dios es factible, y deberá asumir un compromiso en este movimiento.
–Además, es parte de la responsabilidad que se tiene ante esta emergencia nacional, ¿no?
–Quien está respondiendo para comprometerse, claro que sí. Cualquiera dice “ahora es cuando”. Este es el momento justo y adecuado para un cambio social.
Sin meterse en la crítica al alto clero católico, el obispo de Saltillo dice que el Evangelio debe entenderse desde una acción transformadora de la historia: “Yo no me metería en cómo algunas personas entienden el Evangelio, pero desde que era universitario y reflexionaba con mis compañeros de la Facultad de Química de la UNAM sobre el asunto, comencé a entender que el Evangelio es un elemento de transformación de la sociedad. Así lo presenta el Concilio Ecuménico Vaticano II.
–¿Se está refrescando esta tarea con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad?
–La gente está saliendo a las calles. Creo que en este momento es una opción excelente.
El apoyo, espontáneo
El padre dominico Miguel Concha sostiene que el apoyo al movimiento ciudadano ha sido espontáneo. “Nos hemos visto reflejados en la actitud cristiana de Sicilia y en la respuesta social que él ha dado en medio de su dolor, de su duelo, inspirado en el Evangelio”.
Coincide con el obispo Vera en que el movimiento está refrescando esta pastoral de la Iglesia católica mexicana y le da una responsabilidad importante en estos tiempos de crisis nacional.
“El apoyo es algo espontáneo. Lo hacemos de corazón, sin cálculos eclesiásticos. Es algo que nos sale del corazón; es eminentemente cristiano, no porque sea confesional, sino porque el compromiso de estar con el dolor de la gente y de Javier (Sicilia), quien ha sabido transformar ese dolor en amor y en una lucha por la justicia y la paz. Estamos completamente de acuerdo con que nos urge un México digno.”
Por su parte, Óscar Enríquez, del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, con sede en Ciudad Juárez, señala que si es cierto que siempre ha habido una corriente eclesial en América Latina con opción por los pobres, que implica un compromiso sociopolítico y una cercanía con el pueblo, ahora se hace más evidente con el movimiento que encabeza Sicilia y que llegó hasta esa ciudad a firmar el Pacto por la Paz.
Precisa que mientras la línea pastoral que tiene como referente la Teología de la Liberación fue cuestionada por Juan Pablo II desde el Vaticano, nunca desapareció en muchos que llevan esta corriente religiosa en la mente y en el corazón.
“Es nuestro referente, nuestro marco teórico permanente. La lectura que hacemos de los Evangelios es desde esa perspectiva y sentimos que el cristianismo da para eso y para mucho más”, sostiene el sacerdote.
Recuerda que en 2007, a partir de la última conferencia del episcopado latinoamericano, se estableció oficialmente el compromiso de motivar e impulsar las comunidades de base en todo el continente.
“Desde entonces hay un relanzamiento de la fe en varias regiones de América Latina, incluido México. Ahí establecimos el compromiso de relanzarlas, retomar esta corriente más liberadora, solidaria y samaritana, y expresar esos compromisos en nuestros contextos. Lo estamos haciendo aunque nos está costando porque hubo ese estancamiento”, afirma Enríquez.
Sobre todo porque, advierte, hay un sector de la Iglesia que se encierra en el ánimo religioso y no abre las puertas a los problemas sociales: “Gran parte de la jerarquía católica está cerca del poder. Lo vemos con las declaraciones que hizo el presidente de la CEM, Carlos Aguiar Retes, en el sentido de que era inevitable el derramamiento de sangre. Incluso lo vimos como un espaldarazo a la estrategia del presidente Calderón. Sus declaraciones lastimaron a un sector del pueblo”.
Frente a esto, Enríquez sostiene que la parte que se identifica con la iglesia de los pobres, con la Teología de la Liberación, la que abre las puertas de la Iglesia para estar en contacto con la gente, con los problemas del pueblo, nuevamente está teniendo un papel protagónico y acompaña el movimiento por la paz que encabeza Javier Sicilia, poeta y colaborador de Proceso.
¡AMLO 2012!
JOSÉ GIL OLMOS
19 DE JUNIO DE 2011 · SIN COMENTARIOS
EDICION MEXICO, JUSTICIA
Cada vez resulta más evidente el apoyo de obispos y sacerdotes al movimiento ciudadano que hermanan al poeta Javier Sicilia, a los parientes de las víctimas de la guerra declarada por el gobierno federal al narcotráfico y a las organizaciones sociales que claman por un México con paz y dignidad. Óscar Enríquez, Raúl Vera, Miguel Concha y Alejandro Solalinde son algunas de esas cabezas eclesiales visibles. Este último dice: “Si la Iglesia católica nos ha enseñado a ser autocríticos con ella misma, con mayor razón vamos a ser críticos frente al Estado”. Y sentencia: por eso los curas estamos saliendo a las calles a denunciar…
La Iglesia de los pobres que antaño arropó las causas sociales de grupos marginados y activistas sociales recobra hoy sus bríos en torno al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que encabeza el escritor Javier Sicilia.
En las dos marchas de él y de los familiares de los agraviados por la violencia –así como en la Caravana del Consuelo que recorrió casi 3 mil kilómetros de Cuernavaca a Ciudad Juárez– las comunidades eclesiales de base y otras organizaciones comunitarias identificadas con la Teología de la Liberación dieron refugio, comida, agua, seguridad y fuerza espiritual a los participantes.
En tres meses, el movimiento ciudadano cobró dimensión nacional y cuenta ya con seguidores en ciudades de Estados Unidos y Europa. Desde el principio, la convicción profundamente religiosa de Sicilia atrajo la simpatía de las autoridades eclesiásticas, algunos de cuyos miembros trabajan junto a las víctimas de la guerra emprendida por el presidente Felipe Calderón.
A él se sumaron, por ejemplo, sacerdotes identificados con las causas sociales como Alejandro Solalinde y Óscar Enríquez, quienes auxilian a los migrantes centroamericanos a su paso por Oaxaca y Ciudad Juárez en su itinerario hacia Estados Unidos; el obispo Raúl Vera López, quien desde la diócesis de Saltillo dirige una organización de apoyo a los desaparecidos; el padre Miguel Concha Malo, presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, y el provenzal de los dominicos Gonzalo Ituarte, quien participó como secretario técnico de la Comisión Nacional de Intermediación (Conai) en los diálogos para la paz durante el conflicto armado de Chiapas.
La solidaridad de los curas contrasta con el silencio del alto clero, cuyos integrantes se han volcado a defender a Calderón. El jueves 2, el obispo de Tlalnepantla, Estado de México, y presidente de la Conferencia Episcopal Mexicana (CEM), Carlos Aguiar Retes, dijo que la lucha de Felipe Calderón contra el narcotráfico tiene un derramamiento de sangre “indispensable”. Seguramente se refería a los 40 mil muertos y 10 mil desaparecidos durante el presente sexenio.
“Su apoyo ha sido fundamental. Siempre han estado pero ahora se ha hecho más visible su trabajo con la gente”, reconoce Sicilia respecto de los clérigos que lo acompañan en su movimiento. Gracias a ellos nunca faltó agua ni comida durante la caravana; ellos coadyuvaron en la obtención de fondos para el pago de los autobuses, las casetas y la gasolina.
Ituarte, Concha Malo, Enríquez y Vera López estuvieron en Ciudad Juárez durante la firma del Pacto para la Paz; incluso enarbolaron una bandera nacional y un estandarte con la imagen de la virgen de Guadalupe y bendijeron el documento.
Ni complicidades ni compadrazgos
Alejandro Solalinde, representante de la pastoral de migrantes de la CEM, sostiene que en esta situación de emergencia nacional, de violencia y de miles de muertes, la Iglesia católica se encuentra en “transición”.
“La Iglesia católica tiene que responder a esta situación, sobre todo sus jerarcas. Ante este hecho, ante tanta crisis, violencia, injusticia y empobrecimiento de la nación no puede quedarse con los brazos cruzados. Tiene que responder porque es pastora de su comunidad”, dice a Proceso el padre de la diócesis de Tehuantepec, quien dirige también el albergue Hermanos en el Camino, a través del cual auxilia a los migrantes de Centro y Sudamérica en su paso hacia Estados Unidos.
Solalinde considera que el movimiento de Sicilia representa el signo de los tiempos en México, “que es brutal y que nos está hablando de una situación límite”; “de no acompañar este movimiento ciudadano pacífico, lo que sigue es una lucha armada y eso no lo queremos”, advierte.
Por eso insiste: la Iglesia católica mexicana no puede optar por la violencia, tiene obligación de velar por la paz: “A nivel de bajo clero hay una participación muy amplia en este movimiento; a nivel del alto clero todavía hay titubeos, dudas. Algunos sacerdotes se pronuncian abiertamente por el movimiento; no hay manera de negar la participación ante el dolor y la omisión de tantas instituciones”.
Defensor de los migrantes maltratados por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y policías estatales, que ha denunciado aun en foros internacionales, Solalinde señala que la crisis por la que atraviesa la Iglesia católica no es privativo de México, también se observa en Estados Unidos, Canadá, Centroamérica y el Caribe “donde hay una visión obsoleta, anacrónica” del fenómeno migratorio y sus problemas.
“Por eso la Iglesia católica tiene que coordinarse, integrarse y crecer en su visión, dejar esta lejanía ante la realidad y ser sensibles ante los problemas de la gente. Tenemos que buscar una respuesta responsable y solidaria, sobre todo en el Movimiento por la Paz”, asevera.
Para el entrevistado, las comunidades eclesiales de base y otras organizaciones identificadas con un compromiso social son la simiente de este movimiento; la Iglesia católica tiene que inclinarse por la justicia y ante el pueblo frente a esta masacre nacional.
Muestra de la crisis interna en el alto clero son las posturas divididas por sus integrantes ante lo que está pasando en el país. “Antes, el episcopado mexicano se movía en bloque, en gremio, como un corporativo; hoy, eso ya no funciona. Eso es normal, porque cada uno tiene que actuar por conciencia, no por consigna. En la Iglesia católica cada quien es dueño de su conciencia; de ahí que nadie se pueda meter, ni el Papa”, resume Solalinde.
Durante la entrevista asegura que la participación de la Iglesia comprometida socialmente no es algo nuevo; así ha actuado en cada momento histórico, desde la Independencia. Ha habido curas sensibles, comprometidos con su pueblo. Fueron buenos pastores porque dieron la vida por sus ovejas. Son mártires, aunque no se les reconozca.
–¿Lo están haciendo nuevamente?
–¡Claro! Los curas estamos saliendo a las calles a denunciar. No podemos ser un clero agradecido, subordinado a un gobierno. Si la Iglesia católica nos ha enseñado a ser autocríticos con ella misma, con mayor razón lo vamos a ser frente al Estado.
–Nada de pasividad…
–Para nada. Ni agradecimientos ni complicidades ni compadrazgos.
El desafío por la paz
El obispo Raúl Vera, reconocido por la defensa de los derechos de las comunidades indígenas en Chiapas y ahora por encontrar a los miles de desaparecidos, dice que cualquier persona tendría que apoyar el movimiento pacífico que encabeza Sicilia.
“Cualquier persona con sentido común, así sea laico, entiende este planteamiento que está haciendo el movimiento ciudadano, pues nos llama a tener un México diferente, con paz. Se tiene que adherir a él. Además, se inserta en la línea no violenta que predicó Gandhi. Cualquier cristiano sabe que el reino de Dios es factible, y deberá asumir un compromiso en este movimiento.
–Además, es parte de la responsabilidad que se tiene ante esta emergencia nacional, ¿no?
–Quien está respondiendo para comprometerse, claro que sí. Cualquiera dice “ahora es cuando”. Este es el momento justo y adecuado para un cambio social.
Sin meterse en la crítica al alto clero católico, el obispo de Saltillo dice que el Evangelio debe entenderse desde una acción transformadora de la historia: “Yo no me metería en cómo algunas personas entienden el Evangelio, pero desde que era universitario y reflexionaba con mis compañeros de la Facultad de Química de la UNAM sobre el asunto, comencé a entender que el Evangelio es un elemento de transformación de la sociedad. Así lo presenta el Concilio Ecuménico Vaticano II.
–¿Se está refrescando esta tarea con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad?
–La gente está saliendo a las calles. Creo que en este momento es una opción excelente.
El apoyo, espontáneo
El padre dominico Miguel Concha sostiene que el apoyo al movimiento ciudadano ha sido espontáneo. “Nos hemos visto reflejados en la actitud cristiana de Sicilia y en la respuesta social que él ha dado en medio de su dolor, de su duelo, inspirado en el Evangelio”.
Coincide con el obispo Vera en que el movimiento está refrescando esta pastoral de la Iglesia católica mexicana y le da una responsabilidad importante en estos tiempos de crisis nacional.
“El apoyo es algo espontáneo. Lo hacemos de corazón, sin cálculos eclesiásticos. Es algo que nos sale del corazón; es eminentemente cristiano, no porque sea confesional, sino porque el compromiso de estar con el dolor de la gente y de Javier (Sicilia), quien ha sabido transformar ese dolor en amor y en una lucha por la justicia y la paz. Estamos completamente de acuerdo con que nos urge un México digno.”
Por su parte, Óscar Enríquez, del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, con sede en Ciudad Juárez, señala que si es cierto que siempre ha habido una corriente eclesial en América Latina con opción por los pobres, que implica un compromiso sociopolítico y una cercanía con el pueblo, ahora se hace más evidente con el movimiento que encabeza Sicilia y que llegó hasta esa ciudad a firmar el Pacto por la Paz.
Precisa que mientras la línea pastoral que tiene como referente la Teología de la Liberación fue cuestionada por Juan Pablo II desde el Vaticano, nunca desapareció en muchos que llevan esta corriente religiosa en la mente y en el corazón.
“Es nuestro referente, nuestro marco teórico permanente. La lectura que hacemos de los Evangelios es desde esa perspectiva y sentimos que el cristianismo da para eso y para mucho más”, sostiene el sacerdote.
Recuerda que en 2007, a partir de la última conferencia del episcopado latinoamericano, se estableció oficialmente el compromiso de motivar e impulsar las comunidades de base en todo el continente.
“Desde entonces hay un relanzamiento de la fe en varias regiones de América Latina, incluido México. Ahí establecimos el compromiso de relanzarlas, retomar esta corriente más liberadora, solidaria y samaritana, y expresar esos compromisos en nuestros contextos. Lo estamos haciendo aunque nos está costando porque hubo ese estancamiento”, afirma Enríquez.
Sobre todo porque, advierte, hay un sector de la Iglesia que se encierra en el ánimo religioso y no abre las puertas a los problemas sociales: “Gran parte de la jerarquía católica está cerca del poder. Lo vemos con las declaraciones que hizo el presidente de la CEM, Carlos Aguiar Retes, en el sentido de que era inevitable el derramamiento de sangre. Incluso lo vimos como un espaldarazo a la estrategia del presidente Calderón. Sus declaraciones lastimaron a un sector del pueblo”.
Frente a esto, Enríquez sostiene que la parte que se identifica con la iglesia de los pobres, con la Teología de la Liberación, la que abre las puertas de la Iglesia para estar en contacto con la gente, con los problemas del pueblo, nuevamente está teniendo un papel protagónico y acompaña el movimiento por la paz que encabeza Javier Sicilia, poeta y colaborador de Proceso.
¡AMLO 2012!
PACTO DE CIUDAD JUAREZ: Del consuelo a la resistencia JOHN M. ACKERMAN
Del consuelo a la resistencia
JOHN M. ACKERMAN
19 DE JUNIO DE 2011 · SIN COMENTARIOS
ANÁLISIS, EDICION MEXICO
El pasado 10 de junio algo mágico ocurrió en Ciudad Juárez. Inspirados por la visita de Javier Sicilia a esta dolida y atormentada ciudad, una amplia diversidad de víctimas, defensores de derechos humanos, jóvenes, mujeres, intelectuales y activistas tomaron la decisión de sentar las bases para una refundación de la República. Todos ellos lograron traducir su dolor y coraje en propuestas y acciones concretas encaminadas a transformar de raíz el sistema de opresión, corrupción y marginación que es la causa originaria de los 40 mil muertos de la “guerra” de Felipe Calderón. En lugar de quedarse únicamente con la valiosa e imprescindible demanda de justicia ante los muertos, cuya búsqueda diariamente les quema el pecho, mostraron la generosidad de también promover cambios en la estructura social, económica y política que ha hecho posible la injusticia que hoy todos padecemos.
No han faltado las voces que en los últimos días hayan querido descalificar este acontecimiento, y llaman a Sicilia a controlar y encauzar el emergente movimiento para que se enfoque exclusivamente en el tema de la seguridad pública y la resolución judicial de casos concretos. Ricardo Alemán escribe que “un grupo de vividores de la política” “chamaquearon” a Sicilia al “secuestrar” las mesas de discusión en Juárez. Federico Reyes Heroles lamenta que “la pureza de un discurso ciudadano emanado del dolor” fuera corrompido cuando “los ultras –siempre al acecho– colaron sus provocaciones”.
De acuerdo con este punto de vista, las víctimas son “puros” cuando nos conmueven con sus lágrimas y los podemos “apoyar” de manera paternalista. Pero cuando estas víctimas levantan la voz para convertirse en actores de la arena pública y exigir un cambio en la política nacional, súbitamente se transforman en “peligros” para la estabilidad política y el desarrollo social. En lugar de asustarse por este empoderamiento de los de abajo, habría que celebrarlo y hacer todo lo posible para facilitar su florecimiento. Al parecer, el mismo Sicilia tiene esto claro y seguramente no se dejará llevar por el canto de las sirenas que lo quiere ver frenando el movimiento que él mismo ha auspiciado.
Algunos de los puntos más importantes que fueron acordados en las mesas de discusión de Juárez (ver documento en: http://www.cencos.org/node/27032), y que generan mayor escozor a los críticos, incluyen, por ejemplo, la exigencia de cancelar la Iniciativa Mérida y toda “asesoría policiaco-militar” de Estados Unidos; la demanda del regreso inmediato del Ejército a los cuarteles; la petición de someter a juicio político a Calderón, Genaro García Luna y Javier Lozano; la exigencia de esclarecer los orígenes de las fortunas de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Elba Esther Gordillo; la posición a favor de las candidaturas ciudadanas y la revocación de mandato; la exigencia de democratizar y contar con espacios para la sociedad en los medios de comunicación electrónicos; el rechazo total a la reforma laboral y a la Ley de Seguridad Nacional, y la cancelación de las concesiones mineras a empresas corruptas e irresponsables.
Más que “distraer” el emergente movimiento en temas que supuestamente no le competen, este amplio menú de propuestas y exigencias demuestra que se empieza a aglutinar un esfuerzo sumamente poderoso con gran potencial de acción. Recordemos, por ejemplo, cómo en 1994 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) no pedía menos que “tierra, techo, trabajo, alimentación, salud, educación y cultura”. En su Tercera Declaración de la Selva Lacandona explicaba su postura: “Se nos ha criticado que los zapatistas pedimos mucho, que debemos conformarnos con las limosnas que nos ofreció el mal gobierno. Aquel que está dispuesto a morir por una causa justa y legítima tiene derecho a pedirlo todo. Los zapatistas estamos dispuestos a ofrendar lo único que tenemos, la vida, para exigir democracia, libertad y justicia para todos los mexicanos”.
Hoy, 40 mil personas ya han ofrendado sus vidas en la “guerra” de Calderón, y la lucha social actual es precisamente para parar este baño de sangre. Detener, encarcelar o ejecutar a unos cuantos de los responsables materiales de estos muertos no resolverá el problema. Ya hemos visto que cuando cae un sicario o capo brotan docenas más para tomar su lugar. La estrategia efectiva es más bien atacar directamente las causas profundas de la crisis actual. También habría que dar una lección de civilidad a nuestros gobernantes para que se utilice la ley, en lugar de las ejecuciones extrajudiciales, como la vía privilegiada para alcanzar la justicia y la rendición de cuentas.
Por estas razones es tan importante no sólo apoyar la demanda de juicio político contra García Luna y Calderón por su responsabilidad en graves violaciones a los derechos humanos, sino también denunciar a estos funcionarios ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de guerra. Tal y como lo ha expuesto con elocuencia el destacado experto en derecho internacional Netzaí Sandoval (ver: http://bit.ly/iQyhlW), el Estatuto de Roma que crea la CPI fue ideado precisamente para atender casos como el mexicano, donde la impunidad estructural y endémica del sistema de justicia nacional no permite llamar a cuentas a los altos funcionarios que violan las reglas básicas que deben regir en cualquier conflicto armado.
No es gratuito que Calderón haya sustituido recientemente el término “guerra”, con el que él mismo bautizó su acción desde el principio, por su nueva formulación de “lucha por la seguridad pública”. Sabe muy bien que al reconocer que el país se encuentra inmerso en un conflicto bélico, los responsables por la comisión de delitos contra la población se colocan inmediatamente bajo la competencia de la CPI. Pero no nos dejemos engañar por su estratagema para negar la realidad que se encuentra frente a los ojos de todo el país: El presidente de la República encabeza una guerra no solamente en contra de los delincuentes, sino también en contra del pueblo mexicano.
Por ello, Calderón debe rendir cuentas ante las instancias internacionales correspondientes. No hay mejor forma de romper la cadena de impunidad que ha generado la tragedia nacional que someter a la ley al más poderoso servidor público del país. Ello dejaría completamente claro a todos que la ley no se aplica solamente para unos cuantos, sino para absolutamente todos.
www.johnackerman.blogspot.com
Twitter: @JohnMAckerman
¡AMLO 2012!
JOHN M. ACKERMAN
19 DE JUNIO DE 2011 · SIN COMENTARIOS
ANÁLISIS, EDICION MEXICO
El pasado 10 de junio algo mágico ocurrió en Ciudad Juárez. Inspirados por la visita de Javier Sicilia a esta dolida y atormentada ciudad, una amplia diversidad de víctimas, defensores de derechos humanos, jóvenes, mujeres, intelectuales y activistas tomaron la decisión de sentar las bases para una refundación de la República. Todos ellos lograron traducir su dolor y coraje en propuestas y acciones concretas encaminadas a transformar de raíz el sistema de opresión, corrupción y marginación que es la causa originaria de los 40 mil muertos de la “guerra” de Felipe Calderón. En lugar de quedarse únicamente con la valiosa e imprescindible demanda de justicia ante los muertos, cuya búsqueda diariamente les quema el pecho, mostraron la generosidad de también promover cambios en la estructura social, económica y política que ha hecho posible la injusticia que hoy todos padecemos.
No han faltado las voces que en los últimos días hayan querido descalificar este acontecimiento, y llaman a Sicilia a controlar y encauzar el emergente movimiento para que se enfoque exclusivamente en el tema de la seguridad pública y la resolución judicial de casos concretos. Ricardo Alemán escribe que “un grupo de vividores de la política” “chamaquearon” a Sicilia al “secuestrar” las mesas de discusión en Juárez. Federico Reyes Heroles lamenta que “la pureza de un discurso ciudadano emanado del dolor” fuera corrompido cuando “los ultras –siempre al acecho– colaron sus provocaciones”.
De acuerdo con este punto de vista, las víctimas son “puros” cuando nos conmueven con sus lágrimas y los podemos “apoyar” de manera paternalista. Pero cuando estas víctimas levantan la voz para convertirse en actores de la arena pública y exigir un cambio en la política nacional, súbitamente se transforman en “peligros” para la estabilidad política y el desarrollo social. En lugar de asustarse por este empoderamiento de los de abajo, habría que celebrarlo y hacer todo lo posible para facilitar su florecimiento. Al parecer, el mismo Sicilia tiene esto claro y seguramente no se dejará llevar por el canto de las sirenas que lo quiere ver frenando el movimiento que él mismo ha auspiciado.
Algunos de los puntos más importantes que fueron acordados en las mesas de discusión de Juárez (ver documento en: http://www.cencos.org/node/27032), y que generan mayor escozor a los críticos, incluyen, por ejemplo, la exigencia de cancelar la Iniciativa Mérida y toda “asesoría policiaco-militar” de Estados Unidos; la demanda del regreso inmediato del Ejército a los cuarteles; la petición de someter a juicio político a Calderón, Genaro García Luna y Javier Lozano; la exigencia de esclarecer los orígenes de las fortunas de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Elba Esther Gordillo; la posición a favor de las candidaturas ciudadanas y la revocación de mandato; la exigencia de democratizar y contar con espacios para la sociedad en los medios de comunicación electrónicos; el rechazo total a la reforma laboral y a la Ley de Seguridad Nacional, y la cancelación de las concesiones mineras a empresas corruptas e irresponsables.
Más que “distraer” el emergente movimiento en temas que supuestamente no le competen, este amplio menú de propuestas y exigencias demuestra que se empieza a aglutinar un esfuerzo sumamente poderoso con gran potencial de acción. Recordemos, por ejemplo, cómo en 1994 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) no pedía menos que “tierra, techo, trabajo, alimentación, salud, educación y cultura”. En su Tercera Declaración de la Selva Lacandona explicaba su postura: “Se nos ha criticado que los zapatistas pedimos mucho, que debemos conformarnos con las limosnas que nos ofreció el mal gobierno. Aquel que está dispuesto a morir por una causa justa y legítima tiene derecho a pedirlo todo. Los zapatistas estamos dispuestos a ofrendar lo único que tenemos, la vida, para exigir democracia, libertad y justicia para todos los mexicanos”.
Hoy, 40 mil personas ya han ofrendado sus vidas en la “guerra” de Calderón, y la lucha social actual es precisamente para parar este baño de sangre. Detener, encarcelar o ejecutar a unos cuantos de los responsables materiales de estos muertos no resolverá el problema. Ya hemos visto que cuando cae un sicario o capo brotan docenas más para tomar su lugar. La estrategia efectiva es más bien atacar directamente las causas profundas de la crisis actual. También habría que dar una lección de civilidad a nuestros gobernantes para que se utilice la ley, en lugar de las ejecuciones extrajudiciales, como la vía privilegiada para alcanzar la justicia y la rendición de cuentas.
Por estas razones es tan importante no sólo apoyar la demanda de juicio político contra García Luna y Calderón por su responsabilidad en graves violaciones a los derechos humanos, sino también denunciar a estos funcionarios ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de guerra. Tal y como lo ha expuesto con elocuencia el destacado experto en derecho internacional Netzaí Sandoval (ver: http://bit.ly/iQyhlW), el Estatuto de Roma que crea la CPI fue ideado precisamente para atender casos como el mexicano, donde la impunidad estructural y endémica del sistema de justicia nacional no permite llamar a cuentas a los altos funcionarios que violan las reglas básicas que deben regir en cualquier conflicto armado.
No es gratuito que Calderón haya sustituido recientemente el término “guerra”, con el que él mismo bautizó su acción desde el principio, por su nueva formulación de “lucha por la seguridad pública”. Sabe muy bien que al reconocer que el país se encuentra inmerso en un conflicto bélico, los responsables por la comisión de delitos contra la población se colocan inmediatamente bajo la competencia de la CPI. Pero no nos dejemos engañar por su estratagema para negar la realidad que se encuentra frente a los ojos de todo el país: El presidente de la República encabeza una guerra no solamente en contra de los delincuentes, sino también en contra del pueblo mexicano.
Por ello, Calderón debe rendir cuentas ante las instancias internacionales correspondientes. No hay mejor forma de romper la cadena de impunidad que ha generado la tragedia nacional que someter a la ley al más poderoso servidor público del país. Ello dejaría completamente claro a todos que la ley no se aplica solamente para unos cuantos, sino para absolutamente todos.
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Twitter: @JohnMAckerman
¡AMLO 2012!
PROCESO: Entretelones del embate antipriista JESUSA CERVANTES
Entretelones del embate antipriista
JESUSA CERVANTES
19 DE JUNIO DE 2011 · SIN COMENTARIOS
EDICION MEXICO, JUSTICIA
Entre reuniones fuera de agenda con el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, convivios fallidos con la procuradora Marisela Morales y “periodicazos”, los priistas aseguran que no tolerarán que se conculquen las leyes y se violente el estado de derecho. En medio de todo, denuncian el desaseo por el caso Hank Rhon e insisten en que el gobierno pretende difundir expedientes negros para denostar a algunos de sus correligionarios en vísperas de los comicios del próximo 3 de julio. La noche del lunes 13, la procuradora general de la República, Marisela Morales Ibáñez, dejó plantados a los 14 comensales con los que había acordado tener una “plática de amigos” y abordar temas diversos, entre ellos el de los llamados expedientes negros contra funcionarios, militantes y dirigentes del PRI y del exalcalde de Tijuana, Jorge Hank Rhon, arrestado la madrugada del sábado 4 por elementos del Ejército.
La cita se programó para las nueve de la noche en la Hacienda de los Morales, en Polanco. Ahí acudieron, puntuales, los gobernadores priistas de Tamaulipas, Egidio Torre Cantú; de Nuevo León, Rodrigo Medina; de Hidalgo, Francisco Olvera Ruiz, y de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo.
Estuvieron también los diputados federales Felipe Solís Acero, Rogelio Cerda, David Penchyna y Jesús Alfonso Navarrete Prida; el senador Jorge Mendoza Garza; Homero Cárdenas Garza, quien fuera el segundo hombre en importancia de Multivisión; Carlos Romero Deschamps y Ricardo Aldana Prieto, secretario general y tesorero, respectivamente, del Sindicato de Trabajadores Petroleros; Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, director del Servicio de Administración Tributaria (SAT), y el general diplomado del Estado Mayor Moisés García Ochoa.
García Ochoa, quien fungió como secretario particular del titular de la Sedena durante el sexenio foxista, general Clemente Vega, y hoy se desempeña como director general de la dependencia, es amigo entrañable de la procuradora y fue el que organizó el convivio.
Alrededor de las 11 de la noche, Morales Ibáñez se comunicó al restaurante para informar que no podía asistir. “No detalló los motivos, pero todos supusimos que era por el caso Hank Rhon”, dijo uno de los asistentes, y añadió: “La liberación definitiva (del exalcalde de Tijuana) al siguiente día nos dio la razón de por qué la procuradora no llegó a la cena”.
Proceso buscó a varios de los asistentes, pero adujeron que como la reunión no tuvo carácter “oficial”, era innecesario hablar al respecto. Algunos, sin embargo, comentaron que se invitó al director del Servicio de Administración Tributaria por ser pieza clave en las indagatorias sobre enriquecimiento ilícito o lavado de dinero enderezadas contra los priistas.
Consultados por la reportera, otros contertulios expresan que es factible que en los próximos días, cuando se cumpla el primer aniversario del asesinato del candidato de su partido al gobierno de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, la administración calderonista informe sobre los avances de las pesquisas e intente vincular en el caso al exgobernador Eugenio Hernández Flores.
La intención sería “relacionar al PRI con el crimen organizado, el enriquecimiento ilícito o el abuso de funciones”, dice uno de ellos.
Por cierto, en una de sus últimas visitas al Distrito Federal, el candidato Torre Cantú estuvo en la Hacienda de Los Morales en una reunión que Homero Cárdenas, también tamaulipeco, organizó a sus paisanos radicados en la Ciudad de México. Tres meses después, el 28 de junio de 2010, un comando ejecutó al priista y a varios de sus colaboradores en el tramo carretero Ciudad Victoria-Soto la Marina.
Por lo que atañe a Hernández Flores, los priistas están preocupados porque aun cuando su dirigente nacional, Humberto Moreira, quien asumió el cargo el pasado 4 de marzo, anunció que el 20 de mayo nombraría al exmandatario como secretario técnico del Consejo Político Nacional, posición desde la cual se coordina la relación con los gobernadores, hasta hoy no lo ha hecho.
Varios de sus correligionarios aseguran a Proceso que Eugenio Flores Hernández “abandonó el país”. La última vez que se le vio en un acto público fue el 2 de mayo, cuando Humberto Moreira, Emilio Gamboa Patrón, Enrique Peña Nieto y Manlio Fabio Beltrones Rivera tuvieron un encuentro en un restaurante de la Ciudad de México.
Tensión priista
El 29 de mayo por la noche, seis días antes de que un grupo de soldados irrumpiera en la residencia de Hank Rhon y la Procuraduría General de la República (PGR) lo acusara de acopio de armas para uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, 15 de los 19 gobernadores del PRI se reunieron con la dirigencia nacional de ese partido y con los coordinadores parlamentarios, el senador Manlio Fabio Beltrones y el diputado Francisco Rojas.
El propósito era delinear una estrategia general para los comicios del próximo 3 de julio en Coahuila, Nayarit, Michoacán y el Estado de México, donde habrá cambio de gobernador, así como en Hidalgo, donde se renovarán los ayuntamientos, y preparar el escenario para la elección presidencial de 2012.
Los gobernadores hablaron también de los golpes que el gobierno federal les estaba propinando al retenerles los recursos federales y las participaciones. El hidalguense Olvera Ruiz encendió los ánimos de sus pares al mencionar los expedientes negros del gobierno federal contra algunos de ellos, en los que los acusa de tener presuntos nexos con el narco y de desvío de recursos, asegura uno de los priistas consultados.
Entrevistado sobre el tema el miércoles 15, un día después de la liberación de Hank Rhon, el vocero del PRI, David Penchyna, ataja la pregunta: “Esa es una afirmación que no comparto. Estuve en esa reunión y no escuché eso que tú afirmas. La hicimos para evaluar cómo íbamos en materia electoral; también plantearnos retos y adversidades que estamos viviendo en materia económica en las entidades (en las cuales habrá comicios).
“Nos planteamos la problemática de Michoacán, que era un tema en ese momento, y nos planteamos también el derrotero de mantenernos unidos y que justamente –subraya–, ante el ataque mal habido (contra Hank Rhon), fuera de lugar, fuera de nuestra Constitución, exigiríamos el respeto al derecho.”
Ante el tema de los expedientes negros, Penchyna comenta: “Si ante su falta de competitividad electoral, su estrategia (la del gobierno federal) es denostar, enlodar la política, judicializar la política, hacer uso indebido de atribuciones y de funciones mediante filtraciones y expedientes negros, como tú los llamas, es asunto de ellos. Por eso nuestro discurso: no nos vamos a mover. Lo que exigimos es que se respete el estado de derecho, la Constitución y las leyes que de ella emanan”.
El 30 de mayo, al día siguiente del encuentro con los gobernadores de su partido, el presidente del PRI se refirió al asunto de los expedientes negros: “Esa es rumorología. No se puede poner en práctica la política de terror; no se puede vivir bajo esa política de terror”.
Y en relación con el exgobernador Hernández Flores, Moreira dijo que la dirigencia “no está cerrada a nadie”; incluso retó a las autoridades federales: “Todos los exgobernadores hicieron un trabajo. En materia de seguridad, su esfuerzo está acreditado; los respaldamos. Solicitaremos a la Procuraduría (General de la República) y a las demás instancias que, si tienen algo que exponer, lo muestren, para terminar con esta rumorología”.
Horas después, el 31 de mayo, Moreira acudió al palacio de Covián, donde platicó en privado con el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora. A su vez, Ricardo Nájera, vocero de la PGR, declaró que la dependencia no ha citado a ningún exmandatario o gobernador. “En caso de indagatoria, la institución actuará con apego a derecho. De existir alguna acción jurídica, se citará a quien corresponda”, dijo.
Aun así, la madrugada del sábado 4 el excandidato a gobernador de Baja California, Jorge Hank Rhon, fue detenido, acusado y encarcelado. Diez días después fue liberado por orden de una juez federal “por falta de pruebas”.
Amenazas anunciadas
A principios de la segunda semana de marzo último, entre los dirigentes priistas creció el rumor sobre la existencia de los expedientes negros. Marisela Morales aún era titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), cargo al que llegó el 3 de julio de 2008.
La funcionaria operó desde ahí, por ejemplo, la detención de 35 ediles de Michoacán en mayo de 2009 en vísperas de las elecciones federales de ese año. A los detenidos se les acusó de presuntos nexos con el narcotráfico. Hoy todos están libres por falta de pruebas.
Por esas fechas ya era público que Arturo Chávez Chávez saldría de la PGR. Priistas de los grupos de Beltrones Rivera y Peña Nieto consultados por la reportera aseguran que es posible que fuera removido por negarse a elaborar esos expedientes.
Dicen que se enteraron de que personal de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales estaba elaborando los legajos; aseguran incluso que supieron que el primero en caer “sería el exgobernador mexiquense Arturo Montiel”.
A él se le abrió un expediente por delincuencia organizada en 2005, precisamente cuando buscaba la candidatura presidencial. Tuvo que retirarse de la contienda interna de su partido. Al final, la PGR archivó el caso, no así la procuraduría mexiquense, que acusó a Montiel de “enriquecimiento ilícito”. La averiguación sigue abierta, confirma el exprocurador Alfonso Navarrete Prida.
Los priistas admiten que pensaron que las acusaciones en su contra se desatarían después de las elecciones del 3 de julio en el Estado de México. Pero el arresto de Hank Rhon los puso en alerta. Sobre todo porque el lunes 13 el periódico Reforma informó que el coordinador administrativo del CEN del PRI, Vicente Chaires Yáñez, se enriqueció en los últimos años.
El lunes 13, el titular de la Secretaría de Gobernación, Francisco Blake, se reunió durante una hora en sus oficinas con el gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto. Según la versión oficial del encuentro, difundida por esa dependencia, la reunión tuvo como propósito establecer compromisos de colaboración para garantizar unos comicios equitativos y pacíficos en el Estado de México.
Blake es tijuanense y amigo del presidente Calderón, mientras que Peña Nieto forma parte del Grupo Atlacomulco, al que se asocia indefectiblemente a los Hank. De hecho, al día siguiente Hank Rhon recuperó su libertad y los ataques mediáticos contra los priistas cesaron.
El 6 de abril pasado, el dirigente nacional del PRI, Humberto Moreira, se reunió con varios militares, incluidos los generales García Ochoa y Jorge Juárez Loera, quien fue ejecutado el 21 de mayo.
Juárez Loera advirtió a Moreira que si en la Cámara de Diputados la bancada del PRI no sacaba las reformas a la Ley Nacional de Seguridad, a través de las cuales se pretende legitimar el combate al narcotráfico por parte del Ejército, e incluso avalar la detención en “flagrancia”, se darían a conocer los expedientes negros de priistas, gobernadores y exgobernadores (Proceso 1799).
Los priistas consultados insisten en que los expedientes son reales. Incluso aseguran que antes de que se intentara implicar a Hank Rhon en dos presuntos asesinatos, ellos supieron que el propósito era dar tiempo al Departamento del Tesoro de Estados Unidos para que aportara datos incriminatorios a las autoridades mexicanas.
También se enteraron de que el gobierno federal trataría de incriminar al exgobernador tamaulipeco Eugenio Hernández por la muerte de Rodolfo Torre Cantú; al chiapaneco Pablo Salazar Mendiguchía, por presunto enriquecimiento ilícito; al exgobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza; al presidente del PRI, Humberto Moreira, por presuntos vínculos con el narcotráfico, y al mexiquense Arturo Montiel, por enriquecimiento ilícito.
Algunos dicen que Montiel acudió a Los Pinos para entrevistarse con Felipe Calderón y negociar su exoneración; y reiteran que Hernández Flores ya abandonó el país. Uno de los consultados, cercano a Peña Nieto, resume la situación: “Los ataques son por no haber aprobado la Ley de Seguridad, pero también están encaminados a denostar al PRI en las próximas elecciones”.
Por ello, el miércoles 15, varios expresidentes del PRI, entre ellos Beatriz Paredes Rangel, María de los Ángeles Moreno, Mariano Palacios Alcocer, Santiago Oñate Laborde, Rafael Rodríguez Barrera y José Antonio González Fernández, se reunieron en una residencia del sur de la Ciudad de México para discutir acerca de los embates del gobierno federal contra su partido y definir la estrategia para enfrentar “el golpe” que, dijeron, prepara el gobierno calderonista. El encuentro duró tres horas
¡AMLO 2012!
JESUSA CERVANTES
19 DE JUNIO DE 2011 · SIN COMENTARIOS
EDICION MEXICO, JUSTICIA
Entre reuniones fuera de agenda con el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, convivios fallidos con la procuradora Marisela Morales y “periodicazos”, los priistas aseguran que no tolerarán que se conculquen las leyes y se violente el estado de derecho. En medio de todo, denuncian el desaseo por el caso Hank Rhon e insisten en que el gobierno pretende difundir expedientes negros para denostar a algunos de sus correligionarios en vísperas de los comicios del próximo 3 de julio. La noche del lunes 13, la procuradora general de la República, Marisela Morales Ibáñez, dejó plantados a los 14 comensales con los que había acordado tener una “plática de amigos” y abordar temas diversos, entre ellos el de los llamados expedientes negros contra funcionarios, militantes y dirigentes del PRI y del exalcalde de Tijuana, Jorge Hank Rhon, arrestado la madrugada del sábado 4 por elementos del Ejército.
La cita se programó para las nueve de la noche en la Hacienda de los Morales, en Polanco. Ahí acudieron, puntuales, los gobernadores priistas de Tamaulipas, Egidio Torre Cantú; de Nuevo León, Rodrigo Medina; de Hidalgo, Francisco Olvera Ruiz, y de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo.
Estuvieron también los diputados federales Felipe Solís Acero, Rogelio Cerda, David Penchyna y Jesús Alfonso Navarrete Prida; el senador Jorge Mendoza Garza; Homero Cárdenas Garza, quien fuera el segundo hombre en importancia de Multivisión; Carlos Romero Deschamps y Ricardo Aldana Prieto, secretario general y tesorero, respectivamente, del Sindicato de Trabajadores Petroleros; Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, director del Servicio de Administración Tributaria (SAT), y el general diplomado del Estado Mayor Moisés García Ochoa.
García Ochoa, quien fungió como secretario particular del titular de la Sedena durante el sexenio foxista, general Clemente Vega, y hoy se desempeña como director general de la dependencia, es amigo entrañable de la procuradora y fue el que organizó el convivio.
Alrededor de las 11 de la noche, Morales Ibáñez se comunicó al restaurante para informar que no podía asistir. “No detalló los motivos, pero todos supusimos que era por el caso Hank Rhon”, dijo uno de los asistentes, y añadió: “La liberación definitiva (del exalcalde de Tijuana) al siguiente día nos dio la razón de por qué la procuradora no llegó a la cena”.
Proceso buscó a varios de los asistentes, pero adujeron que como la reunión no tuvo carácter “oficial”, era innecesario hablar al respecto. Algunos, sin embargo, comentaron que se invitó al director del Servicio de Administración Tributaria por ser pieza clave en las indagatorias sobre enriquecimiento ilícito o lavado de dinero enderezadas contra los priistas.
Consultados por la reportera, otros contertulios expresan que es factible que en los próximos días, cuando se cumpla el primer aniversario del asesinato del candidato de su partido al gobierno de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, la administración calderonista informe sobre los avances de las pesquisas e intente vincular en el caso al exgobernador Eugenio Hernández Flores.
La intención sería “relacionar al PRI con el crimen organizado, el enriquecimiento ilícito o el abuso de funciones”, dice uno de ellos.
Por cierto, en una de sus últimas visitas al Distrito Federal, el candidato Torre Cantú estuvo en la Hacienda de Los Morales en una reunión que Homero Cárdenas, también tamaulipeco, organizó a sus paisanos radicados en la Ciudad de México. Tres meses después, el 28 de junio de 2010, un comando ejecutó al priista y a varios de sus colaboradores en el tramo carretero Ciudad Victoria-Soto la Marina.
Por lo que atañe a Hernández Flores, los priistas están preocupados porque aun cuando su dirigente nacional, Humberto Moreira, quien asumió el cargo el pasado 4 de marzo, anunció que el 20 de mayo nombraría al exmandatario como secretario técnico del Consejo Político Nacional, posición desde la cual se coordina la relación con los gobernadores, hasta hoy no lo ha hecho.
Varios de sus correligionarios aseguran a Proceso que Eugenio Flores Hernández “abandonó el país”. La última vez que se le vio en un acto público fue el 2 de mayo, cuando Humberto Moreira, Emilio Gamboa Patrón, Enrique Peña Nieto y Manlio Fabio Beltrones Rivera tuvieron un encuentro en un restaurante de la Ciudad de México.
Tensión priista
El 29 de mayo por la noche, seis días antes de que un grupo de soldados irrumpiera en la residencia de Hank Rhon y la Procuraduría General de la República (PGR) lo acusara de acopio de armas para uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, 15 de los 19 gobernadores del PRI se reunieron con la dirigencia nacional de ese partido y con los coordinadores parlamentarios, el senador Manlio Fabio Beltrones y el diputado Francisco Rojas.
El propósito era delinear una estrategia general para los comicios del próximo 3 de julio en Coahuila, Nayarit, Michoacán y el Estado de México, donde habrá cambio de gobernador, así como en Hidalgo, donde se renovarán los ayuntamientos, y preparar el escenario para la elección presidencial de 2012.
Los gobernadores hablaron también de los golpes que el gobierno federal les estaba propinando al retenerles los recursos federales y las participaciones. El hidalguense Olvera Ruiz encendió los ánimos de sus pares al mencionar los expedientes negros del gobierno federal contra algunos de ellos, en los que los acusa de tener presuntos nexos con el narco y de desvío de recursos, asegura uno de los priistas consultados.
Entrevistado sobre el tema el miércoles 15, un día después de la liberación de Hank Rhon, el vocero del PRI, David Penchyna, ataja la pregunta: “Esa es una afirmación que no comparto. Estuve en esa reunión y no escuché eso que tú afirmas. La hicimos para evaluar cómo íbamos en materia electoral; también plantearnos retos y adversidades que estamos viviendo en materia económica en las entidades (en las cuales habrá comicios).
“Nos planteamos la problemática de Michoacán, que era un tema en ese momento, y nos planteamos también el derrotero de mantenernos unidos y que justamente –subraya–, ante el ataque mal habido (contra Hank Rhon), fuera de lugar, fuera de nuestra Constitución, exigiríamos el respeto al derecho.”
Ante el tema de los expedientes negros, Penchyna comenta: “Si ante su falta de competitividad electoral, su estrategia (la del gobierno federal) es denostar, enlodar la política, judicializar la política, hacer uso indebido de atribuciones y de funciones mediante filtraciones y expedientes negros, como tú los llamas, es asunto de ellos. Por eso nuestro discurso: no nos vamos a mover. Lo que exigimos es que se respete el estado de derecho, la Constitución y las leyes que de ella emanan”.
El 30 de mayo, al día siguiente del encuentro con los gobernadores de su partido, el presidente del PRI se refirió al asunto de los expedientes negros: “Esa es rumorología. No se puede poner en práctica la política de terror; no se puede vivir bajo esa política de terror”.
Y en relación con el exgobernador Hernández Flores, Moreira dijo que la dirigencia “no está cerrada a nadie”; incluso retó a las autoridades federales: “Todos los exgobernadores hicieron un trabajo. En materia de seguridad, su esfuerzo está acreditado; los respaldamos. Solicitaremos a la Procuraduría (General de la República) y a las demás instancias que, si tienen algo que exponer, lo muestren, para terminar con esta rumorología”.
Horas después, el 31 de mayo, Moreira acudió al palacio de Covián, donde platicó en privado con el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora. A su vez, Ricardo Nájera, vocero de la PGR, declaró que la dependencia no ha citado a ningún exmandatario o gobernador. “En caso de indagatoria, la institución actuará con apego a derecho. De existir alguna acción jurídica, se citará a quien corresponda”, dijo.
Aun así, la madrugada del sábado 4 el excandidato a gobernador de Baja California, Jorge Hank Rhon, fue detenido, acusado y encarcelado. Diez días después fue liberado por orden de una juez federal “por falta de pruebas”.
Amenazas anunciadas
A principios de la segunda semana de marzo último, entre los dirigentes priistas creció el rumor sobre la existencia de los expedientes negros. Marisela Morales aún era titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), cargo al que llegó el 3 de julio de 2008.
La funcionaria operó desde ahí, por ejemplo, la detención de 35 ediles de Michoacán en mayo de 2009 en vísperas de las elecciones federales de ese año. A los detenidos se les acusó de presuntos nexos con el narcotráfico. Hoy todos están libres por falta de pruebas.
Por esas fechas ya era público que Arturo Chávez Chávez saldría de la PGR. Priistas de los grupos de Beltrones Rivera y Peña Nieto consultados por la reportera aseguran que es posible que fuera removido por negarse a elaborar esos expedientes.
Dicen que se enteraron de que personal de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales estaba elaborando los legajos; aseguran incluso que supieron que el primero en caer “sería el exgobernador mexiquense Arturo Montiel”.
A él se le abrió un expediente por delincuencia organizada en 2005, precisamente cuando buscaba la candidatura presidencial. Tuvo que retirarse de la contienda interna de su partido. Al final, la PGR archivó el caso, no así la procuraduría mexiquense, que acusó a Montiel de “enriquecimiento ilícito”. La averiguación sigue abierta, confirma el exprocurador Alfonso Navarrete Prida.
Los priistas admiten que pensaron que las acusaciones en su contra se desatarían después de las elecciones del 3 de julio en el Estado de México. Pero el arresto de Hank Rhon los puso en alerta. Sobre todo porque el lunes 13 el periódico Reforma informó que el coordinador administrativo del CEN del PRI, Vicente Chaires Yáñez, se enriqueció en los últimos años.
El lunes 13, el titular de la Secretaría de Gobernación, Francisco Blake, se reunió durante una hora en sus oficinas con el gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto. Según la versión oficial del encuentro, difundida por esa dependencia, la reunión tuvo como propósito establecer compromisos de colaboración para garantizar unos comicios equitativos y pacíficos en el Estado de México.
Blake es tijuanense y amigo del presidente Calderón, mientras que Peña Nieto forma parte del Grupo Atlacomulco, al que se asocia indefectiblemente a los Hank. De hecho, al día siguiente Hank Rhon recuperó su libertad y los ataques mediáticos contra los priistas cesaron.
El 6 de abril pasado, el dirigente nacional del PRI, Humberto Moreira, se reunió con varios militares, incluidos los generales García Ochoa y Jorge Juárez Loera, quien fue ejecutado el 21 de mayo.
Juárez Loera advirtió a Moreira que si en la Cámara de Diputados la bancada del PRI no sacaba las reformas a la Ley Nacional de Seguridad, a través de las cuales se pretende legitimar el combate al narcotráfico por parte del Ejército, e incluso avalar la detención en “flagrancia”, se darían a conocer los expedientes negros de priistas, gobernadores y exgobernadores (Proceso 1799).
Los priistas consultados insisten en que los expedientes son reales. Incluso aseguran que antes de que se intentara implicar a Hank Rhon en dos presuntos asesinatos, ellos supieron que el propósito era dar tiempo al Departamento del Tesoro de Estados Unidos para que aportara datos incriminatorios a las autoridades mexicanas.
También se enteraron de que el gobierno federal trataría de incriminar al exgobernador tamaulipeco Eugenio Hernández por la muerte de Rodolfo Torre Cantú; al chiapaneco Pablo Salazar Mendiguchía, por presunto enriquecimiento ilícito; al exgobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza; al presidente del PRI, Humberto Moreira, por presuntos vínculos con el narcotráfico, y al mexiquense Arturo Montiel, por enriquecimiento ilícito.
Algunos dicen que Montiel acudió a Los Pinos para entrevistarse con Felipe Calderón y negociar su exoneración; y reiteran que Hernández Flores ya abandonó el país. Uno de los consultados, cercano a Peña Nieto, resume la situación: “Los ataques son por no haber aprobado la Ley de Seguridad, pero también están encaminados a denostar al PRI en las próximas elecciones”.
Por ello, el miércoles 15, varios expresidentes del PRI, entre ellos Beatriz Paredes Rangel, María de los Ángeles Moreno, Mariano Palacios Alcocer, Santiago Oñate Laborde, Rafael Rodríguez Barrera y José Antonio González Fernández, se reunieron en una residencia del sur de la Ciudad de México para discutir acerca de los embates del gobierno federal contra su partido y definir la estrategia para enfrentar “el golpe” que, dijeron, prepara el gobierno calderonista. El encuentro duró tres horas
¡AMLO 2012!
PROCESO: Y el gran perdedor es… RICARDO RAVELO
Y el gran perdedor es…
RICARDO RAVELO
19 DE JUNIO DE 2011 · SIN COMENTARIOS
EDICION MEXICO, JUSTICIA
Marisela Morales Ibáñez protagonizó su mayor ridículo desde que asumió el cargo de procuradora general de la República; pero “el gran perdedor” del caso, señala un destacado constitucionalista, es Felipe Calderón. La funcionaria quiso acusar a Jorge Hank Rhon de actividades vinculadas con la delincuencia organizada, en vísperas de las elecciones en el Estado de México, pero una juez descubrió la trampa: el parte militar, base de la acusación, no se apegó a la realidad. El empresario mexiquense afincado en Tijuana –sobre quien pesan sospechas de que es lavador de dólares y autor intelectual de al menos un homicidio– libró también una acusación de la procuraduría local y salió de la cárcel dos veces el mismo día…
La puesta en libertad de Jorge Hank Rhon el martes 14 significó uno de los más severos reveses del gobierno de Felipe Calderón y de Marisela Morales Ibáñez, quien se estrenó como titular de la Procuraduría General de la República hace apenas un par de meses.
Tras haber sido detenido en Tijuana, Baja California, el sábado 4, enviado fugazmente a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) en el Distrito Federal y recluido en el penal El Hongo de la ciudad bajacaliforniana de Tecate, acusado de acopio de armas, su caso acabó por poner en evidencia las fallas de la PGR, pero, sobre todo, lo que analistas consideraron como la anunciada guerra sucia preelectoral contra figuras prominentes del PRI.
El fallo que dejó libre al dueño del Grupo Caliente y a 10 de sus colaboradores y escoltas también hizo evidente el uso de la PGR como instrumento de persecución política y la utilización del Ejército para adulterar evidencias. Esto quedó demostrado con las alteraciones que la juez novena de distrito, Blanca Parra Meza, halló en el parte militar que sirvió de base para encarcelar, primero, y luego liberar a Hank Rhon.
Y aunque la titular de la SIEDO, Patricia Bugarín, dijo que la PGR apeló el fallo judicial y espera que se revoque la resolución, lo cierto es que el veredicto de la juez se sustenta en tres puntos sustanciales: que el Ejército irrumpió en la residencia de Hank Rhon sin orden de cateo, que no hubo flagrancia y que el parte informativo rendido por los militares no coincide con la realidad.
Sobre el empresario priista siguen gravitando las sospechas de que es mafioso, presunto lavador de dinero y hasta asesino, pero volvió a pisar la calle…
Al analizar lo que llama “el ridículo de la PGR y del Ejército”, el abogado Elisur Arteaga, profesor de teoría constitucional en la Universidad Autónoma Metropolitana, afirma que el gran perdedor en este caso es Felipe Calderón.
“Teniendo el poder para hacer todo, no lo hizo bien. El mismo presidente que echó al Ejército a las calles para combatir al crimen organizado con las mejores cartas, ahora se desprestigia con estas burdas acciones de sembrar armas y evidencias para incriminar a Jorge Hank en vísperas de las elecciones en el Estado de México, Nayarit y Coahuila”, sentencia.
–¿Para usted, qué lectura debe dársele a la captura y liberación de Jorge Hank? –se le pregunta.
–Una muy clara: se puso en evidencia la incompetencia de la procuradora y las arbitrariedades del Ejército.
–Desde su punto de vista, ¿qué consecuencias genera esta acción concertada de la PGR y el Ejército?
–En un país con verdadero estado de derecho, tanto la procuradora Marisela Morales como el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, ya estarían enfrentando un juicio penal por las violaciones cometidas. Pero queda claro que así como los delincuentes gozan de impunidad, los funcionarios del gobierno también se cobijan en ella.
El sainete de Tijuana
La historia de este sainete comenzó el viernes 3 en Tijuana. Antes de la medianoche el Ejército recibió una “llamada anónima” que avisó de la presencia de personas armadas en el hotel Royal Suite. Siempre según el parte en el que se basó la acusación del ministerio público, un grupo de militares se dirigió al lugar e irrumpió en la habitación 201, donde se hallaban tres hombres armados: Juan Ignacio Parra Santos, Ramón López Apodaca y Carlos Gonzalo Pérez Contreras o Carlos Gonzalo Rizo Pérez.
En la averiguación previa AP/PGR/SIEDO/UEITA/113/2011, Parra Santos
–quien dijo ser electricista– declaró que el jueves 2 fue contactado por una persona a quien apodan Pichel para que arreglara una lámpara en el hotel Royal Suite.
Narró: “Pasó a mi casa el jueves de esta semana pasada diciéndome que habían jugado con una lámpara y que se les había caído al agua, que había hecho corto circuito y que si por favor se la arreglaba, por lo que fui al hotel el viernes en la mañana, como a las 10 de la mañana”.
Dijo también que al entrar lo primero que vio fue a una persona mal encarada: “Era como de 37 o 38 años, de aspecto antisocial… yo me puse a arreglar la lámpara y ellos se pusieron a platicar. Escuché que decían que cuando llegara iban a agarrar a una persona y que la iban a desaparecer, que le iban a dar pa’bajo y que la persona que iban a matar era gorda, de short y medio pelón, y que traía una camioneta tipo Explorer”.
Parra Santos añadió que al llegar a su casa se comunicó al hotel e informó de lo que había escuchado en la habitación 201. Personal del hotel habría dado aviso de manera anónima al Ejército. Los militares llegaron a dicho cuarto y detuvieron a los dos sujetos, quienes dijeron que las armas que portaban se las habían entregado en la casa de Jorge Hank Rhon, localizada en avenida Hipódromo 12027, en la colonia Hipódromo, de Tijuana.
Los soldados se dirigieron al domicilio de Hank Rhon, entraron, desarmaron a los guardias y –según asientan en el parte que entregaron a la PGR– realizaron una inspección, a raíz de la cual hallaron 88 armas; 78 de ellas sin licencia y 49 de uso exclusivo del Ejército.
Ahí detuvieron a ocho personas: Luis Alfonso Sánchez Solís, César Pérez Guerrero, Javier Marco Polo Ayala Roldán, Rubén Muñoz Nava, Marco Antonio Trinidad Gómez, Víctor Manuel de la Torre Horta, Rigoberto González López y Jorge Hank Rhon.
Hank y sus presuntos cómplices fueron llevados a la delegación estatal de la PGR. Sus abogados tramitaron dos amparos: uno para impedir la detención y otro contra el traslado al DF. Fue inútil. Lo subieron a un avión que en poco más de tres horas lo dejó en la Ciudad de México para rendir declaración ante la SIEDO.
Desde el sábado 4, la captura de Jorge Hank –quien no pisaba la cárcel desde 1998, cuando fue detenido en el aeropuerto de la Ciudad de México por contrabando– desató la algarabía gubernamental.
Como el golpe de inmediato fue relacionado con las elecciones del próximo 3 de julio en el Estado de México, Coahuila y Nayarit –donde el PAN está a la baja–, Alejandro Poiré, vocero de seguridad nacional, negó que la detención haya sido por “terrorismo político”, y añadió: “Las prácticas de uso político de la justicia no corresponden a la época actual y mucho menos al sentir del gobierno federal”.
Poiré reiteró los argumentos que más tarde se derrumbarían ante el juzgado noveno de distrito: dijo que la detención de Hank Rhon se efectuó en flagrancia con base en una denuncia anónima y que se aseguraron 88 armas que no tenían permisos.
El dirigente nacional del PRI, Humberto Moreira, afirmó que la detención de Hank era una cacería de brujas del gobierno. Los perredistas cuestionaron el uso político de la PGR, pero deslizaron opiniones en el sentido de que la liberación de Hank pudo ser producto de una negociación forzada, de cara a las elecciones del 3 de julio.
El senador Fernando Castro Trenti, excoordinador de la campaña de Jorge Hank a la gubernatura de Baja California y aspirante al gobierno de esa entidad, calificó la detención como “un hecho rupestre”, en tanto que Manlio Fabio Beltrones, coordinador de los senadores priistas, exigió a Felipe Calderón “no politizar la justicia”.
El mismo martes 7 y ante la presión política, la procuradora Morales, en una práctica inusual de la PGR, declaró que Hank Rhon no sería arraigado. Entonces sólo quedaban dos opciones: liberarlo o consignarlo.
La procuradora parecía dispuesta a ir más lejos y declaró que se había solicitado a la DEA información sobre los presuntos antecedentes criminales de Hank Rhon para robustecer otra averiguación previa por delincuencia organizada. Días después, Patricia Bugarín contradijo a su jefa y afirmó que dichos informes apenas se van a solicitar.
Pese a las presiones, la PGR amplió el término de la detención a 96 horas para cuadrar la investigación que, se esperaba, incluiría una acusación por delincuencia organizada. Pero no ocurrió así. El miércoles 8, la PGR optó por la consignación de Hank Rhon y sus 10 coacusados por el delito de acopio de armas, por lo que fueron trasladados al penal de El Hongo, donde quedaron a disposición de la juez Parra Meza.
Pruebas demolidas
De 11 cuartillas y plagado de detalles –e inconsistencias– sobre lo que vieron y encontraron en el hotel Royal Suite y en la casa de Jorge Hank, el parte que el Ejército entregó al Ministerio Público Federal fue elaborado por el subteniente Jorge García Santiago, el sargento Ricardo Hernández Lara, los cabos Miguel Ángel García García y Abel Ruiz Hernández y los soldados Víctor Alfonso Gastélum Morales y Saúl de Jesús Gutiérrez.
Además de las armas que le quitaron al personal de seguridad de Hank, el parte establece que en el terreno de la casa, “cerca del hidroneumático, se encuentran envueltas distintas armas de fuego, por lo que se procedió a ingresar detrás del hidroneumático, sacando diversos fajos envueltos con cinta canela, en los cuales al abrirlos se encontraban diversas armas, cargadores y cartuchos”.
Mientras Hank esperaba el veredicto, el Ejército cateó otras dos veces su residencia, supuestamente en busca de más evidencias y de los videos que, según la defensa del empresario mexiquense, acreditaban la “siembra de las armas” por parte de los soldados.
Los abogados de Hank Rhon, encabezados por Fernando Benítez, solicitaron a la juez novena de distrito la ampliación del término constitucional a fin de reunir las pruebas suficientes para demostrar que no hubo flagrancia y que las armas habían sido sembradas en la residencia del empresario.
El martes 14, la juez emitió su veredicto y ordenó la puesta en libertad de Hank y sus coacusados por el delito de acopio de armas. La procuradora y la titular de la SIEDO protestaron por el fallo y exigieron al Consejo de la Judicatura una investigación contra la juez. También interpusieron el recurso de apelación.
Sin embargo, en un comunicado, esa instancia informó sobre los elementos en los que se basó la juez para determinar la libertad de los detenidos. Explicó que la acusación del Ministerio Público se sustentó en el parte informativo firmado por los militares, la ratificación ministerial del mismo documento y en dictámenes periciales de identificación de armas de fuego.
Señaló que la defensa ofreció como argumento exculpatorio que los militares irrumpieron en el hotel Royal Suite y en la casa de Hank Rhon sin órdenes de cateo. La defensa también ofreció como prueba el testimonio de siete personas e imágenes de video.
El Consejo de la Judicatura señala:
“Dichos medios de convicción fueron estrechamente relacionados con la inspección judicial en el citado inmueble, de la que se derivaron las diferencias en cuanto a los recorridos que realizaron los elementos militares para el aseguramiento de personas y objetos, con el recorrido realizado por el personal actuante del órgano jurisdiccional y con la asistencia de las partes, aunado a las imágenes obtenidas de las cámaras de vigilancia que se encuentran instaladas sobre las casetas de seguridad que existen en el predio ubicado en avenida Hipódromo 12027, de la colonia Hipódromo, con las que se demostró que los eventos suscitados el día 4 de junio de 2011 en el interior del inmueble antes mencionado, acontecieron de manera diversa, en cuanto al tiempo y modo, respecto de los reseñados por los elementos del Ejército mexicano en su denuncia de hechos.”
Nuevas acusaciones
La liberación del empresario mexiquense derivó en un show. Tan pronto le notificaron la libertad, la Procuraduría General de Justicia de Baja California solicitó a un juez local una orden de arraigo a fin de investigarlo por el delito de homicidio.
Primero se dijo que se le investigaría porque, según la indagación de la PGR, al menos dos de las 88 armas aseguradas están relacionadas con los homicidios de Martín Feliciano Camacho Ontiveros, el 28 de junio de 2010, y de Olegario Figueroa Leandro, el 16 de diciembre de 2009.
Tras salir del penal de El Hongo, Hank fue trasladado a un hotel donde estaría arraigado 40 días… pero sólo estuvo seis horas pues el juez de la causa negó el arraigo. El empresario quedó libre dos veces el mismo día.
La procuraduría estatal informó que Hank Rhon sigue sujeto a investigación, ahora por el presunto homicidio de Angélica María Muñoz Cervantes, quien fue novia de su hijo Sergio Hank Krauss. La joven fue asesinada de dos tiros el 13 de agosto de 2009.
Hank Rhon ya había rendido declaración sobre este asesinato, pero la procuraduría estatal pretendía arraigarlo pues un testigo –cuya identidad se desconoce– declaró el viernes 10 que el exalcalde de Tijuana ordenó matar a la mujer.
Un día después del crimen, Grupo Caliente informó que el hijo del empresario aparentemente había recibido una llamada de auxilio de su pareja cuando sus agresores intentaban abrir la puerta de su casa y que cuando Hank Krauss llegó al lugar, su novia ya estaba muerta.
Grupo Caliente informó que de inmediato dieron aviso a las autoridades para que identificaran a los responsables. Sin embargo, la procuraduría sostiene que debe investigarse tanto a Hank Rhon como a su hijo porque entre la hora del asesinato de Angélica María Muñoz y el momento en que dieron parte al Ministerio Público transcurrieron 12 horas, de acuerdo con datos publicados por el semanario Zeta.
La lengua enredada de Morales
En una entrevista televisiva el jueves 16 con Adela Micha, la procuradora Marisela Morales abundó en el tema, pero se enredó con sus propias declaraciones.
Dijo que la PGR desestimaba la validez de los videos presentados por la defensa de Hank Rhon porque “están segmentados, son una copia y además está editada”, pero la funcionaria debió reconocer que la parte acusadora no disponía de fotografías ni videos porque los militares “no grabaron” el operativo.
Tampoco supo explicar por qué los videos de la defensa no muestran ninguna persecución “en caliente” protagonizada por el Ejército, tal como lo asentó el informe militar, y reveló que ella no le dio aviso al presidente Calderón, sino hasta varias horas después de ocurridos los hechos.
Aún más, aseguró a la locutora de Televisa y presentadora de productos farmacéuticos, que ella se enteró hasta el último momento que, entre los detenidos por los soldados, estaba nada menos que Jorge Hank Rhon.
Por lo pronto, el hijo menor del profesor Carlos Hank González presumió su libertad levantando tres dedos de su mano en una presentación pública en el estadio donde juega su equipo de futbol, los Xolos, recién ascendido a la Primera División.
¡AMLO 2012!
RICARDO RAVELO
19 DE JUNIO DE 2011 · SIN COMENTARIOS
EDICION MEXICO, JUSTICIA
Marisela Morales Ibáñez protagonizó su mayor ridículo desde que asumió el cargo de procuradora general de la República; pero “el gran perdedor” del caso, señala un destacado constitucionalista, es Felipe Calderón. La funcionaria quiso acusar a Jorge Hank Rhon de actividades vinculadas con la delincuencia organizada, en vísperas de las elecciones en el Estado de México, pero una juez descubrió la trampa: el parte militar, base de la acusación, no se apegó a la realidad. El empresario mexiquense afincado en Tijuana –sobre quien pesan sospechas de que es lavador de dólares y autor intelectual de al menos un homicidio– libró también una acusación de la procuraduría local y salió de la cárcel dos veces el mismo día…
La puesta en libertad de Jorge Hank Rhon el martes 14 significó uno de los más severos reveses del gobierno de Felipe Calderón y de Marisela Morales Ibáñez, quien se estrenó como titular de la Procuraduría General de la República hace apenas un par de meses.
Tras haber sido detenido en Tijuana, Baja California, el sábado 4, enviado fugazmente a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) en el Distrito Federal y recluido en el penal El Hongo de la ciudad bajacaliforniana de Tecate, acusado de acopio de armas, su caso acabó por poner en evidencia las fallas de la PGR, pero, sobre todo, lo que analistas consideraron como la anunciada guerra sucia preelectoral contra figuras prominentes del PRI.
El fallo que dejó libre al dueño del Grupo Caliente y a 10 de sus colaboradores y escoltas también hizo evidente el uso de la PGR como instrumento de persecución política y la utilización del Ejército para adulterar evidencias. Esto quedó demostrado con las alteraciones que la juez novena de distrito, Blanca Parra Meza, halló en el parte militar que sirvió de base para encarcelar, primero, y luego liberar a Hank Rhon.
Y aunque la titular de la SIEDO, Patricia Bugarín, dijo que la PGR apeló el fallo judicial y espera que se revoque la resolución, lo cierto es que el veredicto de la juez se sustenta en tres puntos sustanciales: que el Ejército irrumpió en la residencia de Hank Rhon sin orden de cateo, que no hubo flagrancia y que el parte informativo rendido por los militares no coincide con la realidad.
Sobre el empresario priista siguen gravitando las sospechas de que es mafioso, presunto lavador de dinero y hasta asesino, pero volvió a pisar la calle…
Al analizar lo que llama “el ridículo de la PGR y del Ejército”, el abogado Elisur Arteaga, profesor de teoría constitucional en la Universidad Autónoma Metropolitana, afirma que el gran perdedor en este caso es Felipe Calderón.
“Teniendo el poder para hacer todo, no lo hizo bien. El mismo presidente que echó al Ejército a las calles para combatir al crimen organizado con las mejores cartas, ahora se desprestigia con estas burdas acciones de sembrar armas y evidencias para incriminar a Jorge Hank en vísperas de las elecciones en el Estado de México, Nayarit y Coahuila”, sentencia.
–¿Para usted, qué lectura debe dársele a la captura y liberación de Jorge Hank? –se le pregunta.
–Una muy clara: se puso en evidencia la incompetencia de la procuradora y las arbitrariedades del Ejército.
–Desde su punto de vista, ¿qué consecuencias genera esta acción concertada de la PGR y el Ejército?
–En un país con verdadero estado de derecho, tanto la procuradora Marisela Morales como el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, ya estarían enfrentando un juicio penal por las violaciones cometidas. Pero queda claro que así como los delincuentes gozan de impunidad, los funcionarios del gobierno también se cobijan en ella.
El sainete de Tijuana
La historia de este sainete comenzó el viernes 3 en Tijuana. Antes de la medianoche el Ejército recibió una “llamada anónima” que avisó de la presencia de personas armadas en el hotel Royal Suite. Siempre según el parte en el que se basó la acusación del ministerio público, un grupo de militares se dirigió al lugar e irrumpió en la habitación 201, donde se hallaban tres hombres armados: Juan Ignacio Parra Santos, Ramón López Apodaca y Carlos Gonzalo Pérez Contreras o Carlos Gonzalo Rizo Pérez.
En la averiguación previa AP/PGR/SIEDO/UEITA/113/2011, Parra Santos
–quien dijo ser electricista– declaró que el jueves 2 fue contactado por una persona a quien apodan Pichel para que arreglara una lámpara en el hotel Royal Suite.
Narró: “Pasó a mi casa el jueves de esta semana pasada diciéndome que habían jugado con una lámpara y que se les había caído al agua, que había hecho corto circuito y que si por favor se la arreglaba, por lo que fui al hotel el viernes en la mañana, como a las 10 de la mañana”.
Dijo también que al entrar lo primero que vio fue a una persona mal encarada: “Era como de 37 o 38 años, de aspecto antisocial… yo me puse a arreglar la lámpara y ellos se pusieron a platicar. Escuché que decían que cuando llegara iban a agarrar a una persona y que la iban a desaparecer, que le iban a dar pa’bajo y que la persona que iban a matar era gorda, de short y medio pelón, y que traía una camioneta tipo Explorer”.
Parra Santos añadió que al llegar a su casa se comunicó al hotel e informó de lo que había escuchado en la habitación 201. Personal del hotel habría dado aviso de manera anónima al Ejército. Los militares llegaron a dicho cuarto y detuvieron a los dos sujetos, quienes dijeron que las armas que portaban se las habían entregado en la casa de Jorge Hank Rhon, localizada en avenida Hipódromo 12027, en la colonia Hipódromo, de Tijuana.
Los soldados se dirigieron al domicilio de Hank Rhon, entraron, desarmaron a los guardias y –según asientan en el parte que entregaron a la PGR– realizaron una inspección, a raíz de la cual hallaron 88 armas; 78 de ellas sin licencia y 49 de uso exclusivo del Ejército.
Ahí detuvieron a ocho personas: Luis Alfonso Sánchez Solís, César Pérez Guerrero, Javier Marco Polo Ayala Roldán, Rubén Muñoz Nava, Marco Antonio Trinidad Gómez, Víctor Manuel de la Torre Horta, Rigoberto González López y Jorge Hank Rhon.
Hank y sus presuntos cómplices fueron llevados a la delegación estatal de la PGR. Sus abogados tramitaron dos amparos: uno para impedir la detención y otro contra el traslado al DF. Fue inútil. Lo subieron a un avión que en poco más de tres horas lo dejó en la Ciudad de México para rendir declaración ante la SIEDO.
Desde el sábado 4, la captura de Jorge Hank –quien no pisaba la cárcel desde 1998, cuando fue detenido en el aeropuerto de la Ciudad de México por contrabando– desató la algarabía gubernamental.
Como el golpe de inmediato fue relacionado con las elecciones del próximo 3 de julio en el Estado de México, Coahuila y Nayarit –donde el PAN está a la baja–, Alejandro Poiré, vocero de seguridad nacional, negó que la detención haya sido por “terrorismo político”, y añadió: “Las prácticas de uso político de la justicia no corresponden a la época actual y mucho menos al sentir del gobierno federal”.
Poiré reiteró los argumentos que más tarde se derrumbarían ante el juzgado noveno de distrito: dijo que la detención de Hank Rhon se efectuó en flagrancia con base en una denuncia anónima y que se aseguraron 88 armas que no tenían permisos.
El dirigente nacional del PRI, Humberto Moreira, afirmó que la detención de Hank era una cacería de brujas del gobierno. Los perredistas cuestionaron el uso político de la PGR, pero deslizaron opiniones en el sentido de que la liberación de Hank pudo ser producto de una negociación forzada, de cara a las elecciones del 3 de julio.
El senador Fernando Castro Trenti, excoordinador de la campaña de Jorge Hank a la gubernatura de Baja California y aspirante al gobierno de esa entidad, calificó la detención como “un hecho rupestre”, en tanto que Manlio Fabio Beltrones, coordinador de los senadores priistas, exigió a Felipe Calderón “no politizar la justicia”.
El mismo martes 7 y ante la presión política, la procuradora Morales, en una práctica inusual de la PGR, declaró que Hank Rhon no sería arraigado. Entonces sólo quedaban dos opciones: liberarlo o consignarlo.
La procuradora parecía dispuesta a ir más lejos y declaró que se había solicitado a la DEA información sobre los presuntos antecedentes criminales de Hank Rhon para robustecer otra averiguación previa por delincuencia organizada. Días después, Patricia Bugarín contradijo a su jefa y afirmó que dichos informes apenas se van a solicitar.
Pese a las presiones, la PGR amplió el término de la detención a 96 horas para cuadrar la investigación que, se esperaba, incluiría una acusación por delincuencia organizada. Pero no ocurrió así. El miércoles 8, la PGR optó por la consignación de Hank Rhon y sus 10 coacusados por el delito de acopio de armas, por lo que fueron trasladados al penal de El Hongo, donde quedaron a disposición de la juez Parra Meza.
Pruebas demolidas
De 11 cuartillas y plagado de detalles –e inconsistencias– sobre lo que vieron y encontraron en el hotel Royal Suite y en la casa de Jorge Hank, el parte que el Ejército entregó al Ministerio Público Federal fue elaborado por el subteniente Jorge García Santiago, el sargento Ricardo Hernández Lara, los cabos Miguel Ángel García García y Abel Ruiz Hernández y los soldados Víctor Alfonso Gastélum Morales y Saúl de Jesús Gutiérrez.
Además de las armas que le quitaron al personal de seguridad de Hank, el parte establece que en el terreno de la casa, “cerca del hidroneumático, se encuentran envueltas distintas armas de fuego, por lo que se procedió a ingresar detrás del hidroneumático, sacando diversos fajos envueltos con cinta canela, en los cuales al abrirlos se encontraban diversas armas, cargadores y cartuchos”.
Mientras Hank esperaba el veredicto, el Ejército cateó otras dos veces su residencia, supuestamente en busca de más evidencias y de los videos que, según la defensa del empresario mexiquense, acreditaban la “siembra de las armas” por parte de los soldados.
Los abogados de Hank Rhon, encabezados por Fernando Benítez, solicitaron a la juez novena de distrito la ampliación del término constitucional a fin de reunir las pruebas suficientes para demostrar que no hubo flagrancia y que las armas habían sido sembradas en la residencia del empresario.
El martes 14, la juez emitió su veredicto y ordenó la puesta en libertad de Hank y sus coacusados por el delito de acopio de armas. La procuradora y la titular de la SIEDO protestaron por el fallo y exigieron al Consejo de la Judicatura una investigación contra la juez. También interpusieron el recurso de apelación.
Sin embargo, en un comunicado, esa instancia informó sobre los elementos en los que se basó la juez para determinar la libertad de los detenidos. Explicó que la acusación del Ministerio Público se sustentó en el parte informativo firmado por los militares, la ratificación ministerial del mismo documento y en dictámenes periciales de identificación de armas de fuego.
Señaló que la defensa ofreció como argumento exculpatorio que los militares irrumpieron en el hotel Royal Suite y en la casa de Hank Rhon sin órdenes de cateo. La defensa también ofreció como prueba el testimonio de siete personas e imágenes de video.
El Consejo de la Judicatura señala:
“Dichos medios de convicción fueron estrechamente relacionados con la inspección judicial en el citado inmueble, de la que se derivaron las diferencias en cuanto a los recorridos que realizaron los elementos militares para el aseguramiento de personas y objetos, con el recorrido realizado por el personal actuante del órgano jurisdiccional y con la asistencia de las partes, aunado a las imágenes obtenidas de las cámaras de vigilancia que se encuentran instaladas sobre las casetas de seguridad que existen en el predio ubicado en avenida Hipódromo 12027, de la colonia Hipódromo, con las que se demostró que los eventos suscitados el día 4 de junio de 2011 en el interior del inmueble antes mencionado, acontecieron de manera diversa, en cuanto al tiempo y modo, respecto de los reseñados por los elementos del Ejército mexicano en su denuncia de hechos.”
Nuevas acusaciones
La liberación del empresario mexiquense derivó en un show. Tan pronto le notificaron la libertad, la Procuraduría General de Justicia de Baja California solicitó a un juez local una orden de arraigo a fin de investigarlo por el delito de homicidio.
Primero se dijo que se le investigaría porque, según la indagación de la PGR, al menos dos de las 88 armas aseguradas están relacionadas con los homicidios de Martín Feliciano Camacho Ontiveros, el 28 de junio de 2010, y de Olegario Figueroa Leandro, el 16 de diciembre de 2009.
Tras salir del penal de El Hongo, Hank fue trasladado a un hotel donde estaría arraigado 40 días… pero sólo estuvo seis horas pues el juez de la causa negó el arraigo. El empresario quedó libre dos veces el mismo día.
La procuraduría estatal informó que Hank Rhon sigue sujeto a investigación, ahora por el presunto homicidio de Angélica María Muñoz Cervantes, quien fue novia de su hijo Sergio Hank Krauss. La joven fue asesinada de dos tiros el 13 de agosto de 2009.
Hank Rhon ya había rendido declaración sobre este asesinato, pero la procuraduría estatal pretendía arraigarlo pues un testigo –cuya identidad se desconoce– declaró el viernes 10 que el exalcalde de Tijuana ordenó matar a la mujer.
Un día después del crimen, Grupo Caliente informó que el hijo del empresario aparentemente había recibido una llamada de auxilio de su pareja cuando sus agresores intentaban abrir la puerta de su casa y que cuando Hank Krauss llegó al lugar, su novia ya estaba muerta.
Grupo Caliente informó que de inmediato dieron aviso a las autoridades para que identificaran a los responsables. Sin embargo, la procuraduría sostiene que debe investigarse tanto a Hank Rhon como a su hijo porque entre la hora del asesinato de Angélica María Muñoz y el momento en que dieron parte al Ministerio Público transcurrieron 12 horas, de acuerdo con datos publicados por el semanario Zeta.
La lengua enredada de Morales
En una entrevista televisiva el jueves 16 con Adela Micha, la procuradora Marisela Morales abundó en el tema, pero se enredó con sus propias declaraciones.
Dijo que la PGR desestimaba la validez de los videos presentados por la defensa de Hank Rhon porque “están segmentados, son una copia y además está editada”, pero la funcionaria debió reconocer que la parte acusadora no disponía de fotografías ni videos porque los militares “no grabaron” el operativo.
Tampoco supo explicar por qué los videos de la defensa no muestran ninguna persecución “en caliente” protagonizada por el Ejército, tal como lo asentó el informe militar, y reveló que ella no le dio aviso al presidente Calderón, sino hasta varias horas después de ocurridos los hechos.
Aún más, aseguró a la locutora de Televisa y presentadora de productos farmacéuticos, que ella se enteró hasta el último momento que, entre los detenidos por los soldados, estaba nada menos que Jorge Hank Rhon.
Por lo pronto, el hijo menor del profesor Carlos Hank González presumió su libertad levantando tres dedos de su mano en una presentación pública en el estadio donde juega su equipo de futbol, los Xolos, recién ascendido a la Primera División.
¡AMLO 2012!
PROCESO: Una “Cocoa” con sabor presidencial… ÁLVARO DELGADO
Una “Cocoa” con sabor presidencial…
ÁLVARO DELGADO
19 DE JUNIO DE 2011 · COMENTARIOS DESACTIVADOS
EDICION MEXICO, POLÍTICA
Luisa María Calderón Hinojosa, hermana del presidente, unifica criterios en el PAN michoacano: no todos, pero muchos la detestan. Aseguran que, además de ser prepotente, en su afán de ser candidata blanquiazul al gobierno de Michoacán, la llamada Cocoa se apoya en recursos federales pródigamente cedidos por su hermano, e incluso trató de saltarse los procesos de selección de su propio partido para llegar por la vía rápida a la contienda estatal.
El plan de imponer a Luisa María Calderón como candidata del Partido Acción Nacional (PAN) al gobierno de Michoacán, luego de dos años de hacer “proselitismo disfrazado”, no conoce límites: Abundantes recursos del gobierno federal, coacción a votantes, condicionamiento de obras y favoritismo de la dirigencia estatal, lo que ha dividido y confrontado a la militancia.
“Voy contra el sistema”, sentencia el senador Marko Cortés Mendoza, rival de la hermana del jefe del Ejecutivo, Felipe Calderón, conocida con el alias de Cocoa, quien luego de no ser designada candidata, como lo pretendía, busca imponerse en la elección interna del 31 de julio con el uso del aparato del gobierno federal.
“Sin lugar a dudas, se está usando el poder del gobierno federal para influir y decidir el proceso de elección del PAN”, acusa el legislador de 34 años, quien ha logrado unificar la inconformidad panista con el clan Calderón –que no es poca–, que en Morelia tiene su entraña.
Y es que, además, la Cocoa no concita simpatía si, a donde quiera que va, la custodian entre 30 y 45 elementos del Estado Mayor Presidencial (EMP), el Ejército y la Policía Federal, cuyo costo, sólo de estos últimos, se estima en 5 millones de pesos mensuales, lo que implicaría –alerta Cortés– que ya rebasó el tope de gasto de precampaña del PAN fijado en 2 millones de pesos.
“Todos los hermanos del presidente tienen derecho a tener elementos del EMP para su protección, pero cuando se entra a un proceso electoral como precandidato entonces, en apego a la ley, todo lo que se usa, sea donado, sea prestado, de donde venga, es computado como gasto de campaña, sin lugar a dudas.”
–¿Entonces la Cocoa ya rebasó el tope?
–Yo no soy autoridad electoral para dar ese veredicto, pero es algo que tendrá que ser observado por el PAN y será observado por todos los demás partidos políticos para efectos de elegibilidad. No podemos poner en riesgo al PAN por una situación de ese tipo.
Por eso, receloso de la dirigencia estatal del PAN que encabeza Germán Tena, dócil a la Cocoa, Cortés pide al Comité Ejecutivo Nacional (CEN), encabezado por Gustavo Madero, y a la Comisión Nacional de Elecciones, que preside José Espina, que cese el uso de los recursos y la estructura del gobierno de Calderón para favorecer a su hermana.
“Esto vendría a enturbiar más el proceso de por sí ya enturbiado por la primera intención de no tener elecciones y luego de tener un candidato común de una coalición de partidos, que ha hecho mucho ruido a la democracia que tanto hemos pregonado en México y más en el PAN.”
Aunque la candidatura común que pretendía un grupo de magnates de Michoacán está descartada, en el CEN del PAN se analiza cancelar la elección interna y designar a la Cocoa como candidata, revela Juan José Rodríguez Prats, fugaz delegado del CEN en el estado, quien teme que gane Cortés, cuya honorabilidad pone en duda.
En entrevista, informa que ha expuesto ante el CEN evidencias de que Cortés mantiene una alianza con el gobernador perredista Leonel Godoy, pero también ha aceptado apoyos de origen oscuro.
–¿Son recursos ilegales?
–¡Ilegales, desde luego que ilegales! Yo lo dije en el CEN: Señores, por menos de esto se expulsó a Manuel Espino.
Por ello, el tabasqueño propone designar a Cocoa. “Hay posibilidad de una alianza y eso permitiría una designación, porque hay mucha gente interesada en ensuciar el proceso y, en las condiciones en que está Michoacán, correríamos un enorme riesgo”.
–¿Puede ganar Cortés?
–Es por eso que sostengo que el PAN no debe correr ese riesgo, porque hay información de que Marko Cortés tiene contacto con adversarios del PAN.
Según el exdelegado del CEN, quien el mismo día en que llegó a Michoacán se peleó con diputados locales del PAN –quienes lo acusaron de ebrio y de haberlos insultado–, el senador tiene “endeble lealtad al partido”, por lo que Madero analiza cancelar la elección y designar a Cocoa.
–¿Pero es una decisión sólo de él?
–Él consultará, tomará la decisión, informará al CEN, y éste ratifica o rectifica.
Cortés, quien no cree que se atrevan a despojar a los panistas de su derecho a elegir, desprecia a Rodríguez Prats: “Es un mentiroso. Él es un viejo priista y yo soy panista de toda la vida. Está jugando a quedar bien con el sistema porque quiere ser diputado federal”.
–¿Se lo ha dicho de frente, como él dice?
–Lo ha dicho en el CEN mintiendo y le he pedido que exhiba las pruebas, porque de otra manera está calumniando.
PAN corrompido
Las precampañas del PAN para elegir a su candidato a gobernador que participará en los cimicios constitucionales de noviembre –cuando se elegirán también 40 diputaciones locales y 113 alcaldías– comenzaron apenas el sábado 11, pero la disputa entre grupos es añeja y se agudizó con el proyecto de hacer gobernadora a Cocoa.
Ella misma quebrantó el compromiso de su familia de no participar en política durante todo el sexenio para no ser tildados de “hermanos incómodos”, por traficar con el poder presidencial (Proceso 1785).
Se instaló en Morelia y desde septiembre de 2008, cuando se integró como secretaria de Elecciones del PAN estatal, comenzó a edificar su candidatura, siempre bajo el cobijo presidencial. Sólo hasta noviembre de 2010, a un año de las elecciones, se separó del cargo para intensificar su activismo.
En febrero fue enviado Rodríguez Prats para poner orden y en su primera conferencia de prensa, el jueves 9, ofreció ser neutral: “No hay duda sobre la imparcialidad y tampoco queremos favorecer a nadie. Que quede muy claro: lo que se busca es que el candidato o candidatos en Michoacán correspondan a la decisión del panismo en Michoacán”.
Pero tres horas después todo cambió: A las dos de la tarde se reunió con los diputados del PAN y, según varios de ellos, despotricó contra los que apoyan a Cortés y a Salvador Vega Casillas, secretario de la Función Pública, y tiró línea a favor de Cocoa.
El choque se filtró a los medios y uno de los diputados lo describió fuera de sí por la borrachera: “Sacó su verdadero yo, asumió una actitud muy barbajana y se cansó de decirnos que éramos unos pendejos por apoyar a Marko o a Salvador”.
Confrontado también con Cortés, Rodríguez Prats dejó el cargo unos días después, aunque niega –en entrevista– que haya estado ebrio en la reunión. “Me tomé un tequila y unas cervezas”, dice y reconoce que enfureció cuando uno de los diputados le dijo que recibían dinero del gobierno estatal.
“Todos lo hacen –dijo–. Entonces yo me torné irascible. Le dije: ‘No, maestro, no todos lo hacemos y estás en el partido equivocado’. Marko Cortés también me dijo esa frase: El ‘todos lo hacen’ es la negación más brutal de la tradición del PAN.”
A Rodríguez Prats lo acusaron, en el CEN, de haber sido parcial como delegado: “Me culparon de que tomé partido. ¡Claro que tomé partido! Si vengo en defensa de la institución, cómo no tomar partido en contra de la deshonestidad, desde luego que sí”.
Fue regañado: “Me dijeron que mi función como delegado no era investigar un caso de corrupción, sino ser árbitro de una contienda. ¡Ah, chingá, entonces como árbitro de una contienda, si veo algo sucio lo debo solapar, porque yo tenía que ser imparcial! ¡Hay cosas en las que no se puede negociar! Y eso lo percibí al segundo día de haber llegado”.
En efecto, al arribar a Michoacán se entrevistó con un viejo correligionario suyo, Fausto Vallejo, alcalde de Morelia, virtual candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a gobernador y puntero en las encuestas.
“Lo primero que hice fue pedir una audiencia con él. Fui con el presidente del partido y él me lo dijo: ‘Los tres partidos están penetrados de corrupción’. Me dijo una frase que me sacudió, que se le atribuye a La Familia Michoacana: ¿A qué delincuencia organizada se refieren? ¿A la del gobierno, a la de los partidos o a la nuestra?’. Es una lápida que cae encima.”
Michoacán es emblemático para el PAN, dice: Aquí ganó su primera presidencia municipal: Quiroga; su primer diputado local y su primer diputado federal; también se postuló a la primera candidata mujer a una presidencia municipal, y michoacano es Gonzalo Chapela, compositor del himno de ese partido.
“Aquí está la lucha entre la ideología cardenista y la ideología gomezmoriniana”, afirma Rodríguez Prats, quien defiende el derecho de Cocoa a ser candidata, a pesar de haber jurado que no sería hermana incómoda: “Con todo y eso, tiene méritos y carrera propia que inició antes de Felipe. Pero, además, se está jugando hasta la vida”.
En cambio arremete contra la corrupción política auspiciada, según él, por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Godoy, de la que se beneficia –acusa– el grupo que encabeza Cortés.
“Es evidente la conexión de Marko con Godoy, quien tiene un problema de confrontación dura con el presidente, y ahí el puente ha sido Fausto Vallejo.”
Revela que para la ceremonia conmemorativa del natalicio de José María Morelos y Pavón, el 30 de septiembre del año pasado, Calderón pretendía dar el discurso y Godoy se opuso, justo cuando salieron libres casi todos los funcionarios estatales y municipales procesados por el denominado michoacanazo, tramado por el gobierno federal dos meses antes de las elecciones de 2009.
“(De Los Pinos) acudieron a Fausto para que mediara con Godoy, quien le respondió: ‘Si quiere hablar, correcto, se acaba el desfile y se cierra el palacio. A ver cómo le hacen’. Se desistió y dijo el discurso Godoy. Es un choque brutal.”
En efecto, Godoy afirmó, ante un adusto Calderón, que no se puede hablar de justicia cuando no se respeta la legalidad ni los derechos ciudadanos. Y por eso, en la Constitución de Apatzingán, Morelos estableció: “Que todo el que se queje con justicia, tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario…”.
Conociendo la relación con Godoy, Rodríguez Prats se reunió con Cortés, quien quería que se desconociera al comité estatal por su apoyo a Cocoa, y le preguntó: “¿para qué quiere ser gobernador”. “Me siento con atributos y he recibido apoyos”, le contestó. “Ah, caray, ¿y a cambio de qué?”, cuestionó. Y vino la frase: “Todos lo hacen”.
Aunque aclara que los apoyos no son malos de suyo, precisa: “¿En qué momento eso ya puede constituir delito? En el momento en que la aportación se da como inversión. Desgraciadamente ahí es donde ha estado la distorsión”.
–¿Cocoa no recibe apoyos que sí recibe Marko Cortés?
–No me puedo comprometer a una respuesta, porque no tengo todos los elementos. En el caso de Marko sí lo sé. En el caso de ella no lo sé. Puede suponerse, es muy difícil.
La otra “Familia”
En realidad existen pruebas, documentales y testimoniales, de que Cocoa recibe apoyos del gobierno federal, por los que ha sido denunciada dos veces ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) por actos anticipados de campaña, y de la iniciativa privada, como de productores aguacateros.
De hecho, en agosto de 2010, productores de aguacate la acusaron de intervenir para imponer a Ricardo Vega López como presidente de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de Michoacán (APEAM), con el fin de dejar en manos de cuatro trasnacionales la venta y exportación de aguacate, que a su vez controla el crimen organizado.
Según información del corresponsal Francisco Castellanos, el joven empresario aguacatero Alejandro Álvarez del Toro reveló que Cocoa estuvo en Uruapan en junio para respaldar a Vega López, con el fin de tener el control de ese sector económicamente poderoso que la provee de apoyos.
Juan Luis Calderón, uno de los hermanos de Cocoa que es funcionario del ayuntamiento priista de Morelia –y que alterna esa actividad con extraños negocios en la construcción y las carreras con sus automóviles Alfa Romeo–, se sabe que le gestiona apoyos entre empresarios.
Pero lo que ha sido hasta descarado es el respaldo del gobierno federal a Cocoa, quien desde 2009 ha participado, como dirigente del PAN, en actos oficiales, inclusive como oradora. Su promoción se ha fincado en entrega de despensas, enseres domésticos y materiales de construcción.
Aunque el 23 de octubre pasado organizó, cerca de Morelia, una fiesta para celebrar su cumpleaños número 54, a la que asistieron más de 3 mil personas que consumieron carnitas, cerveza y tequila, y fue en los hechos su “destape”, sólo hasta noviembre perfiló su precandidatura, y su registro, el 5 de junio, tuvo el sello del gobierno federal.
Inclusive, a finales de enero, cuando parecía que sería designada candidata sin elección interna, el grupo delictivo La Familia Michoacana anunció su disolución mediante mantas y un comunicado, uno de cuyos párrafos aludía a los Calderón:
“En virtud de no querer seguir enfrentándonos con lo que representa la figura del Presidente, La Familia Michoacana se disuelve por completo y se abren las puertas del estado, al gobierno o proyectos de grupos que deseen continuar con la lucha que nosotros iniciamos y existe la posibilidad de brindar el apoyo de nuestra parte.”
Justamente, el primer día de su precampaña, Cocoa visitó en helicóptero Ciudad Hidalgo, Uruapan y Apatzingán, lugar donde su hermano, vistiendo una holgada casaca militar y una gorra que casi le cubría los ojos, ratificó, el 3 de enero de 2007, su declaratoria de guerra a la delincuencia.
–¿Por qué escogió Apatzingán para el inicio de su campaña?
–Porque en Apatzingán –respondió Cocoa– nacieron las instituciones de México, ahí se firmó la Constitución que habla de derechos humanos, igualdad, moderación, responsabilidad y solidaridad.
–Pero también es el lugar de origen de La Familia.
–Es también el lugar de la Constitución y queremos regresarle a nuestro Michoacán, así como a cada uno de nuestros pueblos, su origen. Es un mensaje de que queremos recuperar la paz que nos pertenece.
Sin embargo, cuando comenzó a derrumbarse el michoacanazo, al declarase inocentes a funcionarios de sus nexos con La Familia, se burló de los liberados: “¡Ahora resulta que salen más limpios que de la pila bautismal!”.
En el propio PAN la acusan de prepotente, como ocurrió al reventar la reunión juvenil estatal, celebrada el sábado 9 de abril en el hotel Pie de la Sierra, de Uruapan: Irrumpió en el hotel seguida por una turba y rodeada de miembros del EMP que agredieron al personal.
El presidente estatal de Acción Juvenil, Javier Dávalos Palafox, acusó a Cocoa de haber reventado el encuentro y de presionar a quienes no piensan como ella, acusándolos de dividir al partido, según declaró a La Jornada Michoacán.
¡AMLO 2012!
ÁLVARO DELGADO
19 DE JUNIO DE 2011 · COMENTARIOS DESACTIVADOS
EDICION MEXICO, POLÍTICA
Luisa María Calderón Hinojosa, hermana del presidente, unifica criterios en el PAN michoacano: no todos, pero muchos la detestan. Aseguran que, además de ser prepotente, en su afán de ser candidata blanquiazul al gobierno de Michoacán, la llamada Cocoa se apoya en recursos federales pródigamente cedidos por su hermano, e incluso trató de saltarse los procesos de selección de su propio partido para llegar por la vía rápida a la contienda estatal.
El plan de imponer a Luisa María Calderón como candidata del Partido Acción Nacional (PAN) al gobierno de Michoacán, luego de dos años de hacer “proselitismo disfrazado”, no conoce límites: Abundantes recursos del gobierno federal, coacción a votantes, condicionamiento de obras y favoritismo de la dirigencia estatal, lo que ha dividido y confrontado a la militancia.
“Voy contra el sistema”, sentencia el senador Marko Cortés Mendoza, rival de la hermana del jefe del Ejecutivo, Felipe Calderón, conocida con el alias de Cocoa, quien luego de no ser designada candidata, como lo pretendía, busca imponerse en la elección interna del 31 de julio con el uso del aparato del gobierno federal.
“Sin lugar a dudas, se está usando el poder del gobierno federal para influir y decidir el proceso de elección del PAN”, acusa el legislador de 34 años, quien ha logrado unificar la inconformidad panista con el clan Calderón –que no es poca–, que en Morelia tiene su entraña.
Y es que, además, la Cocoa no concita simpatía si, a donde quiera que va, la custodian entre 30 y 45 elementos del Estado Mayor Presidencial (EMP), el Ejército y la Policía Federal, cuyo costo, sólo de estos últimos, se estima en 5 millones de pesos mensuales, lo que implicaría –alerta Cortés– que ya rebasó el tope de gasto de precampaña del PAN fijado en 2 millones de pesos.
“Todos los hermanos del presidente tienen derecho a tener elementos del EMP para su protección, pero cuando se entra a un proceso electoral como precandidato entonces, en apego a la ley, todo lo que se usa, sea donado, sea prestado, de donde venga, es computado como gasto de campaña, sin lugar a dudas.”
–¿Entonces la Cocoa ya rebasó el tope?
–Yo no soy autoridad electoral para dar ese veredicto, pero es algo que tendrá que ser observado por el PAN y será observado por todos los demás partidos políticos para efectos de elegibilidad. No podemos poner en riesgo al PAN por una situación de ese tipo.
Por eso, receloso de la dirigencia estatal del PAN que encabeza Germán Tena, dócil a la Cocoa, Cortés pide al Comité Ejecutivo Nacional (CEN), encabezado por Gustavo Madero, y a la Comisión Nacional de Elecciones, que preside José Espina, que cese el uso de los recursos y la estructura del gobierno de Calderón para favorecer a su hermana.
“Esto vendría a enturbiar más el proceso de por sí ya enturbiado por la primera intención de no tener elecciones y luego de tener un candidato común de una coalición de partidos, que ha hecho mucho ruido a la democracia que tanto hemos pregonado en México y más en el PAN.”
Aunque la candidatura común que pretendía un grupo de magnates de Michoacán está descartada, en el CEN del PAN se analiza cancelar la elección interna y designar a la Cocoa como candidata, revela Juan José Rodríguez Prats, fugaz delegado del CEN en el estado, quien teme que gane Cortés, cuya honorabilidad pone en duda.
En entrevista, informa que ha expuesto ante el CEN evidencias de que Cortés mantiene una alianza con el gobernador perredista Leonel Godoy, pero también ha aceptado apoyos de origen oscuro.
–¿Son recursos ilegales?
–¡Ilegales, desde luego que ilegales! Yo lo dije en el CEN: Señores, por menos de esto se expulsó a Manuel Espino.
Por ello, el tabasqueño propone designar a Cocoa. “Hay posibilidad de una alianza y eso permitiría una designación, porque hay mucha gente interesada en ensuciar el proceso y, en las condiciones en que está Michoacán, correríamos un enorme riesgo”.
–¿Puede ganar Cortés?
–Es por eso que sostengo que el PAN no debe correr ese riesgo, porque hay información de que Marko Cortés tiene contacto con adversarios del PAN.
Según el exdelegado del CEN, quien el mismo día en que llegó a Michoacán se peleó con diputados locales del PAN –quienes lo acusaron de ebrio y de haberlos insultado–, el senador tiene “endeble lealtad al partido”, por lo que Madero analiza cancelar la elección y designar a Cocoa.
–¿Pero es una decisión sólo de él?
–Él consultará, tomará la decisión, informará al CEN, y éste ratifica o rectifica.
Cortés, quien no cree que se atrevan a despojar a los panistas de su derecho a elegir, desprecia a Rodríguez Prats: “Es un mentiroso. Él es un viejo priista y yo soy panista de toda la vida. Está jugando a quedar bien con el sistema porque quiere ser diputado federal”.
–¿Se lo ha dicho de frente, como él dice?
–Lo ha dicho en el CEN mintiendo y le he pedido que exhiba las pruebas, porque de otra manera está calumniando.
PAN corrompido
Las precampañas del PAN para elegir a su candidato a gobernador que participará en los cimicios constitucionales de noviembre –cuando se elegirán también 40 diputaciones locales y 113 alcaldías– comenzaron apenas el sábado 11, pero la disputa entre grupos es añeja y se agudizó con el proyecto de hacer gobernadora a Cocoa.
Ella misma quebrantó el compromiso de su familia de no participar en política durante todo el sexenio para no ser tildados de “hermanos incómodos”, por traficar con el poder presidencial (Proceso 1785).
Se instaló en Morelia y desde septiembre de 2008, cuando se integró como secretaria de Elecciones del PAN estatal, comenzó a edificar su candidatura, siempre bajo el cobijo presidencial. Sólo hasta noviembre de 2010, a un año de las elecciones, se separó del cargo para intensificar su activismo.
En febrero fue enviado Rodríguez Prats para poner orden y en su primera conferencia de prensa, el jueves 9, ofreció ser neutral: “No hay duda sobre la imparcialidad y tampoco queremos favorecer a nadie. Que quede muy claro: lo que se busca es que el candidato o candidatos en Michoacán correspondan a la decisión del panismo en Michoacán”.
Pero tres horas después todo cambió: A las dos de la tarde se reunió con los diputados del PAN y, según varios de ellos, despotricó contra los que apoyan a Cortés y a Salvador Vega Casillas, secretario de la Función Pública, y tiró línea a favor de Cocoa.
El choque se filtró a los medios y uno de los diputados lo describió fuera de sí por la borrachera: “Sacó su verdadero yo, asumió una actitud muy barbajana y se cansó de decirnos que éramos unos pendejos por apoyar a Marko o a Salvador”.
Confrontado también con Cortés, Rodríguez Prats dejó el cargo unos días después, aunque niega –en entrevista– que haya estado ebrio en la reunión. “Me tomé un tequila y unas cervezas”, dice y reconoce que enfureció cuando uno de los diputados le dijo que recibían dinero del gobierno estatal.
“Todos lo hacen –dijo–. Entonces yo me torné irascible. Le dije: ‘No, maestro, no todos lo hacemos y estás en el partido equivocado’. Marko Cortés también me dijo esa frase: El ‘todos lo hacen’ es la negación más brutal de la tradición del PAN.”
A Rodríguez Prats lo acusaron, en el CEN, de haber sido parcial como delegado: “Me culparon de que tomé partido. ¡Claro que tomé partido! Si vengo en defensa de la institución, cómo no tomar partido en contra de la deshonestidad, desde luego que sí”.
Fue regañado: “Me dijeron que mi función como delegado no era investigar un caso de corrupción, sino ser árbitro de una contienda. ¡Ah, chingá, entonces como árbitro de una contienda, si veo algo sucio lo debo solapar, porque yo tenía que ser imparcial! ¡Hay cosas en las que no se puede negociar! Y eso lo percibí al segundo día de haber llegado”.
En efecto, al arribar a Michoacán se entrevistó con un viejo correligionario suyo, Fausto Vallejo, alcalde de Morelia, virtual candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a gobernador y puntero en las encuestas.
“Lo primero que hice fue pedir una audiencia con él. Fui con el presidente del partido y él me lo dijo: ‘Los tres partidos están penetrados de corrupción’. Me dijo una frase que me sacudió, que se le atribuye a La Familia Michoacana: ¿A qué delincuencia organizada se refieren? ¿A la del gobierno, a la de los partidos o a la nuestra?’. Es una lápida que cae encima.”
Michoacán es emblemático para el PAN, dice: Aquí ganó su primera presidencia municipal: Quiroga; su primer diputado local y su primer diputado federal; también se postuló a la primera candidata mujer a una presidencia municipal, y michoacano es Gonzalo Chapela, compositor del himno de ese partido.
“Aquí está la lucha entre la ideología cardenista y la ideología gomezmoriniana”, afirma Rodríguez Prats, quien defiende el derecho de Cocoa a ser candidata, a pesar de haber jurado que no sería hermana incómoda: “Con todo y eso, tiene méritos y carrera propia que inició antes de Felipe. Pero, además, se está jugando hasta la vida”.
En cambio arremete contra la corrupción política auspiciada, según él, por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Godoy, de la que se beneficia –acusa– el grupo que encabeza Cortés.
“Es evidente la conexión de Marko con Godoy, quien tiene un problema de confrontación dura con el presidente, y ahí el puente ha sido Fausto Vallejo.”
Revela que para la ceremonia conmemorativa del natalicio de José María Morelos y Pavón, el 30 de septiembre del año pasado, Calderón pretendía dar el discurso y Godoy se opuso, justo cuando salieron libres casi todos los funcionarios estatales y municipales procesados por el denominado michoacanazo, tramado por el gobierno federal dos meses antes de las elecciones de 2009.
“(De Los Pinos) acudieron a Fausto para que mediara con Godoy, quien le respondió: ‘Si quiere hablar, correcto, se acaba el desfile y se cierra el palacio. A ver cómo le hacen’. Se desistió y dijo el discurso Godoy. Es un choque brutal.”
En efecto, Godoy afirmó, ante un adusto Calderón, que no se puede hablar de justicia cuando no se respeta la legalidad ni los derechos ciudadanos. Y por eso, en la Constitución de Apatzingán, Morelos estableció: “Que todo el que se queje con justicia, tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario…”.
Conociendo la relación con Godoy, Rodríguez Prats se reunió con Cortés, quien quería que se desconociera al comité estatal por su apoyo a Cocoa, y le preguntó: “¿para qué quiere ser gobernador”. “Me siento con atributos y he recibido apoyos”, le contestó. “Ah, caray, ¿y a cambio de qué?”, cuestionó. Y vino la frase: “Todos lo hacen”.
Aunque aclara que los apoyos no son malos de suyo, precisa: “¿En qué momento eso ya puede constituir delito? En el momento en que la aportación se da como inversión. Desgraciadamente ahí es donde ha estado la distorsión”.
–¿Cocoa no recibe apoyos que sí recibe Marko Cortés?
–No me puedo comprometer a una respuesta, porque no tengo todos los elementos. En el caso de Marko sí lo sé. En el caso de ella no lo sé. Puede suponerse, es muy difícil.
La otra “Familia”
En realidad existen pruebas, documentales y testimoniales, de que Cocoa recibe apoyos del gobierno federal, por los que ha sido denunciada dos veces ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) por actos anticipados de campaña, y de la iniciativa privada, como de productores aguacateros.
De hecho, en agosto de 2010, productores de aguacate la acusaron de intervenir para imponer a Ricardo Vega López como presidente de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de Michoacán (APEAM), con el fin de dejar en manos de cuatro trasnacionales la venta y exportación de aguacate, que a su vez controla el crimen organizado.
Según información del corresponsal Francisco Castellanos, el joven empresario aguacatero Alejandro Álvarez del Toro reveló que Cocoa estuvo en Uruapan en junio para respaldar a Vega López, con el fin de tener el control de ese sector económicamente poderoso que la provee de apoyos.
Juan Luis Calderón, uno de los hermanos de Cocoa que es funcionario del ayuntamiento priista de Morelia –y que alterna esa actividad con extraños negocios en la construcción y las carreras con sus automóviles Alfa Romeo–, se sabe que le gestiona apoyos entre empresarios.
Pero lo que ha sido hasta descarado es el respaldo del gobierno federal a Cocoa, quien desde 2009 ha participado, como dirigente del PAN, en actos oficiales, inclusive como oradora. Su promoción se ha fincado en entrega de despensas, enseres domésticos y materiales de construcción.
Aunque el 23 de octubre pasado organizó, cerca de Morelia, una fiesta para celebrar su cumpleaños número 54, a la que asistieron más de 3 mil personas que consumieron carnitas, cerveza y tequila, y fue en los hechos su “destape”, sólo hasta noviembre perfiló su precandidatura, y su registro, el 5 de junio, tuvo el sello del gobierno federal.
Inclusive, a finales de enero, cuando parecía que sería designada candidata sin elección interna, el grupo delictivo La Familia Michoacana anunció su disolución mediante mantas y un comunicado, uno de cuyos párrafos aludía a los Calderón:
“En virtud de no querer seguir enfrentándonos con lo que representa la figura del Presidente, La Familia Michoacana se disuelve por completo y se abren las puertas del estado, al gobierno o proyectos de grupos que deseen continuar con la lucha que nosotros iniciamos y existe la posibilidad de brindar el apoyo de nuestra parte.”
Justamente, el primer día de su precampaña, Cocoa visitó en helicóptero Ciudad Hidalgo, Uruapan y Apatzingán, lugar donde su hermano, vistiendo una holgada casaca militar y una gorra que casi le cubría los ojos, ratificó, el 3 de enero de 2007, su declaratoria de guerra a la delincuencia.
–¿Por qué escogió Apatzingán para el inicio de su campaña?
–Porque en Apatzingán –respondió Cocoa– nacieron las instituciones de México, ahí se firmó la Constitución que habla de derechos humanos, igualdad, moderación, responsabilidad y solidaridad.
–Pero también es el lugar de origen de La Familia.
–Es también el lugar de la Constitución y queremos regresarle a nuestro Michoacán, así como a cada uno de nuestros pueblos, su origen. Es un mensaje de que queremos recuperar la paz que nos pertenece.
Sin embargo, cuando comenzó a derrumbarse el michoacanazo, al declarase inocentes a funcionarios de sus nexos con La Familia, se burló de los liberados: “¡Ahora resulta que salen más limpios que de la pila bautismal!”.
En el propio PAN la acusan de prepotente, como ocurrió al reventar la reunión juvenil estatal, celebrada el sábado 9 de abril en el hotel Pie de la Sierra, de Uruapan: Irrumpió en el hotel seguida por una turba y rodeada de miembros del EMP que agredieron al personal.
El presidente estatal de Acción Juvenil, Javier Dávalos Palafox, acusó a Cocoa de haber reventado el encuentro y de presionar a quienes no piensan como ella, acusándolos de dividir al partido, según declaró a La Jornada Michoacán.
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ELECCIONES: DESCUBREN AL CORRUPTO LUJAMBIO USANDO SOLDADOS DEL ESTADO MAYOR PARA SU PROTECCIÓN EN COAHUILA
Lujambio usa recursos federales para apoyar campaña en Coahuila - Vanguardia
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Lujambio usa recursos federales para apoyar campaña en Coahuila
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Milenio
19-Junio-2011
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El funcionario federal, en conferencia de prensa ofrecida en Saltillo este sábado, en el salón el nogal ubicado a unos metros de la sede del PAN, reconoció que de manera habitual lo acompañan elementos del Estado Mayor
Saltillo.- El Secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio Irazábal, dispuso de recursos federales como una avioneta, elementos de policía federal preventiva y del Estado Mayor, así como personal de la SEP, para participar en un acto político en respaldo al candidato del PAN-UDC, Guillermo Anaya Llamas, que se llevó a cabo este sábado en Saltillo.
El funcionario federal, en conferencia de prensa ofrecida en Saltillo este sábado, en el salón el nogal ubicado a unos metros de la sede estatal del PAN, reconoció que de manera habitual lo acompañan elementos del Estado Mayor, incluso para cuestiones personales.
“Yo quiero ver qué autoridad juzga que un funcionario público debe renunciar a la protección del Estado Mayor Presidencial cuando por ejemplo, va al cine con sus hijos que es mi caso, o cuando va a visitar a su madre muy anciana que es mi caso, o cuando va a la boda de un primo como ha sido mi caso, o cuando viene a visitar a un amigo como es este caso”, respondió sobre el cuestionamiento.
De esta manera, dijo que por ser parte del gabinete de Felipe Calderón, puede acudir junto a sus hijos al cine o a visitar a su madre, por citar algunos ejemplos, protegido por la seguridad que le asignó la Presidencia de la República, por lo que este sábado en Satillo, alrededor de 9 elementos del Estado Mayor, y al menos dos patrullas de la PFP lo resguardaron.
“Por supuesto que yo soy secretario de estado y el Estado Mayor esta para proteger la seguridad de los funcionarios públicos que decide el Estado Mayor Presidencial…La protección del Estado mayor presidencial no está sometida a una agenda específica y esto no es desviación de recursos”, señaló
Alonso Lujambio arribó al Aeropuerto Plan de Guadalupe de Ramos Arizpe, en una avioneta Lear Jet 35 con matrícula XB-LWW de la empresa Aerotransportes Huitzilin SA de CV, y aunque negó que la avioneta sea del gobierno federal, según datos oficiales la avioneta aparece registrada como no comercial y como un proveedor de la federación.
Desde el inicio hasta el final de su estancia, Alonso Lujambio, fue resguardado por dos unidades de la Policía Federal Preventiva que permanecían postradas al exterior de la sede estatal del PAN en Coahuila, , una de ellas captada en fotografía con el número de unidad 10170.
El Secretario asistió a la conferencia ofrecida por Karla Wheeloc, hermana del candidato a diputado por el Distrito I, Miguel Ángel, en apoyo a éste y al candidato a Gobernador y momentos después se pasó a la sede del PAN para reunirse con el líder estatal, Carlos Orta.
Cabe mencionar, que el pasado 27 mayo el líder Nacional del PAN, Gustavo Madero Muñoz, reconoció también en Saltillo haber arribado al estado de Nuevo León en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana para participar en un encuentro con gobernadores panistas.
El Secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, responsable de la operación y los avances de la enseñanza de todo el país, reveló además que se graduó con un promedio de 86 de la facultad de Ciencias Políticas del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y además recibió una mención especial, un nivel inferior a la mención honorífica.
Así mismo, dijo que sus méritos para aspirar a la Presidencia de la República, además de militar 2 años en el PAN son haber sido 7 años Secretario Consejero Electoral del IFE, lo que calificó como su escuela política, además de ser negociador de la ONU en Irak, Bagdad, y fue Presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información, entre otras cosas
HAITÍ: "Reconstrucción" congelada detrás de muchas puertas cerradas - IPS ipsnoticias.net
HAITÍ: "Reconstrucción" congelada detrás de muchas puertas cerradas - IPS ipsnoticias.net
¡AMLO 2012!
"Reconstrucción" congelada detrás de muchas puertas cerradas
Por corresponsales
Crédito: newbeatphoto/creative commons
PUERTO PRINCIPE, 14 jun (IPS/Haiti Grassroots Watch) - Pasaron 17 meses del terremoto del 12 de enero de 2010, que dejó Puerto Príncipe en escombros. La reconstrucción del centro de la capital haitiana está paralizada y más de 800.000 personas siguen en tiendas, 30.000 de ellas frente al derrumbado Palacio Nacional.
¿Se puede atribuir la lentitud en reconstruir y reubicar a los desplazados a la falta de fondos? ¿Las agencias humanitarias internacionales no cumplen lo que prometieron? ¿Esto es culpa de las Naciones Unidas o de las autoridades haitianas?
Una investigación de dos meses de Haiti Grassroots Watch junto con estudiantes de periodismo de la Université dEtat dHaiti (Universidad Estatal de Haití) revela una mezcla de problemas que incluyen coordinación inexistente, rivalidades y abiertos desacuerdos.
Además, ninguna autoridad asume responsabilidad plena ni tiene una visión de conjunto de lo que sucede, y el proceso tiene muy poca transparencia.
¿De quién es Haití?
Mientras ministros, alcaldes, arquitectos y agencias discuten y promueven planes divergentes en encuentros exclusivos en presumidos hoteles de la capital, Puerto Príncipe sigue engullida en una espiral de deterioro.
Las lluvias arrastran por las calles destrozadas envases plásticos, esqueletos de animales, residuos vegetales, madera y carbón, heces, escombros y todo lo que se pueda imaginar hasta barrancos que desembocan en la bahía sobre el mar Caribe.
Las tiendas están casi todas cerradas. Algunas fueron reparadas por sus dueños, otras están arrasadas. Pero se ve muy poca reconstrucción, pues nadie sabe cuál es el plan.
La mayoría de los residentes, pequeños comerciantes, desplazados y vendedores callejeros no han sido llamados a las rivalizadas sesiones de planificación que se llevan a cabo a puertas cerradas.
Una reunión reciente celebrada por la oficina del alcalde constituyó casi un "quién es quién" de la elite haitiana, con representantes de las familias que controlaron la economía del país en el último siglo.
Maggy Duchatelier Gaston ha vivido más de 25 años en la Rue de la Reunion. La anciana panadera puso 5.000 dólares de su bolsillo para reparar la Pastelería, Bar y Escuela de Cocina Princesa.
"Ninguna autoridad vino aquí. Nadie", pese a que su comercio se encuentra en la zona de "interés público" de la capital, dijo.
Gaston coloca algunos dulces en una caja para el reparto. Es una de las pocas ventas del día. La enorme vidriera está casi vacía, con una o dos porciones de pastel. La tienda reabrió hace tres meses, pero el negocio va mal. La mayoría de las empresas cercanas y la oficina de impuestos situada en la vereda de enfrente no han sido reconstruidas, entonces muy poca gente circula por la calle.
Gaston nunca oyó hablar de "SOS Centro", un grupo de poderosos propietarios y comerciantes, ni la han invitado a ninguna reunión.
"No sé nada de lo que se está planificando. Probablemente muramos antes de que hagan algo", dijo.
Ella no se rinde, como atestigua la solitaria torta. Pero una golondrina no hace verano. Y unas pocas cuadras sin escombros no bastan para hablar de reconstrucción.
Mientras los héroes miran
Harold Joseph vive con sus seis hijos en un refugio improvisado en "Champ de Mars" (Campo de Marte), una zona de parques y plazas cerca de la sede del gobierno, el Palacio Nacional, y de varios ministerios. Él recuerda que hace muchos meses le prometieron asistencia.
"Vinieron funcionarios a tomar nuestros nombres so pretexto de ofrecernos ayuda, pero no sabemos qué tipo de ayuda", dijo Joseph.
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MUERE EL "MAPACHE" QUE AYUDO A GANAR ELECCIONES A BUSH
Misteriosa muerte de Mike Connell, ladrón de elecciones y secuaz de Karl Rove [Red Voltaire]
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Mike Connell, principal consejero en informática de George W. Bush y experto en trucos y manipulaciones mediante la utilización de computadoras había sido el cerebro del fraude durante las elecciones presidenciales en los EEUU por haber manipulado los votos de los electores. Convocado ante la justicia su avión se estrella misteriosamente. Por otro lado, la extrema vulnerabilidad al fraude sistemático de los sistemas electorales electrónicos en EEUU es un problema que nunca ha sido resuelto o siquiera examinado seriamente por ningún organismo oficial del gobierno en Washington.
RED VOLTAIRE | CALIFORNIA (EEUU) | 11 DE JUNIO DE 2011
Mike Connell, principal consejero en informática de Karl Rove [1], principal consejero y estratega de Bush, murió misteriosamente en un accidente de avión privado cuando hacía frente a una citación judicial por el fraude electoral presidencial de 2004 en Ohio [2]. Connell estaba acusado como figura central de un complejo diagrama para convertir electrónicamente -de un solo tirón- votos demócratas en republicanos.
En julio de 2008, nombraron a Connell como testigo principal en el caso conocido como «Asociación Vecinal de King Lincoln Bronzeville versus Blackwell», que se entabló contra el Secretario de Estado de Ohio llamado Kenneth J. Blackwell, el 31 de agosto de 2006, por los abogados de Columbus Clifford Arnebeck y Robert Fitrakis.
Inicialmente, Blackwell fue acusado de prácticas de discriminación racial -incluyendo la purga selectiva de electores negros inscritos para votar y la asignación no equitativa de máquinas que registraron y contaron los votos emitidos en diversos distritos- y se solicitaron medidas destinadas a prevenir problemas similares durante la elección legislativa de noviembre de 2006.
Mike Connell.
Implicado en la manipulación de votos en las elecciones presidenciales estadounidenses, Mike Connell era un especialista para hacer trucos con las computadoras.
El 9 de octubre de 2006, una denuncia enmendada añadió cargos por diversas formas de amañar la votación, como también por tener el efecto de «privar a los demandantes de sus derechos a ejercer su voto, incluyendo el derecho a emitir satisfactoriamente sus sufragios sin intimidación, dilución, cancelación o revocación por manipulación de las máquinas que registran y cuentan los votos emitidos, o tratar de forzar la votación, así como las urnas». Una moción para admitir el caso como discutible, presentada después de la elección de noviembre de 2006, fue rechazada, pero en su lugar otra acusación permaneció vigente como para permitir alegatos.
El caso adquirió renovado ímpetu en julio de 2008, cuando el abogado Arnebeck anunció que actuaba «para mantener la vigencia del caso y para proceder a descubrir eventuales trucos para ayudar a proteger la integridad de la elección presidencial de 2008». La nueva acción fue fortalecida en parte por presentarse como denunciante el republicano Stephen Spoonamore, experto en seguridad de tecnologías de la información (IT), quien dijo estar preparado para atestiguar lo posibilidad [y viabilidad] de la manipulación del voto electrónico en la elección realizada en 2004.
La acusación fue activada el 19 de septiembre de 2008 y permitió citar a Connell el 22 de septiembre.
Spoonamore, un republicano conservador que trabaja como experto en detección de fraudes computacionales para grandes bancos, gobiernos extranjeros y el servicio secreto (N.d.T. Servicio de protección de la Casa Blanca), encontró pruebas de que Karl Rove, con la ayuda de Mike Connell y su empresa GovTech Solutions, robó electrónicamente la elección de 2004 en el estado de Ohio para que ganara Bush como presidente por segunda vez.
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Solución a la CalvicieHaret33 Ofrece Una Solución Sin Efectos Secundarios. Conócela
Niños huérfanos de Ciudad Juárez asisten a terapia para superar la muerte de sus padres. -AFP
Iris cumplirá 8 años el 3 de julio. Entre su lista de regalos pide que su padre esté en la fiesta, pero sabe que no llegará. Será su primer cumpleaños sin él. Iris es la mayor de cuatro hermanos que el pasado 17 de septiembre se quedaron huérfanos. Su padre fue asesinado la madrugada de un sábado cuando tirotearon el bar donde alternaba con sus amigos. Su madre, Yuvia Muro, le insiste a ella y a sus hermanos que fue un accidente, pero en la escuela los otros niños ya le dijeron que su papá fue asesinado. E Iris ya ha visto un par de tiroteos en su calle.
Carlos (nombre ficticio) tiene 7 años y llegó a la consulta del psiquiatra familiar Antonio Moreno, en la Seguridad Social, porque le diagnosticaron hiperactividad. En realidad, Carlos sufre un estado de shock desde que un comando armado se ensañó contra el coche donde viajaba con sus padres. Su madre, en un acto reflejo, lo escondió en el suelo del asiento de atrás y lo protegió con su cuerpo. Carlos se salvó, pero presenció el asesinato de sus padres y su tío. Ahora vive con su abuela, quien ya ha intentado suicidarse después de perder a sus dos hijos y a su nuera.
Son sólo dos de los de los más de 10.000 niños que perdieron a uno o ambos padres en Ciudad Juárez (1,5 millones de habitantes), la urbe más castigada por la guerra del narcotráfico y la más violenta del mundo con 240 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2010, más una cantidad incontable de robos, extorsiones y amenazas. En esta maraña criminal, los pequeños son las víctimas más vulnerables y el abono para que la espiral de violencia no termine, pues adolescentes y niños viven impregnados por esta cultura de violencia extrema e impunidad. En sus juegos de persecuciones, todos quieren ser el sicario, porque "mejor estar del lado de los que van ganando", tal como confiesan ellos mismos.
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