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| Chapito, a Seri shaman from Punta Chueca, Sonora, Mexico. Chapito wanted to be photographed this way, pointing toward the mountain caves. Français : . (Photo credit: Wikipedia) |
Staff
Agencia Reforma | 2013-03-01 | 22:51
Distrito Federal— En 13 estados del país, grupos de civiles armados han organizado vigilancia en comunidades de 68 municipios frente a la delincuencia o la explotación de sus recursos durante los últimos tres años.
La mayoría de las agrupaciones viola la Constitución al contravenir las libertades de tránsito y de trabajo, las circunstancias de prisión preventiva y las prohibiciones de hacer justicia por mano propia y ejercer violencia para reclamar su derecho.
Una excepción es la Policía Comunitaria surgida en Acatlán, Guerrero, que se ciñe a los artículos constitucionales 2 y 39 y al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que recoge el uso ancestral de resarcir con trabajo los daños ocasionados por delitos.
Las acciones de al menos tres grupos han generado denuncias penales: dos por asesinatos dolosos en Ayutla y Tixtla, municipios de Guerrero, y una por despojo de patrullas y armas a la Policía Municipal de Buenavista Tomatlán, en Michoacán.
Repelen agresiones
Los grupos de vigilantes armados en comunidades indígenas responden a agresiones del crimen organizado y a explotación de los recursos de sus asentamientos.
Los seris de Sonora defienden su territorio en Punta Chueca, a unos 150 kilómetros de Hermosillo, cerca de Bahía de Kino; indígenas de Chiapas que esta semana tomaron machetes y palos exigen el cierre de minas que trabajan compañías de capital canadiense y el cese a la extracción inmoderada de agua.
En Michoacán, mientras los comuneros purépechas de Cherán enfrentan al crimen organizado y a taladores ilegales, en Ostula, comunidad del Municipio de Aquila, los campesinos tomaron las armas para pelear tierras en un conflicto que ha provocado el asesinato de 27 activistas y la desaparición de otros cinco.
En Ascención y Galeana, municipios de Chihuahua, vecinos menonitas y mormones se armaron para frenar secuestros y asesinatos de miembros de familias y extorsiones del crimen organizado.
Y en el centro de la capital de aquella entidad, habitantes de la colonia Obrera establecieron guardias y tomaron armas caseras para enfrentar a ladrones, la Policía local intervino.
Habitantes de tres municipios del Estado de México -Amatepec, Tlatlaya y Tejupilco- iniciaron guardias de vecinos armados frente a la operación del grupo La Familia Michoacana; sin embargo, su líder Luis Enrique Granillo fue secuestrado el 15 de febrero.
En la Costa Chica, la Montaña y la zona Centro de Guerrero, los guardias civiles de 15 municipios repelen secuestros, extorsiones y robos.
La Constitución prohíbe la mayoría de las prácticas que estos vigilantes han emprendido.
La instalación de retenes de revisión, el bloqueo de empresas, la detención de personas, la retención de presuntos delincuentes durante varios días y semanas y el uso de armas para disuadir o perseguir violan los artículos constitucionales 11, 25, 21, 20 y 17, respectivamente.
En Buenavista Tomatlán, en la región michoacana de Apatzingán, el grupo armado surgido el 24 de febrero se caracteriza por el uso de rifles AK-47 y AR-15, de uso exclusivo del Ejército.
En San Luis Acatlán, Guerrero, se fundó la Policía Comunitaria en 1995 para frenar robos carreteros, violaciones y abusos contra la población indígena y se encargó de detener a los presuntos delincuentes y entregarlos a las autoridades ministeriales, revelaron sus iniciadores.
La corrupción de policías municipales y ministeriales que liberaban incluso a detenidos en flagrancia motivó la conformación del Sistema Comunitario de Seguridad, Impartición de Justicia y Reeducación, según consta en los documentos de esa Policía.
El sistema se basa en la usanza indígena de intervención de autoridades tradicionales con cada delincuente para que tome conciencia del daño que hizo, reponga el perjuicio con trabajo para la comunidad y se abstenga de reincidir.
Con esos rasgos, más la elección en asamblea popular de los policías comunitarios, este uso se inscribe en las prácticas indígenas cuya preservación alienta el Convenio 169 de la OIT y permite el artículo 2 de la Constitución.
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