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7 de agosto de 2013

CORRUPCIÓN PEÑISTA: Cuates de los jefes fiscalizan dependencias

‘Cuates’ de los jefes fiscalizan dependencias - Ciudadanos en Red:
Publicado el 6 agosto, 2013  
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La fiscalización de recursos y sanciones por malos manejos en las dependencias del Gobierno federal ha quedado entre amigos.

Los encargados de las contralorías internas de las secretarías de Estado son funcionarios que han sido subordinados de los titulares de estas dependencias, lo que compromete su independencia al momento de ejercer sus facultades.

De acuerdo con la ley, los Órganos Internos de Control (OIC) dependen de la Secretaría de la Función Pública (SFP), cuyo titular debe designar a los responsables de encabezarlos para garantizar que éstos puedan actuar libremente dentro de las dependencias que les toca fiscalizar.

Pero en varios casos, los titulares de los OIC tienen vínculos con los secretarios a los que en teoría deben vigilar. Es el caso de Abril Renee Aguayo Buentello, titular del OIC de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), quien fue coordinador administrativo de la mesa directiva de la Cámara de Diputados de 2010 a 2011, cuando la encabezó Jorge Carlos Ramírez Marín, actual responsable de la Sedatu.

Ocurre lo mismo con Paulo Arturo Téllez Yuren, contralor de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que encabeza José Antonio Meade, pues con él coincidió en 2011 como titular del OIC en la Secretaría de Energía, cuando la encabezó Meade.

Después se fue como administrador general de la Auditoría de Comercio Exterior del SAT, cuando el actual canciller era el responsable de la Secretaría de Hacienda.

Pedro Enrique Velasco, quien es titular del OIC de la SEP, en el pasado ha fungido como coordinador de asesores y director de área del actual titular de la SEP, Emilio Chuayffet Chemor, cuando éste se desempeñó como director general del Instituto Federal Electoral, primero, y después, como secretario de Gobernación, en la década de los noventa.

El auditor interno de la Secretaría de Gobernación, es el ex gobernador de Campeche, Jorge Carlos Hurtado Valdez, quien durante su mandato de 2003 a 2009, coincidió con la gubernatura de Miguel Ángel Osorio Chong en Hidalgo (2005-2011), y quien en los últimos dos años se desempeñó como contralor general del PRI.

Desde que arrancó la actual administración hace ocho meses, durante los cuales no se ha designado titular de la SFP, han sido reemplazados los titulares de los Órganos Internos de Control (OIC) de 15 dependencias.

Cada uno de los nuevos responsables, tiene una formación académica y experiencias profesionales y laborales distintas.

Tres de ellos son licenciados en Contaduría Pública, 2 en Derecho, 3 cuentan con Maestría en Administración Pública, 1 Maestría en Finanzas Pública, 1 Maestría en Impuestos, 2 Maestría en Derecho, 1 Maestría en Alta Dirección, 1 Maestría en Auditoría y 1 Doctorado en Derecho.

De acuerdo con su procedencia, destacan los que tiene un pasado en la administración pública en el Estado de México, en donde el presidente Enrique Peña Nieto fue mandatario de 2005 a 2011.

Ellos son Rafael Zárate César, Eugenio Aurelio Alvirez Orozco y Óscar Gómez Bravo Topete, titulares de los OIC de la Presidencia de la República, la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Turismo, respectivamente.

También hay quien procede del ámbito legislativo, como son los casos de Eduardo Alonso Bailey González y Alfonso Grey Méndez, responsables de los OIC de las secretarías de Comunicaciones y del Medio Ambiente, respectivamente.

El primero fue diputado federal de 2009 a 2012 y el segundo contralor interno de la Cámara de Diputados del 2001 a 2011. (Rolando Herrera/Agencia Reforma)
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30 de abril de 2013

Confirmado, lo único que sale bien a gobiernos del PRIAN es dar impunidad a compinches

Vigilantes anticorrupción no dan seguimiento a casos | El Economista:

29 Abril, 2013 - 22:42Credito:
Jorge Monroy / El Economista

La ASF, que encabeza Juan Manuel Portal, detectó inactividad de los procesos contra servidores públicos. Foto: Araceli López
La Auditoría Superior de la Federación reveló un decálogo de casos en los que funcionarios detectados en actos de corrupción obtienen de la justicia administrativa amparos que los liberan de pagar sanción, debido a que los Órganos Internos de Control (OIC) no defienden el caso ante la justicia o incluso tardan hasta tres años en emitir resoluciones.

En uno de los documentos de su revisión a la Cuenta Pública del 2011, referente a la gestión sancionatoria de la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría enumera 37 expedientes en los que estuvieron involucrados 196 funcionarios en actos de corrupción e involucran recursos por 9 millones 931,771 pesos, y en los que los Órganos Internos de Control tuvieron deficiencias al momento de documentar y defender los casos ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Por ejemplo, en la revisión que hizo la Auditoría al expediente de responsabilidad número 0103/2006, por 254,000 pesos, se comprobó inactividad en los procesos por 126 días naturales desde la fecha en que recibieron el asunto en los OIC.

Las dos sanciones económicas impuestas por dicha cantidad fueron impugnadas por los servidores públicos involucrados y, en ambos casos, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa declaró la nulidad lisa y llana, debido a que el OIC no acreditó la irregularidad, por lo cual no se cobró la sanción.

En otro caso, el expediente de responsabilidad número 0167/2008, que involucró sanciones por 1 millón 423,000 pesos, la ASF también comprobó inactividad durante 193 días desde la fecha en que el OIC recibió el asunto. Esa sanción fue impuesta a un servidor público del IMSS, pero fue impugnada por éste ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el cual finalmente declaró la nulidad lisa y llana, debido a que el Manual de Procedimientos para el Trámite de Pago y Control de Techos Financieros y el Manual de Organización de las Unidades Médicas Hospitalarias de Segundo Nivel de Atención del IMSS, que fueron incumplidos y sirvieron de base para determinar las conductas infractoras, no fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación.

Por ello, la Auditoría alertó que 87.5% de los expedientes que revisó presentó omisiones en el Sistema del Registro de Servidores Públicos Sancionados en campos como: daño o perjuicio ocasionado, fecha de inicio, puesto del denunciado, fecha de inscripción en el RSPS, número de crédito fiscal asignado y monto, lo que fue argumento para que el Tribunal declarara la nulidad de los casos contra los 43 servidores públicos involucrados en actos de corrupción.

jmonroy@eleconomista.com.mx

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