Lo que Hacienda devolvió a los empresarios:
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Si no fuera trágico, podría tomarse como una muestra de humor involuntario: la Secretaría de Hacienda busca imponer el IVA a alimentos y medicinas para conseguir 150 mil millones de pesos que le ayuden a financiar sus programas sociales y de infraestructura.
Pero, al mismo tiempo, mantiene esquemas fiscales que la han llevado a devolver más de un billón 641 mil 400 millones de pesos de impuestos a un reducido grupo de grandes empresas en el periodo 2000-2011.
Con esa cantidad podrían haberse hecho una y mil cosas: construir 111 refinerías, dotar de presupuesto a la UNAM durante 48 años, rescatar a Chipre de su bancarrota financiera al menos nueve veces, construir 149 trenes bala, financiar durante 521 años a todos los integrantes del Sistema Nacional de Investigadores, rescatar a mil 262 empresas como Mexicana de Aviación o enviar 50 naves espaciales como la Curiosity a Marte…
Por Zorayda Gallegos@zogallegos
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Si Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda y Crédito Público, quisiera en verdad reunir los recursos necesarios para financiar los programas de educación, salud e infraestructura del actual gobierno, bastaría que revisara los informes que en alguna de las oficinas de la gente a su cargo deben estar bien guardados.
Seguro que la carpeta con las hojitas que le entregarían lo asombraría: la Secretaría de Hacienda ha devuelto a los grandes contribuyentes –empresas que facturan más de 500 millones de pesos anuales– impuestos por una cantidad difícil de asimilar para un ciudadano común: un billón 641 mil 473 millones de pesos. Y lo ha hecho en un tiempo muy corto: los 12 años incluidos en el periodo 2000-2011.
Esta cifra, que se antoja increíble y astronómica, pero que está sustentada en los reportes entregados por las autoridades del Sistema de Administración Tributaria (SAT) a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), serviría para construir al menos mil 40 hospitales como el Regional de Alta Especialización de Ixtapaluca, considerado el más grande del país y obra emblemática del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.
La dimensión del perjuicio que las devoluciones de impuestos a grandes contribuyentes causan a las finanzas del Estado es un tema que el gobierno federal y el Congreso no han querido ver, pero no ha sido por falta de advertencias.
Ya desde 2008 gente calificada como Arturo González de Aragón, entonces titular de la Auditoría Superior de la Federación, alertó públicamente de la seriedad del daño económico para el Estado.
En una reunión realizada en julio de 2008, González de Aragón advirtió directamente en el Senado de la República: “Durante el sexenio de Vicente Fox se devolvieron 680 mil millones de pesos de impuestos a grandes empresas; las devoluciones se encuentran altamente concentradas en el país, lo que contraviene el principio de equidad fiscal”.
Aunque González de Aragón alcanzó a señalar que el crecimiento en el monto de las devoluciones de impuestos era muy rápido, pues se había duplicado en sólo cinco años, se quedó muy corto.
La realidad hoy es más aguda: si al arranque de este siglo se devolvieron 75 mil millones de pesos, para 2011 ya se llegó a niveles muy superiores: 219 mil millones. Se triplicó el volumen de impuestos regresados.
Por eso, y ahora que está sobre la mesa la propuesta de una reforma fiscal que es muy probable que incluya IVA en alimentos y medicinas, expertos en el tema han propuesto que en vez de considerar este gravamen, se analice la eliminación de los privilegios fiscales.
Hace sentido pues, según estimaciones de Hacienda, si se cobrara IVA en alimentos y medicinas se podrían recaudar 159 mil millones de pesos, cifra menor a lo que se les devuelve a un pequeño número de grupos empresariales.
Otra propuesta que podría considerar Videgaray, doctor en economía por el Instituto Tecnológico de Massachussets, es revisar lo que los especialistas llaman el régimen de consolidación fiscal: es decir, la facilidad para que mediante esquemas legales los grandes grupos empresariales prácticamente no paguen impuestos.
Las críticas a este privilegio fiscal tampoco son nuevas. Basta leer lo que González Aragón reveló a los senadores en la misma ocasión: datos increíbles, pero nunca desmentidos: 50 grandes consorcios pagaron en 2005 un promedio de 74 pesos de Impuesto Sobre la Renta (ISR) y 67 pesos de IVA. Es decir, sólo destinaron 141 pesos al pago de impuestos.
Los esfuerzos de Hacienda por recaudar más ingresos se desploman año con año gracias a las devoluciones de impuestos, tanto que al menos 33 de cada 100 pesos que se reúnen por concepto de IVA son devueltos a las grandes empresas.
Estas devoluciones permitidas por la legislación se concentran en empresas dedicadas a comercializar bienes y servicios con tasa cero de IVA, como alimentos, medicinas, maquinaria, equipo agrícola y embarcaciones para pesca comercial, entre otros.
La mecánica es sencilla: al estar sujetas a tasa cero, las empresas pueden solicitarle al SAT que les regrese el IVA que no cobraron al vender su servicio, pero que sí pagaron para comprar los insumos con los cuales elaboraron sus productos.
El problema, en opinión de los especialistas, es que esa posibilidad de reclamar devolución ha ocasionado un daño enorme a las finanzas públicas y ha contribuido, además, a la desigualdad social.
Esta afirmación cobra sentido si se revisan cada uno de los informes que ha elaborado la Auditoría Superior con información proporcionada por el SAT.
En ellos está documentado el desembolso anual de la administración federal para regresar a los grandes contribuyentes cientos de miles de millones de pesos.
Desde 2000 (último año del gobierno de Ernesto Zedillo) hasta 2011 (en los estertores del de Felipe Calderón), las devoluciones a los grandes contribuyentes casi se triplicaron. La cifra pasó de 75 mil a 219 mil millones de pesos.
Quienes han denunciado este esquema consideran que además de restarle recursos al Estado para financiar el desarrollo del país, profundizan una situación de mayor desigualdad.
El análisis hecho por la Auditoría Superior a las devoluciones de impuestos hechas por el SAT en 2005 da cuenta clara de este aspecto: “El total de las devoluciones se encuentra altamente concentrado, pues 398 grandes empresas concentraron 76.5 por ciento del dinero devuelto (139 mil 240 millones de pesos)”.
No nada más eso. Un pequeño grupo de 10 empresas recibió de regreso impuestos por 17 mil 416 millones de pesos (21 por ciento de las devoluciones). “Cinco de estas empresas están ubicadas en el sector automotriz, una cadena de tiendas departamentales o de autoservicios, una de productos fotográficos, una institución financiera, una dedicada a la industria de la panificación y otra más a la del hierro y el acero”.
Y así ha sido la historia reciente. 2010: del billón de pesos que recaudó el SAT, al final devolvió 174 mil millones a empresas cementeras, mineras, automotrices, refresqueras, cerveceras, maquiladoras de electrodomésticos, alimentos enlatados, cigarreras y telefónicas.
La fiscalización 2011 produjo los mismos hallazgos: las devoluciones rebasaron los 200 mil millones de pesos. Del total, 20 empresas recibieron 63 mil millones.
Los beneficiados: empresas automotrices, supermercados y tiendas departamentales, electrónica, alimentos y telefonía celular.
Hace más de tres décadas, el gobierno federal estableció medidas fiscales especiales para alentar la inversión de los grandes empresarios y la creación de empleos. El Régimen de Consolidación Fiscal, concebido como un sistema de incentivo a las empresas, pero con la condición de que no produjera un daño a las finanzas del país o que, de producirlo, implicara un simple diferimiento en el pago del ISR, se estableció mediante un decreto firmado por Luis Echeverría en junio de 1973.
A través de este mecanismo, incorporado a la Ley del Impuesto Sobre la Renta en 1982, se permite que un grupo de empresas con un mismo accionista mayoritario pueda pagar impuestos como si fuera una sola empresa.
Si un grupo tiene varias empresas, se le permite deducir las pérdidas de algunas de ellas contra las utilidades de las otras, con lo que los consorcios tienen la posibilidad de crear empresas “diseñadas” expresamente para perder. Esto, además, les permite posponer o diferir el pago de los impuestos que deberían entregar a las autoridades de Hacienda, a pesar de tener utilidades de miles de millones de pesos.
El propio gobierno federal reconoce que se ha venido privilegiando a estos grupos empresariales, obteniendo una recaudación mínima. “El esquema actual no prevé una fecha determinada para el pago del ISR diferido, lo que representa un sacrificio para el erario público federal. El esquema actual del régimen de consolidación fiscal permite que las sociedades controladas empleen estrategias como la deducción inmediata para generar pérdidas (…) o bien opten por incorporar empresas perdedoras al grupo y así prorrogar el pago del impuesto diferido por largos periodos de tiempo”, señala la exposición de motivos del Presupuesto de Ingresos enviado en 2010 a la Cámara de Diputados.
El gobierno federal mandó ese año una propuesta para que el pago del impuesto diferido se realizara en parcialidades, pero no para eliminar el privilegio.
Los diputados modificaron la propuesta, que quedó así: en 2010 las empresas tendrían que pagar 40 por ciento de los impuestos diferidos hasta la fecha y un 15 por ciento cada año hasta 2014.
Le pusieron un plazo a los grupos empresariales para que pagaran, en un término de cinco años, los impuestos que arrastraban desde el sexenio de Fox. Pero no acabaron con el privilegio.
Luego las disposiciones se “aligeraron aún más”. Los senadores determinaron que ese 40 por ciento se convirtiera en 25 por ciento.
Meses después hubo otro paso atrás. La Secretaría de Hacienda dio muestra “de una desfachatez”,como la calificó Mario Di Costanzo, entonces diputado federal y hoy titular de la Comisión Nacional para la Protección de la Defensa de Usuarios Financiero (Condusef): redujo la obligación de pago a 10 por ciento.
El régimen de consolidación fiscal permitió que en 2010 un grupo de 30 grupos empresariales, entre los que destacan Cemex, Telcel, Telmex, Grupo México, Bimbo, Grupo Carso, Maseca, Walmart, Saba, Bachoco, Gigante, Modelo, Televisa, Inbursa, Peñoles y Palacio de Hierro, entre otros, obtuvieran privilegios extraordinarios.
Los balances de esos grupos mostraron buenas noticias para sus accionistas. En conjunto, obtuvieran ingresos de 2 billones 379 mil pesos, pero sólo pagaron impuestos equivalentes a 4.1 por ciento de sus ventas totales.
Cualquier otra empresa o las personas físicas habrían tenido que pagar una tasa de 30 por ciento. Y en esos casos, Hacienda es inflexible a la hora de fiscalizar.
El boquete económico causado a las finanzas del gobierno por estas prácticas empresariales ha causado preocupación incluso entre las mismas filas de la Secretaría de Hacienda, al menos en las que colaboraban ahí en octubre de 2009.
En esa fecha, las autoridades del SAT entregaron un informe a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados en el que colocaron su mira en el blanco que más les preocupaba.
El reporte proporcionaba a los diputados un dato revelador: la recaudación de impuestos que podría alcanzarse sería de aproximadamente 850 mil millones de pesos de no existir el Régimen de Consolidación Fiscal. Una cifra que ese año equivalía a dotar durante 42 años de presupuesto a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) o financiar por completo 70 refinerías de petróleo.
La propuesta, que será discutida en los próximos meses en el Congreso, ha sido tema de debate durante la última década. Según estimaciones de Hacienda, con el IVA en alimentos y medicinas se podrían obtener hasta 159 mil 712 millones de pesos.
Los que impulsan la medida argumentan que es la única manera de conseguir que haya más equidad en el cobro de impuestos, en tanto que los opositores afirman que causará un significativo daño a la economía de la población con menores ingresos en México.
Por eso, dicen, hay que buscar otras vías. Y una de ellas es, precisamente, eliminar los privilegios fiscales de los grandes empresarios. “Antes de entrar al debate del IVA en alimentos y medicinas, deberíamos revisar la consolidación fiscal que representa pérdidas para Hacienda de entre 400 mil y 500 mil millones de pesos al año”, explica Luis Espinoza Cházaro, diputado por el PRD.
Según el legislador, el IVA en alimentos y medicinas generaría una recaudación de apenas 25 mil millones de pesos. Por ello es mejor atacar el régimen de consolidación fiscal.
–El Pacto por México plantea acabar con los privilegios fiscales. ¿Por fin se podrán eliminar?
–Llegó el momento de la gran reforma fiscal que elimine estos privilegios que no tienen razón de ser. Eso permitiría resolver el problema de ingresos sin lesionar a los que menos tienen.
No sólo desde la oposición partidista se ha criticado este esquema de privilegios y, en contraste, la pretensión de imponer IVA a alimentos y medicinas.
La academia ha sido uno de los lugares en los que se ha insistido en modificar la actual perspectiva con que pretende atacarse el problema de la falta de ingresos del gobierno.
José Luis Calva, doctor en economía e integrante del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, considera que el IVA a alimentos y medicinas afectaría a la mitad de la población que vive en condiciones de pobreza.
Por ello, dice, es mejor realizar una reforma fiscal que corrija el actual esquema de impuestos. “El régimen de consolidación fiscal debe ser suprimido; es un mecanismo de elusión fiscal por parte de grandes corporaciones, incluso trasnacionales”.
En uno de sus más recientes trabajos académicos, que ha sido publicado en forma de libro con el título Reforma fiscal, Calva enlista una serie de medidas que podrían elevar los ingresos fiscales hasta en 10 puntos porcentuales del PIB sin necesidad de aplicar IVA a medicinas y alimentos.
“Lo que se requiere es tener tasas de impuestos diferenciadas, de tal manera que aquellos que ganan más también paguen más. Es inconcebible que Carlos Slim pague la misma tasa de impuesto que una persona de la clase media, y todo porque no hay una progresividad en las tasas”, explica el profesor universitario.
La consolidación fiscal tiene, por supuesto, sus defensores. El senador panista Héctor Larios Córdova es uno de ellos. Ex presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), él no ve que sea un esquema perjudicial por completo. Asegura que también tiene sus ventajas y cree que si se eliminara, se correría el riesgo de afectar a quienes sí lo utilizan adecuadamente en beneficio de sus empresas.
Integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado explica que si se mantiene es porque se creó como un mecanismo para incentivar la inversión, aunque algunas personas hayan pervertido su esencia original.
“Si tengo una empresa y creo otra, y los primeros años de esa empresa no tengo utilidades, lo que pasa con el régimen de consolidación es que me animo a invertir más porque esas pérdidas podré restarlas a las utilidades que tuve en la otra empresa”, justifica.
–Diputados del PRD sostienen que en vez de IVA en alimentos y medicinas, hay que eliminar la consolidación fiscal. ¿Qué opina?
–Son dos cosas diferentes, no son comparables. Hay que ver lo que más le conviene al país para que se generen empleos y crezca la economía. Hay que sacar la cuenta completa, no es tan sencillo como ellos lo afirman.
La del senador Larios es una tesis recurrente entre quienes abogan por mantener los privilegios fiscales para las grandes empresas: aseguran una y otra vez que gracias a esos mecanismos las empresas invierten y crean más plazas de trabajo.
Sin embargo, desde hace ya varios años las cuentas de la Secretaría Hacienda demuestran que está equivocado: mientras las devoluciones de impuestos crecen, las inversiones privadas disminuyen.
El dato no es nuevo, desde el 2005 se advierte esta situación. “La evidencia empírica (una comparación entre la inversión privada y las devoluciones) no confirma la hipótesis que sostiene que una baja en las tasas impositivas, como la que se presenta mediante las devoluciones, representa un incentivo para que los agentes económicos incrementen su inversión, ya que mientras las devoluciones mostraron una acelerada tendencia a crecer, las variaciones anuales a la alza de la inversión privada no fueron proporcionales”, establece la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de la Cuenta Pública 2005.
Con casi todo a su favor, los grandes consorcios mexicanos, muchos de ellos con operaciones en diversas partes del planeta, no sólo cuentan con recursos técnicos y una maquinaria de abogados, fiscalistas y contadores que los auxilian en la tarea de pagar menos impuestos, sino que además prácticamente no los pagan.
Entre un número muy pequeño de grupos empresariales destaca otro aún más reducido que constituye el ejemplo perfecto de lo que críticos y opositores etiquetan como una desigualdad fiscal.
El ex diputado de izquierda y hoy funcionario público Mario Di Costanzo hizo durante años un seguimiento escrupuloso de los balances de estos grandes consorcios y lo que encontró lo llevó a denunciar en la tribuna legislativa a las empresas que consolidan fiscalmente.
“Si sólo se eliminara el régimen de consolidación fiscal, se obtendrían más de dos puntos del PIB de recaudación tan sólo de 30 empresas”, afirmó en mayo de 2011.
Por esas fechas, Di Costanzo elaboró un análisis sobre algunas de las empresas que recurren a esa práctica para pagar la menor cantidad de impuestos. Destacó tres casos.
Grupo Bimbo es uno de ellos, reportó el diputado. Esta empresa, cuyo principal accionista (Lorenzo Servitje) apareció recientemente en la revista Forbes como el octavo entre los 35 hombres más ricos de México, tuvo ingresos en 2010 de 117 mil millones de pesos, pero sólo pagó impuestos por 2 mil millones, apenas 2 por ciento de sus ventas, una cifra muy lejana al 30 por ciento que las pequeñas y medianas empresas están obligadas a cubrir.
Al siguiente año los ingresos de Bimbo aumentaron: la empresa de la familia Servitje –cuya fortuna se calcula en más de 4 mil millones de dólares– tuvo ganancias de 133 mil 700 millones de pesos, pero apenas pagó 3 mil millones.
Un segundo caso es el de Cemex, propiedad del regiomontano Lorenzo Zambrano. La consolidación le permitió pagar en 2010 impuestos por 4 mil 500 millones de pesos, apenas 2.5 por ciento de sus ingresos.
Una de las mayores productoras de cemento en el mundo, con operaciones comerciales en 102 países, también recurrió a esa disposición: en 2011 reportó ingresos de 189 mil 938 millones de pesos, pero su pago de impuestos fue de 3 mil 297 millones, menos de dos por ciento.
El tercer caso corresponde a otra familia regiomontana, los Garza Lagüera, principales socios deFemsa, empresa dedicada a la producción, comercialización y distribución de refrescos (Coca–Cola) y a la operación de tiendas de conveniencia (Oxxo).
Femsa reportó un pago de impuestos de apenas un poco más de 3 por ciento de sus ingresos, colocados en el nivel de 169 mil 701 millones de pesos.
Como éstos, decenas de casos muestran que ese esquema es cualquier cosa menos equitativo.
Luis Videgaray, considerado un verdadero genio en materia de finanzas públicas, haría bien en citar a Mario Di Costanzo, quien como titular de la Condusef es hoy su subalterno.
Di Costanzo ha dicho que se entiende bien con su jefe. Por eso, quizá exista una ligera posibilidad de que Videgaray le preste atención. Basta que el ex diputado le repita al secretario de Hacienda y Crédito Público lo que escribió en su cuenta de Twitter en septiembre de 2010:
“Si aceptaran mi propuesta (de eliminar el régimen de consolidación fiscal) y las grandes empresas pagaran impuestos como todos los mexicanos, el IVA se podría bajar hasta en cuatro puntos y también se podrían evitar los incrementos a gasolina y energía eléctrica”.
Ya sólo falta que su jefe lo escuche.
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