La Jornada en Internet: Diputados modifican artículo 27; permitirá a extranjeros comprar inmuebles en playas: Los ciudadanos de otra nación podrán adquirir propiedades en la denominada zona restringida, la cual comprende una franja de 100 kilómetros al interior del país, de las fronteras y de 50 kilómetros en playas.
Enrique Méndez y Roberto Garduño
Publicado: 23/04/2013 20:44
México, DF. El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma al artículo 27 constitucional que permitirá a extranjeros la compra de bienes inmuebles en las playas y litorales mexicanos. Las bancadas del PRI y PAN conjuntaron fuerzas en San Lázaro, y así se dio el primer paso para que los ciudadanos de otra nación adquieran propiedades en la denominada zona restringida, la cual comprende una franja de 100 kilómetros al interior del país, de las fronteras y de 50 kilómetros en las playas.
Julio César Moreno, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales recordó que el ordenamiento reformado, no ha sido alterado desde su promulgación y prohibía adquirir el dominio directo de tierras y aguas por parte de extranjeros en zona prohibida.
De tal modo, la reforma precisa que el Estado mexicano seguirá otorgando el dominio a extranjeros sobre tierras, aguas y sus accesiones, siempre y cuando convengan ante la Secretaría de Relaciones Exteriores en considerarse como nacionales, respecto de tales bienes y se comprometan a no invocar por lo que hace a estos la protección de sus gobiernos, pues en caso contrario perderán en beneficio de la nación.
Así, para permitir que los extranjeros adquieran tierras en la zona restringida, esto es la franja de 100 kilómetros en la frontera y de 50 en playas, se condiciona su adquisición a cuatro razones:
Que el uso de las tierras sea destinado para vivienda única y exclusivamente. Que el uso de las tierras no tenga un uso comercial, industrial, agrícola o cualquier otro que implique explotación económica directa o indirecta que derive de un uso a la vivienda o casa habitación. El extranjero deberá convenir con la Secretaría de Relaciones Exteriores en los términos de la fracción I, del párrafo noveno, del artículo 27 constitucional. Y en caso de que las tierras sean destinadas a un uso distinto a la vivienda, la ley establecerá los procedimientos para que el extranjero pierda los bienes adquiridos en beneficio de la nación.
Sobre el particular, Loretta Ortiz Ahlf del Partido del Trabajo expuso su rechazo a la reforma porque “las playas son patrimonio de la nación y no tienen acceso los particulares. Ya estando en manos ahorita de los hoteles, se ven cerradas totalmente las playas. Cediendo la propiedad privada precisamente a los extranjeros, se va a cerrar más aún el acceso a las playas, no solamente a los particulares, sino también a las fuerzas de seguridad, dígase la Armada o las fuerzas navales, por la sencilla razón de que van a cerrar, a cercar su propiedad privada.”
También Ricardo Monreal de Movimiento Ciudadano, calificó el dictamen como “un pobre ejercicio de triangulación de ideas que no clarifica mucho el por qué la prisa de entregarle nuestras tierras cercanas a las costas, y nuestras fronteras a los extranjeros”, y se inscribe en una línea de reformas de carácter legislativo que vienen a favorecer los intereses de los extranjeros por encima de los intereses nacionales.
“No tenemos que pagar los mexicanos los daños colaterales de este grupo que intenta saquear y apoderarse de los bienes nacionales. Ahora resulta que tenemos que precipitarnos todos a una agenda entreguista que encuentra su origen en el apoyo logístico, mediático y financiero de entidades o gobiernos extranjeros a los ahora representantes del nuevo gobierno mexicano.”
Por el PRD, Marcos Rosendo Medina advirtió que el dictamen “implica una gravedad que no estamos dimensionando. Es una reforma al artículo 27 constitucional, que rompe con principios históricos, con el principio histórico de la zona prohibida como coloquialmente le hemos llamado y que implica la prohibición de que ciudadanos extranjeros puedan tener en propiedad tierras en una franja de un kilómetro a lo largo de nuestras fronteras. Rompe también con el principio histórico de que los extranjeros no puedan tener en propiedad tierras en las playas en una zona de 50 kilómetros.”
Al contrario el panista Raúl Paz Alonzo defendió el contenido del documento porque “no pretende beneficiar a determinado sector de la población o a país alguno. Lo que se busca con la reforma al artículo 27 constitucional, es terminar con la simulación que hoy existe, que permite que los extranjeros adquieran propiedades en la zona restringida a partir de la celebración de fideicomisos, sociedades anónimas u otras artimañas legales. Pero lo más importante es que este cambio nos permite impulsar el desarrollo turístico internacional, la inversión extranjera y la generación de empleos.”
Y el PRI que fue el promotor, a través de la diputada Gloria Elizabeth Núñez, adujo que el objetivo de la iniciativa “es eliminar a los intermediarios que figuran como los propietarios de la tierra, al tiempo que al modificar la prohibición de adquirir el dominio directo del inmueble en las costas, se considera una estrategia que permitirá y dará certeza a la inversión extranjera en vivienda familiar, pues hoy en día existen un sin número de propiedades que extranjeros ocupan cada vacaciones. Que mediante la figura del fideicomiso poseen inmuebles para residencia plena o retiro en la franja territorial precisada.”
Así, por 356 votos a favor, 119 votos en contra y 2 abstenciones quedó aprobada la iniciativa alentada por el priísmo en San Lázaro.
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