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| English: CARTAGENA/COLOMBIA, 7 APRIL 2010 - Enrique Peña Nieto, Governor of the State of Mexico; Young Global Leader in the Opening Plenary at the World Economic Forum on Latin America 2010 in Cartagena Convention Center from 6 - 8 April. (Photo credit: Wikipedia) |
En sigilo, crea el gobierno el Centro Nacional de Inteligencia
J. JESÚS ESQUIVEL
2013-01-12 17:49:54 · COMENTARIOS DESACTIVADOS
GOBERNACIÓN
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| Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Photo credit: Wikipedia) |
WASHINGTON.- En la dependencia federal que está siendo convertida en una supersecretaría –Gobernación–, dotada por consiguiente de un presupuesto descomunal, el gobierno de Enrique Peña Nieto pretende crear el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Su objetivo: recopilar la información que generen todas las instancias de seguridad y procuración de justicia de México, en el afán del mandatario priista de combatir con eficiencia al crimen organizado.
Funcionarios extranjeros que participan en el proyecto, ideado desde los tiempos de la campaña electoral del mexiquense, confían lo anterior a Proceso. Pero advierten: el problema es que no hay personal con los conocimientos necesarios para afrontar una tarea de esa magnitud, labor que varias agencias estadunidenses habían realizado con el aval del anterior gobierno federal.
Uno de los consultores estadunidenses contratados por el gobierno de Peña Nieto para la creación del CNI adelanta a Proceso: “Se trata de un plan innovador cuyo objetivo será la recolección de información de inteligencia entre todas las agencias de seguridad del Estado mexicano para realizar operativos más eficaces, menos vistosos y mejor coordinados contra el narcotráfico”.
Según el proyecto, el CNI estará bajo el mando directo de la Secretaría de Gobernación (Segob) y tendrá como “operador inmediato” al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). El propósito de Peña Nieto, dice el entrevistado, es emular las operaciones de inteligencia que realiza el gobierno de Estados Unidos con las tácticas y actividades de espionaje de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
Peña Nieto y su equipo “quieren concentrar en una sola entidad, como se hace en los centros u oficinas de fusión que tenemos en Estados Unidos, toda la información de inteligencia que recopilan el Ejército, la Marina, el Cisen, la PGR y todas las demás dependencias federales y hasta estatales implicadas en la lucha contra el narcotráfico”, enfatiza el consultor, quien acepta hablar a condición de que se mantenga su anonimato.
Especialista en operaciones internacionales de inteligencia, el entrevistado comenta que con la creación del CNI Peña Nieto intenta cumplir con su promesa electoral de desmilitarizar de manera paulatina la lucha contra el narcotráfico emprendida por Felipe Calderón.
“A nosotros nos parece una muy buena idea porque si se logra, antes de lanzar cualquier operativo contra cierto cártel, narcotraficante u objetivo del crimen organizado se estudiarán opciones, se plantearán escenarios y se definirán ataques conjuntos que –está comprobado– siempre dan mejores resultados que los enfrentamientos frontales”, apunta.
Continúa: “Cuando se lleve a cabo un operativo podrían participar juntos el Ejército, la Procuraduría General de la República, la Marina, la Gendarmería Nacional, policías estatales y municipales, pero siempre bajo las órdenes de un solo mando: la Secretaría de Gobernación”.
Las propuestas de campaña
Al asumir la Presidencia, Peña Nieto decidió prescindir de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, la dependencia favorita de Calderón, y adscribir a su personal a la Segob, lo que se concretó a principios de este mes.
Convertida en una supersecretaría, Gobernación concentra a partir del jueves 3 todas las acciones de seguridad y prevención del delito que antes ejecutaba la SSP. Y lo más importante: Absorbió también los 41 mil 217 millones de pesos asignados a la extinta secretaría para este 2013. Con ello su presupuesto se elevó a 62 mil millones 258 mil pesos, por encima incluso del que maneja la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que es de 60 mil 812 millones.
Poco después de ser declarado presidente electo, Peña Nieto pidió a Miguel Ángel Osorio Chong, quien hoy está al frente de esa superdependencia, contratar a consultoras estadunidenses especializadas en seguridad e inteligencia con un propósito definido: Que participen con los colaboradores del mexiquense en la elaboración y definición de la nueva estrategia de combate al narcotráfico y al crimen organizado.
De acuerdo con otro consultor entrevistado por el corresponsal, “se canalizaron varias propuestas y al final se contrató a expertos estadunidenses altamente calificados en este campo, quienes trabajan con los colaboradores de Peña Nieto desde el 1 de diciembre”.
Dice, a condición de que se omita su nombre, que él y sus compañeros han viajado en varias ocasiones a la Ciudad de México para “agilizar el plan del establecimiento del CNI”, pues Peña Nieto quiere echarlo a andar poco después del primer trimestre de este año.
Según el entrevistado, Osorio Chong se coordina con su subalterno Eugenio Ímaz Gispert, director general del Cisen; él y los otros asesores estadunidenses trabajan a su vez con un grupo de funcionarios “jóvenes” de Gobernación.
Pero el consultor se alarma porque la mayoría de los funcionarios que trabajan en el proyecto del CNI –con edades que van de 28 a 35 años– “no tienen ni la menor idea” de lo que significan las labores de inteligencia y mucho menos de la elaboración y definición de operativos contra el crimen organizado o los narcotraficantes.
Otro consultor extranjero confía al corresponsal: “Ese es el gran problema que tenemos. Esperamos que poco a poco Osorio Chong o el director del Cisen encuentren gente con más experiencia para la elaboración de un proyecto de gran envergadura como el que quieren desarrollar”.
Los expertos estadunidenses coinciden: La falta de gente con experiencia en la Secretaría de Gobernación y en el círculo cercano a Ímaz es el principal obstáculo para la creación del CNI.
Para ellos el único funcionario “con un poco de conocimiento” sobre los asuntos de inteligencia es Juan Carlos Foncerrada Berumen, economista que hasta hace unas semanas era delegado del Cisen en la embajada de México en Estados Unidos.
“Foncerrada Berumen sabe muy poco, pero de entre todos los funcionarios mexicanos que están involucrados en el proyecto hasta ahora, es el que sabe más”, comenta una de las fuentes.
Lo que permitió Calderón
Con el CNI el gobierno de Peña Nieto le apuesta a reemplazar a las dos Oficinas Binacionales de Inteligencia (OBI) creadas en el sexenio de Calderón en la Ciudad de México y en Escobedo, Nuevo León (Proceso 1776 y 1815).
La empresa de Peña Nieto se ve difícil, sobre todo porque con esas “oficinas de fusión” –como las denominó The New York Times en agosto de 2011, cuando informó sobre su apertura– Estados Unidos materializó uno de los sueños más ambiciosos de su historia: Conseguir el aval del gobierno mexicano para que agentes de la CIA y de otras agencias de inteligencia tuvieran en México un centro oficial para recolectar información de todo lo que ocurre ahí y en los países vecinos (Proceso 1776).
Fue Calderón quien autorizó la instalación de esas “oficinas de fusión”. Cuando llegó a Los Pinos, el 1 de diciembre de 2006, “instrumentó una estrategia militarizada contra el narcotráfico que en los meses posteriores comenzó a recibir apoyo económico y militar estadunidense.
“Entre enero y julio de 2007 él y su par estadunidense George W. Bush se reunieron en Washington siete veces para delinear un acuerdo de cooperación bilateral antidrogas al que bautizaron Iniciativa Mérida” (Proceso 1606 y 1815).
Con el pretexto de los objetivos de la lucha bilateral contra el narcotráfico demarcados por dicha iniciativa, el gobierno de Estados Unidos convenció a Calderón de establecer la primera OBI en la Ciudad de México, donde supuestamente las agencias de inteligencia comandadas por la CIA trabajarían codo a codo con sus contrapartes mexicanas para ubicar y recolectar información sobre el movimiento de narcotraficantes y de drogas.
Según los estatutos de la Iniciativa Mérida, por medio de las OBI Estados Unidos compartiría con el gobierno mexicano información de inteligencia para que pudiera asestar golpes al crimen organizado e incluso decapitar sus redes de mando.
En las oficinas de la Ciudad de México –en Reforma 265, a unos 250 metros de la embajada de Estados Unidos– y de Escobedo –dentro de la zona militar de ese municipio nuevoleonés– trabaja personal de inteligencia del Pentágono: Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA), Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO) y Agencia Nacional de Seguridad (NSA); del Departamento de Justicia: Buró Federal de Investigación (FBI); de la Administración Antidrogas (DEA) y del Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).
En esas “oficinas de fusión” laboran también efectivos del Departamento de Seguridad Interior pertenecientes a la Agencia de Inteligencia de la Guardia Costera (CGI) y a la Oficina de Cumplimiento Aduanal y Migratorio (ICE), y del Departamento del Tesoro, que tiene en ellas a agentes de la Oficina sobre Terrorismo y Asuntos Financieros (TFI). En ambas la voz de mando es de la CIA.
Aun con lo que Calderón le concedió, Washington presionó hasta obtener el permiso para la instalación de dos oficinas satélite de las OBI: una en Ciudad Juárez y otra en Tijuana, para que, en ambas, los agentes estadunidenses comandaran las “fuerzas de tarea” respaldadas por personal mexicano contra el narcotráfico.
“En la Secretaría de Gobernación nos dicen que todo esto no funcionó”, subraya el consultor que asesora a Osorio Chong.
“Descubrieron que por lo menos en el caso de la OBI en Escobedo la Sedena nunca participó en las tareas que pretendía encabezar la CIA ni (sus tropas) colaboraron con ella ni le pasaron información; los agentes estadunidenses tampoco lo hicieron con los militares mexicanos”, abunda el especialista en temas de seguridad nacional e inteligencia, quien ha trabajado en Medio Oriente, Europa y América Latina en proyectos similares al que propone Peña Nieto.
El gobierno de Peña Nieto detectó que, con excepción de la OBI de la Ciudad de México, la Sedena se negó a colaborar con la CIA y las demás agencias de espionaje de Estados Unidos.
“Parece que nunca funcionó el centro de Escobedo y mucho menos las oficinas satélites de Ciudad Juárez y Tijuana”, puntualiza.
El primer punto de la estrategia para desmilitarizar la lucha contra el narcotráfico por medio de la CNI y sus sucursales, dice, es “mexicanizar” esos centros para recabar información de inteligencia, sin eliminar la colaboración de Estados Unidos.
Y explica: “Una vez que el gobierno de México elabore un plan de ataque o desmantelamiento de algún objetivo específico, antes de echarlo andar intentará cotejar la información que tenga con la de las agencias de inteligencia de Estados Unidos con presencia en México.
“En el CNI que se ubicará en el Distrito Federal no habrá personal fijo de ninguna agencia estadunidense, sólo mexicanos que serán –como ya expliqué– dirigidos por la Secretaría de Gobernación”, reitera.
Una vez corroborada o consultada la información con Estados Unidos, desde el CNI o a través de alguna de sus sucursales, en tiempo real se realizará el operativo u operativos contra el objetivo, en lo cual participará personal de la Sedena, Marina, Policía Federal, estatal o municipal. “Como se hace en Estados Unidos bajo lo que se determina en las ‘oficinas de fusión’”, acota.
Todo para Gobernación
La dependencia que encabeza Osorio Chong cuenta con el apoyo incondicional de Peña Nieto para la creación del CNI y se apresta a comprar equipo y tecnología de espionaje ultramodernos.
El proyecto de seguridad nacional también incluye más cursos de especialización en el extranjero para el personal de las agencias implicadas, que desde hace años han impartido el Pentágono, la DEA, el ICE y la CIA.
“Sin excepción”, todos los agentes, militares y policías serán sometidos a un riguroso escrutinio para garantizar que no estén coludidos con alguna organización criminal o del narcotráfico.
“Creemos que el escrutinio y el adiestramiento serán proporcionados por personal de Estados Unidos, por lo menos esos son los planes. Aunque también nos han hablado de la posibilidad de que haya colaboración de alguna agencia de otro país europeo o de Israel”, añade el especialista.
La estrategia a cargo de Osorio Chong plantea también la reorganización de las dos oficinas satélites de las OBI en Ciudad Juárez y en Tijuana para “mexicanizar” sus actividades.
Según la información obtenida por Proceso, se crearán otras cuatro sucursales: tres en el norte y una en el sur, cerca de la frontera con Guatemala y Belice.
Respecto a las OBI, la Presidencia todavía no toma una decisión definitiva. Sólo se habla de que Gobernación intenta reducir la presencia de las agencias estadunidenses a sólo la de la Ciudad de México. Y en la de Escobedo, el propósito es desmantelarla o por lo menos sacar al personal fijo de la CIA, el Pentágono, el Departamento de Justicia, del Tesoro y Seguridad Interior.
División regional
El jueves 10 la Segob publicó en el Diario Oficial de la Federación los acuerdos aprobados en la II Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública realizada el 17 de diciembre último. Según el Acuerdo 11, “el Consejo Nacional de Seguridad Pública se pronuncia a favor de dirigir todos los esfuerzos de las instancias de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno hacia la consolidación nacional y actualización de las bases de datos criminalísticas y de personal”.
En los 12 acuerdos los gobernadores asumieron sin cuestionamientos, el pasado 17 de diciembre, la estrategia de seguridad para dividir al país en cinco zonas llamadas Instancias Regionales de Coordinación, cuyo objetivo será establecer una cooperación que genere orden, confianza, jerarquías, mandos claros y corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno. En ellas participarán representantes de las secretarías de Gobernación, Defensa Nacional y Marina, así como agentes de la PGR.
La Zona Noroeste comprende Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora; la Noreste, Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas; la Occidente, Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas; la Centro, el Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, y la Sureste, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
Los gobernadores también aprobaron la incorporación de representantes de la sociedad civil al Consejo Nacional de Seguridad Pública, así como un programa de prevención del delito y revisar la normatividad para otorgar licencias y permisos para uso de armas de fuego a escalas municipal, estatal y federal.
Con el desmantelamiento de la SSP y la reestructuración de la Segob, Peña Nieto realizó ya los primeros movimientos para dejar atrás la fallida estrategia de su antecesor panista –que sólo resultó en muertes, violencia e inestabilidad– y para “mexicanizar” las actividades de inteligencia.
Y aunque el titular de la Secretaría de Gobernación, Osorio Chong, promueve los cambios, el problema es, según los consultores estadunidenses que lo asesoran, que carece de personal especializado.
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