La organización no gubernamental Access Info Europe, que lucha por la transparencia informativa, ha sido condenada por el Tribunal Supremo a pagar 3.000 euros de costas por preguntar al Gobierno qué medidas ha adoptado España para luchar contra la corrupción. El Supremo sostiene que los datos solicitados son una forma de pedir explicaciones al Ejecutivo y no una petición de información en sí.
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La pregunta de los 3.000 euros fue formulada en marzo de 2007. Al no obtener respuesta, Access Info interpuso un recurso contencioso-administrativo y la Audiencia Nacional sentenció que la Constitución no garantiza el derecho del ciudadano a solicitar según qué datos. “No se puede pretender que el derecho fundamental a recibir información veraz por cualquier medio de comunicación incluya un deber general de la Administración a informar sobre cualquier materia”, resolvió.
La ONG recurrió al Tribunal Supremo, que tras reconocer que la Administración incumple con su obligación de contestar, escudándose en la figura del silencio administrativo, acaba condenando en costas a quien reclama amparo judicial.
España es, precisamente, el único país europeo de más de un millón de habitantes que no tiene una legislación que ponga coto al secretismo de la Administración y abra los archivos de todas las instituciones que reciben fondos públicos.
La sentencia se conoce justo cuando el Parlamento está tramitando la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno.
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