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| Felipe Calderón - Caricature (Photo credit: DonkeyHotey) |
CREDITO:
Rubén Martín
“Modernizar el marco legal del mercado laboral para promover la competitividad y la productividad”: a riesgo de simplificar, en esta frase se puede resumir la propuesta de la reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) que el mandatario Felipe Calderón envió como iniciativa preferente a la Cámara de Diputados el 1 de septiembre.
Como cabía esperar en un asunto de enorme trascendencia, la propuesta de reforma abrió un amplio debate en todo los sectores, de todos los espectros.
De entrada la iniciativa contó con el aval incondicional de los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) y del sector empresarial, en tanto que al seno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) hay distintas posturas, que convergen más o menos hacia esta posición: de acuerdo en sacar la reforma laboral, pero sin lastimar los intereses de las cúpulas sindicales del corporativismo tricolor. Las bancadas de lo que fue el movimiento progresista se han manifestado en contra de la iniciativa de Felipe Calderón, pero a favor de otra reforma sindical. Finalmente, al otro lado del espectro está organizaciones sindicales autonombradas independientes y grupos de trabajadores de base que se oponen a tocar la LFT.
Según el análisis del laborista Manuel Fuentes Muñiz, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) y asesor laboral del Centro de Acción y Reflexión Laboral (Cereal), la iniciativa significa en los hechos una nueva ley, pues si bien implica reformas, adiciones o derogaciones de 299 artículos de la LFT, en realidad modifican 665 artículos, el 65.8 por ciento de los 1,010 artículos que tiene actualmente la ley.
Lo que ha detonado las críticas a la reforma calderonista tienen que ver con la legalización de la contratación por horas, y por temporadas, así como dar carta de naturalización al outsourcing, poner en riesgo el derecho de huelga y la libre sindicalización. Los defensores de la iniciativa destacan las medidas para exigir transparencia y rendición de cuentas en las cuotas y al patrimonio que manejan las direcciones sindicales.
De todas las voces a favor de la reforma calderonista quizá la más franca, cuando no cínica, fue la del presidente del Banco de México Agustín Carstens, quien admitió que “Se necesita la flexibilización de contratación, pero también la flexibilización para despedir trabajadores, sin que sea tan costoso para la empresas”.
Este parece ser el núcleo de la reforma presentada por Calderón y que, tal como se va conformando el dictamen al seno de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, saldrá esta misma semana.
En el fondo hay un consenso entre el actual gobierno (avalado ya en declaraciones de Enrique Peña Nieto desde Sao Paulo), los empresarios y las bancadas del PRI y del PAN de que se necesitan “modernizar” la legislación laboral para destrabar la “productividad” y la “competitividad”.
La mayoría de los comentaristas dan por asumidas estas tres palabras: “modernización”, “productividad” y “competitividad” como si se tratara de conceptos técnicos perfectamente construidos para dar un resultado neutro. No es así. Todos los conceptos son susceptibles de distintas significaciones, pues su interpretación depende del lugar que se esté en una sociedad marcada por el antagonismo social. No es lo mismo la modernización de las relaciones laborales para el patrón, que para el obrero.
La propuesta de Calderón y de los empresarios apuesta a que el crecimiento económico, y con ello los empleos e ingresos más altos, lleguen una vez que se establezca la productividad como el eje de las relaciones laborales, no la solidaridad ni la subsidariedad.
Y la productividad en este momento significa simple y llanamente que los trabajadores deben trabajar más, con menores prestaciones sociales y sindicales. Y todo porque, como admitió Carstens, la productividad de la empresa está estancada debido a que a los patrones les cuesta mucho contratar y despedir.
De modo que la modernización de las relaciones laborales pasa por empeorar las actuales condiciones que tienen los trabajadores.
Un estudio reciente del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM revela ahora se necesitan 25 y no ocho horas de trabajo para comprar la canasta básica; esto quiere decir que los asalariados trabajan más reproducir su vida. Hay testimonios de obreras que además de las ocho horas laborales consumen cuatro o cinco horas adicionales en el transporte empresarial.
En la práctica, las condiciones de trabajo se están pareciendo mucho a las de hace 100 años, cuando en Cananea, Sonora; Río Blanco, Veracruz; o La Experiencia, Zapopan, los obreros luchaban por bajar los jornales de 16 a 10 horas.
De avanzar la iniciativa de Calderón, se legalizarían prácticas de trabajo y explotación laboral que en este mismo momento ocurren en todo el país. En lugar de “modernizar” las relaciones laborales, la iniciativa de Calderón llevaría al país a una ley laboral del siglo XIX.
rubenmartinmartin@gmail.com
@rmartin1011
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