POR PROYECTO AMBULANTE – 25 MARZO, 2012
PUBLICADO EN: NACIONALES, RECIENTES
Mención especial merecen las mineras canadienses. Éstas cuentan con el apoyo y el permiso del gobierno federal y de las autoridades estatales para explotar la tierra mexicana, lo cual hace muy fácil su estancia. Al permiso hay que añadir los bajos impuestos que pagan por establecerse en estas tierras.
La única resistencia que encuentran es la de los habitantes de las zonas donde se asientan las minas. Para ello, las empresas recurren a la represión violenta. Suelen tener servicios de seguridad que, armados y contando con el beneplácito de las autoridades locales, se enfrentan, disparan y abaten a los manifestantes que protestan ante las minas. En la mina de Cuzcatlán, en San José del Progreso (Oaxaca), en enero los operarios cortaron los caminos que van al municipio, rompiendo así los servicios de agua potable que abastecen al pueblo. Ante la protesta de los ciudadanos, el asunto acabó en un tiroteo de los servicios de seguridad y varios vecinos heridos. El pasado jueves 15 de marzo era asesinado a balazos Bernardo Vásquez, dirigente de la Asamblea de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, por ser un firme activista en contra de la mina Cuzcatlán que pertenece a la compañía canadiense Fortuna Silver Mines. Ese mismo día, ese fatídico jueves, era asesinado también el tesorero del Comisariado de Bienes Comunales de la comunidad de Magdalena Apazco, Joel Roque Jiménez Cruz. El 18 de enero moría Bernardo Méndez en similares condiciones. La represión es un hecho: a quien protesta, se le dispara.
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