CORRUPCION: GARCÍA LUNA CONTRA LA PARED POR SUS ACTOS

Por Esto! | Yucatán:

García Luna, contra la pared

   
Es lamentable que estemos en manos de quienes están violando la ley y que son los que están exigiendo y retardando la llegada de los recursos a los Estados para que se pueda mejorar el equipamiento y la operación de las policías estatales, denunció el diputado Guillermo Márquez, en referencia al titular de la SSP, Genaro García Luna

MONTERREY, N.L., 20 de enero (Anabel Hernández/Reporte Indigo) El 30 de octubre pasado, en la sesión del pleno del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el presidente Felipe Calderón hizo un enérgico reclamo.
Se refirió a los exámenes de confianza que por ley se tienen que aplicar periódicamente a todos los funcionarios y elementos de los cuerpos policiacos del país y a la lenta depuración de las policías estatales.
“Se los digo de veras de corazón, después de años de estar viendo este fenómeno, no podemos dejar al zorro dentro del corral de las gallinas. Tienen que salir los malos policías de los cuerpos policiacos”, exigió Calderón a los gobernadores presentes en la reunión.



La diputada del PRD y secretaria de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, Teresa del Carmen Incháustegui, recordó ese episodio en entrevista con Reporte Indigo.
“Sí sorprende que el primer alfil del presidente de la República en este rubro no observe los mandatos que el mismo presidente de la República ha reiterado en todos los foros”, señaló la legisladora.
La semana pasada, en su edición 261, Reporte Indigo publicó una investigación en la que revelamos que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal no se ha aplicado periódicamente los exámenes de control de confianza que exigen las leyes y normas que rigen a la SSP federal desde 2006.
Tampoco se ha sometido a estas evaluaciones su brazo derecho Luis Cárdenas Palomino, coordinador de Inteligencia para la Prevención del Delito de la Policía Federal.
Señalamos que ambos funcionarios sólo han presentado un examen de control de confianza durante los cinco años que han estado en los puestos de más alta jerarquía de la SSP, el cuerpo policiaco más importante del país.
Y los resultados de ese único examen están clasificados como secretos.
García Luna se sometió a ese examen en 2011, y no se sabrá el resultado hasta dentro de cuatro años. Cárdenas Palomino lo realizó en 2008, y será necesario esperar 12 años para saber si lo pasó o no.
A la pregunta expresa de si García Luna es zorro o gallina dentro de las corporaciones policiacas, la legisladora respondió: “Eso no puedo yo decirlo, eso tiene que hacerse sobre la base de que él cumpla con todos los requisitos”.
En la sesión del pleno del Consejo Nacional de Seguridad Pública realizada el 30 de octubre de 2011, el Sistema Nacional de Seguridad Pública reveló que 77 altos mandos encargados de aplicar las estrategias anticrimen reprobaron los exámenes de confianza. Entre ellos hay secretarios de Gobierno, de Seguridad Pública y procuradores.
En los casos de García Luna y Cárdenas Palomino, ni siquiera se puede decir que los pasaron, porque no los han realizado periódicamente.

Procede la destitución inmediata
También en octubre de 2011, García Luna tuvo una ríspida comparecencia ante la Cámara de Diputados.
La pregunta que más incomodó al secretario fue la que hizo el diputado del PRI Guillermo Márquez, miembro de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.
Le cuestionó si estaría dispuesto a someterse a la prueba del polígrafo.
Genaro García Luna aseguró a los legisladores, bajo protesta de decir verdad, que es el policía que más se ha sometido a la prueba del polígrafo, “y no sólo en la secretaría, sino por organismos internacionales”.
Molesto, retó al diputado Márquez a que se hiciera dicha prueba, aunque la ley no contempla que los legisladores deban ser sometidos a ella.
La prueba del polígrafo es uno de los cinco exámenes de confianza que exige la ley de acuerdo a las normas del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
García Luna le mintió al Congreso, denunció el legislador Guillermo Márquez en entrevista con Reporte Indigo.
“Qué lamentable pues de que estemos en manos de quienes están violando la ley y que son los que están exigiendo y dilatando la llegada de los recursos a los estados para que se pueda mejorar el equipamiento y la operación de las policías estatales”, dijo el coordinador de la diputación federal por el estado de Chihuahua.
El reclamo que hizo en su comparecencia para que García Luna fuera sometido a la prueba del polígrafo no fue fortuito. Márquez representa a una sociedad que ha sido asolada por el crimen organizado en los cinco años de gobierno de Felipe Calderón.
La presencia de la SSP federal en Ciudad Juárez en 2010 y 2011 provocó más violencia y corrupción. Algunos de los propios elementos denunciaron que sus mandos secuestraban y extorsionaban a la sociedad civil.
El diputado Guillermo Márquez enfatiza que es necesario saber si el titular de la SSP federal se ha sometido al polígrafo para determinar si tiene o no vínculos con el crimen organizado.
“Se han hecho muchos señalamientos. En él radica la gran responsabilidad de coordinar a las fuerzas federales para poder detener al crimen organizado. Se han dotado de cantidades históricas (de recursos) que no tienen precedentes, millonarias, para poder fortalecer un crecimiento exponencial de la policía federal preventiva, y los resultados no están a la vista.
“Es importante conocer si los jefes policiacos, si las autoridades, si los directivos, si quienes están manejando la Secretaría de Seguridad Pública federal se han sometido a una evaluación periódica de esta naturaleza, pues a través del polígrafo sabemos si pueden estar vinculados a una actividad ilícita del crimen organizado”, explicó el diputado.
Guillermo Márquez acusó de incongruencia al titular de la SSP porque, por un lado, presiona a las policías estatales y municipales, y por otro, él no cumple con la ley.
“Vienen al Congreso a mentir, a señalar que sí cumplen con los requisitos indispensables, no sólo para ingresar, sino para permanecer en el cargo. No tienen cara para estar descalificando y señalando que los estados no han estado cumpliendo con la normatividad”.
Señaló que la próxima semana, a través de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, exigirán a la SSP federal un informe detallado de los exámenes de confianza aplicados a García Luna y la lista de todos los que ha omitido.
Si el secretario no cumplió con los exámenes de rigor para ingresar a la SSP y los periódicos para permanecer en su cargo, debe ser destituido, afirmó el legislador.
“La sociedad tiene derecho, es de interés público conocer el perfil de quienes están dirigiendo una corporación a la que se han destinado tantos recursos.
“Estamos en manos de quienes están violando la ley…”, denunció Guillermo Márquez.

EL DOBLE RASERO
Gerardo Fernández Noroña, uno de los legisladores más críticos de la gestión del titular de la SSP, afirmó que el gobierno federal mide a los policías del país con un doble rasero.
En entrevista, el diputado del Partido del Trabajo explicó que miles de policías municipales y estatales, así como algunos federales, han sido destituidos por no pasar los exámenes de control de confianza o por no aplicárselos.
Ese incumplimiento, dijo, ha hecho que el Sistema Nacional de Seguridad Pública retrase la entrega de recursos federales a los estados que no aplican periódicamente esos exámenes a sus mandos y elementos.
No es un asunto de moralidad o ética, no se está hablando de una decisión personal, señaló Noroña, es un tema de obligación legal.
“Que sean consecuentes con lo que le han estado aplicando a miles de policías de todo el país”, exigió. “Ésta es la gota que derramó el vaso”.
Dijo que aunque García Luna ha incurrido en muchas otras faltas, incluso tal vez más graves, va a caer como Al Capone. No por sus crímenes, sino por haber quebrantado una ley.
El diputado anunció que el primero de febrero próximo, cuando inicie el periodo ordinario de sesiones, demandará en tribuna la destitución de Genaro García Luna.

Confirma ssp falta
de exámenes
Una carta aclaratoria enviada por Verónica Peñuñuri, directora general de Comunicación Social de la SSP federal, a la periodista Carmen Aristegui, quien retomó en su programa de radio en MVS la investigación de Reporte Indigo, ratifica lo que revelamos.
“Anabel Hernández miente al mencionar que funcionarios de esta institución no cumplen con la ley… porque no han aplicado los exámenes de confianza. A continuación anexo la documentación que acredita que los funcionarios que la señora Hernández refiere sí tienen los controles de confianza”, señala la misiva.
Pero cuando envió a la estación de radio la única documentación que tenía, confirmó que los funcionarios están en plena falta. Ni el titular de la SSP ni Luis Cárdenas Palomino han hecho las evaluaciones periódicas que exige la ley.
De García Luna envió el mismo documento negro fechado en 2011 que publicó Reporte Indigo. La única hoja, prácticamente toda tachada, que no es copia de su examen de control de confianza ni de una evaluación integral, sólo indica que al titular de la SSP se ha aplicado “el proceso de control de confianza”, “obteniendo el mismo un resultado favorable dentro del referido proceso”.
En ningún momento se habla de los exámenes de confianza periódicos que debió haberse aplicado en los cinco años al frente de la SSP, tal como lo marca la ley.
De acuerdo a la norma que rige a la SSP federal –retomada por el IFAI en su fallo a favor de Reporte Indigo–, cuando un funcionario de la SSP federal pasa los exámenes de confianza, el término que se usa es “aprobó” y “cumple con el perfil”.
Ninguna de estas frases está en la hoja en negro entregada por la vocera Peñuñuri.
En el caso de Cárdenas Palomino, la vocera confirmó lo publicado por Reporte Indigo. Sólo se sometió a los exámenes de control de confianza en 2008, y sus resultados se sabrán hasta dentro de 12 años.
La única leyenda que consta en la hoja casi totalmente en negro es “cumple”. No dice “cumple con el perfil” ni “aprobó”. De acuerdo a la norma, ese resultado no significa que haya pasado los exámenes.
Reporte Indigo buscó al diputado del PAN José Luis Ovando, presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, para conocer su punto de vista sobre el reportaje “Los expedientes negros de García Luna”, publicado por Reporte Indigo, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
Circulares, leyes y acuerdos que rigen a la SSP federal en materia de exámenes de confianza
El IFAI, en respuesta a los recursos de inconformidad interpuestos por Reporte Indigo, concluyó que desde 2006, existen normatividades y leyes que rigen a los funcionarios de SSP federal, las cuales exigen evaluaciones de control de confianza periódicas.
Esta normatividad está vigente desde 2006, tres años antes de que fuera aprobada la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Estas son las leyes que Genaro García Luna ha incumplido desde que ingresó a la SSP federal.

1. Circular 01 de agosto de 2006 emitida por el oficial mayor de la SSP federal.
2. Acuerdo 07/07 del secretario de Seguridad Pública Federal por el que expide el Manual de Normas del Servicio Civil de Carrera de la PFP.
3. Ley de la Policía Federal (vigente en 2009).
4. Ley General del Sistema Nacional de Seguridad (aprobada en 2009).
5. Manual de Normas del Consejo de Desarrollo Policial (2010)
Fuente de información: Resolución emitida por el IFAI respecto a los recursos de revisión interpuestos por Reporte Indigo en 2011.

El IFAI ordena transparencia y exámenes de confianza

A principios del mes en curso, el IFAI envió a Reporte Indigo el resolutivo de más de 100 fojas sobre los recursos de inconformidad presentados contra la Policía Federal de la Secretaría de Seguridad Pública federal.
Desde mayo de 2011, cuando iniciamos esta investigación, la SSP federal y la Policía Federal (PF) argumentaron normatividades inexistentes para no dar información sobre los exámenes de confianza.
Aunque la Dirección General de Control de Confianza de la PF es el órgano facultado para aplicar los exámenes a los elementos de la PF y al personal de la SSP federal, la Policía Federal se negó a entregar la información de los exámenes de Genaro García Luna señalando que los tenía la oficina del secretario.
En uno de sus resolutivos, el IFAI sancionó la opacidad de la SSP y la PF. Y ordenó: “Se insta al sujeto obligado (PF) a que en lo sucesivo no manifieste su incompetencia cuando cuente con las documentales requeridas por los solicitantes y favorezca el principio de máxima publicidad establecido en el artículo 6 de la Constitución Política Mexicana”.
El IFAI también sancionó la reserva indefinida de los exámenes de confianza aplicados por la PF a Edgar Eusebio Millán, ex comisionado de la Policía Federal asesinado en mayo de 2008 y acusado de tener vínculos con la delincuencia organizada.
Determinó lo mismo para el ex comisionado de la PF Gerardo Garay Cadena, preso en un penal de máxima seguridad, y Francisco Javier Gómez Meza, quien también está en prisión por tener vínculos con la delincuencia organizada.
De acuerdo a las explicaciones dadas por la PF al IFAI, Millán no hizo ningún examen de confianza, pero para ocultar esa violación de la ley, la PF le respondió a Reporte Indigo que era información clasificada.
Respecto a los exámenes realizados por Garay Cadena y Gómez Meza de 2007 a 2011, el IFAI ordenó que se hiciera una versión pública de los que presentaron. Pero para evitar informar en qué años no los hicieron, la PF clasificó todos como reservados.
“Se insta al sujeto obligado a que en lo sucesivo se abstenga de reservar información que no obra en sus archivos”, señala el resolutivo del IFAI.
El IFAI también ordenó a la PF desclasificar la procedencia de los documentos que presuntamente avalan los exámenes de confianza aplicados al comisionado de la PF Facundo Rosas Rosas y a Luis Cárdenas Palomino.
Pero confirmó las versiones públicas de los documentos entregados al señalar que la información tachada corresponde a “datos personales” de los funcionarios.
El IFAI exigió al Comité de Información de la Policía Federal que emitiera un resolutivo respecto a la falta de documentos que acrediten los exámenes de Cárdenas Palomino en 2007, 2009, 2010 y 2011 y que declarara formalmente esa información como “Inexistente”, ya que sólo señala que hizo un examen en 2008.
La resolución más significativa del Instituto Federal de Acceso a la Información, tomada por unanimidad, es que obliga a la SSP a informar la procedencia del único documento entregado a Reporte Indigo, que se reconoce que no es una prueba clara de que se haya presentado un examen de confianza, y exigió dar una versión pública de cada uno del o los exámenes a los que se hubiere sometido el secretario de Seguridad Pública Federal en los años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.
Si no existe la documentación que acredite la presentación de dichos exámenes en cada año –como ya lo adelantó en la hoja negra entregada a Reporte Indigo–, que declare la información inexistente.

Las divagaciones
de García Luna
La coordinadora General de Comunicación Social de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), Verónica Peñuñuri, envió tres “cartas aclaratorias” a la periodista Carmen Aristegui.
Dichas misivas tenían el objetivo de refutar lo señalado por la periodista Anabel Hernández el viernes 13 de enero en el noticiero matutino MVS sobre el reportaje “Los expedientes negros de García Luna” publicado en Reporte Indigo 261.
Hasta este momento, Reporte Indigo no ha recibido ningún comunicado por parte de la SSP; sin embargo, por ética y el compromiso que tenemos con nuestros lectores, damos respuesta puntual a la “carta aclaratoria” de Peñuñuri.
En su misiva, la funcionaria no niega que el secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna y el coordinador de Inteligencia para la Prevención del Delito, Luis Cárdenas Palomino, no han aplicado todos los exámenes de control de confianza que ordena la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la normatividad interna de la SSP.
Someterse a esos exámenes y aprobarlos es una condición indispensable para asumir un puesto y también para permanecer en el mismo. Ése es el tema central del reportaje “Los expedientes negros de García Luna”.
De manera oportuna, aunque contraproducente, Peñuñuri saca de nueva cuenta a la luz pública el tema del enriquecimiento inexplicable de García Luna publicado por Reporte Indigo en 2009 y 2010. Tema que aún incomoda.
La mención de la directora de comunicación social es oportuna porque, justamente, uno de los exámenes de confianza a los que no se ha sometido el titular de la SSP es el de verificación patrimonial. Pero la mención es contraproducente para su jefe, Genaro García Luna.
Si se hace una revisión superficial de sus ingresos, su declaración patrimonial y el valor de sus bienes inmuebles adquiridos en los últimos cuatro años, que asciende a más de 40 millones de pesos, el secretario sale reprobado.
Reporte Indigo ha investigado durante cuatro años la actuación del secretario de Seguridad Pública federal y su equipo con el único propósito de ejercer un periodismo que exige rendición de cuentas a los servidores públicos.
Los servidores públicos tienen un marco legal que deben cumplir y están sujetos al escrutinio público en función del cargo que ocupan.
Una forma elemental de exigir la rendición de cuentas a los funcionarios públicos consiste en verificar si sus gastos y bienes patrimoniales corresponden a sus ingresos pasados y actuales, ya sea como servidor público o ejerciendo alguna otra actividad.
Es fundamental hacer esa revisión, particularmente en los cuerpos policiacos de México, hoy penetrados por la delincuencia organizada.
En la revisión patrimonial que realizó Reporte Indigo en 2009 y 2010, encontró que García Luna tiene propiedades que no se justifican bajo ninguna circunstancia.
Después de mantener un discreto estilo de vida, el funcionario federal comenzó a mostrarse ostentoso y a ser objeto de señalamiento público por parte de los vecinos del fraccionamiento Jardines en la Montaña por la residencia que estaba construyendo en tiempo récord y cuyos trabajos supervisaba directamente él, aun en horas de trabajo.
Uno de los bienes más escandalosos es una residencia ubicada en Monte Funiar número 21, en el fraccionamiento Jardines en la Montaña, cuyo valor supera los 20 millones de pesos.
Era su segunda residencia en ese fraccionamiento. La primera que adquirió está ubicada en Montaña de Omoa número 17 y tiene un valor aproximado de 6 millones de pesos.
Otro dato interesante es que construyó la residencia de Monte Funiar en un tiempo récord entre finales de 2008 y los primeros meses de 2009, cuando el titular de la SSP tenía una cuenta de ahorros de cerca de 200 mil pesos y deudas bancarias documentadas de más de 5 millones de pesos.
La ostentosa edificación, valuada en más de 20 millones de pesos y construida por el despacho del arquitecto Héctor Salinas, no correspondía a sus ingresos, ni a sus ahorros, ni a sus deudas.
Esto se desprende de las declaraciones patrimoniales de García Luna hasta 2008, cuando comenzó a construir su casa.
Cabe señalar que después del primer reportaje publicado en 2009, el titular de la SSP no ha hecho pública sus declaraciones patrimoniales de 2009, 2010 y 2011. Las mantiene en secreto para ocultar las inconsistencias.
Como resultado de ese reportaje, fueron detenidos los periodistas del canal TV Cable que dieron seguimiento a la nota publicada por Reporte Indigo.
La Policía Federal también aprehendió arbitrariamente a un vecino que vivía frente a la residencia que estaba construyendo García Luna. Era el profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM Roberto Vidal, quien, según esa corporación policiaca, fue acusado de manera anónima de delincuencia organizada.
De manera dolosa, la SSP propagó entre periodistas como Denise Maerker el rumor de que los detenidos eran presuntos miembros de un cártel que pretendían atentar contra la familia de Genaro García Luna.
Al final se demostró que los supuestos delincuentes sólo eran periodistas, y fueron puestos en libertad. El vecino de la residencia de García Luna también fue liberado ante la falta de pruebas que sustentaran la acusación.
García Luna intentó aclarar la procedencia de los recursos con los que adquirió los bienes inmuebles, pero la duda prevaleció.
En 2010, Reporte Indigo descubrió otra propiedad en la calle Amate números 11,12 y 13, en Jiutepec, Morelos. Se trata de una finca que vale más de 15 millones de pesos.
En 2008, el lugar era un terregal con una pequeña casa. Dos años después, albergaba dos residencias con jardines y una alberca. Genaro García Luna se ostenta como dueño, y hasta ahora no lo ha negado.
El arquitecto Héctor Salinas construyó una residencia similar a la de García Luna en la misma calle, sólo que en un terreno más chico y con menos metros cuadrados de construcción. La puso a la venta en 15 millones de pesos, lo que corrobora que la del secretario de Seguridad Pública costó por lo menos 20 millones de pesos.
La carta de Verónica Peñuñuri no aporta ninguna prueba documental de su dicho, a diferencia de Reporte Indigo, que desde 2009 ha presentado documentos que sustentan los señalamientos publicados.
En su misiva, afirma que García Luna “compró su casa con crédito bancario y su patrimonio es producto de sus ingresos como servidor público durante 21 años y los de su cónyuge por actividades comerciales”.
Respecto al hecho de que “compró su casa con crédito bancario”, respondemos lo siguiente:
La coordinadora de Comunicación Social debería saber que existe el Registro Público de la Propiedad, entidad que documenta el récord histórico de cada propiedad, incluyendo el o los nombres de los dueños y cómo adquirieron el inmueble. Los datos de ese registro tienen valor jurídico pleno.
De acuerdo al Registro Público de la Propiedad, es falso que la residencia de Monte Funiar número 21 haya sido adquirida con un préstamo bancario.
García Luna compró el terreno en poco más de 4 millones de pesos sin ningún crédito de por medio. De existir alguno, constaría en las escrituras del Registro Público de la Propiedad.
Tampoco utilizó un préstamo bancario para la construcción de la residencia de más de 15 millones de pesos. De ser así, el inmueble sería la garantía de la hipoteca, pero la propiedad está libre de cualquier tipo de compromiso bancario.
Peñuñuri también dice que “su patrimonio es producto de sus ingresos como servidor público durante 21 años y los de su cónyuge por actividades comerciales”.
Según las declaraciones patrimoniales de García Luna, en la época en que compró el terreno y construyó la casa, estaba endeudado y no compartía la propiedad de algún bien con su esposa.
En la escritura registrada ante el Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal, consta que el único propietario de la residencia de Monte Funiar número 21 es Genaro García Luna.
Su esposa Cristina no aparece como copropietaria. Para efectos legales ante terceros, el titular de la SSP es el único responsable y dueño de la propiedad.
Pero eso no es todo. Por lo menos hasta principios de 2010, el funcionario federal era el propietario de las dos residencias en Jardines en la Montaña, la de Montaña de Omoa, valuada en 7 millones de pesos, y la de Monte Funiar, cuyo valor ronda los 20 millones de pesos.
Y no vendió una casa para construir la otra.
Ante la Ley Federal de Servidores Públicos y la Constitución, era dueño de las dos propiedades. La venta de una no financió la compra de la otra porque las dos eran suyas.
¿De dónde obtuvo el dinero para adquirir esas residencias y además construir una finca de más de 15 millones de pesos en Jiutepec?
Eso es algo que el titular de la SSP no ha aclarado ni quiere aclarar. Tampoco lo ha hecho la directora de Comunicación Social de esa dependencia.
Reporte Indigo no hace señalamientos sin sustentarlos con documentación oficial.
Reporte Indigo tiene una larga experiencia en investigaciones patrimoniales y enriquecimiento inexplicable.
En los libros “La Familia Presidencial” y “Fin de Fiesta en Los Pinos”, así como en numerosos reportajes, la periodista Anabel Hernández documentó y reveló la riqueza injustificada de Vicente Fox cuando fue presidente.
Documentos del Registro Público de la Propiedad dejaron al descubierto la fortuna inexplicable. Por ejemplo, la existencia del rancho secreto de Fox ubicado en La Estancia, un poblado cercano al rancho oficial.
Mientras Fox estuvo en el poder, negó que esa propiedad fuera suya y que sus bienes no correspondieran a sus ingresos y ahorros.
Usando su poder como presidente, y luego como ex presidente, atacó y denostó a la periodista y a Reporte Indigo sin presentar una sola prueba de que esos bienes tenían una justificación lícita.
Esas investigaciones y documentos son la base de las investigaciones que hoy realiza la Procuraduría General de la República en torno a la riqueza de Vicente Fox y su familia.
Los primeros datos que arrojan esas indagatorias confirman lo denunciado por Anabel Hernández y Reporte Indigo. Que los bienes de Fox no se justifican con la situación económica que tenía cuando tomó posesión de la Presidencia el 1 de diciembre de 2000, ni con su sueldo como presidente.

A sangre fría
La segunda “carta aclaratoria” que envió Peñuñuri a Carmen Aristegui se refiere al homicidio en el que estuvo involucrado Luis Cárdenas Palomino, actual coordinador de Inteligencia para la Prevención del Delito de la Policía Federal, uno de los funcionarios más cercanos a García Luna.
La directora general de Comunicación Social de la SSP no niega que el funcionario está en falta por no haber cumplido con todos los exámenes de control de confianza que exigen la ley y la normatividad interna de la SSP, pero hace alusión a un artículo que publicó Reporte Indigo en 2008 titulado “A Sangre Fría”.
La funcionaria sacó a relucir el tema del triple homicidio en que se vio involucrado el hoy funcionario. Los hechos ocurrieron el 12 y 13 de agosto de 1987, cuando Cárdenas Palomino tenía 18 años y su padre, el policía Cuauhtémoc Cárdenas, era un alto funcionario de la Secretaría de Gobernación y había sido director de la Policía Judicial del DF.
El tema de los exámenes de confianza es relevante porque uno de ellos es la prueba del polígrafo para saber si los servidores públicos han estado o están involucrados en algún delito, y el otro es la evaluación sicológica para saber si tienen el perfil adecuado para desempeñar su función sin excesos ni violación a los derechos humanos.
En octubre de 2008, Reporte Indigo reveló que Cárdenas Palomino, junto con sus amigos Octavio Navarro Medellín y René Álvarez Rosas, fue cómplice del homicidio del taxista Jesús Palafox en la colonia Lindavista, y también de los asesinatos de Luis Eduardo Mijares y Guillermo Ocejo.
La funcionaria de la SSP falta a la verdad por dolo u omisión.
Reporte Indigo tiene la declaración ministerial firmada por Luis Cárdenas Palomino, incluyendo su huella dactilar. En ella confiesa que no fue un testigo incidental ni involuntario del homicidio del taxista, sino que fue parte activa de los hechos.
Narró que abordaron el taxi afuera de una cantina de la colonia Guerrero a pesar de que no tenían dinero para pagarlo. Cuando llegaron a su destino, él y su amigo Octavio se bajaron del taxi y dejaron adentro a su acompañante.
Cárdenas Palomino acompañó a Octavio a su casa, donde éste tomó un arma. Y volvieron a abordar el taxi para ir por unas prostitutas. Apenas habían avanzado unas cuadras cuando Octavio sacó la pistola y le dijo al taxista que era su día de mala suerte.
Le preguntó si traía dinero, porque la intención era asaltarlo. Cuando el taxista respondió que no, le disparó en la cabeza.
Octavio soltó la carcajada y dijo que quería saber qué se sentía matar a alguien.
En ningún momento, según la propia declaración de Cárdenas Palomino, intentó evitar el asalto ni el homicidio. Y no sólo eso, sino que huyó de la escena del crimen junto con Octavio.
Cárdenas Palomino fue a su casa para recoger su vehículo. Y en vez de denunciar el hecho a la policía, se fue con su amigo a tomar cerveza, y luego al bar Sugar, en la Zona Rosa, en busca de prostitutas. Sin tener dinero para pagar la cuenta, bebieron champaña.
Según la declaración ministerial de Rosana Melgarejo, esposa de Octavio, éste, en complicidad con Cárdenas Palomino, asesinó a los jóvenes Mijares y Ocejo, que eran administradores del bar Sugar.
Cárdenas Palomino se ocultó de la justicia por más de 12 días, y su encubrimiento permitió la fuga de Octavio. Finalmente, el hoy funcionario de la PF fue llevado ante el Ministerio Público por una orden de presentación como indiciado, no como testigo.
Luego de las pesquisas, el ministerio público Mario Alberto Ayala pidió al juez que se girara orden de aprehensión contra los tres jóvenes. Cárdenas Palomino se amparó, y cuando iba a ser ejecutada la orden de arresto, éste fue impedido por elementos de la Policía Judicial del DF que eran amigos de su padre.
En 1988, luego de buscar justicia infructuosamente, los familiares de Mijares y Ocejo enviaron una carta al entonces candidato del PRI a la Presidencia de la República, Carlos Salinas de Gortari. En ella denunciaron que por las influencias del comandante Cuauhtémoc Cárdenas, Luis Cárdenas Palomino y sus amigos no habían sido encarcelados como responsables del triple homicidio.
Verónica Peñuñuri confunde su situación de subordinada del titular de la SSP y del coordinador de Inteligencia para la Prevención del Delito, con sus obligaciones como servidora pública.
Como servidora pública, está sujeta a la Ley Federal de Servidores Públicos, la cual le impide atacar sin pruebas documentales a un ciudadano o medio de comunicación.
La ley también le prohíbe, por omisión o complicidad, tratar de ocultar desde su función pública posibles delitos cometidos por servidores públicos, aunque éstos sean sus jefes.
Si alguna autoridad realmente quiere investigar la fortuna del titular de la SSP federal y los hechos que constan en la averiguación previa contra Luis Cárdenas Palomino, encontrará lo que hemos publicado: la verdad



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