21 de mayo de 2011

CIUDAD JUAREZ: PROCESO En el terror, una brasa de esperanza Marcela Turat

En el terror, una brasa de esperanzaMarcela Turati 

La Caravana Nacional Ciudadana por la Paz con Justicia y Dignidad partirá el 4 de junio desde Cuernavaca –donde se gestó el movimiento encabezado por Javier Sicilia– y durante seis días cruzará varias ciudades desgarradas por las balas y la injusticia, hasta llegar a Ciudad Juárez. Ahí, ante las evidencias del fracaso gubernamental y con la participación de férreos luchadores contra la violencia, se firmará un pacto nacional para recuperar la paz, la justicia y la dignidad. Los impulsores del movimiento y las organizaciones anfitrionas están seguros de que si en Juárez se concentra el dolor, también puede engendrar la esperanza para la reconstrucción.

CIUDAD JUÁREZ, CHIH.- Esta ciudad, considerada “el rostro más visible de la destrucción nacional” será sede de la firma del pacto nacional desde el cual se buscará refundar el país. El 4 de junio, una caravana ciudadana saldrá de Cuernavaca y durante seis días recorrerá la Ruta del Terror (Cuernavaca-DF-Toluca-Morelia-Guadalajara-León-San Luis Potosí-Zacatecas-Durango-Torreón-Saltillo-Monterrey-Torreón-Camargo-Chihuahua) hasta llegar a Juárez, donde removerá las cenizas de la destrucción para reavivar las brasas de la esperanza.
Los anfitriones del pacto ciudadano, quienes se han vuelto expertos en resistencia ciudadana y férreos opositores a los tratos con el gobierno, serán los sobrevivientes de esta frontera azotada por tres años de guerra y convertida en la capital mundial de los asesinatos, así como en laboratorio del fracasado experimento de la militarización.
 “Con la autoridad no tenemos que pactar sino exigirle que dé resultados, porque Juárez es el ejemplo de su fracaso en cuestión de seguridad. Aquí ya probaron todas sus estrategias, hasta la militar; ya abrieron mesas de diálogo, ya hicieron el (programa) Todos Somos Juárez para la supuesta recuperación del tejido social, y no funcionaron. No hay manera de que nos sentemos de nuevo con el gobierno, porque no va a funcionar. Tenemos que exigirle que cumpla y que escuche nuestra exigencia”, explica la doctora Leticia Chavarría, del Comité Médico Ciudadano.
Ella forma parte del conjunto de líderes que surgieron de la tragedia, que se han reconocido en otros y se han esforzado por articular sus coincidencias para contener la hemorragia social. En esta ciudad fronteriza no es raro ver en una misma mesa, esbozando planes de reconstrucción, a jóvenes radicales de ultraizquierda al lado de empresarios conservadores, igual que a médicos, campesinos, defensores de los derechos humanos, monjas, feministas, universitarios, cirqueros, colectivos de artistas y familiares de víctimas. 
Ellos, que trabajan a contracorriente para evitar la destrucción social, fijaron las condiciones del pacto, establecieron un consenso de rechazo absoluto al diálogo con el gobierno y coincidieron en la exigencia de poner fin a la militarización y de renovar el sistema de procuración de justicia para esclarecer los crímenes hasta ahora cometidos.
La postura juarense del nada-nunca con el gobierno provocó tensión en el equipo organizador de la marcha ciudadana que el 8 de mayo llegó al Zócalo capitalino y que ahora prepara la ruta de la caravana y la firma del pacto. Se llegó a considerar que, si los juarenses no admitían a funcionarios, el pacto podría suscribirse en otra ciudad. Al final prevaleció la visión norteña.
“La propuesta de Juárez es vigilar a las autoridades para que hagan su trabajo, pero no pactar con ellas, porque no sirve. Pedimos también la desmilitarización, no queremos decir que se vayan inmediatamente de todo el país, pero vemos que hay un proyecto implícito de militarizar paulatinamente con la Ley de Seguridad Nacional, como ya ocurrió en Juárez y que no dio resultados”, expuso a Proceso el sacerdote Óscar Enríquez, director del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte.
Esta crítica es respaldada por integrantes del Comité Médico Ciudadano, el movimiento Pacto por la Cultura, la Red Mesa de Mujeres, los centros de derechos humanos Cosyddhac, del Migrante y Paso del Norte, Pastoral Obrera, el Frente Plural Ciudadano, el Frente Democrático Campesino y El Barzón, entre otros. 
La Caravana Nacional Ciudadana por la Paz con Justicia y Dignidad, como se le nombró, saldrá el 4 de junio de Cuernavaca –donde nació el movimiento encabezado por Javier Sicilia– y durante seis días recorrerá la geografía nacional de la destrucción hasta llegar a Juárez. 
En un segundo momento, en Morelos, políticos de todos los niveles de gobierno y de los distintos poderes serán convocados para plantearles las exigencias ciudadanas y las fechas fijadas para dar resultados. De lo contrario, los gobernantes se atendrán a las acciones pacíficas de resistencia civil, una fórmula bien conocida en esta frontera, donde en 1986 los ciudadanos protestaron contra el fraude electoral. 
Como lo expresó el abogado y activista Jaime García Chávez en una columna en el portal Ahoramismo: “Que se firme en Ciudad Juárez, a la hora del centenario de la histórica batalla que anunció el derrumbe de la dictadura porfirista, tiene una pertinencia emblemática indudable”. Otros, como Willibaldo Delgadillo y Zulma Méndez, de Pacto por la Cultura, consideran que es un reconocimiento a la resistencia juarense, por mantenerse de pie a pesar de ser la más azotada por la narcoguerra.

Laboratorio del fracaso

Ciudad Juárez ha sido el laboratorio de la estrategia de seguridad durante el sexenio calderonista. Los datos oficiales señalan que, a tres años de que la militarización se convirtiera en el principal instrumento contra el crimen organizado, 250 mil personas huyeron de aquí, unas 7 mil personas fueron asesinadas y 10 mil niños quedaron huérfanos. Tan sólo el año pasado, 3 mil 111 personas tuvieron una muerte violenta: más asesinados que en Afganistán en ese lapso. El número de desaparecidos se desconoce. 
En 2009, 10 mil militares y policías federales patrullaban las calles, pero no pudieron contener la violencia y sólo consiguieron que se dispararan las denuncias por violaciones a los derechos humanos. Aunque la Policía Municipal fue depurada y los nuevos elementos recibieron instrucción militar, las muertes siguen aumentando y las matanzas son cotidianas.
El paisaje actual de esta ciudad-emblema del fracaso, donde se planea firmar el pacto, es de 100 mil casas abandonadas, una epidemia de calles cortadas porque los vecinos instalaron rejas de acceso, tiendas de barrio vacías o resguardadas con rejas, puestos vacantes de maestros y médicos que no pueden ser suplidos por la inseguridad, retenes militarizados en cualquier avenida, además del desempleo. La inseguridad va a la alza en sus modalidades de asesinato, secuestro, extorsión y los fenómenos llamados carjacking o housejacking (despojo violento de auto o de casa). 
En febrero del año pasado, a raíz de la masacre de 15 estudiantes del fraccionamiento Villas de Salvárcar, el gobierno federal anunció su plan Todos Somos Juárez para la reconstrucción social de la ciudad, pero tampoco frenó la violencia. Dos meses después los militares fueron sustituidos por policías federales y desde 2011 el militar Julián Leyzaola fue designado jefe de la policía. Nada parece dar resultados. 
El escritor Javier Sicilia, quien encabezó un movimiento nacional a raíz del asesinato en marzo pasado de su hijo Juan Francisco, dijo a El Diario que eligió a Juárez como lugar para la firma del pacto nacional porque considera a esta ciudad “el emblema del desgarramiento nacional, donde se encuentra la mayoría de los muertos: Ciudad Juárez es un lugar donde el tejido social está absolutamente raído y dominado por el crimen; es un gran símbolo. También es la imagen de lo que se puede volver todo el país”. 
Al escuchar el grito de “estamos hasta la madre” y la propuesta de movilización lanzados por Sicilia a raíz del asesinato de su hijo Juan y otras seis personas más, los activistas sociales chihuahuenses –que por la emergencia se volcaron a la defensa de los derechos humanos y familias de víctimas de feminicidio, matanzas o asesinatos emblemáticos, como los de LeBaron y los Reyes Salazar– se sumaron a la marcha que el 7 de mayo llegó al Zócalo de la Ciudad de México. 

Bajo las cenizas

Desde 2009, las matanzas cotidianas impulsaron a muchos juarenses a organizarse, y la mayoría de los grupos ya existentes tuvieron que cambiar su rumbo para atender a los sobrevivientes de la guerra. 
“En Juárez hay mucho dolor, pero también mucho aprendizaje. Nos hemos reconstruido, hemos aprendido a sobrevivir, a construir redes, a tejer esperanza. Y aunque es muchísimo el trabajo y aunque la capacidad del centro está rebasada, seguimos luchando para que las cosas mejoren”, dice una religiosa del equipo del padre Enríquez en Paso del Norte.
El fraccionamiento Villas de Salvárcar se asocia con la palabra masacre desde el asesinato de 15 estudiantes el 31 de enero de 2009. Actualmente, la colonia luce canchas deportivas construidas por el gobierno federal, además de un parque que pretendía honrar a los jóvenes asesinados, pero no lo logra porque ya desaparecieron la mayoría de las placas con sus nombres, realizadas en plástico corriente y sobrepuestas al cemento con pegamento. 
“El parque se hizo mal adrede para desmoralizar a los papás. A lo que construyeron le pusieron cerco de alambre, el pasto es sintético y puesto al aventón, la pasta de cemento está mal enjarrada, pusieron placas de plástico que, según se dice, los mismos papás las arrancaron, encabronados, y se las llevaron a casa”, explica el vecino y promotor comunitario Julián Contreras.
A una cuadra del parque vandalizado está una casa decorada con dibujos: era una construcción abandonada que los vecinos recuperaron para fundar una biblioteca donde los niños, en vez de estar encerrados en sus casas por la violencia, puedan hacer tareas, aprendan a usar el internet y a leer. Pero este espacio ha tenido otros usos: se convirtió en punto de reunión y articulador de vecinos.
“El gobierno prometió muchas cosas, y como el gobierno no cumplió todo, la gente se enojó y dijo ‘vamos a hacerlo todo nosotros’. Querían hacer una cancha de voli, luego unos se emocionaron y hablaron de que harían un comedor popular, pero luego tomaron la casa que estaba abandonada para la biblioteca. Los estantes los donó una señora que tenía una librería que fracasó por la inseguridad, la pintura la dio el dueño de una ferretería que cerró y otros vecinos pidieron que les permitieran sacar madera de las maquiladoras en las que trabajan, y la gente llevó libros”, explica Contreras, miembro del Frente Plural Ciudadano.
En dos ocasiones él viajó con una veintena de vecinos a Cuernavaca para sumarse al encuentro de jóvenes y a la marcha, donde relataron a sus pares de todo el país su experiencia de tres años de guerra, militarización y organización comunitaria. 

Ruta de esperanza

La violencia hizo surgir movimientos gremiales. Los médicos crearon un comité para exigir el cese de los secuestros y los asesinatos de sus colegas. Los estudiantes organizan caminatas para protestar por la matanza de jóvenes y maestros. Los fines de semana, colectivos de artistas recorren colonias impactadas por la sangre, donde leen poemas, bailan breakdance, presentan obras de teatro, pintan esténciles pacifistas en las paredes en un intento de animar a la gente a salir de sus casas para recuperar los espacios públicos. 
Decenas de amas de casa han estudiado tanatología e imparten talleres de duelo en iglesias, o se capacitan como psicoterapeutas y recorren las colonias donde la violencia se ha ensañado. Un grupo de mujeres profesionistas, apodadas Las Guerreras, sale los domingos en motocicleta a donar alimentos y medicinas.
La muerte indiscriminada modificó la agenda de todas las organizaciones y las unió. Tal es el caso del trabajo colectivo que realizan los centros de derechos humanos Cosyddhac, Cedhem, Paso del Norte y Justicia para Nuestras Hijas, que se reparten la dura carga de documentar las desapariciones forzadas, torturas y asesinatos perpetrados por policías o militares y acompañar a las familias en el proceso legal, ya que han visto que a las víctimas solas no las atienden. 
Otra muestra de unión es el Centro de Atención de Crecimiento Humano y Educación para la Paz, donde confluyen varias organizaciones y profesionistas que brindan atención de emergencia a víctimas de la violencia y atiende a los terapeutas que también necesitan contención por estar expuestos a tantas situaciones traumáticas.
En un recorrido por los salones de clases habilitados como pequeños consultorios de ese centro se encuentra a promotoras de salud atendiendo a personas que llegan colapsadas; les aplican terapias florales de emergencia para que puedan volver a comer o a dormir, o bien les aplican reiki. En otros cubículos los psicólogos escuchan a gente con ataques de ansiedad o sin ganas de vivir. En los salones más grandes se imparten talleres de duelo para niños o adultos, así como clases de meditación y de autocuidado para cuidadores. 
Otras organizaciones, como Compañeros, atienden a las víctimas más vulnerables de la guerra: los usuarios de droga, atrapados entre la guerra de los cárteles y la estrategia antinarcóticos del gobierno federal.
Por las calles del decadente y peligroso centro de la ciudad, donde se tienen registradas desapariciones de mujeres y las pandillas ejercen control territorial para el negocio de la droga, se ve a los promotores de la salud de la organización, quienes reparten condones afuera de los hoteles a las sexoservidoras, o jeringas, cloro y condones a las personas que utilizan los picaderos de drogas. “Los federales siguen golpeándolos y quitándoles su dinero cuando los ven”, explica el promotor Julián Rojas. 
Algunas de sus compañeras entran a construcciones oscuras, sin techo, convertidas en picaderos. En una de ellas, con olor a orines, colchones podridos en el piso, restos de fogatas y un mosquerío, las espera una decena de jóvenes heroinómanas. Unas piden jeringas nuevas, pero otras solicitan que las anoten para tomar clases. Aunque no controlan sus adicciones, saben que usar jeringas ajenas puede causarles la muerte. Son conscientes de las medidas de reducción de daños, porque los promotores de Compañeros se dedican a educarlas y a proveerlas de medios seguros.
Varias organizaciones ven la situación como una oportunidad para avanzar en otros aspectos. La organización Pacto por Juárez señala que es momento de derrumbar la opacidad del uso de recursos públicos del municipio y de transitar a un modelo de presupuesto participativo.
La Casa Promoción Juvenil, que trabaja con niños, adolescentes y mujeres de la zona poniente, está a punto de estrenar una prepa para los “chavos problema” –los expulsados de otras escuelas, los pandilleros y tatuados que todos rechazan–, donde se les enseñará oficios para que no sean esclavos de las maquiladoras y se les formará como ciudadanos solidarios. “Lo planteamos desde una estructura diferente para que los estudios tengan un sentido relacionado con su vida”, explica el psicólogo del centro, Isaac González Martínez. Incluso podría servir de modelo para reintegrar al sistema educativo a los rezagados del país.
 “Sabemos que la firma del pacto aquí es un compromiso para la ciudad. Ya nos estamos estructurando y organizando para recibir a la gente que vendrá –explica la doctora Chavarría–; nosotros llevamos tres años en esta espiral de violencia que se ha replicado en todo el país y desde aquí se hará el ejercicio de unirnos como mexicanos, encontrando coincidencias, sumando ciudadanos, para ir todos a exigir la justicia y devolvernos nuestra dignidad como mexicanos.

¡AMLO 2012!

PROCESO: El misterioso caso de un río de gasolina sin salida Arturo Rodríguez - ASÍ SAQUEA LA DERECHA A PEMEX FINGIENDO CONTAMINACIÓN

El misterioso caso de un río de gasolina sin salidaArturo Rodríguez

Funcionarios de dos subsidiarias de Pemex están entrampados con un cargamento de gasolina que a toda costa quieren llevar de la refinería de Cadereyta a la de Ciudad Madero, pese a que la infraestructura existente no lo permite. Y en su afán por trasladar 900 mil barriles del combustible para entregarlo ahí a un cliente estadunidense, se han propuesto incluso medidas insólitas, como invertir el flujo de los ductos o embarcar la voluminosa carga en tanques de ferrocarril.

Un lote de 900 mil barriles de gasolina presuntamente contaminada –atorado desde 2009 en la refinería de Cadereyta, Nuevo León– tiene en un brete a funcionarios de Pemex Refinación (Pref) y de Pemex Comercio Internacional (conocida por las siglas PMI), a quienes aparentemente les urge llevarlo a Ciudad Madero, aun cuando no hay infraestructura para hacerlo, a menos que se realice una cuantiosa inversión no recuperable.
La operación concierne a la Subdirección de Producción de Pemex Refinación, a cargo de Bernardo de la Garza Hesles, actualmente investigado por la Auditoría Superior de la Federación y por la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados por otorgar un contrato de 42 millones de dólares a la empresa estadunidense KBC Advanced Technologies sin licitación de por medio (Proceso 1802).
Cuando Ernesto Cordero, secretario de Hacienda, da cifras alarmantes sobre el subsidio a la gasolina –ese que la OCDE recomienda retirar–, el dispendio de recursos en el paro de operaciones y la importación de combustibles es inexplicable.
Ahora el problema tiene que ver con la venta del hidrocarburo a una empresa extranjera cuyo nombre no se ha hecho público. 
De acuerdo con las minutas de cuatro reuniones –celebradas los días 6, 13 y 27 de abril y el miércoles 18 de mayo en el piso 13 de la Torre de Pemex–, se trata de 900 mil barriles (cantidad superior a la que se usa en todo el país en sólo un día: 790 mil barriles) de una mezcla de crudo con un tipo de combustible llamado gasolina de coquer. 
Las minutas –anexadas al documento 300-40800-PSIA-004 de la Subdirección de Producción– hacen evidente la intención de funcionarios de Pemex Refinación y de PMI de mover el producto a la refinería de Ciudad Madero, Tamaulipas, para llevarlo vía marítima a Estados Unidos en volúmenes de 50 mil a 100 mil barriles mensuales, para satisfacer la demanda de un cliente desconocido que requiere la entrega a partir del próximo mes.
La presión del cliente –cuyo nombre desconocen hasta los funcionarios de la subsidiaria consultados por Proceso y que pidieron el anonimato– se suma a la obstinación de Gerardo Páramo Hernández, gerente de Control de Producción de Pref y subordinado de Bernardo de la Garza, y del gerente de Proyectos de PMI, Carlos Islas Flores, por colocar el producto en Ciudad Madero, pese a que no hay infraestructura para recibir ni almacenar la gasolina, cuya supuesta contaminación no se ha explicado.
Presuntamente la venta se hará a 20 centavos de dólar por litro (80 centavos por galón). Importar el mismo tipo de combustible a México le cuesta 3.74 dólares por galón.
Hasta la reunión del miércoles 18, los 900 mil barriles de gasolina ni siquiera estaban dados de alta en el Sistema Integral de Información Comercial, requisito obligatorio para venderla, y no hay estudios de seguridad específicos para cada etapa del traslado. Tampoco se tiene la autorización del Sistema de Seguridad, Salud y Protección Ambiental (Sasipa) de Pemex.
Con el plan más factible de traslado, en autostanque (pipas), el flete costará 48 millones 759 mil 894 pesos, aún sin resolver los gastos de infraestructura, cumplimiento de normatividad ambiental y de seguridad. Sólo el traslado del producto a Ciudad Madero representará casi la sexta parte de la venta, que sería de unos 333 millones 136 mil pesos.
Falta calcular la inversión en infraestructura no reutilizable que se necesita, los equipos de seguridad y el desalojo del tanque vertical que se quiere utilizar como destino y que actualmente contiene un producto que deberá recolocarse.
En las minutas no se asentó ninguna instrucción para deslindar responsabilidades por la contaminación del combustible, las condiciones de almacenamiento y los costos que implicará su traslado. En las reuniones ni siquiera ha participado algún funcionario del Órgano Interno de Control de la paraestatal.

A Madero, como sea

Según las firmas de las minutas, en las reuniones participaron, por Pemex Refinación: Gerardo Páramo Hernández, gerente de Control de Producción; Darío Reyes Muñoz, coordinador de Áreas de Operación; Norberto Manuel Guevara Ortiz, coordinador de Operación, Distribución y Comercialización; Arturo Fernández Gallaga, subgerente de Operación, y Salvador Villarreal Moro, subgerente de Control de la Demanda. 
También Salvador Tijerina Aguilar, subgerente de Transporte por Ducto; Álvaro Romero Vergara, gerente de Tuberías; Ramón Morales de los Santos, jefe de Unidad de Seguridad Industrial y Protección Ambiental de Almacenamiento; David González, subgerente de Movimiento de Productos; Héctor Barajas, subgerente de Operación de Transporte Terrestre; Lorenzo Ocampo Santillán, jefe de Coordinación con Autoridades y Nuevos Productos, y Francisco Javier Santillán, cuyo cargo no se especificó.
Por parte de PMI estuvieron el subdirector de Análisis de Crudo, Alfonso Mendoza Arcaraz, y el gerente de Proyectos, Carlos Islas Flores.
Además los funcionarios de la refinería de Cadereyta, Marco Antonio Robles, José Luis Alejandre, Toribio Salas Castillo, Juan Fernando Varela y Juan Manuel Martínez Gómez. Los especialistas Gerardo Chiñas Chávez y Víctor Castro Puente, y de la refinería de Madero, Miguel Robledo Flores.
Para conseguir su propósito, los funcionarios de Pref y PMI hicieron propuestas, algunas de ellas a todas luces inviables: sugirieron, por ejemplo, invertir el flujo del ducto Madero-Reynosa, que mide 500 kilómetros (y para lo cual los 900 mil barriles en cuestión primero tendrían que ser llevados a la ciudad fronteriza); también propusieron enviar el combustible por ferrocarril y, en última instancia, en pipas.
El 6 de abril, el primer acuerdo tomado fue el de desalojar los tanques verticales 5001 y 5003 de Cadereyta, para llevar su contenido a la refinería de Madero. El área de Distribución aclaró que no era factible invertir el flujo del ducto (Madero-Reynosa) en ese momento, pero analizaría el pedimento. El 13 de abril se confirmó que, por la cantidad de gasolina y la inversión en infraestructura necesaria, esto no era posible.
El siguiente acuerdo sugirió usar pipas. Cadereyta ofreció los vehículos utilizados en Pemex-Diesel, aunque ello implicaría reducir la capacidad de carga. El problema es que Cadereyta puede llenar las pipas por la parte inferior, pero la Gerencia de Transportación Terrestre sólo tiene equipos de llenado por el domo; el costo de adecuación sería de 1.5 millones de pesos.
Además se necesitaba la autorización del Sasipa, poner un aditivo a la gasolina, comprar equipos de seguridad para el personal y no se pudo establecer un tiempo estimado de ejecución.
El 13 de abril, la situación fue más caótica. Además de tener que modificar la infraestructura en Cadereyta para poder cargar por el domo y hacer un análisis de seguridad, la refinería de Madero dijo que no tenía infraestructura para la descarga de las pipas, que podría instalar una “descargadera provisional” pero necesitaría al menos cuatro semanas para acondicionarla.
En esa reunión se hizo una nueva propuesta: hacer el desalojo de la gasolina mediante carrostanque de ferrocarril contratados a la empresa Kansas City Southern. Pero en la refinería de Madero no hay infraestructura para eso, así que ese procedimiento se descartó.
Para su destino en la refinería de Madero, los funcionarios de Pref escogieron el tanque vertical 548, pues se puede vaciar directamente al muelle para ser cargado en buques. No obstante, el procedimiento implica hacer ajustes a la logística del puerto para no interferir en la exportación del crudo de Altamira.
El tanque vertical 548 está ocupado, según la minuta del 13 de abril, con 165 mil barriles de gasóleo de coquer, supuestamente también contaminado. Pero una fuente consultada por Proceso asegura que el contenido es en realidad asbesto, lo que complica su desalojo.
Aunque desde la reunión del 27 de abril se acordó hacer un muestreo a fin de clasificar el producto contenido en el tanque vertical 548 y tratar de obtener permiso para su exportación, hasta la reunión del miércoles 18 los empleados de PMI no habían tenido acceso ni concluido esos procesos administrativos.
La intención de PMI, manifiesta en la minuta del miércoles 18, es llevar el supuesto combustible contaminado de Ciudad Madero también a Estados Unidos, a la refinería Deer Park que Pemex y Shell Oil tienen en Houston, Texas.
Ante el embrollo, el miércoles 18 la Gerencia de Control de Producción insistió en pedir informes sobre las implicaciones de usar el ducto de Reynosa, en la misma reunión en la que el Sasipa expuso que el producto a trasladar es “altamente agresivo”.

Seguridad y filtros

Las Terminales de Almacenamiento y Reparto (TAR), por donde se reciben y envían los combustibles, están equipadas con sistemas de control de calidad, metrología y control operativo.
Según el documento Síntesis ejecutiva de la operación del programa, emitido por Pref en 2006, desde ese año las TAR cuentan con el Sistema Integral de Medición y Control de Operación de la Terminal que interactúa con el Sistema Integral de Información Comercial.
Todas las TAR tienen un sistema de recuperación de vapores y 20 laboratorios con certificación internacional que miden la calidad de los combustibles que habrán de venderse. 
Esos laboratorios hacen ocho pruebas, entre las que destacan la de destilación, medición del índice de octano y la determinación de peso. Las pruebas se realizan a través de 48 equipos destiladores automáticos y manuales, 40 equipos analizadores de temperatura y 21 analizadores de azufre, entre otros.
Con base en esa información, uno de los expertos consultados afirma que es imposible que una gasolina contaminada entre por una TAR.
Menos aun pudo ser error de una refinería, cuyos procesos son monitoreados con analizadores en la línea de producción y en tiempo real. La explicación de los especialistas consiste en que no es posible que el crudo, ubicado en la primera etapa de la refinación, haya llegado a contaminar una gasolina, que es producto de la última etapa o viceversa.
El proceso de refinación implica destilación y mezcla, de manera que si una gasolina está contaminada con alguna sustancia, se combina poco a poco, en tanto se mantenga en el margen de calidad, con gasolina pura hasta que se obtiene un producto estándar.
Según las minutas, en ningún momento se consideró refinar el producto en México o venderlo a un cliente nacional. Tampoco colocarlo en Reynosa para su exportación terrestre a Estados Unidos o a Brownsville, Texas, puerto fronterizo con Matamoros, a pesar de que éste se halla a 300 kilómetros de Cadereyta, mientras Madero está a 500 kilómetros.
Sin embargo, en Cadereyta ya se iniciaron las pruebas de bombeo para vaciar los 900 mil barriles de combustible, mientras que en Madero empezará esta semana la adecuación para la descarga del producto, que tardará al menos cuatro semanas, tiempo en el que podrá iniciarse el traslado, siempre y cuando para entonces el Sasipa haya validado la seguridad del proceso de transportación.

¡AMLO 2012!

PROCESO: La mitad del sistema nacional de refinación, parado Arturo Rodríguez - DESTRUIR PEMEX A TODA COSTA

La mitad del sistema nacional de refinación, paradoArturo Rodríguez

En medio de la polémica desatada por una propuesta para congelar el precio de la gasolina –planteada en la Cámara de Diputados por los grupos parlamentarios, excepto el del PAN– y a raíz de un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que sirvió de apoyo al gobierno mexicano para defender los aumentos escalonados de combustibles, la mitad del sistema nacional de refinación quedó suspendido.
De acuerdo con documentos de Pemex Refinación, un inusual paro de las refinerías de Cadereyta, Nuevo León; Tula, Hidalgo, y Salamanca, Guanajuato, provocó un déficit en la producción de gasolinas y destilados, lo que afectó el abasto en el norte del país, así como en el Valle de México –la llamada Ruta del Sol– y una parte del Bajío, que debió resolverse mediante la importación de 945 mil barriles de hidrocarburos.
La contingencia impacta también a las refinerías de Ciudad Madero, Tamaulipas, y la de Salina Cruz, Oaxaca, que aun cuando no suspendieron sus actividades, deben abastecer a los clientes de las zonas que corresponden a los trabajadores de Cadereyta y Tula, lo que satura sus actividades. Sólo la región sur del país y la península de Yucatán, que son surtidas por la refinería de Minatitlán, Veracruz, no sufren las contingencias, pues la planta trabaja de manera normal.
De acuerdo con la minuta de la reunión extraordinaria de gerentes del viernes 13, de la que Proceso tiene copia, el déficit en la producción es consecuencia de un “mantenimiento programado” en la Planta Combinada 1 de Cadereyta que durará todo el mes.
Además, en esa misma refinería, desde el vienes 13 se inició un “correctivo” en la Planta Combinada 2 que terminará el viernes 27, con suspensiones diarias del poliducto Brownsville-Cadereyta. En resumen, este mes Cadereyta no tiene producción.
En la planta de Tula, la ausencia de producción de diesel y aceite se debe a otro “correctivo”, además de malas condiciones climáticas: “Se tienen bajos inventarios en el Valle de México y la Ruta del Sol, por déficit del bombeo de Tuxpan de 24 mil barriles diarios originado por el mal tiempo que prevaleció a principios del presentes mes (mayo)”, dictaminaron los técnicos.
Por lo que atañe a la de Salamanca, hasta el lunes 16 de mayo se detuvo la producción a causa de otro “correctivo” en la Planta Reformadora 2. En síntesis, la mitad del Sistema Nacional de Refinación ha estado suspendido en lo que va del mes. Y, en el caso de Cadereyta, el paro continuará hasta el martes 31.

Compras de emergencia

Para hacer frente al desabasto, los participantes en la reunión extraordinaria de gerentes del viernes 13 decidieron aplicar 15 medidas que implican la importación de 945 mil barriles de los combustibles que escasean en el marcado nacional. Con ello y una serie de movimientos y reasignación de hidrocarburos en todo el país, Pemex Refinación intenta hacer frente a la contingencia que provocó.
El primer punto del acuerdo del día 13 establece “incrementar a la brevedad la importación” de 10 mil barriles diarios de diesel ultrabajo en azufre (Duba) “para reubicar clientes de la zona metropolitana de Monterrey a Reynosa, hasta fin de mes o en tanto se recuperen inventarios”.
El segundo acuerdo consiste en desviar a Ciudad Madero el buquetanque Siteam Adventurer, anclado en Tuxpan con 150 mil barriles de gasolina premium para, según los directivos, “garantizar la operación del poliducto Madero-Cadereyta”.
Además, decidieron “incrementar a la brevedad 100 mil barriles adicionales a la importación de gasolina roja de coquer por Ciudad Juárez, hasta final de mes”.
La Terminal de Almacenamiento y Reparto (TAR) de Cadereyta debió entregar toda la gasolina disponible para reparto, en tanto que la refinería de esa ciudad suspendió sus entregas de apoyo a la zona centro del país y al Bajío.
Para el Valle de México y el Bajío, los directivos solicitaron el apoyo con diesel, sujeto a la “disponibilidad de inventarios” que tuvieran las TAR del Pacífico, que se abastecen de la refinería de Salina Cruz.
En tanto, el abasto programado de la TAR de Ciudad Juárez para suministrar combustible a Nogales y Magdalena de Kino, Sonora, debieron redirigirse a Rosarito, Baja California.
La TAR de Ciudad Juárez también debe entregar 4 mil barriles diarios para cubrir la demanda de diesel en Chihuahua, que esperan alcance con envíos de balance desde Gómez Palacio, Durango. 
La junta de gerentes también decidió importar 250 mil barriles de diesel por Lázaro Cárdenas, Michoacán, para apoyar al centro del país;  además, por Ciudad Madero se importarán 220 mil barriles antes de que concluya el mes. Lázaro Cárdenas también atenderá la demanda de hidrocarburos en Aguascalientes y Zacatecas, según el documento.
Del diesel que se transporta por el poliducto Madero-Cadereyta, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, se están extrayendo 10 mil barriles diarios para abastecer a Gómez Palacio, Durango.
La TAR de Ciudad Madero, que está aportando mayor cobertura territorial, atiende además la demanda de Saltillo, Coahuila, y Matehuala, San Luis Potosí, lo que implica que deje de atender a clientes y los traspasos a Poza Rica, Veracruz.
Para que Madero pueda cumplir la demanda en Saltillo y Matehuala, la refinería de Tula debe producir 20 mil barriles diarios de turbosina y maximizar la producción de Pemex Diesel,  y así apoyar el desabasto del Bajío y San Luis Potosí.
Además, el buquetanque Sonia, que transporta 215 mil barriles de Duba por el Golfo de México, descargará 115 mil barriles en Pajaritos, Veracruz, y 100 mil barriles en Madero.
En tanto, la demanda de gasolina magna en el Bajío y los estados del centro-norte del país se atiende desde Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Convenientes contingencias

En su edición del domingo 15, el reportero Ricardo Ravelo escribió sobre las operaciones de Pemex Refinación, en especial de la subdirección corporativa de Producción, cuyo titular es Bernardo de la Garza Hesles:
“Además de su inexperiencia en el ramo –es un abogado que ha mantenido en el estancamiento el Sistema Nacional de Refinación, según datos de un informe interno de Pemex–, De la Garza creó la estrategia ideal para otorgar contratos sin licitación con el argumento de que son urgentes” (Proceso 1802).
Además de evitar la licitación, especialistas empleados de la paraeastatal consultados por este semanario afirman que las compras urgentes implican una serie de sobregastos que elevan el precio de la gasolina casi al doble y que en el sector se denomina “precio de oportunidad”.
El precio de oportunidad es elevado, pues el vendedor –sea quien sea– tiene vendido su producto a otros compradores con anticipación, que en el medio se denomina “precio slot”. Por lo tanto, el vendedor debe incumplir con el comprador de precio slot;  la práctica es tan común, que aun con producto en inventarios, el impacto es el mismo en una compra contingente.
De hecho, es inusual que una refinería suspenda sus trabajos, como ocurre actualmente en Cadereyta, pues los gastos de arranque son tan altos que lo normal es que el mantenimiento se realice por partes. Además, para evitar desabasto y una movilización como la que se realiza hoy en casi todo el país, las refinerías realizan paros parciales diferidos y programados al menos con un año de anticipación. Tan es así, que no cuentan con inventarios para más de tres días.
Además de los 15 acuerdos para la contingencia de combustibles, se fijó una nota que implica un gasto no especificado: “Los movimientos por A/Ts (autostanque) que se generan por esta contingencia se mantendrán por lo que resta del mes”.
Las compras y movimientos están decididos, aunque entre los acuerdos tomados en la reunión de gerentes del viernes 13 no existe ninguno relativo a investigación ni auditoría por la forma anómala en que se tomó la decisión de parar los trabajos de refinación, so pretexto de darles mantenimiento. 

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PROCESO: La escasez que se aproxima --Y LA DERECHA DESTRUYENDO NUESTRO CAMPO

La escasez que se aproxima

Afectada por el cambio climático y los incesantes aumentos en los precios de las materias primas, la producción de alimentos y la consecuente protección a los sectores agropecuarios es un asunto que ha prendido los focos rojos en muchos países.
Las sequías extremas, producidas por el sobrecalentamiento, causan incendios que arrasan cosechas enteras. En otras partes, heladas intensas destruyen cientos de miles de hectáreas de cultivos.
Un ejemplo del primer caso está en Rusia, que el año pasado padeció una ola de calor sin precedente y que dio origen a una grave sequía y a cientos de incendios forestales que acabaron con la cuarta parte de sus cultivos de cereales.
En agosto pasado, el gobierno ruso se vio obligado a decretar una suspensión de las exportaciones de trigo, centeno, cebada, maíz y las de harina de trigo y de centeno, que durará hasta septiembre de este año. Ahora Rusia, uno de los principales graneros del mundo, importa cereales de Estados Unidos, lo que no había hecho en los últimos 10 años.
Ejemplo del segundo caso lo dan Sinaloa, Chihuahua y Durango. Las severas heladas que empezaron a finales del año pasado obligaron al gobierno federal a decretar la emergencia en unos 80 municipios de esos estados.
Las heladas acabaron con campos enteros. En Sinaloa hubo pérdidas totales o parciales en 90% de sus 715 mil hectáreas de cultivos de granos, hortalizas y frutas, especialmente las de exportación. Así lo reportó el gobierno de la entidad.
Y si a los efectos del cambio climático se suman factores como los altos y volátiles precios de las materias primas, el aumento extraordinario de la demanda alimentaria en China e India, el alza del precio del petróleo, el uso de cosechas para la producción de biocombustibles, la especulación en los mercados mundiales y los elevados subsidios a los agricultores de los países desarrollados, lo que está a la vista es una próxima y grave escasez de alimentos.
De esta crisis alimentaria han alertado recientemente la ONU –por conducto de su oficina para la Alimentación y la Agricultura–, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el G-8 –que recientemente acordó destinar 20 mil millones de dólares para incentivar la producción de alimentos en los países pobres– y hasta organismos que antes desdeñaban la protección de los sectores agropecuarios, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
A principios de la década pasada estos organismos sostenían que era inútil que los gobiernos del mundo destinaran recursos a la producción de alimentos básicos, cuando los podían importar más baratos.
Lejos de su ortodoxia hoy reconsideran su tesis y afirman que, dado el contexto actual, los países deben tener al menos 75% de autosuficiencia alimentaria, que esa cantidad se debe producir para el abasto interno.
Apenas el miércoles 4 estuvo en México el director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, el chileno Nicolás Eyzaguirre, quien afirmó que una forma de reducir la dependencia comercial de México respecto de Estados Unidos –una de las mayores vulnerabilidades de la economía mexicana– es volver la mirada a la producción agropecuaria y a la demanda de alimentos en Asia.
Eyzaguirre aseguró que México tiene potencial para aumentar la producción de alimentos, satisfacer la demanda interna y aun para exportar.  (CA y JCC) 

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PROCESO: Investigan la muerte del poeta Francisco Marín

Investigan la muerte del poeta Francisco Marín

VALPARAÍSO, CHILE.- El Partido Comunista (PC) de Chile presentará una querella criminal contra quien resulte responsable por el posible asesinato de Pablo Neruda, informó Guillermo Teillier, dirigente de esa agrupación política.
El PC determinó lo anterior a raíz de las declaraciones hechas a Proceso (edición 1801) por Manuel Araya, quien fuera asistente personal de Neruda, en las que habla de las extrañas circunstancias que rodearon la muerte del poeta chileno. 
Según Araya, el 22 de septiembre de 1973 Neruda se aprestaba a viajar a México en un avión enviado por el presidente Luis Echeverría. El escritor, internado en la clínica Santa María de la capital chilena, avisó a su esposa, Matilde Urrutia, así como al propio Araya, que un médico le había puesto una inyección en el estómago. Unas horas después murió.
En entrevista con este semanario Teillier afirma que la acción judicial se presentará antes de que termine mayo. “Nuestros abogados están estudiando el caso y ya se pusieron en contacto con Manuel Araya. Están recopilando todos los antecedentes que puedan ser relevantes para entablar la querella, como el certificado de defunción, que aún no se ha encontrado”. 
Teillier adelanta que solicitarán que se nombre un ministro en visita que haga todas las diligencias que permitan aclarar las causas de la muerte del Premio Nobel.
El líder del PC dice: “No me gusta especular, pero al tenor de las situaciones que se han vivido aquí y considerando que Pablo Neruda, si lograba salir del país, se hubiera transformado en un formidable enemigo de la dictadura de Pinochet, no resultaría sorprendente que lo hayan matado”.
Añade: “Pinochet ordenó el asesinato de todas las personas que de alguna u otra manera podían convertirse en una amenaza. Es el caso del general Carlos Prats, del canciller Orlando Letelier. Además atentó contra Bernardo Leyton (líder democratacristiano), contra Volodia Teitelboim (exsecretario general del PC) y otros personajes políticos que estaban en el exterior. 
“Araya dice que a Neruda se le aplicó en el cuerpo una sustancia extraña. Y esto no sería una excepción: en la misma clínica Santa María, donde falleció Neruda, murió aparentemente por efecto de drogas introducidas en su cuerpo el expresidente Eduardo Frei Montalva (22 de enero de 1982).” 
El líder comunista expresa que el exministro de Interior de Salvador Allende, José Toha, y el propio mandatario socialista pudieron ser asesinados por la dictadura. Ambas muertes son investigadas y este lunes 23 se exhumarán los restos de Allende por una orden del juez Mario Carroza.
Teillier asegura que el PC hará “todos los esfuerzos posibles” por aclarar la muerte de Neruda y dice que el poeta “está en el ADN del Partido Comunista”. Neruda fue precandidato presidencial del PC con miras a las elecciones de septiembre de 1970, en las que finalmente Allende representó a la Unidad Popular. 

Reacciones 

Las revelaciones de Manuel Araya –publicadas por Proceso (1801)– fueron retomadas por medios de varios países, como El Mundo, de España; Liberation y Le Figaro, de Francia; Venezolana de Televisión; Cuba Debate; BBC Mundo; el canal SBS de Australia y las agencias France Press y ANSA.
Por ejemplo, el 11 de mayo el diario español El Mundo publicó: “El exchofer de Neruda afirma que el poeta fue asesinado por Pinochet”. Enfatiza que esta información se conoce sólo unos días antes de que los restos del presidente Salvador Allende sean exhumados. Reseña la nota de este semanario.
Ese mismo día el diario Folha, de Sao Paulo, publicó que Neruda “fue asesinado por la dictadura chilena, dice su exasistente”. La agencia ANSA reportó que “Araya contó a la revista Proceso detalles de los 12 días transcurridos entre el golpe militar, perpetrado el 11 de septiembre de 1973 y la muerte de Neruda, el 23 del mismo mes”. 
France Press emitió desde Santiago de Chile un cable el mismo 11 de mayo con el título “La muerte del poeta Pablo Neruda es objeto de polémica en Chile”. Citó la versión de Araya proporcionada a Proceso y señaló: “Las circunstancias en que murió el poeta y Premio Nobel chileno (…) son objeto de discusión en Chile, tras la denuncia de asesinato que realizó su último asistente personal, desestimada por la Fundación que administra su obra”.
En efecto la Fundación Neruda descartó la posibilidad de que Neruda fuera asesinado. En comunicado de prensa del 12 de mayo, esta entidad sostuvo que “no existe evidencia alguna ni pruebas de ninguna naturaleza que indiquen que Pablo Neruda haya muerto por una causa distinta del cáncer avanzado que lo aquejaba desde hacía tiempo”.
Agregó que “el golpe militar del 11 de septiembre de 1973, la muerte de su amigo, el presidente Salvador Allende, y la persecución desatada contra otros de sus amigos agravó su estado de salud, hasta el punto que en las difíciles condiciones creadas por la represión de esos días tuvo que ser trasladado de emergencia desde su casa de Isla Negra a la clínica Santa María el 19 de septiembre”.
Afirma también que “no parece razonable construir una nueva versión de la muerte del poeta, sólo sobre la base de las opiniones de su chofer, el señor Manuel Araya, quien viene insistiendo en este asunto sin más prueba que su parecer. Nos parecen mucho más serios y confiables los testimonios de las personas que estuvieron junto a Neruda en sus últimos días de vida, especialmente el de su viuda, Matilde Urrutia, quien en su libro Mi vida junto a Pablo entrega una versión que consideramos fidedigna sobre la muerte del poeta”.
Un día antes que se emitiera esta declaración, el director de archivos de la Fundación Neruda, Darío Oses, fue entrevistado por la periodista de Radio Bio Bio, Dániza Tomicic. Consultado por las razones específicas que desencadenaron la muerte de Neruda, Oses expresó: “No conozco el protocolo de autopsia (…) es importante conseguir estos documentos para tener claridad sobre lo que pasó. Pero todos los testimonios apuntan a que no era necesario proceder a un asesinato porque el estado de Neruda era bastante grave, bastante crítico”

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PROCESO: Juárez: Cómo se vive en la muerte... Judith Torrea

Juárez: Cómo se vive en la muerte...Judith Torrea

Juárez en la sombra es el resultado de haber vivido en la ciudad más violenta del mundo los últimos 14 años y de observar y narrar sus tragedias cotidianas. Con crónicas incluidas en este volumen, la periodista-bloguera española Judith Torrea Oiz mereció los premios Ortega y Gasset de Periodismo Digital 2010 y el BOB-Reporteros Sin Fronteras 2011. Con autorización de la editorial Aguilar y de la autora publicamos un fragmento de este libro de reciente aparición.

“El Buitre”

Los 70 casquillos en la arena. Y él, acercándose con su camisa planchada, impecable, de color blanco. Los pantalones son de mezclilla. Ve dos cadáveres, la mirada de unos niños que sonríen como si fueran inmunes al dolor. Y no sabe qué le aterra más: si el presente o el futuro. 
De pronto, descubre otros dos. Más uno: son cinco los nuevos. Los convertidos en muertitos. Como en una película. Real. 
Se fija en los cuerpos tirados en las calles sin pavimentar de Ciudad Juárez. La puerta del Nissan 2001 está abierta, como si hubieran intentado huir y al hacerlo se abrazaron en la muerte: uno encima de otro. 
Una mujer sale de la casa de enfrente con una cobija para cubrir a los jóvenes. Llegan los gritos de las madres, las novias, los novios y él preferiría huir. Le gustan más los muertos que ya no pueden susurrar ni lo que casi nunca se sabrá con precisión en Ciudad Juárez: quién los mató y por qué. Por el cerro suben riadas de personas que se distribuyen en el triángulo mortífero de las calles. Lo hacen para salir de la agonía de la duda: ver si les tocó o no a sus hijos. 
Ya cayó la noche. 
Del vehículo los rafaguean, es un Pontiac que surgió con un atardecer mágico de feroces rojos y que ya se ha esfumado. Primero dispararon a un chavo. Luego dieron la vuelta, comenzaron a perseguir al carro de los dos jóvenes y al de las chicas, de 15 años. A una de ellas le habían asesinado un hermano hacía unos meses. 
Él se acerca con cautela, va de un escenario del crimen al otro, recorriéndolo en unos tres minutos a pie. Y se fija quién está más tranquilo de todos los familiares de las víctimas. A veces, en unos 45 minutos, las madres que han entrado en crisis comienzan a asumir lo que ha pasado. Ésta es la clave para su trabajo: saber cuál es el momento. Se acercará. Y hará lo que está haciendo ahora: 
“Disculpa que me atreva a hablar contigo ahorita, pero es necesario que te explique lo que tienes que hacer: el día de mañana te tienes que presentar a Averiguaciones Previas, con dos familiares y la papelería. Es necesario que te presentes con una funeraria. Si en algo te puedo servir, aquí tienes mi tarjeta.” 
Los “buitres” son personas que van en busca de cadáveres: para vender a sus familiares un servicio funerario. Lo antes posible. Y este hombre es un “buitre”. Trabajan en silencio, de incógnito hasta que sienten un tantito de confianza. Pueden ser muy mal recibidos. 
En ocasiones, un mismo buitre puede trabajar para varias funerarias. Como si fuera un freelance de los entierros. Se llevará una comisión. El servicio más solicitado ahora es el más barato. Cuesta unos 4 mil 500 pesos (unos 372 dólares), de los que le tocarán al “buitre” unos 500 (41 dólares) por servicio contratado. Otros reciben el salario fijo de la funeraria, unos 2 mil 500 pesos (unos 200 dólares) a la semana. 
Los mejores son los que llegan antes a la tragedia: la estudian, se acercan con discreción y consiguen que los familiares los atiendan. Cada vez hay más buitres “reciclados” de otras profesiones que se van extinguiendo al mismo tiempo que sus negocios. Entre los nuevos muerteros –porque también les llaman así–hay desempleados de las maquiladoras, de discotecas, cantinas y restaurantes que huyeron con la violencia. Pero ya pocos se atreven a lanzarse hasta las escenas del crimen. Trabajan de otras maneras: vendiendo servicios a los vivos que saben que la vida es un instante genial que puede ser arrebatado.
Este buitre es Ángel, el nombre que eligió por seguridad. Porque a ellos también los matan. 

Su promesa 

Un domingo de hace casi un año. Cervezas en la tarde. Entre los ataúdes. Al finalizar la jornada. El Buitre y su amigo, con sus esposas, en la funeraria donde trabajaban. 
“Si algo llega a pasarme a mí, mándame en este ataúd, el más corriente, y ahí le encargo yo que me vaya y mi familia a Veracruz”, dijo El Buitre. 
Y él le contestó: “No, licenciado. Si a mí me toca irme antes quiero éste (un ataúd de madera fina y con la Virgen de Guadalupe grabada) y también le encargo la familia”. 
Dos semanas después el amigo estrenó su ataúd: como otro compañero de la misma compañía de servicios fúnebres pero que había sido asesinado un día antes. Eran las 3:30 de la tarde, lo mataron e incendiaron también la funeraria: con los cadáveres dentro. Sobrevivió, entre las cenizas, un letrero en una de las paredes que dice: “Un digno adiós a quien amor merece”. 
La compañía fúnebre era de un padre de familia que había huido dos años antes a Estados Unidos, por la violencia. Y tenía tres sucursales. Dos fueron quemadas al segundo de acribillar a los trabajadores, y la tercera la abandonaron los empleados: al día siguiente del segundo asesinato. 
El Buitre pensó en huir. Como lo hicieron algunos de sus 20 compañeros. Y miles de juarenses: en un paisaje de edificios incendiados por no pagar una cuota de extorsión y casas abandonadas. 
Imaginó cómo sería regresar a su natal Veracruz, de la que emigró hace una década en busca de trabajo. No tenía dinero para irse pero podía tomar unos pesos que le habían quedado para hacer unos pagos pendientes de la funeraria. En ese instante, su esposa le recordó aquellas cervezas. 
“Decidí quedarme y empezar a fregar la existencia a ella (dice riéndose, mirando a la viuda de su amigo), y ahorita sí, ha habido momentos en que yo me desespero y quisiera irme, pero me he aguantado y creo que no va a suceder, porque entre más tiempo pasa, más me encariño aquí con Juaritos”. Y mucho. Hace seis años, El Buitre partió por casi un año, con toda su familia, al histórico puerto de Veracruz: una ciudad hermosísima, en la que todavía se puede salir a las calles sin peligro de que te maten. Lo hizo por motivos personales. Cuando terminó el ciclo escolar preguntó a sus hijos si querían volver a Ciudad Juárez o se quedaban. La respuesta fue: “Vamos para Juárez”. Y él escuchó el deseo de su familia un tanto aliviado: “Te voy a decir que en Veracruz ya no me aclimaté. Dicen que si tomas agua de Juárez, acá te quedas”.

La viuda del compadre

Nunca había visto un muerto: hasta que le tocó ver a su esposo. Lo había acompañado antes a su trabajo, en la funeraria, pero lo máximo que había querido divisar eran los ataúdes. Lo suyo era la venta de perfumes en un mercado de segundas. Le gustaba transformar el universo polvoriento de su puesto con olores que soñaban a Europa. Cuando fue asesinado, se enfrentó al mundo de su marido. En su propio cadáver: la cara deformada, la sonrisa oculta, los agujeros de las balas. 
Lo peor vino después. La soledad de la casa, el silencio de su hijo. Quiso caer en una depresión. La familia de El Buitre no la abandonó. Tanto así que al mes se mudaron a una casita contigua. Y contaban con ella para todo, “que si vamos por un muertito en la calle, al Semefo (Servicio Médico Forense), a visitar a la familia de un asesinado”. No querían dejarla sola y la invitaban a compartir sus actividades, que ya no eran divertidas: en los últimos tres años –desde que comenzó la llamada guerra contra el narcotráfico del presidente de México, Felipe Calderón– los domingos habían pasado de ser motivo de carne asada en el parque, a convertirse en jornadas agotadoras. Había demasiada chamba, asesinatos. En una ciudad donde los únicos negocios que nacen son los de la muerte: pequeñas funerarias, arreglos florales, canciones para los difuntos. 
Ahora es una viuda la que acompaña al compadre de su esposo asesinado a buscar cadáveres: como si el ser testigo directo de la muerte fuera un antídoto ante los porqués de la pérdida. “A veces, lo que una ve es más horrible que lo que tú pasaste. Lo más duro es cuando a una madre le matan a su hijo”. 
Va con la esposa de El Buitre. A unos pasitos más adelante que ella. Como si fueran guardaespaldas improvisados que intentan esquivar la muerte: a la vez que la persiguen. 
“Yo ando con él por lo mismo, por la situación que existe ahora, para no dejarlo solo”. Ni en los cadáveres. 
“Y olvidar”. Apunta la viuda. 

Buscando “muertitos”

Cada vez veo más a El Buitre. Hay días en que me lo encuentro seis veces, otros 15 o 20, incluso hasta 27. Las muertes golpean con más fuerza a la ciudad. Los muertitos son cada vez más jóvenes, adolescentes, niños. Y la brutalidad de los asesinatos aumenta: masacres, cuerpos torturados y calcinados e incluso han comenzado los coches bomba, las granadas. Y las persecuciones de los policías federales por la ciudad, mientras la gente corre del pánico y sufre crisis nerviosas. A las desapariciones y asesinatos del Ejército se han sumado los de la Policía Federal, que también son acusados de extorsionar a la población y secuestrar, según la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Lo que continúa igual es que los asesinados no portan, la mayoría de las veces, armas. 
Lo que hay son más fuerzas de seguridad, son 10 mil agentes: federales y soldados enviados por el presidente de México, Felipe Calderón. 
Los reporteros y los “buitres” llegamos (muchas veces) antes que ellos al lugar de los hechos. Y uno comienza a cuestionarse muchos porqués. 
Nuestro trabajo cada vez es más difícil. La mayoría de las agresiones directas que recibimos son de las fuerzas de seguridad. Para no informar. También hay presiones de los cárteles de la droga que tratan de imponer su agenda informativa (incluso con periodistas corruptos) y la posibilidad de morir en una balacera, un granadazo o una bomba en la calle, como cualquier ciudadano. 
El peligro ahora se ha democratizado: ya no es sólo para las jóvenes, bellas (y eso sí, pobres) que siguen desapareciendo desde hace 18 años y con comisiones ineficaces que surgen para calmar la presión internacional. Encontrarlas, prevenir y esclarecer los hechos es todavía un imposible: posible. 
El riesgo está en estar vivo: más de 7 mil 500 personas (asesinadas) en cuatro años fueron testigos. La versión oficial es que el cártel de Sinaloa está disputando la codiciada plaza del paso de las drogas –que llegan desde Colombia para que en Estados Unidos las consuman (en paz) –. Y que el presidente Calderón comenzó su guerra para proteger a la ciudadanía de la violencia generada por el crimen organizado, además para exterminar uno de los mayores negocios del mundo, que ha convertido a políticos y empresarios en millonarios. Las autoridades dicen que la mayoría de los muertos están relacionados con el narcotráfico. Pero yo veo otro mundo. El Buitre también. El mundo de los que se quedan. (...)

Tragedia en cada esquina

Con El Buitre empiezo a descubrir la Ciudad Juárez que se resiste a morir. La que muere cada día, varias veces, pero resucita con los que se quedan, forjados en este desierto traicionero: de inviernos heladores y veranos que desearías huir. 
Vamos por la colonia Manuel Valdez, una de las tantas zonas pobres de la ciudad: las casitas en hilera. Observamos las rejas que protegen algunas ventanas. Las calles están pavimentadas, algo no muy común en una ciudad como ésta, donde 60% son de arena, como el desierto. 
–Aquí, Judith, han pasado muchas desgracias, en esta colonia, todas relacionadas con el narcomenudeo: entra un comando armado y asesinan a dos hermanas en la casa, delante de niños y la mamá de ellas. Al mes, matan al tío en la misma zona. 
Manejamos unos minutos más, hasta llegar a un retén de los soldados: hay que reducir la velocidad, mejor incluso detener el vehículo, estar muy atentos porque pueden comenzar a dispararte si de pronto piensan que eres sospechoso. 
–Al señor de esta esquina le matan al hijo por la cuota. Se han cerrado negocios así como no tienes idea... Me da mucha tristeza. Te voy a decir algo: Juárez me ha dado mucho, le tengo un cariño enorme pero también me ha pegado. Me ha pegado en dos personas, por decirlo así, mis compañeros de trabajo que han fallecido... y eso que hay temporadas en las que no hay chamba, en que si comiste carne en un mes, en un mes vas a comer puros frijoles... pues como quiera se pasa. Pero te digo que de tres años para acá, esto ha cambiado. 
Varias personas están fuera de una casa. Mujeres y muchos niños. También algunos adolescentes. El llanto de una mujer se escucha por toda la calle. Es un llanto continuo, capaz de desgarrar las entrañas de cualquier ser humano: aunque no sepas su nombre ni nunca la hayas conocido. Ni a ella ni a su hijo, y al que está velando en el patio de la casa. Y El Buitre va a cerciorarse en qué estado se encuentra el cadáver. Muy pocos en este oficio hacen esto. Pero siente un apego especial hacia sus muertos... y con sus vivos. 
Entra a la casa. Saluda y observa quién está más tranquilo de los allí presentes. Va hacia el cuñado, le recuerda que tiene que conseguir una misa a más tardar para la 1:00 de la tarde y así llegar a tiempo al cementerio. La familia es la que debe de hablar con el párroco de la iglesia porque no hacen tratos con ellos. Les recomienda que sepulten al joven al día siguiente y que no esperen una jornada más, por la salud psicológica de la madre. 
El Buitre se acerca al féretro y se asegura que no haya veladoras a los lados, porque el efecto del calor derretirá aún más un cadáver que espera ser sepultado bajo los más de 40 grados centígrados que azotan hoy a Ciudad Juárez. Su dictamen es que el cuerpo está en buenas condiciones aunque fue herido en el rostro. En ese recinto, el muertero es el único que piensa que todo está en orden. 
El Buitre se despide del féretro: lo que queda de un joven que se dedicaba a vender raspados: hielos de sabores con los colores de la vida. 
“Ahorita, lo que muchas familias (como ésta) enfrentan es costear un servicio funerario. En éste nos damos cuenta al recibir el cuerpo que es un toro...” 
El servicio costó 2 mil pesos (unos 165 dólares) más. Por obeso. 
“Murió ahí donde estabas parada.”

¡AMLO 2012!

PROCESO: A Calderón lo aguardan un juicio penal y la condena política - Jorge Carrasco Araizaga

A Calderón lo aguardan un juicio penal y la condena políticaJorge Carrasco Araizaga 

Con la Constitución en la mano, en entrevista con Proceso, el jurista Diego Valadés abre con bisturí al sistema político mexicano y pone en el banquillo al presidente Calderón y a su gobierno: 

• Calderón puede y debe ser enjuiciado penalmente por violación a la Ley Electoral en 2009.
• Él y su gabinete de seguridad tienen la responsabilidad política de una guerra con resultados nefastos. 
• Quiso para él todos los lauros de la victoria; tendrá todo el acíbar de la derrota.
• El Congreso debe crear una gran comisión nacional de investigación de la violencia. 
• En una democracia consolidada, García Luna hace tiempo que estaría fuera del gobierno. 
• Hoy, el eje del problema es que tenemos un gobierno de incompetentes.
• “No queremos ser gobernados por delincuentes ni tener expresidentes en la cárcel, pero...”

A Felipe Calderón lo aguarda un proceso judicial para cuando abandone la Presidencia de la República: a su responsabilidad política por los 40 mil muertos que son el saldo, hasta ahora, de su estrategia de “guerra contra las drogas” se agrega una sentencia firme en su contra por violar la Constitución en materia electoral.
A partir del 2 de diciembre de 2012, ya sin la inmunidad presidencial, podrá ser sometido a juicio penal debido a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) lo responsabilizó de violar ,“sin equívocos”, la Constitución política durante el proceso electoral del año pasado.
La decisión de actuar contra el ciudadano Felipe Calderón está en manos de la actual legislatura en la Cámara de Diputados, explica el constitucionalista Diego Valadés Ríos, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.
Añade que el gabinete de seguridad nacional y el presidente de la República tienen responsabilidad política por la violencia que padece el país “en cuanto a que su función ha sido con resultados adversos a los objetos perseguidos”.
Sin embargo, aclara, ni los secretarios de Seguridad Pública, de la Defensa Nacional o de la Marina, ni el presidente podrán ser juzgados penalmente por la violencia del sexenio, “pues no se puede decir que algún delito en particular se haya cometido por orden expresa de los secretarios y menos aún del presidente. La responsabilidad es política, no penal”.
Incluso la declaratoria de guerra que Calderón le hizo al narcotráfico, comenta, fue una expresión coloquial que no tiene implicaciones jurídicas. “Pero lo que no podrá hacerse es que todo lo ocurrido quede sin investigarse y sin dictamen oficial, independientemente de que sea la verdad histórica”. Por ello, Valadés propone que desde el Congreso se cree “una gran comisión nacional de investigación de la violencia”.
Esta instancia, dice, realizaría el diagnóstico “de las formas de ejercicio de la violencia por parte de los delincuentes y de las fuerzas del Estado, para que sobre éstas no caiga la sombra de la duda de que pudieron haber delinquido. Y para que si alguien como miembro de las mismas delinquió, que no ensombrezca la imagen del Estado en general, sino que responda quien deba hacerlo por los delitos que pudiera haber cometido”.
Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, exdiputado federal y extitular de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Valadés señala que “la democracia a medio construir” de México impide la censura y consecuente salida de un secretario de Estado, como la del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
En el “sistema semidemocrático” que prevalece en México la responsabilidad política no se puede traducir en sanciones, dice en entrevista con Proceso, efectuada en medio de la discusión pública desatada a raíz de la demanda de que renuncie García Luna, planteada por el poeta Javier Sicilia al final de la Marcha por la Paz con Justicia y Dignidad.
Doctor en derecho constitucional cuyas investigaciones abordan temas como el control del poder, el también exdirector del IIJ advierte sobre la falta de mecanismos para procesar ese tipo de exigencias.
“Esto denota la insuficiencia de nuestro sistema constitucional en materia de consolidación democrática, porque si bien tenemos libertades públicas, como se expresó el domingo (8 de mayo), cuando todos los ciudadanos que lo desearon pudieron participar (en la marcha) en los términos más libres posibles, no tenemos el complemento de las libertades públicas, que son las responsabilidades políticas”, apunta.

Inmunidad temporal

La Constitución establece con claridad las responsabilidades jurídicas de los servidores públicos, incluido el presidente de la República. El TEPJF refrendó este precepto el 25 de agosto pasado al emitir su fallo en el juicio promovido por el PRI en contra de Calderón por hacer propaganda ilegal en el proceso electoral de 2010.
La resolución fue adoptada por unanimidad de los siete magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, a propuesta de su presidenta, María del Carmen Alanís, quien en 2006, debido a su cercanía con Margarita Zavala, fue una de las impulsoras de la candidatura presidencial de Calderón.
Los magistrados determinaron que el titular del Ejecutivo federal violó el artículo 41 constitucional, “que se refiere nada menos que al ejercicio de la soberanía popular”, apunta el constitucionalista, quien desde febrero de 2007 es miembro de El Colegio Nacional.
Explica que aunque el título IV de la Constitución, que alude a las responsabilidades de los servidores públicos y patrimonial del Estado, no establece responsabilidades específicas para el presidente, el TEPJF determinó que Calderón “sí puede ser sujeto a un procedimiento administrativo sancionador en materia electoral”, a pesar de lo establecido en el artículo 108 de la Constitución.
De acuerdo con ese precepto, durante el tiempo de su encargo el presidente de la República sólo puede ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común.
“Sin embargo –sentenció el tribunal– ello no descarta la posibilidad de que a la conclusión del mandato pueda ser juzgado de manera ordinaria por cualquier otro delito cometido durante el periodo de su gestión, puesto que la inmunidad de la que goza sólo se hace efectiva durante el tiempo que funge como presidente de la República.”
En su dictamen, los magistrados electorales advirtieron: “La inmunidad constitucional establecida a favor del presidente de la República no tiene alcances de eximirlo de responsabilidad por una violación a normas constitucionales y legales en materia electoral”.
Asimismo, el tribunal determinó que Calderón violó la Constitución “al difundir propaganda gubernamental” los días 15 y 30 de junio y 1 de julio, en vísperas de las elecciones del 4 de julio de 2010. Entre otras, Calderón hizo alarde de sus acciones en materia de seguridad.
Los magistrados le imputaron al mandatario “la violación directa” al segundo párrafo del apartado C, base III, del artículo 41 de la Constitución. Según esa disposición, durante el tiempo que duren las campañas electorales federales y estatales, y hasta la conclusión de la jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, salvo que se trate de una emergencia.
Con su conducta, plantea Valadés, Calderón violó el artículo 87 constitucional “que contiene el juramento que hizo el 1 de diciembre de 2006 de hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen y que termina: ‘y si así no lo hiciera, que la nación me lo demande’”.
Afina su argumentación: El artículo 51 de la Carta Magna dice que para efectos de representación de la nación está la Cámara de Diputados. Así es que en función de ambos artículos, ésta “debía presentar una denuncia a la brevedad ante la PGR en contra del ciudadano Felipe Calderón para que la averiguación proceda cuando deje de ser presidente de la República”.
Considera que esa acción debe ser emprendida de inmediato por la actual legislatura. Dejarlo para la siguiente “parecería un acto de venganza política y no debe ser entendido así, sino como observación de una obligación, la que tienen los representantes de defender los intereses de la nación”. Además, “actuarían apoyados en una resolución que tiene fuerza de ley”, como lo es la sentencia del máximo órgano jurisdiccional en materia electoral.
Respecto de una eventual sanción contra Calderón, dice que le es aplicable el artículo 407, fracción III, del Código Penal Federal, que establece de 200 a 400 días de multa y prisión de uno a nueve años al servidor público que destine de manera ilegal fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición en virtud de su cargo, como es el aparato propagandístico gubernamental.
La prescripción del delito, equivalente al término medio de la pena, se empezaría a contar a partir de que haya una denuncia contra Calderón. “Por eso considero que la actual legislatura debe poner en conocimiento del Ministerio Público lo que ya resolvió el Tribunal Electoral”, indica el jurista.

Reincidencia

Una conducta similar a la de Calderón le atribuyó el propio Tribunal Electoral al expresidente Vicente Fox. En su dictamen del 8 de septiembre de 2006, en el que declaró presidente a Calderón, el TEPJF matizó su imputación al decir que si bien Fox “puso en grave riesgo la elección” al operar en contra del candidato Andrés Manuel López Obrador, su interferencia no se podía medir electoralmente. 
Miembro de institutos y academias de derecho en América Latina y Europa, Valadés habla de las implicaciones de la violación cometida por Calderón:
“Hubo impunidad para el presidente en 2006. En 2009, el presidente reiteró los hechos, y si de nueva cuenta hay impunidad, entonces quiere decir que muy bien podrá reiterar los hechos en 2012. Es decir, si ya violó la Constitución en 2009 y no hay nada ni nadie que se lo impida, podemos presumir y temer que puede hacer lo mismo en 2012.” 
Admite que una denuncia de la Cámara de Diputados generaría tensión en el país, “pero si el año que entra hubiera otra vez violación de la Constitución por parte del presidente, la tensión también sería inevitable. De manera que estamos lamentablemente condenados a vivir un periodo de tensión política mientras no resolvamos la estructura de nuestro sistema constitucional, por lo que se refiere al régimen de gobierno”.
Y añade: “No queremos ser gobernados por delincuentes y tener expresidentes en la cárcel; pero para evitarlo tenemos que mandarles a los presidentes mensajes firmes, claros, precisos y basados en derecho para que se abstengan de violar la ley y cumplan con la obligación a la que se comprometieron cuando tomaron posesión conforme al artículo 87 de la Constitución”. 
–¿Es un asunto de equilibrios?
–No, es un asunto de control del poder.
Explica: “El gobierno no está controlado ni por lo que respecta a sus actos ni a sus omisiones”. Y cita el caso del obsequio de entre 13 mil y 17 mil millones de pesos –mediante deducciones impositivas– al sistema educativo privado decretado este año por Calderón, y apoyado a su vez en un decreto de 1977 del entonces presidente José López Portillo. La medida, dice Valadés, se tomó en un momento de restricciones presupuestales en que la educación pública presenta muchas carencias.
“No tenemos formas de fincar responsabilidades. Esto quiere decir que nuestros controles son los que están fallando”, en particular el del Legislativo. “No puede ser que el Congreso establezca los impuestos y que el presidente decida quiénes no los pagan”, expone.
Autor, entre otros, de textos acerca del sistema representativo, asegura que esa ausencia de controles demuestra que el Estado mexicano es “altamente deficitario”. En el caso del gobierno de Calderón, dice, este hecho se expresa en su actuación ante el problema de la inseguridad. 
Valadés considera que no obstante estar apoyada en el derecho de petición establecido en el artículo 8 constitucional, la solicitud de renuncia de García Luna “carece de instrumentos constitucionales para procesarla”.
En cambio, en un sistema democrático consolidado, esa demanda tendría un gran respaldo al permitir la censura de los integrantes del gabinete, formulada fundamentalmente por los congresos o los parlamentos. 
“Si ese fuera el caso, el secretario García Luna habría dejado hace tiempo de formar parte del gabinete presidencial. Pero en las democracias a medio construir, como la mexicana, en la que todavía padecemos los efectos de un presidencialismo autoritario, altamente concentrador del poder, lo que planteen la sociedad y el Congreso, así sea de manera mayoritaria, puede ser ignorado por el presidente de la República. Es un signo más de la caduquez de nuestro sistema presidencial”, lamenta.

Anacronismo

Aunque en México no se establece la diferencia entre jefe de Estado y jefe de gobierno, “lo que no podemos entender es que la irresponsabilidad del jefe de Estado trascienda y beneficie a todos los que colaboran con él”. 
Y apunta: “En México no se equivocan el presidente ni el secretario de Seguridad Pública o el de Gobernación ni ningún otro secretario de Estado, aunque todos los mexicanos estemos enterados y seamos conscientes de los múltiples errores en que incurren.
“Los fracasos de los secretarios de Estado son palmarios y los estamos pagando todos. Tenemos una pluralidad de secretarios fallidos que fracasaron hace mucho tiempo y que demuestran que el problema va más allá del narcotráfico. El eje del problema es que tenemos un gobierno de incompetentes.”
Modificado el sistema en el que el titular del Ejecutivo concentraba el poder, ahora “el presidente ocupa el vértice de poder, pero sin los instrumentos del mismo. En esas circunstancias, ni hace ni deja hacer. 
“Ser jefe de Estado en México –puntualiza– es ser el protagonista de un sistema que ya falleció y del que sólo nos queda la representación fantasmagórica de una autoridad que carece de instrumentos para alcanzar resultados objetivos.”
Y si, además, “llevado por ese falso principio de autoridad de que sus decisiones son perfectas y por lo tanto irrevocables, como en el tema de la seguridad, entonces puede sostener a quien se le ocurre y antoje”, dice en relación con el apoyo de Calderón a García Luna.
En una entrevista con Julio Scherer García, publicada en el libro Historias de muerte y corrupción, escrito por el fundador de Proceso y cuyo adelanto apareció en la edición 1790 del semanario, el general retirado del Ejército Luis Garfias Magaña insistió en que Calderón debió haber procedido a la suspensión de garantías prevista en el artículo 29 constitucional para actuar contra el narcotráfico.
Valadés coincide: “Los actos de gobierno habrían sido controlados por el Congreso y la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles tendría el apoyo de todos los partidos. Se habría construido una política de Estado. Pero el presidente quiso tener todos los lauros de la victoria; pero también va a recibir todo el acíbar de la derrota”.
A la violencia exacerbada, detalla, se suma la lenidad en la PGR; es decir, el incumplimiento de su deber de investigar los delitos, sobre todo de aquellos emblemáticos, como los que se relacionan con el caso de los niños que murieron quemados en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora; el de las fosas clandestinas en estados norteños, o el de la situación de los inmigrantes centroamericanos, quienes son asesinados y sometidos a toda clase de vejaciones en su paso por México hacia Estados Unidos.
“Esto habla de que el país está viviendo una dilución institucional como no conocíamos desde el siglo XIX. Y, o tenemos una respuesta rápida, constructiva, de una reforma institucional muy profunda en el tiempo más breve posible, o bien lo que estamos viviendo hoy nos lleve a situaciones peores, y muy bien podría ocurrir que en 2015 digamos: ‘qué bien estábamos en 2011’”, sentencia.

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TIEMPO DE MUJERES - ALCALDE JUSTINIANI: : El fraude del insourcing

TIEMPO DE MUJERES: El fraude del insourcing


El fraude del insourcing



Arturo Alcalde Justiniani

Antes de finalizar el presente mes la mayoría de las empresas estarán obligadas a cubrir a sus trabajadores 10 por ciento de las utilidades que hubieran obtenido el año anterior. Si bien esta es la regla general, en la realidad serán muy pocas las que cumplan, apoyadas en un truco grotesco que se ha reproducido silenciosamente a lo largo y ancho del país.
La maniobra consiste en crear una razón social comúnmente conocida como empresa de servicios, con ella la empresa real celebra un contrato mercantil que tiene por objeto el traslado de la totalidad del personal. Así de simple, así de burdo. En el catálogo de las nuevas denominaciones suele llamársele insourcing para distinguirlo del proceso de suministro de personal externo conocido como outsourcing.

Si nos preguntáramos ¿cuántos trabajadores tiene Bancomer? nos extrañaría la respuesta: ninguno. Sus miles de trabajadores aparecen con una razón social distinta. Esta condición se extiende en todas las ramas de actividad, incluso en los centros laborales más pequeños. En días pasados, el combativo sindicato de trabajadores de gasolineras en la ciudad de México (STRACC) demandó la titularidad del contrato colectivo de Autoservicio Bonar, SA de CV, depositado en la junta laboral local con un sindicato de protección patronal; la respuesta de la empresa fue que no tenía trabajadores, y que quienes laboraban en ella pertenecían a otra compañía.

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El músculo ideológico que fraguó el 15-M

El músculo ideológico que fraguó el 15-M: "

Aspecto del lleno absoluto que presentó, en la medianoche del pasado viernes, la Puerta del Sol de Madrid, en el minuto cero de la jornada de reflexión.-ÁNGEL NAVARRETE

Radiografía de los nombres y apellidos del movimiento social que ha desembocado en la acampada de la Puerta del Sol de Madrid

Muchas de las organizaciones que componen el músculo ideológico del movimiento 15-M coinciden en que el 24 de abril de 2010 se sembró gran parte de lo que estos días se cosecha en la Puerta del Sol. Aquel día, 30.000 personas hicieron el mismo trayecto entre Cibeles y Sol que se recorrió el 15 de mayo, pero para protestar contra la impunidad de los crímenes del franquismo. La indignación por la persecución del juez Baltasar Garzón por el Tribunal Supremo sacó a la calle a mucha 'gente corriente', como se autodefinen los componentes de la plataforma Democracia Real Ya.

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