21 de abril de 2011

monsi EL ESTADISTA Y SU ESTILO


monsi EL ESTADISTA Y SU ESTILO, originalmente cargada por trianero2.

¿Estado fallido?-- John Saxe-Fernández

¿Estado fallido?-- John Saxe-Fernández: "Según Connie Mack, del Subcomité de Asuntos Hemisféricos de la Cámara baja de Estados Unidos, la amenaza de un Estado fallido se asoma a lo largo de nuestra frontera sur con México. Lo advirtió en una sesión en que, según David Brooks, además del uso de términos como Estado fallido y guerra, se contempló la posibilidad de enviar tropas. (La Jornada (J) 14-4-2011 p.9) ¿Cómo llegamos a este estado de cosas? ¿Cuál es la génesis del declive del Estado mexicano?

Pregunto esto porque, casi en paralelo, nuestros diputados reciberon del Senado el proyecto de Ley de Asociaciones Público Privadas (LAPP) impulsado por el Banco Mundial (BM) –ente subrogado al Tesoro de EU– y aprobado por el PRI y el PAN, para privatizar los servicios públicos del Estado formalizando relaciones contractuales de largo plazo entre instancias del sector público y del sector privado para la prestación de servicios al sector público o al usuario final en los que se utiliza una infraestructura provista total o parcialmente por el sector privado.

Manuel Bartlett fue al meollo del asunto al advertir que así arrancaría la progresiva entrega de la gestión de inmensos presupuestos para salud, educación, transportes, seguridad, etcétera, reduciendo el perímetro del Estado. Esa merma es parte del Proyecto 2030 de privatización y desnacionalización (Contralínea 21/2/2010) en vigor desde hace 29 años, cuando se instauran las normas del BM/BID. Asoma la amenaza que menciona Mack, porque ese diseño desplomó la inversión pública en el campo y en el aparato productivo, debilitó al salario, la creación de empleo y polarizó el ingreso. Con la mira en el sector petroeléctrico, colocó en subasta bancos, 58 aeropuertos, las aerolíneas nacionales, 21 administraciones portuarias integrales, ferrocarriles, carreteras etcétera mientras el TLCAN flexibilizó las regulaciones aumentando el flujo de mercancía, incluyendo drogas, armas y dinero, mientras la gran subasta del país nos vulneralizó. Las privatizaciones ofrecen oportunidades al crimen organizado por el retiro del Estado de espacios territoriales y ahora de funciones esenciales.

Como Zedillo vendió puertos y aero-puertos a empresas extranjeras, recordó Jaime Martínez Veloz, los admi-nistradores de esos espacios de seguridad nacional son nombrados desde España, Francia, Alemania, Dinamarca, China y Estados Unidos. Ante la llamada guerra contra el narcotráfico, o ante cualquier conflicto, ¿cuál es el control que tiene el Estado en espacios administrados por personas cuyo cargo se lo deben a una empresa extranjera?. (J/8/4/2011)

Según James Moody, ex jefe de la sección drogas de la División sobre Crimen Organizado del FBI, desde el sexenio de Salinas se usaron incentivos para atraer capital extranjero. Uno de ellos, dice en un documento, es la venta de empresas paraestatales a inversionistas privados, empresas que incluyen importantes instituciones financieras, fábricas y negocios industriales y de servicios de vanguardia con valor de miles de millones de dólares. En esas privatizaciones hubo corrupción y operaciones de lavado de dinero...paraestatales en proceso de privatización fueron compradas por organizaciones de narcotraficantes mexicanos y colombianos(La compraventa de México, p.123). Para Jack Blum, ex jefe de asesores del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, el informe de Moody es la incriminación más contundente por parte de un funcionario de Estados Unidos de que el narcotráfico se enseñoreó de México a la sombra de la política modernizadora salinista, que fue alentada por Washington y los organismos financieros internacionales (123-124).

Como Estados Unidos, sus empresas y bancos, además de impulsar la LAPP no detienen el lavado de dinero ni el vasto trasiego de armas ni aclaran Rápido y furioso, México sería un Estado fallido sui generis: ¡amenaza la seguridad de la narcopotencia que lo auspicia!, ¿o es que en realidad van tras el norte del país y su mar patrimonial?
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Manifiesto del partido liberal mexicano hermanos flores magon

Se perfila aval a estado de excepción por guerra al narco, alerta el PT

Compromiso y Dignidad: Se perfila aval a estado de excepción por guerra al narco, alerta el PT-- Jesusa Cervantes


Se perfila aval a estado de excepción por guerra al narco, alerta el PT-- Jesusa Cervantes
MEXICO, DF, 18 de abril (apro).- La Cámara de Diputados podría aprobar el martes 26 reformas a la Ley de Seguridad Nacional que implicarían la aplicación del estado de excepción en algunas zonas del país, así como el aval legal a la participación militar en el combate al crimen organizado, alertó el diputado del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña.
Horas después de que en rueda de prensa el petista hiciera el anuncio, el diputado priista Alfonso Navarrete Prida admitió que se trabaja en un predictamen para, de ser posible, avalar los cambios a la ley el martes de la próxima semana.
Navarrete Prida, quien ha tenido a su cargo la confección de la reforma, rechazó que se vaya a establecer el estado de excepción en entidades o zonas donde operan los cárteles del narcotráfico, y recordó que esa facultad ya se encuentra contenida en el artículo 29 de la Constitución Política.
“Pero esta ley no está hablando del 29 de la Constitución, quiero ser muy claro. Esta ley es una ley de seguridad nacional precisamente para regular todos aquellos casos antes de entrar al 29 de la Constitución, que tiene un tratamiento distinto”, alegó el priista.
Navarrete Prida agregó que los cambios a la ley son “respetuosos de los derechos humanos y sus garantías”.
En la conferencia matutina, Fernández Noroña calificó los cambios a la ley como la “antesala del estado de sitio”; y según su evaluación, el nuevo marco legal pretende que las detenciones se puedan hacer sin orden judicial, aunque no se esté en flagrancia.
También, advirtió el petista, se pretende realizar cateos sin orden judicial y que se consumen detenciones más allá del plazo constitucional.
En este último punto, aclaró que la ley no es explícita, pero que según su análisis ello daría pie a virtuales “ejecuciones extrajudiciales”.
A su vez, Navarrete Prida comentó que en un primer encuentro con representantes de cinco de los siete partidos representados en San Lázaro no hubo un solo reclamo por eventuales violaciones a la Constitución o porque la ley permita se vulneren derechos humanos.

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ARISTEGUI PROGRAMA COMPLETO 21 ABRIL

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PEDRO ECHEVERRIA: ¿Legalizará PAN y PRI la represión contra movimientos sociales, como en Colombia?

México: ¿Legalizará PAN y PRI la represión contra movimientos sociales, como en Colombia?
Pedro Echeverría V.
1. PRI y PAN han presentado un proyecto de dictamen ante los Diputados para reformar la Ley de Seguridad Nacional dando espacio al presidente de la República para solicitar y declarar la intervención de las fuerzas armadas en contra de “movimientos o conflictos de carácter político, electoral, de índole social o del trabajo”, si considera que “constituyen un desafío o amenaza” a la seguridad interior. Incluye la atribución a militares, marinos y agentes del Cisen para intervenir teléfonos, realizar tareas de espionaje y seguimiento a presuntos miembros de la delincuencia organizada e integrar expedientes confidenciales, incluso de carácter político.
2. Otorga a las fuerzas armadas derecho de restricción de la circulación de mercancías y vehículos, de revisión de las pertenencias de particulares en las calles y a requerirles información con “cualquier herramienta que resulte necesaria” y pueden contar con informantes anónimos y hacer uso de cualquier método de recolección de información. Sin embargo parece que algunas fracciones del PRI y del PRD advirtieron que en el Senado no pasará una reforma a la Ley de Seguridad Nacional que permita al presidente Felipe Calderón avanzar hacia la militarización del país, como se plantea en el proyecto de dictamen de la Cámara de Diputados. Idéntico a lo sucedido en Colombia.
3. “Si se aprobara, señala el perredista Tomás Torres, sería como dar un golpe de Estado con la ley en la mano, porque la minuta sobre Ley de Seguridad Nacional que se aprobó en el Senado el 27 de abril de 2010, eliminó las facultades excesivas tanto al Ejército como al Ejecutivo federal, y aquellos aspectos que configuraban el paso hacia un Estado militarizado”. Esperemos que el movimiento social, el zapatismo o el amloísmo tengan alguna respuesta o que algún sector de legisladores que aún conserva algo de dignidad, convoque a movilizarse. Se ve muy difícil frenar esa medida fascista que ilegaliza o penaliza la lucha social con el pretexto del “combate contra la inseguridad”.
4. Pero, si no existe un movimiento social que responda mediante la movilización a esas medidas de represión, encarcelamientos y asesinatos, de ninguna manera hay que sentirse derrotado y ponerse a llorar; quizá sería mejor pensar en aquel dicho popular de que “no hay mal que por bien no venga”, de que si te cierran la puerta de tu casa por la entrada, hay que entrar aunque rompiendo la puerta del patio. Los podridos y pestilentes medios de información no descansarán –como siempre lo han hecho- de condenar la “violencia” de los de abajo y silenciar la brutal represión de los de arriba. Pero no hay que tener miedo porque donde el hambre crece y la dignidad aparece, toda lucha es justa.
5. Quizá el pueblo y sus mejores representantes –con las medidas fascistas extremas instrumentadas por el gobierno y los empresarios- empiecen a convencerse que no le quedan ya otros caminos que la organización y violencia armada. Eso pasó en los sesenta –hace casi 50 años en Colombia y otros países de América Latina, Asia y África- dando lugar a un gran movimiento de insurgencia continental. ¿Qué carajos puede hacer el pueblo cuando le prohiben reunirse, cuando sufre espionaje en la casa, en el trabajo, en la escuela, por el teléfono y el Internet? PAN y PRI están absolutamente de acuerdo en asuntos fundamentales y perseguir la lucha social es esencial para ellos.
6. Estas “leyes antiterroristas” que hoy se recrudecen en México obedecen a una política yanqui puesta en práctica por Obama-Clinton en todo el mundo, sobre todos en estos tiempos de elección presidencial en EEUU. De argentina este comunicado: “Les quiero contar sobre la LEY ANTITERRORISTA que tenemos en nuestro país. Dicha ley existe por presión directa de Washington. Esos yanquis estúpidos que cuando no están invadiendo militarmente un país lo hacen metiendo sus narices en temas que no tendría porque importarles. Al fin y al cabo, su motivo es el mismo: invadir, conquistar, expandirse... acciones propias de un Imperio y más uno tan enfermo como EE UU.

7. ¡Qué gran cinismo!: Como ya es de conocimiento universal porque se ha escrito muchas veces: Los EEUU, que a lo largo de su historia ha exportado el terrorismo como política de dominación internacional; que desde sus escuelas militares de entrenamiento de los ejército de Américas enseña cómo instrumentar el terrorismo de Estado para garantizar los privilegios de los sectores del poder aliados de los intereses yanquis en la región, impone ahora, a través de esta normativa continental, su visión unilateral del terrorismo. Los principales terroristas del mundo, los gobiernos de EEUU y de sus aliados, Colombia y México en primer lugar, asesinan a luchadores sociales con el  calificativo de terroristas.

http://pedroecheverriav.wordpress.com

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EL BORRACHO VENDEPATRIAS CALDERON QUIERE EL PODER DE USAR AL EJERCITO COMO SE LE PEGUE LA GANA

Dorados de Villa: Ley de Seguridad Nacional permite reprimir protestas sociales y electorales


Ley de Seguridad Nacional permite reprimir protestas sociales y electorales
Redacción SDPNoticias.

Ciudad de México - La nueva Ley de Seguridad Nacional no sólo le daría discrecionalidad al ejecutivo federal para militarizar al país, sino que además legalizaría la represión a las protestas sociales, políticas, laborales y electorales.

De acuerdo con La Jornada, el artículo 74, fracción VII, en su párrafo segundo, del dictamen que el PAN y el PRI buscan aprobar este lunes, establece que la declaración de afectación a la seguridad interior del país de la siguiente forma:

"No procederá la declaratoria de afectación a la seguridad interior cuando la solicitud tenga su origen o causa para dar cumplimiento a requerimientos o resoluciones emitidas por autoridades administrativas o del trabajo; tampoco procederá por acciones relacionadas con movimientos o conflictos de carácter político, electoral o de índole social, excepto cuando las acciones derivadas de los mismos constituyan un desafío o amenaza en los términos del artículo 3 de esta ley."

Esto quiere decir que si se determina que una protesta social, laboral, política o electoral constituyen un "desafío" o una "amenaza", se les puede reprimir.

El problema es que quien define lo que constituye un "desafío" o "amenaza" es precisamente el ejecutivo federal sin autorización del congreso.

Pero además las definiciones de "desafío" y de "amenaza" son deliberadamente vagas. "Desafío" es definido en el artículo 3 de la ley como "obstáculo que afecta parcial o totalmente la integridad o estabilidad del Estado mexicano". "Amenaza" se definie como el "obstáculo que atenta contra la permanencia o la existencia del Estado mexicano".

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Reforma legal, riesgo para protestas sociales y políticas

Reforma legal, riesgo para protestas sociales y políticas
Enrique Méndez
 
Periódico La Jornada
Jueves 21 de abril de 2011, p. 2
El proyecto de dictamen de los grupos parlamentarios del PRI y el PAN en la Cámara de Diputados sobre reforma a la Ley de Seguridad Nacional abre la posibilidad de que el Presidente de la República solicite y declare la intervención de las fuerzas armadas en contra de movimientos o conflictos de carácter político, electoral, de índole social o del trabajo, cuando considere que constituyan un desafío o amenaza a la seguridad interior.
El proyecto de dictamen a la minuta del Senado que modifica la citada ley, también incluye la atribución a militares, marinos y agentes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) para intervenir comunicaciones telefónicas previa orden judicial, realizar tareas de espionaje y seguimiento a presuntos miembros de la delincuencia organizada e integrar expedientes confidenciales, incluso de carácter político.
Asimismo, como lo solicitó el secretario de la Defensa, general Guillermo Galván Galván, a la comisión del ramo, concede a las fuerzas armadas restringir la circulación de mercancías y vehículos, revisar las pertenencias de particulares en las calles y a requerirles información concualquier herramienta que resulte necesaria, pero señala que el mando de esas acciones recae en el Ministerio Público.
Además, prevé que tanto el Cisen como militares y marinos puedan contar con informantes anónimos y que, para sus actividades de inteligencia y contrainteligencia, puedan hacer uso de cualquier método de recolección de información, sin afectar en ningún caso los derechos humanos y las garantías para su protección.
También, las comisiones que revisan la minuta del Senado añadieron un artículo quinto transitorio para definir que, si en un periodo de 90 días a partir de la entrada en vigor de las reformas, los gobiernos de las entidades con presencia del Ejército no solicitan al Ejecutivo la declaratoria de riesgo a la seguridad interior, los operativos cesarán y los militares deberán regresar a sus cuarteles.
El proyecto de dictamen –a revisión por un grupo de trabajo de cinco comisiones de la Cámara– incluyó cuatro definiciones sobre los riesgos a la seguridad interior.
Entre éstas destaca el concepto de desafío, como el obstáculo que afecta parcial o totalmente la integridad o estabilidad del Estado mexicano, y el de amenaza, como el obstáculo que atenta contra la permanencia o la existencia del Estado mexicano.
Con ese contexto, se pretende añadir a la minuta dos excepciones sobre la actuación de las fuerzas armadas en el libre tránsito de personas, mercancías y movimientos sociales o políticos, e incluso conflictos laborales.
Así, el artículo 74, fracción VII, en su párrafo segundo, establece:
No procederá la declaratoria de afectación a la seguridad interior cuando la solicitud tenga su origen o causa para dar cumplimiento a requerimientos o resoluciones emitidas por autoridades administrativas o del trabajo; tampoco procederá por acciones relacionadas con movimientos o conflictos de carácter político, electoral o de índole social, excepto cuando las acciones derivadas de los mismos constituyan un desafío o amenaza en los términos del artículo 3 de esta ley.
El mismo caso se aplica en un nuevo párrafo al artículo 82, que señala:
La circulación de efectos, bienes o mercancías no podrá ser objeto de restricciones o prohibiciones, salvo cuando exista una declaratoria de afectación a la seguridad interior y sean necesarias para enfrentar desafíos o amenazas.
Los legisladores que presentaron el proyecto definen la seguridad interior como “el estatus de tranquilidad y paz social en el que las personas, sus derechos y bienes jurídicos tutelados por la Constitución y las leyes se encuentran protegidos debido a las acciones que despliega el poder público… lo que permite brindar a la población certeza en que el desarrollo de su vida gregaria habrá de darse en condiciones de tranquilidad, porque las instancias civiles y militares se encuentran alertas para detectar, identificar, desactivar o combatir los peligros que pudieran afectarla”.
Aun así, advierte que la seguridad nacional debe ser asumida como responsabilidad de todos y en ese sentido se establece la obligación de los habitantes del país de colaborar en su preservación y prevención, por lo que introduce el concepto de prevención social para que la sociedad se vea obligada a colaborar en las investigaciones judiciales y militares, y respetar los valores y las instituciones.
Nuevos poderes al Cisen
El citado proyecto incluye un capítulo para fortalecer las facultades del Cisen que –se plantea en la exposición de motivos– actúa en un marco legal que fue superado rápidamente o, dicho de otra manera, la ley privilegió la regulación del centro y no la integralidad de la función de seguridad nacional.
Los legisladores plantean que debe erradicarse la idea de que en México los servicios de inteligencia constituyen una labor de espionaje e intromisión a la vida privada de las personas, pero que, si ello llega a ocurrir, es un delito que debe sancionarse.
Ejemplos comunes
Por el contrario, añade, la inteligencia es una tarea especializada que consiste en obtener información por medios lícitos cuya sistematización, análisis y valoración puede alertar sobre posibles peligros a la sociedad, desde la existencia de un fenómeno meteorológico, un incendio interno o transfronterizo fuera de control, una enfermedad que afecta organismos vegetales, animales o a las personas; un desastre nuclear como el que se está viviendo (en Japón), hasta la agresión de grupos terroristas, una emergencia alimentaria o una crisis económica de graves consecuencias, por señalar ejemplos comunes.
En ese sentido, se incluye un artículo, el 19 –que tampoco formaba parte de la minuta del Senado–, para ampliar la influencia del Cisen.
Entre las nuevas facultades que se le otorgarían están el preparar estudios de carácter político, económico, social y demás que se relacionen con sus atribuciones, así como aquellos que sean necesarios para alertar sobre obstáculos a la seguridad interior.
También, proponer medidas de prevención, disuasión, contención y desactivación de obstáculos que pretendan vulnerar el territorio, la soberanía, las instituciones nacionales, la gobernabilidad democrática o el estado de derecho.
Además, brindar asesoría y prestar servicios en materia de control de confiabilidad a las instancias y a otras instituciones y autoridades del Estado mexicano, y asimismo hacer uso de información anónima y de colaboración de terceros para la operación de tareas de inteligencia.
La modificación considera que la información recabada por el Cisen, el Ejército Mexicano y la Marina en tareas de espionaje deberán clasificarse como reservadas.

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Lulu Martínez Patricia Carrasco Frecuencia Laboral 16-4-11

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Derrame en el Golfo: A un año, sigue la catástrofe ecológica



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EXHIBEN CORRUPCIÓN DE MUCD: Querían pichón, resultó gallo, INDICE POLÍTICO, MÉXICO

Querían pichón, resultó gallo, INDICE POLÍTICO, MÉXICO


QUERÍAN PICHÓN, RESULTÓ GALLO
15/04/2011 - 00:10

Por: Francisco Rodríguez
De acuerdo al horóscopo chino, “el Gallo es el héroe, el menos comprendido y el más excéntrico de todos los signos. A los Gallos no se les ve desaliñados, se pasean mostrando toda su dignidad. Hasta el más tímido dará una imagen pulcra y dondequiera que vaya mantendrá un aspecto especial.



El Gallo tiene muchas cualidades de las que jactarse. Es pulcro, preciso, organizado, decidido, honrado, alerta y directo. Le encanta discutir, demostrar lo informado que está y lo inteligente que es, generalmente sin consideración por los sentimientos de los demás, pero cuando a él le hacen algo similar se pone insoportable. Es de una personalidad que llama la atención. Alegre, ingenioso y divertido, el Gallo jamás dejará pasar una oportunidad de relatar sus aventuras. Hábil para expresarse tanto oralmente como por escrito”.

Tal descripción astral corresponde íntegramente a Eduardo Gallo, luchador social, activista, quien hasta hace unas semanas fungía como presidente de México Unido contra la Delincuencia (MUCD), cargo al que renunció junto con otros miembros del Consejo Consultivo, al tiempo que denunciaba este lunes más reciente que esta ONG es, en realidad, una paraestatal de la fallida Administración de Felipe Calderón a la que le hace el juego. También dimitió por el oscuro manejo de los dineros al interior de ese organismo.

Gallo, cuya hija Paola de 25 años de edad fue víctima de secuestro y asesinato en el año 2000, se mostró insatisfecho por la forma en que se cerró la investigación policial y judicial del caso, y emprendió la búsqueda de los culpables, y logró su detención y condena. Es un héroe, por tal.

Tomó la justicia por su propia mano, sí, pero fue orillado a ello:

Policías, autoridades judiciales “le tratan a uno casi con desprecio. Prácticamente hay que humillarse, rogarles que hagan su trabajo. Pero cuando insinuaron que yo era un asesino, me enardecí. No sólo por el insulto y por la falta de sensibilidad que mostraban hacia mí, sino porque comprendí de golpe lo imbéciles e incompetentes que eran, lo imposible que era que alguna vez fueran a resolver el crimen cometido contra mi hija. Ahí entendí que, si quería averiguar la verdad, tendría que llevar a cabo la investigación yo mismo", relató en agosto de 2004 al diario madrileño El País.

Y pulcro, preciso, organizado, decidido, honrado, alerta y directo denunció el lunes más reciente que sus antecesoras en el MUCD, María Elena Morera y Ana Franco pervirtieron a esta organización no gubernamental al convertirla en comparsa, cómplice, encubridora del ocupante de Los Pinos y de sus compinches en su dizque “lucha por la seguridad”.

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quiero vivir en paz


quiero vivir en paz, originalmente cargada por trianero2.

Revista Contralínea | » Gobierno confesional en Morelos

Revista Contralínea | » Gobierno confesional en Morelos


Gobierno confesional en Morelos
Autor: Edgar González Ruiz *
Sección: Opinión
17 ABRIL 2011


Proveniente de la Organización Nacional de El Yunque y del grupo de la ultraderecha estatal La Sagrada Familia, el actual gobernador de Morelos, Marco Antonio Adame, tiene una larga trayectoria dentro del conservadurismo católico.

Como en otras entidades, la derecha en el poder se ha caracterizado, a la vez, por su ataque contra las libertades individuales y contra el Estado laico, y por su disposición a beneficiarse del poder mediante prácticas abusivas, como el nepotismo.


Política y religión
Nacido en Cuernavaca el 6 de diciembre de 1960, Marco Antonio Adame Castillo ha participado desde su juventud en el activismo político religioso.

“Desde sus épocas de preparatoria, de 1976 a 1979, su perfil ultraconservador, radical y fanático le caracterizó entre sus compañeros” (David Monroy, “Marco Adame: un fanático a la gubernatura”, www.davidmonroy.blogspot.com). Desde ese tiempo ya participaba en grupos del activismo católico conservador.

Cursó estudios de medicina en la Universidad Autónoma de Morelos, y de administración, en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, así como en la Universidad La Salle.

En diciembre de 1986, fundó en esa ciudad el grupo político religioso Testimonio y Esperanza, considerado como una de las fachadas de El Yunque.

Ha sido una de las organizaciones promotoras de la Peregrinación Anual al Cerro del Cubilete, a la que acudía Adame, a la cabeza de ese grupo, en la época en que Medina Plascencia era gobernador de Guanajuato.

El 26 de enero de 1992, al participar como orador en ese acto, Adame juzgaba que Medina Plascencia estaba “en su papel, y como cristiano perfecto, gobernador perfecto, hombre perfecto”.

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Revista Contralínea | » Sagarpa garantizará alimentos con transgénicos

Revista Contralínea | » Sagarpa garantizará alimentos con transgénicos

Sagarpa garantizará alimentos con transgénicos
Autor: Érika Ramírez
Sección: Campo
20 ABRIL 2011


La siembra de maíz transgénico “es una herramienta que México tiene que experimentar”, afirma Enrique Sánchez Cruz, titular del Senasica. En breve, esa dependencia federal podría aprobar la siembra experimental de organismos genéticamente modificados en más de 2 mil hectáreas de suelo mexicano. La “justificación”, según el gobierno, es garantizar el abasto de alimentos. No obstante, expertos aseguran que ésta no es la solución



Con el pretexto de “garantizar” la seguridad alimentaria, el gobierno federal abre las puertas a la siembra de maíz transgénico. Estudios y expertos en la materia rechazan que ésta sea la vía para que los más pobres del país tengan acceso a la alimentación.

Aunque Enrique Sánchez Cruz, titular del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), admite que la siembra de organismos genéticamente modificados (OGM) “no es la solución, no es la panacea del mundo”, afirma –en entrevista con Contralínea– que “es una herramienta que México tiene que experimentar”.

Sánchez Cruz es el encargado de vigilar la inocuidad de los alimentos que se consumen en el país. Él mismo ha estado al frente de la autorización de siembra experimental de maíz transgénico, que actualmente se lleva a cabo en Nayarit, Sinaloa, Tamaulipas, Coahuila, Durango y Sonora.

También es el encargado de autorizar a las trasnacionales Monsanto, Dow AgroSciences, PHI México y Syngenta Agro la dispersión de OGM en más de 2 mil hectáreas de suelo mexicano.

En el marco de lograr la seguridad alimentaria, el presidente Felipe Calderón Hinojosa y el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Francisco Javier Mayorga Castañeda, alertaron que, para 2012, la producción de alimentos se reducirá al 50 por ciento, por lo que activaron el programa Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional.

Según la nota del reportero Jorge Ramos Pérez, del diario El Universal, “la intención es generar más maíz y más trigo en la misma superficie, a través de mejorar genéticamente sus semillas y que sean más resistentes a plagas y sequías”.

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MANRIQUE: NEOCOLONIALISMO

NEOCOLONIALISMO: "
Sin más ni más
MONERO MANRIQUE
"

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Los conflictos del tribunal electoral-- John M. Ackerman

Los conflictos del tribunal electoral-- John M. Ackerman: "Con el caso de la polémica cena en casa de María del Carmen Alanís Figueroa, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) han vuelto a demostrar que su preocupación principal no está en la impartición de justicia, sino en la protección de intereses inconfesables. En lugar de aprovechar la discusión suscitada la semana pasada para establecer nuevas reglas de comportamiento, los magistrados garantizaron no sólo la total impunidad de la magistrada presidenta, sino que sentaron un muy negativo precedente para que otros funcionarios electorales actúen libremente sin temor a represalias frente a acusaciones sobre posibles conflictos de interés.

De ahora en adelante, todos los servidores públicos, tanto del TEPJF y el Instituto Federal Electoral (IFE) como de los institutos y tribunales de las entidades federativas, tienen permiso para reunirse con cualquier actor político, social o gubernamental en el momento que sea, hora o lugar para tratar todo tipo de asuntos. El único límite será cuidar las formas para que no parezca que se estén presentando alegatos jurídicos ante el funcionario correspondiente.

Asimismo, de acuerdo con la decisión del TEPJF, habría que tomar todas las medidas necesarias para asegurar la más absoluta opacidad respecto del contenido de las reuniones. De lo contrario, algún periodista latoso podría cometer el sacrilegio de insinuar conductas indebidas que pongan en duda la pureza de los más altos juzgadores en materia electoral del país.

Así como el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia de Iniciativa México busca meter la sangre bajo la cama en lugar de acabar con ella, hoy la resolución del TEPJF (SUP-IMP-1/2011) busca esconder los conflictos de interés en lugar de expulsarlos de raíz en la impartición de justicia. Se ratifica así, una vez más, la República de la Simulación que impera en México y que tanto daño ha causado a las instituciones y a la población.

Alanís jamás ha negado la celebración del convite en su casa el 9 de marzo con Luis Videgaray –ahora presidente del PRI en el estado de México y coordinador de la campaña de Eruviel Ávila–, Sebastián Lerdo de Tejada, representante del PRI ante el Instituto Federal Electoral (IFE); Marco Antonio Baños, ex socio de Alanís en DEMOS consultores y hoy consejero electoral del IFE cercano a Manlio Fabio Beltrones, y Enrique Ochoa, subordinado de Alanís, ex integrante del Consejo Político Nacional del PRI y aspirante a un lugar en el Consejo General del IFE. Incluso, la magistrada se precia de realizar este tipo de reuniones, que pomposamente define como esfuerzos para tender puentes institucionales con diversos actores políticos, así como para intercambiar opiniones o puntos de vista sobre temas relacionados con el contexto político, institucional o social del país, sin una agenda temática fija y sin escuchar alegatos sobre asuntos jurisdiccionales pendientes de resolución.

Alanís espera que los ciudadanos seamos suficientemente ilusos para creer que a lo largo de aquella cena los invitados no hablaron en ningún momento de uno de los casos más importantes que hoy examina el TEPJF, y que involucra directamente al PRI: el señalamiento realizado por el IFE a Enrique Peña Nieto por violar la Constitución con la transmisión nacional de los promocionales de su quinto informe de labores.

En lugar de simplemente endurecer el gesto y negar categóricamente cada uno de los señalamientos, Alanís debería informar sobre todos y cada uno de los detalles de la cena en cuestión. ¿Quiénes exactamente estuvieron en la reunión? ¿Cuáles fueron específicamente los puentes institucionales construidos? ¿Cuáles fueron los puntos de vista y opiniones expresados sobre el contexto nacional?

Igualmente, habría que comparar las respuestas de la magistrada con las de los otros asistentes en la reunión, a quienes habría que llamar a comparecer, para confirmar sus dichos o, en su caso, descubrir contradicciones.

Por ejemplo, un detalle de suma importancia es que Alanís afirma que ella sufragó todos los gastos de la cena. Por lo tanto, supuestamente no se actualiza el causal de impedimento incluido en el artículo 146, IX de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que prohíbe asistir, durante la tramitación del asunto, a convite que le diere o costeare alguno de los interesados. No obstante, la magistrada no ha entregado las facturas de los gastos u ofrecido prueba alguna de su dicho. Es más, no existe siquiera una referencia general a este encuentro en la agenda pública de la magistrada correspondiente al 9 de marzo.

Lo que sí está a los ojos de todos es que Alanís, por lo menos, violó de manera flagrante el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, que explícitamente exige a los juzgadores abstenerse de citar a las partes o personas vinculadas con ellas, fuera de las oficinas del órgano jurisdiccional en el que ejerza su función. Sin embargo, en lugar de reprender a su colega por esta violación o investigar los detalles del encuentro para juzgar sobre la existencia de violaciones aún más graves a la normatividad, el pleno del TEPJF simplemente ha decidido dar carpetazo al asunto.

Con decisiones como la comentada, Alanís Figueroa podrá participar en la resolución del caso de los espots de Peña Nieto, pero será cada vez más difícil que el TEPJF en su conjunto recupere la confianza de la ciudadanía.
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Terroristas y mercenarios, homenajeados en el Congreso de EEUU



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Estados Unidos aprieta al BBVA por tener un empleado en Cuba



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Antiguos terratenientes cubanos practican la "caridad" made in Miami



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Las nuevas formas de fraude electoral en América Latina. - Hunnapuh - Comentarios

Las nuevas formas de fraude electoral en América Latina. - Hunnapuh - Comentarios


Las nuevas formas de fraude electoral en América Latina.
Publicado por Desconocido a las 1:24 | Politica | 5

Hasta la década de los ochenta del siglo pasado la democracia formal era prácticamente inexistente en América Latina. Las dictaduras militares y los fraudes electorales eran el común denominador en toda la región. Desde el río Grande hasta Tierra del Fuego, solo Costa Rica podía presumir ser la excepción como el país sin militares y con elecciones relativamente libres. Pero conforme comenzaron a correr los años ochenta las dictaduras militares comenzaron a caer, las elecciones se comenzaron a instaurar en todos los países de la región y los sistemas electorales se fueron poco a poco desarrollando y perfeccionando.

En este momento prácticamente todos los países de América Latina celebran elecciones periódicas que eligen Presidentes, Diputados, Senadores, Alcaldes o Presidentes Municipales, entre otros. El voto secreto, libre y directo formalmente se ha instaurado en la región, los militares se fueron a sus cuarteles y rara vez aparecen en el panorama político. El respeto a los derechos humanos fundamentales ha ganado mucho terreno y los espacios de libre expresión que actualmente tenemos ni los soñábamos en los años sesentas y setentas del siglo pasado.
Pero a pesar de todos estos avances, las dudas y las preocupaciones persisten ¿Son realmente libres las elecciones en América Latina? ¿Hay democracia real o solo formal en la región? ¿Quién garantiza que los militares no vuelven a salir de sus cuarteles? ¿Cuáles son las nuevas formas de fraude electoral? En varias encuestas hechas en El Salvador, ante la pregunta de si hay fraude electoral, la mayoría de la población sigue considerando que lo hay aunque no sabe explicar como se hace.

Lo que sucede es que cuando hablamos de fraude electoral todos pensamos en los métodos que se usaban en los años sesentas y setentas. En esos tiempos los ciudadanos adeptos al oficialismo votaban varias veces en la misma elección. Las urnas o depósitos de los votos se rellenaban a favor del partido oficial. El ejercito militarizaba las ciudades el día de las elecciones y en muchas ocasiones se llevaban las urnas a los cuarteles y allí las rellenaban de votos. La oposición política era reprimida brutalmente. Las actas donde se contabilizaban los votos ciudadanos eran alteradas. En los primeros años en que se usaron ordenadores para contabilizar los votos, los sistemas se caían misteriosamente y luego varias horas después las computadoras aparecían con resultados diferentes a las tendencias iniciales. Todo esto nos lleva a pensar que actualmente los fraudes los hacen con métodos similares.
Pero ahora las cosas han cambiado. Como diría Alvin Toffler, esos eran los métodos de la Segunda Ola, de la era de las chimeneas. Ahora en la era del conocimiento, en la Tercera Ola, las cosas se hacen completamente diferentes. Pero todos seguimos buscando el fraude en los mismos lugares. El día de las elecciones se despliegan millares de observadores electorales que supervisan el proceso, los organismos internacionales envían delegaciones especializadas que vigilan el desarrollo del proceso electoral. Al final todos terminan diciendo en sus informes que no hubo fraude, legitiman los resultados y señalan dos o tres fallas de procedimiento o proponen medidas de modernización (en el fondo para justificar su presencia y garantizar estar presentes en la siguiente elección).

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