Se perfila aval a estado de excepción por guerra al narco, alerta el PT-- Jesusa Cervantes
MEXICO, DF, 18 de abril (apro).- La Cámara de Diputados podría aprobar el martes 26 reformas a la Ley de Seguridad Nacional que implicarían la aplicación del estado de excepción en algunas zonas del país, así como el aval legal a la participación militar en el combate al crimen organizado, alertó el diputado del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña.
Horas después de que en rueda de prensa el petista hiciera el anuncio, el diputado priista Alfonso Navarrete Prida admitió que se trabaja en un predictamen para, de ser posible, avalar los cambios a la ley el martes de la próxima semana.
Navarrete Prida, quien ha tenido a su cargo la confección de la reforma, rechazó que se vaya a establecer el estado de excepción en entidades o zonas donde operan los cárteles del narcotráfico, y recordó que esa facultad ya se encuentra contenida en el artículo 29 de la Constitución Política.
“Pero esta ley no está hablando del 29 de la Constitución, quiero ser muy claro. Esta ley es una ley de seguridad nacional precisamente para regular todos aquellos casos antes de entrar al 29 de la Constitución, que tiene un tratamiento distinto”, alegó el priista.
Navarrete Prida agregó que los cambios a la ley son “respetuosos de los derechos humanos y sus garantías”.
En la conferencia matutina, Fernández Noroña calificó los cambios a la ley como la “antesala del estado de sitio”; y según su evaluación, el nuevo marco legal pretende que las detenciones se puedan hacer sin orden judicial, aunque no se esté en flagrancia.
También, advirtió el petista, se pretende realizar cateos sin orden judicial y que se consumen detenciones más allá del plazo constitucional.
En este último punto, aclaró que la ley no es explícita, pero que según su análisis ello daría pie a virtuales “ejecuciones extrajudiciales”.
A su vez, Navarrete Prida comentó que en un primer encuentro con representantes de cinco de los siete partidos representados en San Lázaro no hubo un solo reclamo por eventuales violaciones a la Constitución o porque la ley permita se vulneren derechos humanos.
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