Washington culpa a México por cruce ilegal de armas
Tomada de La Jornada | 28-03-2011 | 23:41
Distrito Federal— A lo largo del sexenio de Felipe Calderón, el tema del contrabando de armas ilegales de Estados Unidos hacia México ha sido un diálogo de sordos entre los dos gobiernos. Los mexicanos –presidente, procurador general, ministros y militares– demandan en público y en privado que Washington detenga el trasiego de armamento bélico prohibido por ley en México y que al norte de la frontera se vende libremente. Mientras tanto –ahora se sabe– parte de este tráfico ilegal contó con la luz verde del Gobierno en Washington, mediante su operativo encubierto conocido con su nombre clave ‘Rápido y Furioso’. Gracias a éste circulan en el país más de 2 mil fusiles de alto calibre sin control.
Ante las quejas mexicanas, los interlocutores estadounidenses eluden el tema y responsabilizan a las autoridades mexicanas por su incompetencia, por el mal estado de los registros de armas confiscadas y por “el desorden” existente en las bodegas donde la Secretaría de la Defensa resguarda los arsenales decomisados al crimen organizado, según revelan cables de sus reportes, filtrados por WikiLeaks.
Cuando los funcionarios mexicanos piden resultados en el tráfico de armas, sus contrapartes invariablemente responden que lo que se requiere es “acceso total” de las agencias especializadas estadounidenses a los enormes arsenales de material confiscado en el país para rastrear la ruta que siguen las armas desde los proveedores en la frontera hasta el usuario en la delincuencia organizada.
Las únicas medidas concretas que han tomado han sido la aplicación del programa E-Trace y las operaciones ‘Armas Cruzadas’ y ‘Chuck Wagon’. Según explica que fue preparado para la visita del entonces secretario de Seguridad Interior, Michael Chertoff, del 17 al 19 de julio de 2008 (cable 08MEXICO2160), E-Trace es un software instalado en la PGR y la SPP en los 32 estados que permite indagar directamente en un banco de datos del Departamento de Justicia en Washington sobre el origen de un arma determinada. ‘Armas Cruzadas’ es un mecanismo de cooperación entre la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) y su contraparte mexicana.
Chuck Wagon era una operación que existía entonces para que la oficina del agregado militar estadounidense, que depende directamente del Pentágono, ayudara a la Sedena a identificar armamento militar, incluidos cohetes, lanzacohetes antitanque RPG y granadas.
Según consta en cables de la embajada estadounidense contenidos en el archivo de Wikileaks en poder de La Jornada, el gobierno mexicano reclamó reiteradamente durante los primeros años del sexenio que eso “no era suficiente”. Después dejó de hacerlo.
Las agencias estadounidenses involucradas –Inmigración y Aduanas (ICE), por parte de la Secretaría de Seguridad Interna, y Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF), por la oficina del procurador general– obtuvieron todo el acceso que exigieron. El resultado fue el escándalo de Rápido y furioso; aún no se sabe hasta dónde asciende en el escalafón del ejecutivo estadounidense la responsabilidad en esta operación encubierta y fallida.
A la fecha, ATF tiene acceso a las escenas del crimen que solicite en México, a los bancos de datos y depósitos de la PGR y la Sedena, incluso a los indicios balísticos (casquillos y piezas de explosivos) que le parezcan de interés, pero no ha logrado presentar un solo caso de identificación de traficantes de armas, un episodio de intercepción de armamento contrabandeado o información sobre el origen de los cargamentos ilegales o su destino en territorio mexicano. En los cables en poder de este diario y en los anales de la Secretaría de Relaciones Exteriores no figura ningún reclamo formal, por la parte mexicana, por esta falta de resultados sobre un asunto tan vital.
¿Quién tiene la culpa?
Los socios estadounidenses en estos convenios –en los que participan también Aduanas y Patrulla Fronteriza (CBP) y la agregaduría militar de la embajada– culpan al gobierno mexicano de “obstaculizar los esfuerzos” debido a la incapacidad de las principales agencias de seguridad y justicia de trabajar en equipo.
Al menos ésta es la conclusión a la que llegó el ministro consejero John Feeley (ahora virtual titular interino de la legación, después de la renuncia de Carlos Pascual) en un cable revelado por Wikileaks (09MEXICO3108) del 28 de octubre de 2009 enviado a los departamentos de Estado, Justicia, Seguridad Interna e incluso al Comando Sur. “El respaldo del gobierno mexicano a una base de datos integral parte del pretexto de que la medida permitirá una mejor cooperación entre la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República, sin que haya un compromiso real por superar las diferencias que impiden resolver el problema del tráfico de drogas”.
También responsabilizan a los gobiernos de los estados por no tener mecanismos de control suficientes sobre los envíos de armas que les entrega la Secretaría de la Defensa para la dotación de las policías y fuerzas locales. De este modo, se asegura en un cable del 30 de noviembre de 2009 (09MEXICO3376), funcionarios del sistema judicial estadounidense “tienen razón para creer que algunas armas (de los lotes importados legalmente por la Sedena) simplemente desaparecen”. Se refiere a un caso detectado mediante su programa de verificación conocido como Blue Lantern (Linterna azul): un fusil AR-15, perteneciente a un lote de mil 30 armas similares, importado legalmente por Sedena y entregado a las autoridades michoacanas. El arma fue recuperada después de un enfrentamiento en Panindícuaro, Michoacán, a mediados de 2009, pero nunca se pudo determinar en qué momento se desvió para caer en manos de grupos criminales.
Desorden en las bodegas de Sedena
En ocasiones, según se reporta en el cable confidencial 09MEXICO3114, fechado el 29 de octubre, la embajada logra salvar las restricciones impuestas por una resolución de la Suprema Corte de Justicia y consigue la información que persigue. “En julio de este año (2009) la Sedena se decidió a compartir la información con nosotros, lo que permitió a la oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y ATF revisar los datos, con la idea de poder abrir averiguaciones contra individuos que venden armas al narcotráfico”.
El resultado fue la frustración estadounidense por el desorden con el que son resguardados los datos claves. Esto es lo que escribe el ministro consejero Gustavo Delgado: “Desafortunadamente la información está incompleta y carece de datos sobre el origen de las armas, lo que refleja los métodos irregulares y deficientes empleados tanto por la policía federal (SSP) como por los oficiales de la Sedena a la hora de procesar las armas confiscadas”.
Aflora la crítica contra los militares: “Además de la inmensa cantidad de armamento almacenado, el desorden con el que el gobierno de México administra las bodegas (bajo jurisdicción de la Sedena) ha propiciado un sistema de resguardo discrecional, sin responsabilidades claras. Con frecuencia las dependencias anteponen sus intereses y conflictos, disputando abiertamente quién tiene prioridad en el manejo de investigaciones claves. La PGR defiende de manera intransigente su autoridad sobre los aspectos judicial, de investigación y forense del arma, mientras la SSP hace valer su posición de líder entre las dependencias judiciales. La SSP solamente accede a compartir su información cuando el caso es transferido a la jurisdicción de la PGR”.
Según los datos de contexto que contiene este despacho, hasta 2009 las bodegas del gobierno en todo México resguardaban aproximadamente 140 mil armas, ya sea recuperadas en escenas de crimen o confiscadas en retenes. Las bodegas están bajo responsabilidad de la Secretaría de la Defensa, que conserva información fragmentada sobre alrededor de 64 mil armas recuperadas desde el inicio de la administración de Calderón.
En este análisis la embajada pone en duda incluso la versión oficial de su propio gobierno, que sostiene que 90 por ciento de las armas ilegales confiscadas aquí proceden de Estados Unidos. “El dato está basado en revisiones incompletas. De hecho, sin un acceso más completo, no tenemos forma de verificar estas cifras”.
La promesa de Napolitano y su intención encubierta
El 14 de abril de 2009 Calderón abordó el tema con la secretaria de Seguridad Interior, Janet Napolitano, y con el procurador general, Eric Holder, poco después de la realización de la conferencia binacional sobre tráfico de armas, en Cuernavaca los primeros días del mes. Calderón –según el cable confidencial 09MEXICO1048– reiteró su conocida posición sobre la reimposición del embargo que prohibía la libre venta de armamento pesado antes de 2004. Es un tema con el que ya había topado pared antes, ya que el gobierno de Barack Obama lo elude con tal de no confrontar a los sectores más duros del conservadurismo, defensores a ultranza de la segunda enmienda, queampara los derechos de portar, vender y comprar armas.
Para salvar las formas, Napolitano sugirió que su dependencia reforzaría los cruces fronterizos con “supervisión complementaria” de viajeros que abandonaran Estados Unidos hacia México. Incluso ofreció poner unidades caninas, aunque advirtió a Calderón que en la medida en que fueran más exitosos en la intercepción de armas, los contrabandistas intentarían rutas marítimas, “lo que pondrá mayor presión a la Marina mexicana”.
En efecto, Holder desplegó 110 nuevos agentes de la ATF, y Napolitano 360 funcionarios del ICE en los puntos aduanales, bajo el programa Project Gunrunner (en vigor desde 2005). Entre ellos, John Dodson y René Járquez, quienes, según su dicho, fueron presionados por instancias superiores para participar en la operación Rápido y furioso.
El cable de referencia sobre el encuentro Calderón-Holder-Napolitano, suscrito por la consejera política Leslie Basset, no indica si los funcionarios estadounidenses mencionaron a Calderón los operativos Gunrunner y Rápido y furioso, que según la reportera investigadora de la televisora CBS Sharyl Attkinson funciona al menos desde 2008. Hoy, en medio del escándalo, ambos gobiernos se lanzan acusaciones mutuas y el mismo presidente Obama sostiene una afirmación sujeta a averiguación judicial: que ni él ni Holder sabían de las “armas caminantes”.
En septiembre de 2010, una alerta policiaca informó a la ATF que en siete tiendas de armas en Phoenix, Arizona, se habían detectado compras irregulares. Un hombre identificado como Jaime Ávila –que resultó ser prestanombres de los verdaderos compradores– estaba adquiriendo fusiles de asalto tipo militar en grandes cantidades y pagando al contado, incluso con billetes que portaba en grandes bolsas de papel. Según denunciaron Dodson y Járquez a la televisora CBS recientemente, la ATF ordenó a sus agentes no actuar y dejar pasar los cargamentos.
Los fusiles eran contrabandeados en los puntos de las aduanas que, según la promesa hecha a Calderón, se encontraban controlados. La orden, que no se sabe aún qué tan alto se originó ni si contaba con el conocimiento del gobierno de México, pasó por encima de la opinión adversa de varios agentes, entre ellos la de Darren Gil, ex delegado de la ATF en la embajada estadounidense en México. Parte de las obligaciones de Gil era sostener relaciones muy estrechas con la PGR, la SPP y la Sedena. Gil, quien se mantuvo en el cargo hasta fines de 2010, aseguró este sábado a la televisora CBS, la cual destapó el escándalo, que se percató de este tráfico irregular “a principios de 2010” y advirtió a sus superiores de que algo podría salir mal en el operativo. “Los mexicanos se van a poner furiosos cuando se enteren de esto”, dice que advirtió a sus superiores. En eso se equivocó. Aun con el escándalo expuesto, la reacción del gobierno mexicano dista de ser “furiosa” o tajante.
Gil, cuya atribución era precisamente autorizar esas entradas supuestamente controladas de armas, fue bloqueado. “Mis superiores me aseguraron que el caso estaba ahora en manos del Departamento de Justicia”.
El operativo empezó a fallar cuando se supo que dos armas encontradas en el sitio donde fue asesinado un agente de la patrulla fronteriza en EU, Brian Terry, tenían números de serie del lote que la ATF dejó “caminar” desde las tiendas de Phoenix. Más tarde se reveló que otra de las armas con las que fue asesinado en México el agente del ICE Jaime Zapata también era parte del lote del operativo Rápido y furioso.
Mouriño y su reclamo olvidado
Otro antecedente de estos diálogos de sordos fue el encuentro que tuvo el fallecido secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño con el entonces secretario de Seguridad Interna Michael Chertoff. Fue el 28 de febrero de 2008, en una conversación al margen de un encuentro bilateral en Los Cabos, reportada el 11 de marzo de 2008 en el cable 08MEXICO714.
Sobre el tráfico de armas, Mouriño expresó a Chertoff su preocupación porque el programa E-Trace (registro digital que sigue la ruta de cada arma mediante su número de licencia), si bien era apreciado por las autoridades mexicanas, no representaba la solución al problema de fondo, que era la imposibilidad de seguir la pista a los grandes y pequeños embarques de armas compradas en las exposiciones de armamento en Estados Unidos ni de detectar los cargamentos que entraban a Estados Unidos de terceros países para seguir su camino, ilegalmente, hasta México.
Chertoff respondió con el consabido: “Es necesario elevar el nivel de intercambio de inteligencia”. Fue la conversación en la que Chertoff reclamó a Mouriño el acceso para que los funcionarios estadounidenses pudieran interrogar a extranjeros detenidos en instalaciones de inmigración mexicanas, calificados como de “interés especial” (special interest aliens).
Pertinentes o no, las observaciones de Mouriño cayeron en el olvido. No volvieron a aparecer en las agendas de los dos países cuando se discutió el tema del contrabando de armas.
¡AMLO 2012!
