Desfiladero
¿Presas por abortar? ¡Vamos a liberarlas!
Jaime Avilés
Protesta afuera de las oficinas de la representación del estado de Guanajuato en el Distrito Federal, el jueves pasadoFoto María Meléndrez Parada
P
ara Luz María Ramírez Villalpando, directora del Instituto de la Mujer Guanajuatense (Imug: cuidado, no se pronuncia y muge), el mejor antídoto contra la violencia intrafamiliar es la Triple R. A las mujeres que son golpeadas por sus hombres, les aconseja resignarse, reír y rezar, explica Verónica Cruz, presidenta del Centro Las Libres, asociación civil que defiende los derechos civiles y reproductivos de las mujeres de Guanajuato. Cuñada de Gerardo Mosqueda, secretario del gobierno estatal y número dos en la estructura local del Yunque, Ramírez Villalpando declaró hace días que las mujeres que se hacen tatuajes son las principales responsables de la pérdida de valores en nuestra sociedad.
En 2001, tras la llegada de Vicente Fox a la Presidencia de la República, su heredero en el trono estatal, Carlos Romero Hicks, tomó el poder con los votos del PAN y la fuerza de la ONY (Organización Nacional del Yunque), la poderosa secta secreta, ubicada a la derecha de la ultraderecha mexicana. Durante el sexenio de Romero Hicks, tanto leyes como políticas públicas vinculadas con educación sexual y derechos reproductivos fueron modificadas para armonizarlas, precisa Verónica Cruz, con las ideas religiosas de los nuevos mandones.
La educación sexual para púberes y adolescentes fue prácticamente suprimida en los colegios privados y las escuelas públicas. De los libros de ciencias naturales fueron eliminados los dibujos que mostraban los órganos reproductivos masculinos y femeninos, porque a juicio de los talibanes del Bajío incitan a la lujuria. Éstos lanzaron una campaña permanente contra el uso del condón y los anticonceptivos, basada en otro dogma: para evitar las enfermedades de transmisión genital y los embarazos no deseados, lo único que sirve es la abstinencia.
Cuando, en respuesta a las protestas de distintos sectores del país, el gobierno federal prohibió el libro de ciencias naturales del Yunque y exigió que se entregara a los estudiantes el que había editado la SEP, los talibanes de Guanajuato lo quemaron en una plaza pública de León, recuerda Verónica Cruz. Y Carlos García, corresponsal de La Jornada en la entidad, asegura que en opinión de la directora del Imug, que no es médica sino decoradora de interiores, las mujeres en el momento en que están siendo violadas segregan un líquido espermicida, que las protege del embarazo. Sin duda por eso, en las bardas de Guanajuato se repite esta consigna, pintada entre los escudos y emblemas del gobierno estatal: Por amor o por violencia el aborto es un delito.
Úteros asesinos
En el verano de 2004, una investigadora del Instituto de Estudios Sociales (ISS, por sus siglas en inglés) de La Haya, Holanda, documentó en la región selvática de Chiapas algunos casos de mujeres que sufrieron abortos espontáneos a causa de la pobreza extrema en que viven. Este reportero obtuvo, por su parte, datos de mujeres que habitan en zonas urbanas y gozan de cabal salud, pero interrumpieron involuntariamente su embarazo entre el quinto y el sexto mes de gestación, porque tienen útero infantil, o sea, una matriz incapaz de alojar un feto en crecimiento.
En Guanajuato, desde 2001, los abortos espontáneos por desnutrición o por cualquier otro tipo de limitación física se castigan hasta con 35 años de cárcel. Y los que se realizan en forma voluntaria también. Para los talibanes del Bajío son homicidios en razón de parentesco en agravio de un producto en gestación, según el código penal vigente en el estado. O, como lo simplificó el gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez en una entrevista publicada por La Jornada ayer, son infanticidios.
Hoy mismo, por esta infame acusación, cinco jóvenes campesinas amanecieron presas en el Centro de Rehabilitación Social (Cereso) de Puentecillas, a la salida de la capital de Guanajuato, y una más en el de Valle de Santiago, cerca de Michoacán. Todas purgan condenas de más de un cuarto de siglo de encierro –la veterana del grupo, de apenas 26 años de edad, lleva nueve tras las rejas y aún le faltan 17–, pero ninguna recibió jamás atención médica, educación en salud reproductiva ni ayuda para evitar, o interrumpir, sus embarazos. Una de ella quedó encinta la cuarta vez que fue violada, sin que la policía que después la detuvo por abortar la protegiera de los machos que la maltrataron por años.
Además de ser víctimas de una injusticia tan atroz como insoportable, todas tienen en común el hecho de que, cuando llegaron a los hospitales públicos chorreando sangre y devastadas sicológicamente, se llevaron la misma sorpresa: antes de proceder a curarlas, los médicos que las trataron en las salas de urgencias llamaron a los agentes del Ministerio Público para denunciarlas in fraganti.
Las seis –más Alma Yareli Salazar Saldaña, que ya está libre– pasaron del hospital a la cárcel. Después de ser sentenciadas, algunas apelaron al Tribunal Superior de Justicia, pero por falta de buenos abogados perdieron en segunda instancia y ahora, para elevar su caso a la Suprema Corte –basurero moral de la nación– cada una necesita reunir al menos 500 mil pesos para lograr que un jurista la represente: un sueño imposible, pues sus familiares viven en condiciones de extrema pobreza, y muy de vez en cuando consiguen los 400 pesos que les cuesta ir desde sus comunidades al Cereso de Puentecillas a visitarlas.
La ONU vs la ONY
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Si analizamos esta frase pareciera una autocrítica de Elba Esther Gordillo Morales, o bien, un análisis profundo, sensato, sobre su desempeño como líder del SNTE. Sin embargo lo que parecía forma y fondo, resultó una abierta confrontación contra Televisa, su otrora aliada incondicional, en referencia al conocido programa de comedia 'La escuelita'.
