Madres, huelga, promesas, engaños...
MARCELA TURATI
2013-05-18 19:13:07 · COMENTARIOS DESACTIVADOS
NARCOTRÁFICO
Las madres de desaparecidos que se plantaron frente a la PGR desde el 9 de mayo se sabían capaces de mover montañas con tal de encontrar a sus hijos. Más difícil fue conseguir mover al procurador Jesús Murillo Karam y al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para que, más allá de las promesas, cumplan sus funciones de investigar a fondo el paradero de los jóvenes, aunque la indolencia del gobierno calderonista haya malgastado tanto tiempo. Ahora falta comprobar de qué están hechos los compromisos de los hombres de Peña Nieto.
Ana María Maldonado estaba recostada sobre una cama inflable, en una tienda de campaña que nueve días antes se había convertido en casa, instalada en el pavimento sobre la lateral de la avenida Paseo de la Reforma. En esa burbuja de plástico azul, semejante a una placenta, ella llegó a sentir una conexión especial con su hijo Carlos (“mi bebé”, le dice), un treintañero a quien dejó de ver hace tres años.
Su hijo desaparecido se le reveló sonriente. A ratos lo notaba triste, pero ella creía que era por verla viviendo en la calle por su causa. Otras veces sintió su abrazo y ella se permitía disfrutarlo, en esa conexión umbilical que los une desde que lo tejió en su vientre.
Tendida en ese refugio –rodeada de mochilas y bolsas, un celular, un radio de pilas y una estampa de la Virgen de Guadalupe– esta mujer de 60 años sentía que su salud se le escapaba por el sacrificio. Un día antes su cuerpo protestó con diarreas y vómitos, con el disparo de la presión, el ritmo cardiaco y la glucosa, al grado de que requirió máscara de oxígeno.
“Estaba muy deshidratada, tenía los labios pegados, no podía hablar. Me querían hospitalizar pero dije que no. No me quiero ir, no quiero dejar a mis compañeras solas en esto”, dice.
“Esto” es la huelga de hambre que ella y otras cuatro madres, un padre y una activista iniciaron afuera de la Procuraduría General de la República (PGR) el 9 de mayo, cuando construyeron una pequeña vecindad de tiendas de campaña de cuyos tendederos no colgaba ropa, sino mantas que mostraban rostros de jóvenes y una niña acompañados de flores, mensajes amorosos o letreros desesperados como “Ayúdanos a encontrarlo” o “Dios, sé que tú serás ese ángel que me ayude a devolverme a mi hija”.
Era un campamento de madres y un padre que tomaron la drástica opción de la huelga de hambre como medida de presión para recuperar a sus hijos e hijas desaparecidos. Lo encabezaba la michoacana Margarita López, madre de Yahaira Guadalupe Bahena –veinteañera desaparecida en Oaxaca el 13 de abril de 2011–, quien había realizado un ayuno de 10 días frente a la Secretaría de Gobernación en noviembre anterior, pero decidió volver a hacerlo al ver que ni los funcionarios anteriores ni los nuevos cumplían lo prometido.
También estaban ahí Dolores Rodríguez, quien busca a su hijo, el universitario Juan Eduardo Olivares Rodríguez, desaparecido el 1 de septiembre de 2011 en Tampico, Tamaulipas. Irma Alicia Trejo Trejo, madre del veinteañero Francisco Albavera, desaparecido el 26 de marzo de 2011 en el Distrito Federal. Nancy Rosete Núñez, madre de Elvis Axell Torres, de 17 años, desaparecido el 30 de diciembre de 2010 cuando salió rumbo a Tamaulipas con varios compañeros. Erika Montes de Oca Marín, quien busca a su sobrino Sergio Eduardo Guillén, de 27 años y desaparecido el 28 de noviembre en la Ciudad de México.
Atanasio Rodríguez era el único padre en huelga. Él busca a Alejandro Rodríguez González, quien fue retenido por las patrullas 1250 y 1440 de San Luis Potosí el 19 de julio de 2010. Dos mujeres de Jalisco desertaron de la huelga al segundo día, enfermas por las duras condiciones de esta forma de lucha, sin comida, sin electricidad, sin baños.
El dolor sin nombre
Ana María Maldonado tomó la decisión de unirse al contingente sin pensarlo. Recibió la invitación a participar justo el día 8, cuando sintió que enloquecía porque se enteró de que durante el sexenio anterior nada se había investigado sobre la desaparición de su hijo Carlos Palomares, quien el 22 de septiembre de 2010 fue citado en un domicilio de la colonia Narvarte, donde cambiaría su colección de muñecos de Star Wars por un automóvil, pero nunca regresó. El dueño de la casa del delito se mudó al extranjero; no fue citado a declarar.
Ante la prensa, Jaime Olivares, padre del universitario Juan Eduardo, repetía el sentir compartido: “Cuando uno se queda sin pareja le llaman viudo. Cuando uno se queda sin padres le llaman huérfano. Cuando uno se queda sin hijos, para ese dolor tan grande no existe nombre”.
Era un campamento poblado de padres y madres huérfanos de hijos. Huérfanos de organizaciones que los arropen. Huérfanos de autoridades porque prometen que saldrán a buscarlos pero nomás no cumplen.
Ante las presiones que recibieron para que levantaran la huelga, Margarita López –quien hizo la huelga como medida desesperada porque la PGR se negó a hacer la diligencia que daría con los restos de su hija Yahaira por “falta de recursos”– advirtió: “Aquí vamos a permanecer porque ya nos cansamos de esperar, de salir nosotras a buscar a nuestros hijos y que la autoridad haga como que no nos ve. Lo mismo nos da morir allá buscando que aquí postradas”.
Durante los nueve días la exigencia fue la misma: entrevistarse con Enrique Peña Nieto “10, 15 minutos” para que él destrabara las promesas realizadas por sus subalternos, los coordinara, y emprendieran, ahora sí, la búsqueda que debió realizarse desde el momento en que el hijo o la hija no volvió a casa.
La acción que han esperado por meses, si no es que por años. La que el gobierno anterior dejó pendiente a pesar de que durante el calderonismo se desató la epidemia de desapariciones que dejó un registro preliminar de 27 mil: una catástrofe humanitaria.
“A los 10 días sin alimento, el organismo comienza a nutrirse de tus propios órganos”, decía el viernes por la mañana, hecha llanto, Ana María, que de inmediato cortaba los pensamientos trágicos: “No me aterra porque estoy aquí por una causa, por miles de padres con hijos desaparecidos y por eso vale la pena”.
La luna de miel de Peña Nieto con los familiares de víctimas de la violencia se acabó muy pronto. En enero hubo varios roces entre la Secretaría de Gobernación y familiares de víctimas. A finales de ese mes, un grupo de madres hizo una caminata atravesando el desierto, desde Ciudad Juárez a Chihuahua, exigiendo la búsqueda.
Durante todos los miércoles de marzo, madres con hijas víctimas de la trata de personas (agrupadas en Catwlac) se manifestaron a las puertas de la PGR exigiendo atención a ese otro tipo de desaparición. En mayo, organizaciones como Cadhac, en Nuevo León, y la Red Mesa de Mujeres, hicieron campaña para exigir la búsqueda de las personas desaparecidas.
El 10 de mayo, un día después de que Ana María y sus compañeras se plantaron afuera de la PGR, cientos de madres llegadas principalmente del norte del país, convocadas por Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem), marcharon por la avenida Reforma para exigir a las autoridades el ansiado equipo especializado de búsqueda que pueda devolverles a sus hijos, vivos o muertos, y aclarar qué pasó, quién se los llevó, por qué, y llevar a la cárcel a los culpables.
Ese día, en su camino al Ángel de la Independencia, a la altura de la PGR, el contingente de madres se encontró con el plantón de sus pares. Se abrazaron, lloraron juntas, se prometieron luchar hasta el fin de sus días para dar con el paradero de los suyos.
“Compañeras, les decimos, ¡no están solas! Somos una multitud expectante e impaciente que ve con angustia cómo pasan los días de la nueva administración sin que trasciendan los resultados, aunque reconocemos el avance del diálogo incipiente –expresaron a las huelguistas las madres de Fundem–. Sabemos que a pesar de las instrucciones superiores, la búsqueda o la investigación se atoran en el lodazal de la burocracia de justicia, inamovible e inoperante.”
En el plantón de Reforma una manta que siempre estuvo presente, con las fotografías de los funcionarios peñistas, expresaba la nueva desilusión: “Sr. presidente: no hay respuesta en su palabra empeñada con las víctimas de los desaparecidos. Sr. secretario: ¿cuántas promesas más sin cumplir? Sr. procurador: ¿Quién los está buscando? Sr. comisionado: ¿dónde está su unidad especializada para la búsqueda de los desaparecidos?”.
Promesas rotas
Las familias comenzaron a escuchar promesas desde enero.
En una reunión privada en el hotel Hyatt de Polanco, el 11 de enero fue citado un grupo de familiares, entre ellos Margarita López, ante quienes el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se comprometió a instalar una línea directa atendida por funcionarios involucrados con los casos para que las familias puedan consultar dudas y denunciar casos de negligencia burocrática.
Como consta en una grabación, Osorio Chong también se comprometió a hablar con los gobernadores y los procuradores de todos los estados para exigirles que avanzaran en las indagatorias y a armar una base de muestras genéticas de todos los asesinados a fin de contrastarla con la de familiares.
El 22 de febrero, el titular de la Secretaría de Gobernación anunció que creó una comisión en la que participarían elementos de la PGR en coordinación con la Policía Federal (PF) y dedicada exclusivamente a la búsqueda de personas. Para coordinar las investigaciones, Osorio había designado a Damián Canales Mena, quien fue el director de Seguridad Pública de Hidalgo cuando él era gobernador.
Por su parte, el procurador Jesús Murillo Karam hizo público que restructuraría la PGR para reforzar la Subprocuraduría de Derechos Humanos y crear un área nueva que se encargara de investigar las desapariciones de personas.
Desde marzo, los casos fueron transferidos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada (SEIDO) a la nueva dirección, que al no haber sido aprobada aún por la Secretaría de Hacienda, carecía de personal y recursos propios, y ahí quedaron detenidos casos como el de Margarita López y el de Atanacio Rodríguez.
Al explicar los motivos de la huelga, el señor Rodríguez señalaba: “Me dijeron que no hay recursos para que los ministerios públicos salgan a investigar y que yo viera cómo hacerle para que ellos tuvieran recursos. Entonces, cuando no es un pretexto es otro, siempre se justifican”.
A su vez Margarita López, quien desde hace tres meses espera la orden de excavación del lugar donde podría haber sido enterrada su hija Yahaira, reclama: “Todos han prometido. De la Dirección de Derechos Humanos de Gobernación nos dijeron que iban a presionar a las autoridades competentes para que realicen su trabajo; el secretario Osorio dijo que estaría pendiente de cada caso y pondría gente especializada para atendernos; en la PGR, aunque nos tratan bien, nos dicen que no tienen presupuesto ni gente para salir a buscar; en la Policía Federal prometieron crear un grupo de búsqueda inmediata que no ha hecho nada”.
Tampoco avanzó la promesa de crear un grupo de reacción inmediata integrado por policías federales capacitados para la búsqueda, que se coordinarían con ministerios públicos. Según funcionarios consultados por Proceso, un pleito entre la PF y la PGR les impidió coordinarse, así que Murillo comenzó a crear su propio grupo de policías.
Estos funcionarios han notado que existe un jaloneo constante entre la PGR y la Segob por una especie de rivalidad entre los hidalguenses Murillo Karam y Osorio Chong, considerados maestro y alumno en su grupo político, quienes están en constante disputa de poder y arrebatándose atribuciones. Parte del conflicto fue el anuncio de Osorio de la creación del grupo especial de búsqueda.
En esa enredadera de egos y burocracia quedaron entrampadas las promesas que habían ilusionado a las familias con que, ahora sí, alguien buscaría a sus familiares.
Mientras las familias eran sometidas a ese juego de ping-pong y enviadas a peregrinar de una oficina a otra, la cifra de desapariciones ha crecido y va superando sus propios récords, según los registros de Províctima obtenidos a través de las leyes de transparencia.
De diciembre de 2012 al 1 de abril de 2013, oficialmente 11 personas fueron víctimas de desaparición, 58 de secuestro y 39 de trata de personas. Mientras tanto, el año pasado, en ese mismo lapso siete personas fueron registradas ante Províctima como víctimas de desaparición, 44 de secuestro y 17 de trata. Esto significa que las desapariciones crecieron 25% durante el sexenio de Peña Nieto o que son más reportadas que el año anterior.
Mientras las madres comenzaban su huelga de hambre, funcionarios de la PGR mandaron decirles que el procurador estaba enojado, que se habían equivocado de ventanilla porque el incumplimiento estaba en otro sitio, que para que las atendieran levantaran primero el plantón. Con el paso de los días y el peso de los medios, acudieron personalmente al plantón el procurador Murillo Karam, el subprocurador Ricardo García Cervantes y, el penúltimo día, la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de Gobernación Lía Limón, quienes no lograron terminar con la protesta.
Fue hasta el noveno día de ayuno, de cierre de una calle, de dormir a la intemperie y bajo la lluvia, dos días después de que el Senado de la República lanzó un exhorto al presidente Peña Nieto para que atendiera a las ayunantes y ya cuando Ana María estaba muy debilitada y usaba oxígeno, cuando Murillo Karam y Osorio Chong acudieron juntos a dar una respuesta a las demandas de las familias.
Anunciaron la creación de la ya tan prometida Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la que, según dijeron, será anunciada y casi inaugurada el próximo día 27.
La unidad será coordinada desde la PGR por Salomón Baltazar Samayoa, quien fue subprocurador de Averiguaciones Previas en la procuraduría capitalina en tiempos de Bernardo Bátiz, y contará con 200 funcionarios, entre éstos al menos 50 policías (ya no federales sino formados en la PGR) y ministerios públicos especializados.
En el encuentro, Osorio Chong se comprometió –a petición de las mujeres– a que el Plan Nacional de Desarrollo incluya la creación de un Programa Nacional de Personas Desaparecidas, exigido unánimemente por las organizaciones de víctimas.
“No estoy muy convencida de abandonar la huelga, pero sé que aceptaron por mi salud”, dijo la señora Maldonado, a las cuatro de la tarde del viernes 17, al salir de las oficinas de la PGR, después de que las manifestantes decidieron levantar el plantón.
Recogía sus cosas de este lugar donde volvió a sentir con fuerza el abrazo de Carlos.
No volverá a su casa en el Estado de México, no la quiere habitar desde que su hijo está ausente. “Mi esposo y yo nos fuimos a vivir al departamento de Carlos, se lo quiero cuidar para cuando él regrese”, explicó esta madre y abuela. Cuando salía de la PGR tenía sensaciones encontradas, de tristeza, escepticismo, alegría e incertidumbre: no sabe si confiar en que esta vez se cumplirán las promesas oficiales.
'via Blog this'
Cinco años de prisión por 100 pesos | SinEmbargo OPINIÓN: 
