A 20 años de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) no hay nada que celebrar, pues éste “nos empobreció y el gobierno abandonó, despojó y excluyó del desarrollo", asentaron el Frente Democrático Campesino de Chihuahua (FDCCh), la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras, la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, el Movimiento Agrario Indígena Zapatista y la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social, en el manifiesto que leyeron en el puente internacional Córdoba-Américas, Juárez, Chihuahua, antes de retirarse del plantón que sostuvieron durante seis horas en dicho lugar.
Las organizaciones cerraron, a partir de las 7:00 de la mañana tres carriles del cruce internacional, del lado que conduce a los guiadores de México a Estados Unidos, dejando un solo espacio para la circulación vehicular, como una forma de protesta por el empobrecimiento del campo mexicano que trajo como consecuencia el TLCAN.
Los elementos del Ejército que custodian el cruce internacional intentaron sin éxito disuadir el bloqueo.
Ante los 300 agricultores de las citadas agrupaciones y representantes de la Unión de Trabajadores Agrícolas de El Paso, Texas, y el Sindicato de Trabajadores de Carolina del Norte, Fernando Ortega, coordinador estatal del FDCCh, leyó el documento en el cual se asentó: “No somos pobres, por nuestra herencia indígena, la revolución campesina de 1910 y por las luchas agrarias ininterrumpidas por más de un siglo, tenemos tierra, territorio, semillas, conocimientos, organización y cultura, y sobre todo, tenemos mucha dignidad y patriotismo para salir adelante con nuestro trabajo y vivir bien en nuestras tierras y territorios y en nuestro suelo patrio”.
En el escrito, signado por los dirigentes de las cinco agrupaciones mexicanas, los campesinos también destacaron que no quieren “caridad pública ni privada”, sino que el gobierno cumpla con sus obligaciones y cancele dicho acuerdo comercial, pues los únicos beneficiados han sido los agroempresarios y las grandes empresas.
Recordaron que “en 1992, el ex presidente Carlos Salinas de Gortari y el Congreso de la Unión impusieron la contrarreforma al Artículo 27 constitucional para intentar privatizar el ejido y la comunidad y entregar nuestros territorios en concesiones a las mineras. Con el TLCAN y el abandono del campo, el gobierno ha promovido la violencia y el crecimiento y el control del crimen organizado en el medio rural y el país”.
Insistieron en responsabilizar al gobierno de la expansión del crimen organizado en el agro, así como de imponer un modelo de alimentación de comida y bebidas chatarras que han provocado una “epidemia de obesidad y sobrepeso”. Aseguraron que a los productores y consumidores de Estados Unidos y Canadá “les ha ido igual que a nosotros con el TLCAN”.
Propusieron el establecimiento de un sistema de ingreso objetivo para recuperar costos de producción y obtener una utilidad razonable; un sistema de compras gubernamentales para apoyar a los campesinos ante el desplome de los precios de los granos; un presupuesto multianual enfocado a fortalecer las unidades de producción de los pequeños y medianos productores, y la aplicación de un nuevo modelo de producción sustentable de alimentos sanos, sin transgénicos y sin monopolios.
Durante el plantón, una treintena de agrupaciones sociales no gubernamentales, defensoras de derechos humanos y asociaciones civiles de investigación laboral y rural enviaron su solidaridad, entre ellas la Red de Organizaciones Sociales de Ecuador, la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, la Asociación Mexicana de Mujeres Líderes Micro Empresarias y el Centro de Reflexión y Acción Laboral.
En sus mensajes destacaron que 2014 será el año del recuento de daños, a 20 años del TLCAN, así como de la denuncia permanente de la pretensión de las élites político económicas de Norteamérica, de que dicho acuerdo comercial se convierta la antesala de la “anexión corporativa”.
Este año, subrayaron, será de resistencias contra esas hegemonías de las élites y la construcción de alternativas renovadas. Y se sumaron al llamado de las agrupaciones campesinas a la sociedad para “rescatar la patria y recuperar con dignidad la soberanía nacional y popular”.
Por su parte, Ortega aseguró que el TLCAN sólo produjo pobreza en el campo mexicano, por la asimetría que existe entre los pequeños productores, comuneros y campesinos, para competir con las grandes empresas agroindustriales de México, Canadá y Estados Unidos, donde además existen grandes subsidios a la producción agrícola.
Señaló que en México los campesinos no tienen certeza del precio en el que podrán comercializar sus cosechas, porque la política gubernamental beneficia a los grandes productores y se olvida de los pequeños.
En tanto, los campesinos llegaron al lugar portando mantas en las que asentaron: "Demandamos a los gobiernos (en alusión a los de México, Estados Unidos y Canadá) resuelvan los problemas del campo"; "20 años del TLCAN, suficientes para devastar al campo"; "¡Basta de TLCAN y violencia, los campesinos exigimos justicia y desarrollo!", "Reforma al campo ¡ya! con campesinos y no con partidos políticos", "Menos campesinos y más narcos en el campo. 20 años de TLCAN igual a 20 años de violencia".
Otra de las exigencias es una acción inmediata del gobierno mexicano para que los productores de maíz, frijol, sorgo y manzana reciban un precio justo, pues en el caso del frijol los intermediarios siguen pagando entre 6 a 7 pesos por kilo cuando el costo de producción rebasa los 12 pesos; en maíz se paga entre 2 mil 700 y 2 mil 900 pesos la tonelada, frente a un costo de producción de entre 12 a 20 mil pesos por hectárea, Los productores de sorgo suman pérdidas de 800 millones de pesos por la caída de los precios; en tanto los de manzana, dejaron de percibir el 70 por ciento de sus ingresos.
Otras protestas
Además de las protestas campesinas en Ciudad Juárez, organizaciones civiles y políticas, entre ellas simpatizantes del Partido Acción Nacional (PAN) y del Movimiento de Reconstrucción Nacional (Morena), realizaron actos de resistencia civil pacífica, acudiendo a las tiendas de autoservicio donde adquirieron artículos con el nuevo IVA homologado del 16 por ciento, y una vez con el recibo de compra impreso, exigieron la devolución del 5 por ciento que se les cobró de más en comparación al impuesto del 11 por ciento para zonas fronterizas que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre.
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