La presión social para enfrentar la reforma energética se elevará. Se están despejando las dudas sobre la iniciativa que enviará el presidente Enrique Peña Nieto, que si no cambian las cosas, incluirá cambios constitucionales. Dicen los que saben que si se quieren dar las garantías jurídicas a los inversionistas extranjeros que prometió el Presidente, no hay de otra y tendrá que haber algún tipo de modificación a la propiedad. Por eso, en las bancadas legislativas del PRI están pensando cómo se fraseará la propuesta, para que incluya ciertos niveles de privatización, sin que se interprete como la venta del petróleo mexicano al mejor postor. O sea, semántica contra la calle, y retórica contra movimientos sociales. Hagan sus apuestas para ver quién gana.
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