Por Enrique Pérez Quintana | Proyecto sin fin – Hace 15 horasCuartoscuro.com - VETAGRANDEZ, ZAC.7JULIO2013.- Decenas de zacatecanos se dieron cita en la casillas del pueblo El Lampotal, en donde al filo del medio día se juntaron y fue necesario hacer colas durante …más
Desde hace más de cien años los mexicanos estamos enfrascados en el tema de la construcción de la democracia. En todo este siglo hemos transitado del autoritarismo al fracaso de la transición y ahora estamos en la etapa de la disputa por el poder en un ambiente de violencia, amenaza, extorsión, simulación, corrupción e impunidad. Todo aquello que debiera quedar desterrado si la democracia tuviera la oportunidad de generar el ambiente para la construcción del marco legal para combatir esta plaga que nos impide crecer como sociedad.
El primer resultado de las elecciones no fue el encontrado en el recuento de los votos, es el entender que los mexicanos estamos construyendo una democracia que en su juventud es decadente por las practicas seguidas por los políticos y partidos que después de 36 años no han logrado establecer unas reglas que los obliguen a respetar al adversario y no diseñar campañas dedicadas a denostar y disuadir.
Las campañas se llevaron a cabo del 13 de mayo al 3 de junio, en Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas fueron 52 días que se caracterizaron por automóviles quemados, propaganda destruida, agresiones físicas, homicidios, secuestros, atentados contra diversos candidatos, sus equipos de campaña y simpatizantes de todos los partidos.
La comisión del Senado de la república que hizo el seguimiento de las campañas electorales expresó que este proceso “ha sido el más violento de los últimos 60 o más años”. Fueron registradas amenazas y cancelaciones de candidaturas, tiroteos, robos en oficinas y almacenes y diversos crímenes relacionados con las elecciones.
Debido al clima de violencia en el que se realizaron las campañas, los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática demandaron al presidente Enrique Peña Nieto que ordenara que las fuerzas armadas patrullaran las calles de las 14 entidades el día de las elecciones para garantizar la seguridad.
Todos los partidos se acusaron entre si, lo que implica que todos son responsables de la violencia de la que fueron responsabilizados los gobernadores. El adéndum firmado en el seno del Pacto por México con la intención se evitar la injerencia de los gobernadores a favor de sus correligionarios fue insuficiente como lo constata la violencia registrada en las campañas y las demandas levantadas por los partidos.
El Instituto Federal Electoral (IFE), informó que los ciudadanos que podrían votar en las 14 entidades sumaban 30 millones 487 mil 372. Los especialistas en el tema estimaron que se abstendrían de participar 50 por ciento de votantes, e interpretaron que la ausencia sería por el desencanto generado por el ambiente de crispación y violencia observado en las campañas.
Con la intención de crear certidumbre en las elecciones el presidente Peña Nieto advirtió que no toleraría la injerencia de funcionarios federales en las elecciones y ofreció que su gobierno actuaría para que hubiera “transparencia, equidad y legalidad en los comicios”.
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ofreció el apoyo del gobierno federal para propiciar la participación libre de los ciudadanos en las elecciones. La Procuraduría General de la República comisionó a más de mil 500 elementos en 70 puntos de las 14 entidades.
El interés de las autoridades federales en las elecciones locales no puede interpretarse como un gesto de genuina preocupación por la democracia porque la intención real es garantizar la vigencia del Pacto por México. Más allá de los puestos de elección popular para el gobierno de Peña Nieto lo que estuvo en disputa fue la continuidad de este espacio de concertación política que ha permitido a su gobierno avanzar en la aprobación de las reformas estructurales pospuestas por muchos años y que ahora, al lograr su aprobación, significan un triunfo político para su gestión de gobierno.
Lo previsible es que los resultados de las elecciones van a ser disputados por los partidos en los tribunales y eso le dará un toque de legalidad al proceso pero no le otorgará solidez a la democracia mexicana que los actores políticos que la tienen secuestrada la vuelven decadente aún antes de que siquiera llegue a su primera juventud.
Desde luego que la judicialización de los resultados electorales es el reconocimiento implícito de la ausencia de una convicción democrática en los partidos políticos que se han empeñado en mantener el sistema que indica que quien tiene la mayoría gana y, esa mayoría puede ser de un voto que no están dispuestos a respetar.
La lección que recibimos este pasado 7 de julio es que la disputa por el poder en México no tiene reposo y que con tal de alcanzarlo los interesados son capaces de violar todos los principios y leyes. El voto del pueblo es respetado, siempre y cuando les sea favorable, de lo contrario se culpa al otro de hacer trampa. Si este fue el escenario inicial, imagine usted cómo van a ser las elecciones federales en 2015 y en 2018. Este fue un ensayo que mostró las limitaciones de las leyes electorales estatales. Otra asignatura pendiente.
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