Salinato restaurado y sus levantadedos quieren 20 años de cárcel contra manifestantes

Proponen 20 años de cárcel a vándalos [Vandalismo] - 29/06/2013 | Periódico Zócalo:
[Vandalismo]
Por Excélsior
29/06/2013 - 11:05 AM
Tags: vandalismo, saltillo, pvem, pvem, pri, código penal federal, coahuila, cámara de diputados de méxico, alteración de la pazpública

México.- En San Lázaro avanza la iniciativa que busca elevar los castigos en el Código Penal Federal para los manifestantes que recurran a actos violentos en contra de terceros, como el uso de bombas incendiarias.

Las penas para el delito contra la paz pública irían de diez a 20 años de prisión y se habla de suspensión de derechos políticos hasta por diez años.

Dichos castigos aumentarían en dos terceras partes, cuando quienes cometan dichos actos porten máscaras o capuchas que impidan su identificación plena.

Bajo el argumento de que la violencia en las movilizaciones de los últimos meses ha ido en aumento, en un promedio de una por mes, el grupo parlamentario del PAN considera que debe frenarse mediante un cambio legal el vandalismo que afectó ya tanto a bienes públicos como a ciudadanos propietarios de carros o inmuebles dañados e incluso destruidos.

Con el respaldo adicional del PRI y del Verde Ecologista, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados concretó un borrador de dictamen favorable a la reforma que establecería la cárcel para quienes generen disturbios como los sucedidos en la capital del país y en Guerrero en contra de vehículos y de inmuebles privados y públicos.

Apoyado por la firma de 150 diputados de las bancadas de esos tres partidos, el diputado del PAN Jorge Sotomayor Chávez cabildea este proyecto y confía en su aprobación en ambas cámaras para septiembre próximo.

“Buscamos crear un tipo penal en el Código Penal Federal para castigar a quienes utilicen sustancias tóxicas, inflamables o explosivas que dañen a una persona en sus bienes, en su servicios o físicamente”, detalló.

Respecto de los encapuchados, Sotomayor Chávez aclaró que en su propuesta se plantea que, cuando se recurra a la utilización de máscaras o de elementos que impiden que una persona sea reconocida, se aplique lo que en derecho penal se conoce como agravante de responsabilidad.

“Esto quiere decir que si un grupo de personas se manifiestan enmascarados y lo hacen de manera pacífica, no hay delito. Pero si lo hacen utilizando las sustancias señaladas sí hay delito. Y si además se cubre el rostro, la penalidad será mayor”, explicó.

Esperan contrapropuestas

En entrevista con Excélsior, el legislador dijo esperar que las comisiones de derechos humanos, activistas y representantes del PRD, Movimiento Ciudadano y PT que se oponen planteen sus contra propuestas y reservas.

“El problema es que siempre que la izquierda le ha querido pegar a esta iniciativa, la lee de manera parcial. Dicen que yo quiero ir en contra de la libertad de expresión y que estoy criminalizando las protestas. Pero la historia de Acción Nacional es a favor de la libertad de expresión y la democracia”, expuso el panista.

“Por ningún motivo estamos en contra de la libre manifestación de las ideas. Lo que nos preocupa es que se está llegando a una violencia muy importante en los últimos meses. Hay muchachos que llevan a las manifestaciones bombas molotov, sustancias tóxicas o elementos con los que logran echar fuego a los policías que se encuentran resguardando esa manifestación.”

Cuestionado respecto de la coincidencias de su propuesta y la del Ejecutivo federal, puntualizó que tanto ésta como la suya se proponen proteger a las personas, bienes y servicios de la utilización de sustancias tóxicas, de inflamables y explosivos.

Iniciativa ampliada

“La diferencia es que Peña únicamente habla de protección de personas del servicio diplomático, y en la nuestra hablamos de protección de cualquier tercero . Por eso la del Presidente es contra terrorismo. Y la nuestra habla de paz pública”, comparó.

También el PRD, dijo el legislador del PAN, a través del diputado Fernando Zárate, presentó una iniciativa para regular el uso de la fuerza pública.

“Esto significa que el tema es una preocupación de todos. No sólo del grupo parlamentario del PAN ni personal. Los tres grupos parlamentarios más importantes representados en la Cámara tienen esta preocupación”, comentó.

Cuestionado sobre la viabilidad de la propuesta, el diputado comentó: “El borrador que nos enviaron de la presidencia de la Comisión de Justicia de la Cámara viene en sentido favorable. Eso ya es un avance. Estamos esperando a la próxima reunión de la Comisión para se vote.”

Reseñó haber tenido oportunidad de platicar con varios diputados de su partido, del PRI y del Verde que han externado el respaldo a la iniciativa.

Y confió en que, de aprobarse en el Cámara, la reforma también tendría el aval del Senado.

Contó haber tenido ya la oportunidad de platicar sobre su propuesta con el ombudsman del DF, Luis González Plascencia. “Nos dice que está de acuerdo con el fondo de la iniciativa. Sin embargo, no está de acuerdo con la forma. Dice que habría que hacerle cambios. Le he pedido que nos señale cuáles. Pero aún no tenemos su respuesta”, ventiló.
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