21 Mayo, 2013 - 00:25Credito:
Jorge Monroy / El Economista
El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto reconoció que sólo 10% de los fondos anuales antipobreza llegan a la población mayormente marginada del país. Además, admitió que existe una dispersión entre los programas sociales federales y estatales, lo que impide combatir de manera eficaz la desigualdad en el país.
En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el gobierno de Peña reconoció que es necesario resolver importantes retos vinculados con la forma en que se conceptualizan y se ejercen las políticas públicas para que la ciudadanía goce del pleno ejercicio de sus derechos sociales.
“Los recursos públicos destinados a atender los problemas de pobreza y desigualdad, en algunos casos, no están adecuadamente dirigidos: la mitad de estos recursos se destina al segmento superior de la escala de ingresos y sólo 10% de dichos fondos se asigna a 20% más pobre de la población”, se reconoció.
En el PND se planteó que actualmente existen 273 programas y acciones sociales federales, mientras que en el ámbito estatal existen otros 2,391 programas.
“No existe un padrón único de beneficiarios y no se tiene un alineamiento claro y estratégico de la política social. Por tanto, se carece de una adecuada articulación interinstitucional que resulte en el cumplimiento efectivo de objetivos de desarrollo social comunes o complementarios”, precisó.
El plan de desarrollo del gobierno partió del reconocimiento de las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) correspondientes al 2010, las cuales indican que 46.2% de la población mexicana se encontraba en condiciones de pobreza; 10.4% de la población nacional se encuentra en pobreza extrema, así como que en 40% de los municipios del país, la proporción de la población en situación de pobreza es mayor a 75 por ciento.
Se precisó que el hambre es la expresión más lacerante de la pobreza extrema.
Asimismo, se admite que la dispersión de la riqueza en México también es un factor que no contribuye a la igualdad. “La distribución del ingreso del país representa un reto para el desarrollo nacional y la equidad social. En la última década, México fue la segunda nación más desigual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos”.
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