RAFAEL CRODA
9 DE MAYO DE 2013 ·
REPORTAJE ESPECIAL
Carlos Slim, empresario.
Foto: Octavio Gómez
La empresa Claro, propiedad de Carlos Slim, enfrenta una demanda penal en Colombia por desacato al mandato de un tribunal en ese país. Lo que se oculta detrás de esa querella, comentan varios especialistas, es que los competidores del empresario mexicano cerraron filas para acotarlo, pues posee el mayor consorcio de telecomunicaciones, que acapara más de 60% de los suscriptores de telefonía celular y 80% del tráfico de llamadas. El año pasado sus ganancias llegaron a mil 858 millones de dólares, lo cual convirtió al país sudamericano en el segundo más rentable para el magnate, sólo después de México.
BOGOTÁ (Proceso).- El empresario mexicano Carlos Slim Helú enfrenta en Colombia una investigación penal por parte de la Fiscalía General de la Nación ante la negativa de Claro, compañía de su propiedad, a cumplir una sentencia judicial que le ordena devolver más de 100 millones de dólares a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), un consorcio de propiedad mixta.
Fuentes de la fiscalía comentan a Proceso que la investigación está “en etapa preliminar y práctica de pruebas” y que la decisión de citar a declarar al hombre más rico del mundo “la tomará el fiscal adscrito al caso”, después de concluir esta fase procesal.
La denuncia penal contra Slim fue presentada en febrero pasado por el abogado Mauricio Mateus Rodríguez, quien dice actuar “a título personal y por interés académico”. En abril la fiscalía decidió acogerla e iniciar una investigación, lo que causó sorpresa entre abogados que consideraban improcedente esa demanda, toda vez que en Colombia las deudas económicas no son materia del ámbito penal, pues la Constitución impide castigarlas con cárcel.
Sin embargo, en la resolución 0-0926 de 2013, el fiscal general de la nación, Eduardo Montealegre, planteó que “analizados los hechos denunciados, la connotación y trascendencia que dentro del ámbito nacional e internacional tienen los mismos, este despacho estima que por la naturaleza de aquellos es menester designar especialmente a un fiscal delegado adscrito a la Unidad Nacional Anticorrupción que por reparto corresponda el conocimiento de la investigación que se suscite por el presunto incumplimiento” de Claro.
fuente: http://www.proceso.com.mx/?p=341459
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