11 de Mayo, 2013
Sostuvo el legislador del PRI, José Luis Flores que es un "delito de cuello blanco y de los más organizados. En un extremo hay cientos de personas de muy escasos recursos que se dedican a sustraer cables; las chatarrerías se los compran y lo almacenan. El tercer escalón son las fundiciones, donde tienen calderas gigantes de más de mil 200 grados para transformarlos".
El diputado José Luis Flores Méndez (PRI) propuso incluir el robo de cables eléctricos o de fibra óptica en el catálogo de delitos graves, se busca evitar que quienes los hurtan salgan libres bajo fianza, pues ocasionan fuertes daños a usuarios y a la economía nacional.
Indicó que estos actos vandálicos pueden remediarse con reformas al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, para considerar grave este delito.
En un comunicado de prensa, el legislador detalló que el robo de cables eléctricos o de fibra óptica "lastima el bienestar social, ya que los usuarios afectados pueden pasar días enteros sin servicios de energía eléctrica, de telefonía o de internet".
Sostuvo que es un "delito de cuello blanco y de los más organizados. En un extremo hay cientos de personas de muy escasos recursos que se dedican a sustraer cables; las chatarrerías se los compran y lo almacenan. El tercer escalón son las fundiciones, donde tienen calderas gigantes de más de mil 200 grados para transformarlos", advirtió.
Además, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) debe reponer el costoso material, mientras que para las empresas de teléfonos y de otros servicios transmitidos por cables de cobre o de fibra óptica, esta actividad delictiva representa una "seria amenaza y significativas pérdidas económicas por el costo de reposición de los materiales y el tiempo de reinstalación", agregó.
Refirió que en los últimos años, este delito se ha incrementado en las poblaciones de Baja California, donde el robo de alambre conductor de energía eléctrica, de alta y baja tensión, así como de fibra óptica, afecta a los habitantes de las ciudades y de las zonas rurales que permanecen sin luz.
De igual forma, agregó en su iniciativa presentada en la Comisión Permanente, se afectan los bancos, oficinas públicas y empresas privadas en cuanto a sus sistemas de computación, Internet y otros servicios.
El diputado destacó que entre 2011 y 2012, en la zona de la península de Baja California, la CFE reportó el robo de más de 843 mil 806 metros de alambre conductor de energía eléctrica, lo que significó 11 millones 283 mil 211 pesos en pérdidas económicas
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