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Las prácticas monopólicas no serán afectadas
Carmen García Bermejo
Miércoles, 24 de abril de 2013
"Me asombra nuestro grado de sumisión". Layda Sansores.
· CONTINUIDAD DE LAS PRÁCTICAS MONOPÓLICAS
Hay deficiencias y aspectos que no están cabalmente tratados en el proyecto de decreto que reforma y adiciona artículos de la Constitución en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica. El objetivo es contrarrestar los monopolios, pero los legisladores no incluyen cambios que afecten en verdad esos intereses. El debate está por venir.
El proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica se aprobó en el Senado de la República la madrugada del viernes pasado y se devolvió, con 27 modificaciones y adiciones, a la Cámara de Diputados. En ese recinto, ayer se discutió en comisiones con el fin de que hoy se diera la primera lectura para aprobarla, posiblemente entre el jueves y viernes, en el pleno. De ser así, ese decreto también tendrá que ser aprobado en, por lo menos, 16 congresos estatales para que los cambios surtan efecto.
Después de ese proceso, el Congreso de la Unión está obligado a presentar dos nuevas leyes para telecomunicaciones y radiodifusión. Y es en esas leyes donde algunos legisladores y organizaciones civiles tendrán que dar la batalla para que se ratifique el carácter público de los medios, se diversifiquen las concesiones, se establezcan acuerdos sobre sus contenidos y se hagan valer los mecanismos de vigilancia y control sobre los concesionarios.
Aunque los avances son significativos en esta reforma, el decreto no incluye nuevas medidas que afecten los intereses de las televisoras dominantes, lo cual seguirá limitando la competencia en este mercado y manteniendo intactos los intereses del duopolio Televisa/TV-Azteca.
De acuerdo con las modificaciones realizadas por los senadores, la reforma inserta conceptos como "servicio público", "inclusión digital", "sociedad de la información y del conocimiento", "servicio universal" y "convergencia tecnológica". Asimismo, los usuarios y las audiencias de los medios adquieren derechos constitucionales al libre acceso a la información veraz, plural y oportuna, así como para buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión a través de cualquier plataforma.
Resalta en esta reforma la promoción de dos nuevas cadenas nacionales de televisión abierta y una más de carácter público. Sin embargo, esta disposición aún está por verse ya que Televisa y TV-Azteca también manejan el control de la industria que va desde la producción de contenidos hasta la exclusividad de la contratación de los artistas, así como la generación de opinión pública. Estas prácticas monopólicas no se afectan con los cambios que propone el Congreso de la Unión. Por eso, especialistas en el tema consideran que esa concentración del espacio radioeléctrico que predomina en México deberá contrarrestarse en las leyes secundarias, que derivan de la actual modificación constitucional, para que el Estado ratifique el carácter público de los medios de comunicación, manda acuerdos sobre sus contenidos y ponga en marcha los mecanismos de vigilancia y control sobre los concesionarios.
La forma como se aprobó el dictamen de las reformas constitucionales en la Cámara de Senadores, la madrugada del viernes pasado, fue atípica, pese a la relevancia de lo dispuesto. Primero, el presidente de la mesa directiva, Ernesto Cordero, preguntó al pleno si se autorizaba la no publicación del dictamen en la Gaceta Parlamentaria, pues el documento lo tenían disponible en el monitor de cada uno de los escaños de los legisladores. La mayoría lo aceptó. Luego se daría la segunda lectura a dicho dictamen, pero como los senadores ya lo tenían en sus pantallas, también fue omitida su lectura. Entonces, mientras discutían otro punto, los legisladores tenían que leer y analizar, rapidito, las 459 cuartillas del dictamen que les acababan de entregar para que opinaran en el debate. Hubo protestas, como la de la senadora Layda Sansores, quien manifestó la imposibilidad de comprender, "en diez minutos", tantas hojas y ubicar los cambios que se hicieron: "Esto no es correcto y debería de reconsiderarse. A mí me asombra con qué grado de aceptación y sumisión nosotros estamos de acuerdo en que se implementen estas estrategias...".
En menos de tres horas los senadores leyeron, analizaron y "debatieron" el dictamen de 459 cuartillas. Y aunque delar cerca de 40 reservas de artículos polémicos, ninguna fue discutida, como ocurrió con la Ley Televisa en 2006. El proyecto de decreto fue aprobado en lo general y en lo particular con 109 votos a favor y cinco en contra.
A la deriva del mercado
Para el especialista Ernesto Villanueva -coordinador del área de Derecho de la Información del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM-, las reformas constitucionales tuvieron muchas oportunidades de mejorar en el Senado... y no lo hicieron. Considera grave que en el artículo sexto constitucional se proponga la regulación de contenidos, porque la reglamentación por parte del Estado está más cercana a la censura que a la libertad de expresión. También reprueba que en el artículo séptimo constitucional los legisladores reprodujeran, con todo y comas, el Artículo 13, numeral 3, de la Convención Americana, porque esa norma ya forma parte de nuestro ordenamiento jurídico.
-Me preocupa -agrega el investigador- la creación de una situación dual tratándose de medios que operan con cargo al erario, como son el Canal 22, el Canal 11, el Instituto Mexicano de la Radio, Radio Educación, Notimex y los sistemas de radio y televisión de los estados, porque permanecerán como están actualmente. Sólo los nuevos canales que reciban financiamiento público estarán sujetos a lo dispuesto en el Artículo 10 transitorio de estas reformas, que toma en cuenta algunas de las principales características de los medios públicos.
Otro aspecto que resalta es que los senadores votaron a favor de las normas para la retransmisión de señales abiertas en televisión de paga. Sin embargo, en ese punto se señala que "al operador dominante no se le aplique la regla de gratuidad", lo cual significa un beneficio claro y llano a favor de Televisa:
-Los operadores de televisión restringida (cable o satélite) -explica Villanueva en entrevista- tienen como una demanda, hasta el día de hoy, la inclusión en su oferta el Canal 2 de Televisa y buena parte de la población ve los canales de Televisa y Azteca a través de la televisión de suscriptores no directamente, aunque sea señal abierta por los problemas de calidad en las transmisiones en distintas partes del país. De tal suerte que si el Canal 2, el más solicitado por la gente, se exceptúa en la regla de gratuidad, el ganador es Televisa, ya que podrá seguir cobrando para que sus contenidos puedan ser reproducidos por la televisión de suscriptores.
En esta reforma constitucional se reconoce el carácter público de los medios de comunicación e información y no simplemente su vocación comercial. Al respecto, Alma Rosa Alva de la Selva -profesora e investigadora de la Facultad de Ciencia Políticas y Sociales de la UNAM- precisa que la incorporación del aspecto de servicio público para el funcionamiento de las telecomunicaciones y radiodifusión es muy importante, si esto realmente se desglosa, ya que ese concepto conllevaría responsabilidades de alto nivel para el Estado mexicano en la materia y, por eso, los ciudadanos también tendríamos que exigir su cumplimiento.
Pero la también coordinadora del libro La ley Televisa y la lucha por el poder en México alerta sobre el punto de abrir al 100 por ciento la inversión extranjera a las telecomunicaciones y el 49 por ciento a la radiodifusión, sobre todo porque hay un desbalance entre ambos campos. El tema tendría que ser estudiado a profundidad debido a que el Artículo 28 de la Constitución, al referirse a la comunicación por satélite, tenía considerado este campo como estratégico para el Estado y sujeto a su supervisión directa, lo cual empata con la visión de servicio público que, ahora, se está estableciendo. Pero con la reforma del Senado se modifica este principio, porque no es lo mismo hablar de la televisión abierta que de la radio o de las redes públicas de telecomunicaciones o de los satélites. Incluso los satélites ya estaban casi en manos privadas.
Con respecto a la existencia de una segunda y hasta una tercera cadena de televisión, Alva de la Selva comenta que esa decisión podría dar sorpresas hasta favorables para que en México haya otros operadores, ya que la televisión existente ha tenido "una visión ideológica que le cierra a la población el escenario de opciones políticas y culturales". Además, ha estado en contra de "una pluralidad política e informativa". Por lo tanto, otros operadores serían bienvenidos: "La televisión ha construido una visión de la política que ya se ha convertido claramente en un obstáculo para la transformación del país. Nuevas cadenas resultarían sano para que la población viera que hay otras formas de hacer televisión".
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