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| fisgon derechos humanos (Photo credit: trianero2) |
El subsecretario de Planeación y Protección Institucional de la Secretaría de Gobernación, Manuel Mondragón y Kalb, instruyó la distribución de la Cartilla de los Derechos Humanos que asisten a las personas en detención, que los más de 37 mil agentes de la Policía Federal (PF) deberán leer a los detenidos.
En un comunicado, la dependencia informó que la distribución de la cartilla, en la que se detallan nueve derechos, se realizó en cumplimiento de la directriz marcada por la Presidencia de la República.
El uso de este documento se integra al protocolo que deben seguir los agentes al asegurar al presunto responsable de un delito, y su contenido deberá ser notificado al detenido para que conozca sus derechos durante el tiempo que demore su presentación ante la autoridad ministerial, precisa el texto.
El gobierno federal anunció la decisión de distribuir esta cartilla entre integrantes de las corporaciones federales poco después de la liberación de la francesa Florence Cassez, sentenciada por secuestro y a quien la Suprema Corte de Justicia amparó por la violación de sus derechos fundamentales tras su detención y en las horas posteriores.
El primer derecho contenido en la cartilla es el informar el motivo de la detención, seguido del de presunción de inocencia y el de declarar o guardar silencio.
En cuarto lugar, se debe informar al detenido que si decide hacer una declaración, tiene derecho a no inculparse, es decir, a no declarar en su contra, así como a nombrar un abogado defensor y, en caso de no contar con uno, a recibir asistencia legal gratuita.
La cartilla también incluye el derecho a un traductor e intérprete, y a que su detención se informe a un familiar o a la persona que el detenido desee, así como a ser puesto sin demora a disposición de la autoridad competente.
Finalmente, se incluye el derecho, en caso de ser extranjero, a que el consulado de su país sea notificado de su detención.
La violación de los derechos a la presunción de inocencia, a la defensa adecuada y a la asistencia consular en el caso de Florence Cassez fue decisiva en la resolución de la Corte que le otorgó el amparo contra la sentencia de 60 años que se le había impuesto.
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