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John M. Ackerman
En defensa del IFE: que se vayan todos
Existe un creciente consenso alrededor de la impostergable necesidad de realizar una reforma electoral de largo alcance. Sin embargo, habría que recordar que los principales responsables del desastre político del año 2006 no fueron ni las leyes ni las instituciones, sino las personas encargadas de hacerlas valer y defenderlas. El legislador nunca podrá anticipar todos los escenarios futuros para la aplicación de una ley, y ninguna ley, por más perfecta que parezca, podrá dar respuesta a la totalidad de los desafíos sociales. Son los propios gobernantes quienes deben contar con la visión, sensibilidad y apertura necesarias para que la norma se cumpla, en contextos siempre cambiantes y dinámicos.
Entre 1996 y 2003 los consejeros electorales supieron darle vida a la ley electoral. Los artículos 270 y 271 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) no le otorgan al IFE capacidad alguna de investigación. Sin embargo, en un esfuerzo proactivo el instituto desplegó una amplia investigación en los casos del Pemexgate y los Amigos de Fox. La ley tampoco faculta a los consejeros a controlar directamente la estructura operativa del instituto. El artículo 82 del Cofipe pretendió mantener a los consejeros apartados de las tareas centrales del instituto, y así permitir que las cosas siguieran funcionando como en los tiempos de la hegemonía del partido de Estado. Pero a partir de la acción decidida de los cinco consejeros nominados por la oposición, el Consejo General logró meterse hasta la cocina, extirpar prácticas de corrupción y despedir funcionarios envueltos en evidentes conflictos de intereses.
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http://www.jornada.unam.mx/2007/02/25/index.php?article=019a1pol§ion=opinion
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