De Calderón a Peña Nieto: los que se esfumaron - ANABEL HERNÁNDEZ

Militares y Cubrebocas (Photo credit: Eneas)

De Calderón a Peña Nieto: los que se esfumaron
ANABEL HERNÁNDEZ
2012-12-29 18:58:32 · COMENTARIOS DESACTIVADOS
EDICION MEXICO
Durante el sexenio de Calderón y como resultado de su guerra contra el narcotráfico, 25 mil 276 personas adquirieron la imprecisa categoría de “desaparecidas”. Son 25 mil 276 seres humanos que oficialmente no están vivos ni muertos. Simplemente no están. Sólo son cifras, pero detrás de cada una hay una mujer, un hombre o un niño con nombres, apellidos y familias y de quienes hasta la fecha no se sabe nada. Este semanario tuvo acceso a la Base Integrada de Personas no Localizadas y al informe de todas las procuradurías del país, presentado el pasado 17 de julio. Del análisis de ambos documentos surge el primer recuento oficial de los desaparecidos en México, un fenómeno que forma parte de la herencia que, quiera o no, recibe y debe enfrentar el gobierno de Enrique Peña Nieto.



Desaparecido 2 mil 586: Martha Teresa Chacón Corral. Ama de casa originaria de Durango, Durango; mide 1.70 metros, complexión media, tez morena clara, cabello castaño ondulado, tiene paño en el rostro.

El 14 de febrero de 2011, pasadas las cinco de la tarde, estaba con su hijo, José Ángel Martínez Chacón, en su domicilio en esa ciudad cuando dos hombres entraron hasta el cuarto de planchado, donde se hallaba Martha Teresa, y se la llevaron. Vestía pantalón azul de mezclilla, cachucha, playera gris con mangas azules, botas rosas de gamuza y sudadera rosa. Desde entonces no se sabe su paradero.

Desaparecido 12 mil 565: Hokusai Kendy Mejía Martínez. Originaria de Oaxaca, tiene 15 años, mide aproximadamente 1.35 metros, complexión regular, tez morena, cabello negro, lacio y largo, cara redonda, frente amplia, cejas semipobladas, ojos medianos color café oscuro, nariz mediana, boca mediana y labios gruesos.

Era empleada doméstica en la casa de una mujer llamada Dulce que vivía en Puerto Escondido, Oaxaca, y que después se mudó a la capital del estado. El 5 de septiembre de 2011 hacia las siete y media de la noche Hokusai llamó a su casa. Al contestarle su hermana Viridiana, le dijo que necesitaba urgentemente el folio de su acta de nacimiento. Estaba detenida en un retén en las afueras de la ciudad de Oaxaca y no la dejaban ir porque pensaban que era indocumentada.

Su hermana le pidió que llamara un poco más tarde mientras buscaba el documento. Hokusai llamó una vez más y dijo que le urgía muchísimo, ya que los del retén le dijeron que la regresarían a Guatemala por no tener acta de nacimiento y por no saberse el Himno Nacional. Dijo que llamaría una vez más pero ya no lo hizo. Desde entonces no se sabe nada de ella.

Los desaparecidos 736 y 737 son Amador Herrera Marín, de 26 años, dedicado a la ganadería, y Aramel Albarrán Escobar, su esposa. Estaban la tarde del 15 de enero de 2011 en el municipio de Jesús Carranza, Veracruz, en las inmediaciones de su domicilio, cuando un grupo de hombres armados, uniformados y encapuchados se los llevaron en un vehículo sin placas, presuntamente propiedad de la Policía Federal.

Los casos 775, 776 y 777 corresponden a Joel Martínez Pérez, de cuatro años; Bryan Castillo Pérez, de 18, y Dulce Ivette Cárdenas Fuentes, de 16. El 26 de enero de 2011 viajaban en un vehículo sin placas por calles del centro de la comunidad Alejandra, en Tlaltizapán, Morelos, cuando los alcanzaron cuatro hombres armados que viajaban en una camioneta “tipo repartidora de la empresa Marinela”. Los cuatro hombres descendieron de la camioneta y obligaron a Bryan, Dulce y Joel a bajarse de su vehículo y subirse al otro.

El desaparecido número 739 es Manuel Sánchez Reyes, de 16 años. El 16 de enero de 2011 en Mazatlán, Sinaloa, estaba afuera de su casa cuando llegaron varios hombres armados, que viajaban en un Nissan Tsuru, y se lo llevaron.

El caso 13 mil 713 es el de Estela Vera Roldán, de 34 años. Mide 1.65, tiene piel morena, cabello lacio y largo, complexión delgada, frente amplia, cejas separadas y depiladas, ojos grandes y oscuros, nariz grande y ancha, boca grande, labios gruesos. En octubre de 2009 salió de su domicilio. Pretendía viajar a Estados Unidos con sus tres hijos menores para reunirse con su hermana, que vive allá. Nunca llegó y desde entonces no se sabe nada de ella. El reporte de su desaparición fue presentado el 20 de febrero de 2010.

Desaparecido 15 mil 822: Recién nacido varón que no alcanzó a ser registrado por sus padres. El 22 de marzo de 2007 en Ciudad Madero, Tamaulipas, desapareció. El reporte fue levantado ese mismo día.

Caso 22 mil 889: Juan Antonio Mota Macías, de 28 años. Comandante de un Centro de Readaptación Social de Zacatecas. El 11 de marzo de 2010 a la una y media de la tarde estaba en su domicilio en el pueblo de Trancoso, Zacatecas, con su esposa y su hijo, cuando un grupo armado entró a su domicilio y se lo llevó. Sólo traía ropa interior e iba descalzo. Hasta el momento se desconoce su paradero.

Los hermanos Gerardo y Eduardo Bahena Cabrera son los números 2 mil 728 y 2 mil 739 de la lista. El primero de 29 años y el segundo de 26. Miembros de la Marina Armada, el 1 de enero de 2010 desaparecieron en Matamoros, Tamaulipas, sin que nada se sepa de ellos.



Números en la sombra



Todos forman parte de la lista de personas que desaparecieron en México durante la guerra de Felipe Calderón contra el narcotráfico y están en una relación elaborada por la Procuraduría General de la República (PGR) y las procuradurías de todos los estados y del Distrito Federal.

Son sólo unos de los miles de mujeres, hombres, jóvenes, niños y bebés que durante seis años pareciera que se esfumaron en una carretera, en un retén militar, en su casa, al ir al supermercado o simplemente caminando.

Mientras el gobierno de Enrique Peña Nieto y las administraciones locales guardan silencio sobre la lista de personas que desaparecieron en México de diciembre de 2006 a julio de 2012, Proceso accedió a la Base Integrada de Personas no Localizadas y al más reciente informe elaborado por la PGR y las 32 procuradurías estatales y del Distrito Federal presentado el pasado 17 de julio en la Secretaría de Gobernación.

Ambos recuentos se hicieron como parte del Convenio de Colaboración para la Unificación, Integración e Intercambio de Información en materia de Personas no Localizadas firmado por la autoridad federal y las autoridades locales en 2011 y de las cuales hasta ahora ninguna autoridad ha rendido cuentas.

Base de datos e informe conjuntamente reflejan el horror de los desaparecidos en México. La base integrada, actualizada hasta febrero de 2012, suma 20 mil 851 casos pero el informe presentado el 17 de julio refleja que el número de desaparecidos llegó a 25 mil 276.

El martes 18 de diciembre Proceso tuvo acceso a los documentos y realizó un análisis de cifras y datos. Ésta es la primera información sobre el desastre humanitario del calderonismo.

Según la investigación realizada y documentos oficiales a los que se tuvo acceso, la Base Integrada de Personas no Localizadas y el informe de las procuradurías presentado el 17 de julio de 2012 en la Secretaría de Gobernación fue reunido y sistematizado por personal del Centro de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi) de la PGR.

El trabajo de hacer una lista de desaparecidos se hizo a raíz de que el 22 de septiembre de 2011, en el XI Encuentro Nacional de Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia y Procuradores Generales de Justicia, se firmó el Convenio de Colaboración para la Unificación, Integración e Intercambio de Información en Materia de Personas no Localizadas.

Al no haber avances sustantivos, el 31 de octubre de 2011, en la XXXI Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, encabezada por Felipe Calderón y los gobernadores de los estados y del DF, se acordó impulsar y promover el cumplimiento del acuerdo.

El Cenapi reunió y sistematizó la información proporcionada por las procuradurías. Se dio un número a cada desaparecido, se consignó la fecha, entidad, municipio o delegación y población donde ocurrió la desaparición y la fecha del reporte respectivo. Se anotó el nombre del desaparecido, edad, sexo, ocupación, nacionalidad y alias, cuando éste se tenía identificado. Se señala también si hay o no fotografía de la persona.

Además se consideró un apartado para consignar la media filiación y estado de salud, así como, dado el caso, el registro del vehículo en el que viajaba y una breve descripción de los hechos. Finalmente se consideró también incluir los datos del familiar que reportó la desaparición.

Revisando la base de datos puede verse que no todos los estados ponen el mismo detalle en la información sobre las víctimas. Algunos proporcionan datos muy vagos.

Las cifras de la base de datos sólo se refieren a las personas desaparecidas por las que se presentó un reporte o una denuncia de hechos. No están las desapariciones no denunciadas, como ocurre por ejemplo en el caso de los migrantes indocumentados que transitan por territorio mexicano para llegar a Estados Unidos. Por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se sabe que entre éstos hay cientos o miles de casos más.

A los informes presentados por las procuradurías locales el Cenapi sumó información de reportes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, de acuerdo con los documentos que se revisaron para este reportaje.

La base integrada incluye sólo un caso ocurrido en 2005 y cuyo reporte no se levantó hasta 2006, sin especificar la fecha; hay también un reporte de agosto de 2006 y el resto corresponde a personas que desaparecieron entre el 1 de diciembre de 2006 y febrero de 2012. De este documento surge la cifra de 20 mil 851 personas desaparecidas.

El 24 y 25 de noviembre de 2011 en Acapulco, en la XXVI Sesión Ordinaria de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, la PGR y las procuradurías y fiscalías de las entidades federativas acordaron modificar el convenio para incorporar a la base de datos mecanismos de identificación genética, antropométrica y dactilar, y para promover reformas con el fin de homologar y agilizar en todo el país los procedimientos para obtener la declaración de ausencia y presunción de muerte. Según las fuentes consultadas estas iniciativas no prosperaron.

Ninguna autoridad hizo del dominio público que se estaba elaborando una lista de desaparecidos.

Según documentos oficiales que posee Proceso, el 24 y 25 de mayo de 2012 en Monterrey, durante la XXVII Sesión Ordinaria de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, la PGR y las procuradurías y fiscalías de los estados acordaron complementar y finalizar los registros de la base de datos a más tardar el 15 de junio de 2012 y desarrollar de manera permanente las tareas de ampliación, actualización y validación de la información.

En esa sesión también se acordó que para dar cumplimiento a lo establecido en el decreto por el que se expide la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desparecidas se aprobó remitir al Sistema Nacional de Seguridad Pública la información referente a los “datos generales de la persona no localizada”.

De acuerdo con el documento, cuya copia tiene Proceso, “para tal fin el 13 de junio se iniciaron los trabajos entre la PGR/Cenapi y el Centro Nacional de Información del Sistema Nacional de Seguridad Pública a fin de determinar una propuesta de trabajo, considerando la estructura de la base de datos que requiere y el documento legal en el que se base el intercambio de información correspondiente, para cumplir con lo establecido en la citada ley”.

Hasta donde se sabe la intención era hacer públicas las cifras. Pero no ocurrió así.

La cifra aumentó notablemente en los reportes proporcionados por las procuradurías estatales y el personal del Cenapi fue depurando la lista para saber cuántos de los desaparecidos ya habían sido localizados, vivos o muertos, y así tener una cifra más apegada a la realidad.

Los números eran demoledores. Ningún gobierno quedaba a salvo, excepto el de Nayarit, que reportó cero desaparecidos. Todos callaron las cifras, incluyendo el gobierno federal.

El 17 de julio de 2012, en la tercera reunión nacional de Secretarios Ejecutivos de los sistemas o consejos estatales de seguridad pública, en la Secretaría de Gobernación, se presentó un informe de los avances del Convenio de Colaboración para la Unificación, Integración e Intercambio de Información en Materia de Personas no Localizadas. La cifra general del número de desaparecidos era de 29 mil 386, pero fue depurada: Tres mil 895 personas fueron localizadas vivas y 215 muertas. La cifra quedó en 25 mil 276.

Este informe no es tan pormenorizado como la base de datos sino que es un resumen, actualizado hasta el día de la reunión, del número de personas cuya desaparición fue confirmada.

El personal del Cenapi que tenía en su poder la base de datos y el informe fue despedido por la entonces procuradora Marisela Morales días antes de concluir la administración de Calderón. Los exservidores públicos han externado que temen que la información de los desaparecidos haya sido borrada de los archivos de la PGR, pero señalan que también la tienen el Sistema Nacional de Seguridad Pública y los gobiernos de los estados, que han optado por el silencio.

Presuntamente esa es la razón por la que filtraron parte de esta información al Washington Post y otra parte al Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica. El total de la información de los desaparecidos fue entregado a esta reportera el martes 18 de diciembre.



2011 y el DF, los peores



De diciembre de 2006 al 17 de julio de 2012 el año con mayor número de desaparecidos fue 2011. Según el reporte de las procuradurías el número fue de 8 mil 977; ese fue el año con más asesinatos dentro de la guerra de Calderón contra el narcotráfico. En febrero de 2012 la PGR admitió oficialmente una cifra de 12 mil 903 muertos en ejecuciones o enfrentamientos entre bandas del crimen organizado.

Por el enfrentamiento entre las organizaciones criminales fueron asesinadas 48 personas al día y desaparecieron 24, en promedio.

El segundo año con más desaparecidos fue 2010, con 7 mil 246. Fue también el segundo año más violento del sexenio, con cerca de 11 mil 500 asesinatos del crimen organizado, según recuentos elaborados por diferentes medios.

Los estados en los que aparentemente hubo menos violencia explícita fueron los de mayor número de desapariciones.

De acuerdo con el informe presentado el 17 de julio la entidad con más desaparecidos fue el Distrito Federal, con 9 mil 268 casos, 36% de los 25 mil 276 desaparecidos en todo el país. Esto ocurrió durante la administración de Marcelo Ebrard.

La Base Integrada de Personas no Localizadas, previa al informe, tiene un menor número de desaparecidos y arroja un dato más: de los 7 mil 136 casos registrados de diciembre de 2006 a febrero de 2012, 3 mil 622 eran hombres y 3 mil 514, mujeres.

La segunda entidad donde hubo más desaparecidos fue Jalisco: 2 mil 159 casos. Según la base de datos preliminar, la mayoría de las personas que desaparecieron de diciembre de 2006 a febrero de 2012 eran mujeres: mil 139.

La tercera entidad con mayor número de desapariciones hasta julio de 2012 es el Estado de México, con 2 mil 90; 90% de los casos ocurrieron durante el gobierno de Peña Nieto.

Según la base de datos preliminar, de las 2 mil 554 personas desaparecidas en esa entidad –cifra que disminuyó al hacerse la depuración de datos– mil 600 eran hombres y 954, mujeres.

En contraste los estados más violentos, como Chihuahua, reportaron hasta julio de 2012 a 350 desaparecidos. Michoacán a 391.

La base integrada indica que la desaparición de personas fue generalizada, atacó a todos los estratos sociales y ocupaciones. Igual a comerciantes, empresarios y ganaderos que a taxistas, profesionistas, campesinos y jornaleros.

Aunque su cifra de 20 mil 851 es preliminar y no todas las personas tienen “ocupación” definida en las fichas, los datos son reveladores. Fue la población civil –no los servidores públicos ni las fuerzas del orden– la más afectada.

Los estudiantes llevaron la peor parte: mil 746 desaparecidos. En segundo lugar están los desempleados: 834. En tercer sitio las amas de casa y personas dedicadas al hogar sin ser personal de servicio: 667. Y los comerciantes y empresarios están en cuarto lugar, con 466 casos.

En contraste los policías, militares y demás personal público involucrado en la guerra contra el narcotráfico fueron los menos afectados. En la base de datos 64 desaparecidos eran policías federales, estatales o municipales, agentes ministeriales federales y locales; nueve eran militares y marinos, y nueve eran políticos, servidores públicos y sus familiares.



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