Acusan al PELELE de salinas de ir contra las tierra comunales, el pendiente que no pudo cumplir SALINAS

Pretende Peña extinguir tierras de propiedad común, acusa FMDVD: Nueva Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano no protegerá núcleos ejidales, asegura.


Alfredo Méndez 

Publicado: 09/12/2012 09:25

La Jornada en Línea

México, DF. La propuesta del gobierno de Enrique Peña Nieto de crear la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano pretende extinguir las tierras de propiedad común y los asentamientos humanos de los núcleos de población ejidal y comunal, como ya sucedió en el estado de México, cuando Peña se desempeñó como gobernador, asegura el Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna (FMDVD).



José Humbertus Pérez Espinoza, vocero y presidente del organismo, quien hizo un análisis sobre las consecuencias que traerá para los ejidatarios la probable desaparición de la Secretaría de la Reforma Agraria, sostiene en su escrito presentado a la Cámara de Diputados que “en ninguna de las políticas que aplicará la nueva Secretaría propuesta por Peña se protegerá la figura jurídica constitucional de los núcleos de población ejidales y comunales, ni la protección de sus tierras para el asentamiento humano y sus actividades productivas.



El análisis elaborado por el presidente del FMDVD añade que el objetivo central de la nueva dependencia propuesta por Peña Nieto “es dividir, fraccionar y enajenar los ejidos en las tierras para el asentamiento humano y sus actividades productivas, sin haber realizado la reforma al artículo 27 fracción VII de la Constitución”.



Agrega que lo que está de fondo es “un despojo a los ejidatarios. Será el regalo de Navidad y Año Nuevo para los grandes desarrolladores urbanos y turísticos que apoyaron la campaña política de Enrique Peña Nieto”, sostuvo el FMDVD, organización civil que representa legalmente a unos 15 mil ocupantes de los conjuntos habitacionales más grandes construidos en el estado de México, y que denunció penalmente a diversas Sofoles por haber otorgado préstamos hipotecarios sobrevaluados en 50 por ciento de su valor real.

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