¡Transparencia electoral, ya! - Martí Batres Guadarrama

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Objeciones de la Memoria | Martí Batres Guadarrama
¡Transparencia electoral, ya!


Viernes 02 de noviembre de 2012


Hace un par de días presenté en la Cámara de Diputados una iniciativa de reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Dicha iniciativa tiene el propósito de impedir que se destruyan las boletas utilizadas en los comicios en un plazo menor a 12 años después de una elección presidencial; dicha documentación deberá estar disponible para cualquier consulta de transparencia y acceso a la información pública, y no podrá ser reservada bajo ninguna circunstancia.



La historia de nuestro país nos obliga a hacer un planteamiento de esta naturaleza, ya que en los últimos 24 años, los mexicanos hemos padecido tres grandes fraudes electorales en las elecciones presidenciales: en la elección de 1988, en la de 2006 y en la de 2012. La oscuridad, tanto en el cómputo como en la disposición de la información electoral, ha jugado un papel fundamental para hacer posibles dichos fraudes.
En la elección de 1988 se guardó el material electoral en la Cámara de Diputados. Ahí se mantuvo hasta que en 1992, por instrucciones de Carlos Salinas de Gortari, el panista Diego Fernández de Cevallos promovió la quema de dichos paquetes. Se trataba de ocultar la evidencia de lo que realmente ocurrió en las elecciones de 1988, que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano había ganado y no Carlos Salinas.
Después, en la elección del 2006, ocurrió un proceso parecido. Nunca se tuvo certeza del cómputo electoral realizado por el IFE, no tuvo una secuencia lógica y no se permitió el conteo voto por voto y casilla por casilla que exigía la gente, y que hubiera podido transparentar la elección y obviamente resolver el conflicto político, que se trasladó a lo largo de todo el sexenio.
Incluso el investigador José Antonio Crespo señaló esta misma evidencia al documentar en un libro que en efecto las actas mostraban una diferencia de inconsistencias de un millón y medio de votos. Las elecciones de 2006 no fueron ganadas por Felipe Calderón Hinojosa, sino por Andrés Manuel López Obrador.
Recientemente, las autoridades electorales han promovido de nuevo la trituración de los paquetes utilizados en los comicios, en este caso de los paquetes del 2006 e incluso, de una vez, de los paquetes del 2012.
Esto es muy grave y ocurre precisamente cuando estamos hablando de democracia y de transparencia en muchos ámbitos de la sociedad, y las boletas electorales y la documentación relativa al escrutinio y cómputo de las elecciones presidenciales, en congruencia con esa transparencia, deben mantenerse disponibles, por lo menos mientras subsisten dudas de la elección y en tanto se encuentran impugnados los procesos electorales ante alguna instancia jurisdiccional.
Vale la pena señalar en ese sentido que los procedimientos internacionales llevan años para desahogarse, como el que se interpuso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, actualmente aún en trámite respecto de la elección presidencial del 2006.
Recuerdo que la revista Proceso solicitó como información accesible el conjunto de las boletas electorales de la elección del 2006, lo cual se rechazó, pues se reservó dicha información. ¿Cómo puede estar reservada la información que corresponde a una elección presidencial?
Hay que destacar que el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas le solicitó al Estado mexicano evitar por ahora la destrucción de las boletas de la elección presidencial de 2006, en tanto el organismo internacional examina la demanda presentada por el periodista Rafael Rodríguez Castañeda.
La medida cautelar deja sin efecto, por el momento, el acuerdo del Consejo General del IFE que había establecido el próximo 12 de noviembre como fecha para iniciar la destrucción de toda evidencia de la elección cuyo triunfo fue adjudicado a Calderón. En una verdadera democracia las boletas de una elección, con voto libre, directo y secreto, deben ser los primeros documentos sujetos a las leyes de transparencia y acceso a la información.

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