El nocaut laboral y sus consecuencias JESUSA CERVANTES

El nocaut laboral y sus consecuencias
JESUSA CERVANTES
2012-09-29 10:53:09 · COMENTARIOS DESACTIVADOS
POLÍTICA
El primer paso para demoler los derechos de los trabajadores ya está dado: diputados del PRI, PAN, Partido Verde y Panal aprobaron –en el viejo estilo aplanadora– la reforma laboral calderonista, que todavía tiene que transitar hacia el Senado. Hasta el sector “obrero” priista y los representantes de Nueva Alianza (partido creado por una líder sindical) avalan los cambios que dejarán a la fuerza laboral inerme y humillada ante los patrones. Legisladores de oposición comentan a Proceso que ésta es la primera de las reformas estructurales que Salinas de Gortari quiso aplicar desde 1991 y que apenas ahora van a ver cristalizadas.



Impulsada por Felipe Calderón y avalada este fin de semana por los legisladores del PRI, la reforma laboral “empieza a cerrar el círculo” de las llamadas reformas estructurales que Carlos Salinas de Gortari echó a andar en 1991.

Los cambios, también respaldados por el PAN, el PVEM, el Panal –creación este último de la líder sindical Elba Esther Gordillo– y todos los diputados cetemistas, lesionan a la clase trabajadora y benefician en todo a los empresarios. Una reforma planeada y aprobada sin recato para servir a todo lo que huela a patrón: a los organismos financieros internacionales, a las corporaciones trasnacionales, a los grandes empresarios nacionales, al gobierno que va a empezar y, sobre todo –dice la oposición en el Congreso–, al proyecto de país que imaginó Carlos Salinas de Gortari desde 1988.

Entrevistados por este semanario, diputados del Frente Legislativo Progresista afirman que antes de que concluya el gobierno de Calderón la clase trabajadora en México habrá perdido sus derechos mínimos, como la certeza de contar con seguro social, vivienda o una pensión digna; además, sus posibilidades de mantener la estabilidad laboral habrán decrecido, la antigüedad será más difícil de lograr y el salario será menor debido al pago por hora.

En contraparte, sostienen, al dueño de la empresa se le cancelan obligaciones laborales: se abre la puerta para los despidos discrecionales, para evitar el pago de pensiones y de séptimo día y le ensanchan la rendija para evadir impuestos y el pago de cuotas obrero-patronales, afectando directamente las finanzas del Instituto Mexicano del Seguro Social gracias a la legalización del outsourcing sin restricciones.



La mano de Salinas



Pasado el trago amargo de la recriminación continua del fraude electoral de 1988, Carlos Salinas de Gortari inició con la LV Legislatura la segunda parte de su sexenio. “Y ahí es cuando arrancan las contrarreformas constitucionales”, recuerda Manuel Huerta Ladrón de Guevara, quien era uno de los 40 diputados perredistas de ese Congreso.

Hoy, de nuevo en San Lázaro por el mismo partido y como parte de la LXII Legislatura, Huerta Ladrón de Guevara acusa al exmandatario de ser el artífice de la reforma a la Ley Federal del Trabajo y de empezar a consumar sus ofrecimientos como cabildero de organismos trasnacionales, como el BID, la OCDE o el FMI, así como de las empresas de corte mundial.

“Salinas fue el gran usurpador de la Presidencia en 1988; para las elecciones intermedias de 1991 utilizó todas las mañas electorales de la época para ganar la mayoría en el Congreso y ahí empezó las reformas que tanto daño han hecho a la nación, como los cambios al artículo 127 de la Constitución y al tercero para privatizar la educación”, dice.

“Los 40 diputados del PRD dimos el debate”, afirma, “pero como ahora, nos echaron la aplanadora del PRI respaldados por el PAN”. En aquella ocasión Salinas pactó con el panista Luis H. Álvarez a cambio de que le darían la Presidencia. “Es cierto que Fox ganó con el voto en 2000, pero la gubernatura de Guanajuato fue la primera concertacesión”, asegura.

“No es totalmente cierto que esta reforma laboral haya sido un pacto Calderón-Peña, sino más bien es el cumplimiento de la orden de Carlos Salinas. En la Comisión del Trabajo los diputados del PRI y del PAN actuaron como Salinas: ‘Ni los veo ni los oigo’, y ya Peña nos amagó con que en diciembre viene la reforma energética.”



“Outsourcing”, un hoyo de evasión



El PRI aceptó de buena gana legalizar la figura del outsourcing o empresa subcontratista. Desde 2010, cuando Javier Lozano era secretario del Trabajo, el PAN propuso una reforma laboral que preveía el reconocimiento de esta figura; sin embargo el PRI se negó siquiera a discutir un posible cambio a la Ley Federal del Trabajo.

Ahora el eje de la iniciativa calderonista, basado en la productividad, fue de nuevo la subcontratación. En largas discusiones de la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados, los partidos Movimiento Ciudadano, del Trabajo y de la Revolución Democrática lograron poner cuatro candados para evitar que los patrones que subcontrataran a otra empresa, lo hicieran afectando a los trabajadores.

Los priistas encabezados por Carlos Aceves del Olmo, secretario general suplente de la CTM (sector obrero del PRI), aceptaron junto con el PAN que el trabajo a realizar no tuviera nada que ver con “el objeto social” de la empresa que contrataba.

Además no podía abarcar la totalidad de las actividades que se desarrollan en el centro de trabajo ni comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los empleados al servicio del beneficiario, pero sobre todo debía justificar el carácter especializado que “agregue un insumo adicional a los proceso de producción o de servicios”.

La artífice de los cuatro candados fue la diputada de Movimiento Ciudadano Luisa María Alcalde Luján. Pero el gusto les duró apenas un día. La noche del viernes 28, cuando el tema llegó al pleno de la Cámara –en medio de protestas– fue eliminado de un plumazo.

Según Alcalde la Coparmex estuvo desde temprana hora presionando a los panistas para que echaran abajo los candados y así tener mano libre para subcontratar, sin importar que a otro empleado se le robe la materia de trabajo. Todo en nombre de la productividad.

El diputado perredista Silvano Blanco explica lo lesivo de esta figura: “Con esto se legaliza una práctica que se ha venido dando en los últimos años. Se trata de contratar a trabajadores con menores prestaciones que las de la ley, con salarios más bajos y como consecuencia con un impacto negativo en todos sus derechos, como vivienda, salud y pensiones. La realidad es que estas empresas ni siquiera dan de alta a sus empleados ante el IMSS, no cotizan para el Infonavit, sus aguinaldos se ven reducidos y se les dificulta lograr antigüedad”.

Un estudio del grupo parlamentario del PRI –del que Proceso tiene copia– detalla, con base en un análisis de la consultora Ernst & Young, que en México hay más de 5 mil 300 empresas que ofrecen servicios de outsourcing, principalmente en áreas de seguridad, limpieza, nóminas, sistemas computacionales, capacitación, servicios de alimentos y comedores industriales.

El dato revelador es que “cinco de cada 10 empresas (subcontratistas) no cumplen con sus obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social”.

Todavía más: “Ciertas evaluaciones estiman que del universo total que integra la población económicamente activa, el número de trabajadores sin seguridad social llega a 60%, que la evasión de las cuotas obrero-patronales representa 30% de los ingresos actuales del IMSS y que la evasión de contribuciones fiscales y laborales es de alrededor de 6 mil millones de pesos”.

El mismo estudio establece que el promedio de duración en el trabajo de un empleado contratado a través de este esquema es de entre tres y 12 meses. “Actualmente más de 500 mil trabajadores son contratados al mes bajo este esquema”.

La Asociación Mexicana de la Industria de las Tecnologías de Información, dice el análisis del PRI, revela que la tercerización de procesos de negocios (call centers, desarrollo de software y outsourcing) puede generar más de 600 mil empleos.

El problema, sostiene la oposición, es que lo hace sin prestaciones.

Los priistas en su estudio aceptan que “es común que la empresa que utiliza la mano de obra busque evitar las obligaciones de seguridad social y fiscales relacionadas con los trabajadores que utiliza, dado que esta no es una relación laboral sino una relación con una empresa a la que le provee servicios… La empresa que provee con frecuencia simula no tener planta laboral y evita así obligaciones fiscales y seguridad social que debería tener”.

El PRI advierte en su análisis que “para el sector laboral mexicano puede significar riesgos de elusión y evasión de los derechos de seguridad social, así como la evasión de obligaciones y responsabilidades empresariales, gubernamentales y sociales… A través del outsourcing se pueden simular prácticas evasivas con el objeto de favorecer sus costos por medio de perjuicio a los sistemas de seguridad social establecidos”.

La ley prevé que quien contrata el outsourcing es el “obligado solidario” y debe verificar que ésta cumpla con sus obligaciones y pagos, para lo cual las instancias del gobierno deben verificar que así sea.

Pero, advierte el diputado Silvano Blanco, no hay suficiente personal en el gobierno para hacer esas verificaciones y ninguna garantía de que se protegerá al trabajador.

“A juicio del patrón”



Los cambios a la ley incluyen también nuevas formas de contratación: contrato de capacitación e inicial. El primero puede durar hasta tres meses; una vez concluido podrá dársele un contrato inicial al trabajador; sin embargo esto será “a juicio del patrón”, es decir, que será el dueño de la empresa quien decida si el candidato es apto o no para el puesto.

Blanco y Alcalde consideran esto una aberración, pues es totalmente subjetivo y así el patrón puede contratar cuatro distintos trabajadores en un mes sin pagar prima de antigüedad, vacaciones, aguinaldo, pensiones. “Se deslinda de todas sus obligaciones y deja sin derechos al trabajador. Prácticamente se le despide sin ninguna responsabilidad para el patrón”.

Otro de los cambios más dañinos es el pago por hora. La oposición pidió que se anulara esta figura, pero fue aplastada por los legisladores del PRI, PAN, PVEM y Panal.

El efecto nocivo, entre otros, dice Alcalde, es que no se respeta el pago del séptimo día, la prima vacacional y no da estabilidad en el empleo; mucho menos genera antigüedad.

Según la reforma aprobada el pago por hora que al final del día se entregue no será menor de un salario mínimo; esto es que sin importar que se trabajen tres o siete horas el trabajador nunca podrá recibir menos de 60 pesos al día. Pero eso no excluye que la hora se le pague a 20 pesos, 15 o 10. El monto del pago lo acuerdan el trabajador y el patrón.

Blanco dice que ante la necesidad de trabajar el empleado puede aceptar un pago bajo por hora y que no se le den prestaciones, pues lo urgente es obtener dinero de inmediato y de ello se pueden aprovechar los patrones.

Otro punto dañino, dice Alcalde, es la aprobación del escalafón ciego, es decir, el ascenso basado en la productividad. “Pero esto también está mal porque son criterios subjetivos los que determinan si fuiste productivo o no”.



Despidos fáciles



Uno de los cambios que generó las más fuertes discusiones en la Comisión de Trabajo y en el pleno fue que la reforma “retira totalmente la protección al trabajador en el despido”.

Ahora cuando el dueño de la empresa quiera despedir a un empleado lo podrá hacer mediante aviso certificado o a través de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Es decir, explica Blanco, “hoy se te debe notificar en persona y si no se hace así es un despido injustificado. Además, quien tiene que probar que no se le debió despedir es el trabajador: Ellos tendrán ahora la carga de la prueba cuando antes la tenía el patrón”.

Asimismo, cuando se despida a un empleado de manera injustificada y éste acuda a la Junta de Conciliación y Arbitraje para que se le reinstale, en caso de ganar el juicio únicamente se le pagarán como salarios caídos 12 meses y 2% de los años siguientes que dure el juicio.

Alcalde advierte que el costo de la aplicación de la justicia se le cobra al trabajador, se le deja de pagar el tiempo que no pudo laborar por responsabilidad del patrón y las autoridades laborales. “El responsable de que no haya justicia expedita es el Estado, son las juntas, no el trabajador”.

Los priistas, sobre todo los cetemistas que votaron a favor de la reforma, recibieron algo a cambio: que el PAN respalde la eliminación de la elección de los dirigentes sindicales mediante voto libre y secreto. Además se eliminó todo el tema de transparencia sindical y rendición de cuentas que la iniciativa de Calderón sí tenía.

La aprobación en el pleno estuvo precedida de la toma de tribuna, por lo que desde una de las gradas del salón el presidente de la Mesa Directiva, el priista Jesús Murillo Karam, siguió sesionando. PRD, PT y MC no pudieron evitar la aprobación de las nuevas reglas ante la aplanadora PRI-PAN.

Desde su curul el coordinador del Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal, dijo a priistas y panistas: “Le están partiendo la madre al trabajador y todavía gritan, tienen el descaro de burlarse de lo que están haciendo”. La respuesta de los diputados que votaron todo para el patrón fue un solo grito: “¡México!, ¡México!, ¡México!”.


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