El presidente del CCE, Gerardo Gutiérrez Candiani. El presidente de COPARMEX no tiene empresas
Domingo, 05 de Agosto de 2012 11:07 hrs por Arturo Soriano
Los nervios del poder
Gutiérrez Candiani, ¡ la familia feliz ¡
Lazos familiares y relaciones políticas se conjugan para beneficiarse con los recursos económicos de la Secretaría de Salud en este sexenio; los involucrados: Gerardo Gutiérrez Candiani, Juan José Álvarez Candiani y Salvador Monroy.
Gerardo Gutiérrez Candiani, de la nada y sin empresa alguna conocida, llegó a ser presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex); poco después ascendió y ahora es presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Nada iluso, hace unas semanas apareció recibiendo a Enrique Peña Nieto en esa casa empresarial y descalificó rotundamente a Andrés Manuel López Obrador, el candidato que ayudó a Gabino Cué Monteagudo a ser gobernador del estado, cargo desde donde ha ayudado a toda la familia Gutiérrez Candiani a enriquecerse, según fuentes, presuntamente con dinero del erario estatal.
La jugada no es errática y está bien planificada, va de la mano de Diódoro Carrasco Altamirano y su proyecto político de perpetuarse en el poder.
Comenzó con el triunfo de la Coalición por la Paz y el Progreso y debe consolidarse en cuatro años más, cuando Gerardo Gutiérrez Candiani se convierta en candidato del PAN al gobierno del estado de Oaxaca, apoyado, por supuesto, por el PRD, el PT, el Movimiento Ciudadano y lo que quede de Morena.
La realidad
Mientras eso ocurre, en Oaxaca, la” feliz familia” ha sentado sus reales y se enriquecen a costa del erario público estatal. El jefe del CCE, al amparo y protección del gobierno estatal, ha generado una red de turbios negocios para beneficiar a sus parientes, consanguíneos y políticos, en perjuicio de las arcas públicas, de la salud de los oaxaqueños y de las políticas públicas de salud estatales.
Como se ha denunciado públicamente, la familia se ha asentado en la Secretaría de Salud, donde, este año serán proveedores de medicamentos similares, reetiquetados como medicamentos de patente, a un mayor costo de lo que se encuentra en otras farmacéuticas, esto generará jugosas ganancias para el primo de Gutiérrez Candiani, Juan José Álvarez Candiani, principal proveedor de medicamentos del Sector Salud y el cuñado del dirigente empresarial, Salvador Monroy Rodríguez, director del Seguro Popular.
Hasta donde se sabe, en la ciudad de Puebla adquirieron una imprenta que servirá para maquilar y maquillar las etiquetas de los medicamentos, que se comprarán como similares, pero se harán pasar por medicamentos de patente, para justificar el sobre costo del producto. Todo indica que estos personajes han puesto en marcha un negocio que les dejará millones de pesos en ganancias, durante los seis años que dure la administración de la “Paz y el Progreso”. Al amparo de una amistad del dirigente empresarial, el gobernador del estado y algunos de los operadores de negocios del “cartel de la burbuja” de la coalición gubernamental.
Los lazos
Álvarez Candiani es primo del presidente nacional del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, mientras que Salvador Monroy está casado con Paulina Gutiérrez Candiani, hermana del dirigente empresarial. Los dos, junto con un oscuro jefe de Almacén, el famoso “Oso Mentiroso”, establecieron una fantasmal sociedad con Pablo Escandón, el dueño de la empresa de medicamentos Nacional de Drogas (Nadro).
Hace casi diez años, Juan José Álvarez Candiani fue fichado por la entonces Policía Judicial del estado, acusado de fraude al erario público municipal cuando fungió como tesorero del ayuntamiento encabezado por Gabino Cué Monteagudo. Estuvo un buen tiempo en prisión, hasta que las negociaciones políticas con el gobernador José Murat libraron de culpa al saliente presidente municipal y permitieron “desvanecer” los delitos de su tesorero municipal.
Lujos y corrupción
Varios años después, Juan José Álvarez Candiani ha regresado a la administración pública. De reo de la ley, ahora antes de cumplir dos años el nuevo gobierno, ha podido comprar una fabulosa residencia en la parte alta del ejido Guadalupe Victoria, esa supuesta zona de reserva ecológica, que le costó la fabulosa suma de 15 millones de pesos, donde se está construyendo su residencia con todo y alberca, como mandan “las buenas costumbres”.
Parte del grupo de los “Toficos” — ¡mmm, que ricos! --como fue conocido el grupo de los entonces funcionarios jóvenes y nuevos ricos en el periodo de Diódoro Carrasco Altamirano— ha retornado durante esta administración, para seguir con la vida de lujos y placeres al que han estado acostumbrados y donde el ex gobernador José Murat los mantuvo a raya. Ahora, ahí están todos, a quienes vinculan como socios de Víctor Manuel Álvarez, quien a su vez forma parte de la empresa Álvarez Puga y Asociados, una empresa dedicada al negocio del outsourcing, al que, dicen muchos, son enviados los socios y afiliados de la Coparmex y la CCE deseosos de hacer negocios sin cubrir los derechos laborales y prestaciones sociales de los trabajadores, evadiendo, de paso, el pago de los impuestos que le corresponden a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El negocio del outsourcing no es desconocido del presidente nacional de la CCE, Gerardo Gutiérrez Candiani porque algo ha de haber abrevado de Sergio Castro —el famoso fiscalista, ahora perseguido por las autoridades federales—, cuando vivió en su departamento en Polanco, en aquellas viejas épocas cuando llegó a la ciudad de México buscando los mejores horizontes que no pudo alcanzar en medio de la pobreza oaxaqueña. Hoy, Gutiérrez Candiani es dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, aunque no se le conozcan muchos prósperos negocios, aunque, dicen, es asociado de uno de los hermanos de Diódoro Carrasco Altamirano, Juan José, en una empresa de impermeabilizantes.
La denuncia de los trabajadores
Los propios trabajadores que se desempeñan dentro del Seguro Popular, debido a la franca y descarada postura de los funcionarios por mostrar sus actos de corruptela, han denunciado las irregularidades que desde esas oficinas se cometen. Varios funcionarios de la dependencia se han enriquecido con recursos destinados a programas de salud, quienes, en los últimos meses, han estrenado camionetas últimos modelos y otros regalitos, que ni con sus “empresas” bien establecidas hubieran podido adquirir.
Los trabajadores han insistido que cualquier tipo de irregularidad en la compra de medicamentos evidencia la impunidad en instancias federales y estatales, por ello se deben detener y sancionar las anomalías que se presenten, no obstante los candados establecidos para evitarlas. Ante esta situación, han exigido a la Secretaría de la Contraloría iniciar una investigación a fondo para castigar las prácticas corruptas que se vienen ejerciendo en la actual administración.
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