DE LOS REPORTEROS | 22-04-2012 | 22:26
La resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) mejor conocido como Trife que confirmó la anulación de la elección blanquiazul del 19 de febrero y la designación de Javier Corral y Lucila Murguía como candidatos al Senado, devela una arista que va más allá de las grillas al interior del PAN.
El fallo debe interesar a todos los partidos políticos, incluyendo desde luego al PRI, en cuanto a las consideraciones que hicieron los tres magistrados sobre la práctica del acarreo y las diferentes formas en que se vulnera la libertad del voto y por lo tanto se nulifica su sentido.
Cada vez que hay elecciones constitucionales aquí y en todo el país hay señalamientos respecto el acarreo de votantes, principalmente atribuidos al partido que en determinado municipio o estado ocupa el poder, o en el nivel federal se vincula con instancias que operan programas sociales.
En general esa práctica llena los listados de incidentes durante las jornadas electorales aunque casi nunca pasa de las denuncias mediáticas. Cuando sí se ha transformado en impugnaciones legales no ha tenido consecuencias porque ha fallado la presentación de pruebas.
La trascendencia del fallo del Trife radica en que el acarreo implica por sí mismo un tipo de condicionante para incidir en el sentido del voto (más si se liga a la entrega o promesa de entrega de dádivas) cuyo razonamiento no se constriñe a lo que marcan los estatutos o las convocatorias del PAN, sino al ejercicio general del voto en cualquier elección que siempre podrá ser sancionada en los tribunales.
“El voto coaccionado convierte a los ciudadanos en objetos susceptibles de negociación, virtud en lo cual acaba con su faceta de derechos y obligaciones, degrada la calidad de la ciudadanía de un país y mercantiliza la democracia”, señala la resolución, manejando un concepto que no tiene como destinatarios únicamente a los actores involucrados en los hechos que motivaron los recursos legales comentados.
La clave está en probar circunstancias de modo, tiempo y lugar del acarreo, lo que quedó acreditado en esta ocasión para los tres magistrados del tribunal.
Así que no es difícil prever que en las elecciones del 1 de julio los diferentes actores políticos cuidarán muy bien sus operativos de movilización de votantes y también habrá quienes se apliquen, en sentido contrario, a juntar pruebas de esa práctica el día de la jornada para tener la opción de pelear el resultado ante la justicia electoral. Al tiempo.
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