12 Enero, 2012 - 22:50Credito:
Jorge Monroy / El Economista
Aunque las catalogó como reformas de alta importancia tras la crisis política del 2006, cinco años después el Senado no pudo concretar la tipificación de los delitos electorales.
Así, las autoridades electorales no tendrán un catálogo de delitos para las narcocampañas, el acarreo, la coacción del voto o la mapachería electoral.
Las reformas, que iban a ser discutidas en diciembre en el Senado y de las que incluso existe un proyecto de dictamen, pretenden regular los delitos electorales “desde la etapa de precampaña, toda vez que el riesgo de vulnerar bienes jurídicos tutelados por los delitos electorales, como son la libertad del sufragio y la equidad de las contiendas, se presenta desde esta etapa del proceso”.
Aunque estas reformas fueran aprobadas por el Senado y la Cámara de Diputados antes de abril -fin del periodo de gestión de los legisladores-, ya no aplicarían para la elección federal de julio, según la ley electoral.
La reforma que se quedó en la congeladora plantea sanciones de 100 a 200 días multa y prisión de uno a seis años al funcionario partidista o al candidato que “obtenga o utilice a sabiendas, por sí o por interpósita persona fondos, bienes o servicios provenientes de actividades ilícitas para su campaña o precampaña electoral”.
También considera castigos de 200 a 400 días multa y prisión de uno a nueve años al servidor público que obligue a trabajadores de su dependencia a emitir sus votos en favor de un partido, candidato o precandidato.
jmonroy@eleconomista.com.mx
#AMLO2012
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